[INFORME] Roberto Chiabra y su alianza política, que incluye al histórico PPC, armaron una peculiar lista de candidatos para senadores y diputados. Desde un exasesor del ministro Santivañez hasta el propio hermano del actual congresista destacan en este grupo.

Ganarse la confianza de un electorado que hoy mira con recelo a todo aquel que se identifica con el rótulo de político se ha convertido en una tarea difícil y, si a ello se le suma que se formó parte de uno de los congresos más cuestionados, esta misión se vuelve todavía más complicada.

Pese a estas adversidades, el parlamentario Roberto Chiabra León decidió asumir este reto y hoy es uno de los aspirantes a la presidencia. En este reto es acompañado por uno de los partidos históricos de la política peruana, el Partido Popular Cristiano (PPC) que en esta oportunidad va como parte de la alianza Unidad Nacional junto con los partidos Peruanos Unidos y Unidad y Paz.

Sin embargo, aunque la candidatura de Chiabra intenta mostrarse como una alternativa distinta, quienes lo acompañan como candidatos al senado arrastran un historial que no lo muestran como una opción muy distinta a sus rivales. Sudaca pudo revisar los antecedentes políticos de algunos de estos personajes entre los que se destaca varios antiguos integrantes de Renovación Popular, un familiar, un asesor del exministro Santivañez y hasta el consejero espiritual de Pedro Castillo.

RECICLAJE CELESTE

Aunque el discurso del congresista Chiabra intenta convencer al electorado que tanto él como su partido pueden ofrecerle al Perú y rumbo distinto del que le han dado los políticos con mayor influencia, los integrantes de su lista para el senado no parecen ser muy diferentes a estos políticos de los que intenta distanciarse.

Uno de los nombres que más llama la atención entre los candidatos que presentó la alianza Unidad Nacional para formar parte del nuevo senado destaca uno que, pocos años atrás, acompañaba la fórmula presidencial de otro de los actuales aspirantes a la presidencia del Perú y en un cargo de gran importancia.

Cinco año atrás, en el año 2021, Neldy Roxana Mendoza Flores figuraba junto a Rafael López Aliaga en la campaña de Renovación Popular como candidata a primera vicepresidenta. Hoy, Mendoza aparece como candidata al senado y también como segunda vicepresidenta en la fórmula presidencial liderada por Chiabra.

No obstante, Mendoza no es la única antigua integrante de Renovación Popular que ha sido captada por la alianza política de Chiabra. Quien aparece en la siguiente imagen y se hacía llamar “el Porky de Chancay” es Rubén  Angelino Azurín Álvarez y hasta 2022 era un entusiasta seguidor y candidato del partido de López Aliaga.

Tras un estrepitoso fracaso en las elecciones municipales de 2022 en la cuales “Nikita”, apodo con el que Azurín hacía campaña, obtuvo menos de mil votos, el autodenominado Porky de Chancay pasó a abrazar una nueva e inesperada oportunidad política que le está obsequiando la agrupación liderada por Chiabra con la cual podría llegar al senado.

UNA EXPERIENCIA CUESTIONABLE

“Toda mi vida luché contra la inseguridad y la corrupción. Ahora lo haré desde donde se toman las decisiones”, fueron las palabras elegidas por el general  Augusto Rubén Sánchez Bermúdez para anunciar su candidatura al senado de la mano de Roberto Chiabra y la alianza política Unidad Nacional.

En un contexto tan complicado en lo que respecta a la inseguridad, este tipo de promesas podrían resultar comprensiblemente seductoras. Sin embargo, Sánchez proviene de una gestión que sólo supo darle disgustos a los peruanos por su falta de resultados y la soberbia de quien la lideraba.

Aunque este candidato pide votos para estar “donde se toman las decisiones”, la historial refleja que ya estuvo en el lugar donde se toman las decisiones. El 23 de diciembre del 2024, en una especie de regalo navideño, el polémico exministro Juan José Santivañez lo convirtió en asesor del despacho viceministerial de seguridad pública.

¿INSPIRACIÓN RELIGIOSA?

La cuota religiosa también ha sido tenida en cuenta para la conformación de la lista de Unidad Nacional para el Congreso. El elegido para ocupar este lugar fue Anthony Lastra, un joven pastor evangélico. Sin embargo, su juventud podría engañar sobre su capacidad para encontrar espacios políticos.

La habilidad de Lastra para predicar parece haber seducido a más de un inquilino de Palacio de Gobierno. Las puertas de recinto presidencial se abrieron para Lastra con la llegada de Pedro Castillo al poder en 2021. Informes periodísticos de aquella época revelaron que su presencia en Palacio iban más allá de las creencias religiosas de la familia presidencial.

El propio Lastra Velarde reconocía ante la prensa que incluso conversaba con Castillo Terrones, a quien supo catalogar como un enviado de Dios, sobre temas de salud pública. “Voy a conversar con él sobre la vacunación. Hay muchos hermanos que me lo han pedido. No soy antivacuna, pero no la promuevo. Yo dejo que la gente decida, que sea voluntario”, comentó por aquellos años.

Con la llegada al poder de Dina Boluarte su presencia pareció ser todavía más fuerte y hasta fue protagonista del cuestionado pedido para la creación de una capellanía evangélica en Palacio de Gobierno. Pero ahí no termina su incursión en política, en las semanas recientes, Sudaca informó que Lastra también mantiene una cercanía con el gobierno de José María Balcázar al que visitó en su despacho en su primeros días como presidente.

UN PARTIDO FAMILIAR

En la política peruana se ha vuelto común que el vínculo familiar sea una justificación válida para convertirse en candidato y Unidad Nacional no sería la excepción. Por ello, Roberto no es el único Chiabra León que está incursionando en esta campaña. En la lista de candidatos a congresistas también figura otro integrante de la familia, su hermano Alfredo Enrique Chiabra León.

En un contexto en el cual la población parece exigir a gritos una renovación o algún indicio que no se repetirán las historias de los últimos años, Roberto Chiabra y Unidad Nacional no parecen haber tomado en serio esta tarea y, por el contrario, recurrieron en la vieja práctica de reciclar a exintegrantes de otras tiendas políticas.

[INFORME] Una informe de la Contraloría expuso las deplorables condiciones en que se encuentra un almacén de ayuda humanitaria que estuvo a cargo de la gestión de César Acuña y Alianza Para el Progreso en el Gobierno Regional de La Libertad.

A pocas semanas de las elecciones y con los candidatos teniendo serios problemas para superar el 10% en las encuestas, César Acuña y Alianza Para el Progreso saben que terminar la jornada del 12 de abril con un buen porcentaje de votos tanto en las elecciones presidenciales como legislativas no es un escenario utópico. Sin embargo, Acuña Peralta sabe que los cuestionamientos tanto a su persona como a su agrupación política se han acumulado en gran número durante los reciente años de crisis política.

Por ello, el líder de APP parece haber buscado en los jóvenes creadores de contenido, los llamados streamers, a los aliados idóneos para que, en las principales redes sociales, las publicaciones desfavorables pasen a un segundo plano mientras que los clips del político cajamarquino compartiendo un plato de anticuchos, sumándose a algún reto viral o viajando en lujosos automóviles junto a estos populares jóvenes acaparen plataformas como Tiktok.

Sin embargo, detrás de las risas y esas largas horas de transmisiones, Acuña arrastra un historial político que no puede desaparecer. En esta oportunidad, Sudaca tuvo acceso a un reciente informe de la Contraloría que expone la precariedad en que se encuentra lugar destinado al almacenamiento de bienes para ayuda humanitaria en caso de desastres naturales en La Libertad y que era responsabilidad del Gobierno Regional de La Libertad.

ASÍ LOS DEJÓ

En enero del año 2023, César Acuña empezó un periodo que debía terminar a finales del presente año como gobernador regional de La Libertad, aunque sus aspiraciones presidenciales lo llevaron a renunciar en octubre del año pasado. No obstante, este paso por el gobierno regional ha dejado una herencia que causa preocupación.

Entre los últimos días de febrero y los primeros del presente mes se llevó a cabo una visita de control que tenía como objetivo de revisar cuál era la situación de los bienes destinados para ayuda humanitaria en casos de desastres. El responsable de mantener las buenas condiciones así como el stock adecuado era el Gobierno Regional de La Libertad.

Si se tiene en cuenta que La Libertad se ha encontrado ante escenarios trágicos en los últimos años debido a las intensas lluvias que han dejado decenas de fallecidos y miles de damnificados, el cuidado de estos bienes para ayuda humanitaria debería ser una prioridad para cualquier autoridad con sentido común.

Pero esto no es lo que venía ocurriendo en el lugar donde se realizó la mencionada visita de control. Entre los hallazgos que se evidencian en el documento revisado por Sudaca destacan descuidos alarmantes. Uno de ellos, tal como se puede observar en la siguiente imagen, es el pésimo estado del almacén donde el moho y la humedad conviven con las frazadas de algodón que deberían ser entregadas a los damnificados en caso de desastre natural.

Este tremendo descuido que la comisión encargada de la visita de control encontró ya ha dañado a algunos de los bienes que se almacenan en este lugar. Según el informe, cuarenta y siete frazadas de algodón destinadas para ayuda humanitaria han sido perjudicadas por la humedad.

La presencia de humedad tanto en el almacén como en los bienes que ahí se acumulan no sorprende tanto el deterioro y la improvisación del lugar. Como lo muestran las imágenes, pese a que se sabe que la región suele ser afectada por fuertes lluvias, el local cuenta con canaletas de latón para la evacuación de la lluvia que se encuentran en un innegable estado de deterioro y, como solución improvisada, han colocado otra fila de canaletas.

NO FUNCIONA NI LA LUZ

La comisión encargada pudo ser testigo de alarmantes situaciones que exponen un considerable nivel de precariedad y prácticamente nula preparación no sólo para atender un escenario de desastres naturales sino también posibles accidentes en este lugar. El informe que elaboraron también advierte que se encontraron extintores cuyo mes de vencimiento fue diciembre.

Como si lo reportado hasta ahora no fuese suficiente, el almacén todavía presenta otro problema muy grave que les impediría funcionar de manera eficiente en caso de un desastre natural que requiera atención en horas de la noche. Esto debido a que apenas dos de las seis luminarias con las cuales contaba este almacén se encontraban operativas.

Hoy la prioridad de la campaña de César Acuña parece ser mostrarlo como un personaje simpático y capaz de prestarse a las bromas y dinámicas que le proponen sus amigos creadores de contenido. Sin embargo, casos como el que reporta el informe de Contraloría exponen la verdadera cara de la gestión de Acuña.

[INFORME] Uno de los candidato al senado de Wolfgang Grozo fue  parte de la campaña del supuesto fraude en las elecciones del 2021. Este miembro de Integridad Democrática pidió a la justicia la nulidad de las elecciones señalando, entre otras acusaciones conspirativas, que más de trescientos mil fallecidos participaron.

En una campaña electoral donde los primeros puestos parecen estancados en los mismos porcentajes que registraron varios meses atrás, la mesa parece servida para que un candidato inesperado, el famoso «outsider», pueda pasar en poco tiempo a convertiré en uno de los serios animadores de la contienda.

Uno de los que ha querido colgarse este cartel ha sido Wolfgang Mario Grozo Costa, un general en retiro que supo integrar las filas de la Fuerza Aérea del Perú. Con un discurso que lo mostraba como un crítico tanto de la derecha como la izquierda, Grozo empezó a figurar entre los principales aspirantes a la presidencia respaldado, especialmente, por el votante juvenil.

Sin embargo, esta creciente popularidad se ha convertido en un arma de doble filo para este candidato. Si bien le ha permitido que más peruanos lo conozcan, también se ha colocado a él mismo y a su partido, Integridad Democrática, bajo los reflectores y un escrutinio público que puede ser angustiante cuando hay un historial cuestionable y sobre el cual no hay explicaciones claras.

Hasta la fecha se ha podido conocer diversos episodios controversiales sobre Wolfgang Grozo, como su cercanía con el fiscal Tomás Gálvez y el empresario Zamir Villaverde. Pero, en esta oportunidad, Sudaca ha podido conocer el polémico historial de una de las personas que acompaña a Grozo Costa en su aventura política y no lo muestran como alguien precisamente lejano a la clase política de la que dice ser distante.

OTRO MILITANTE DEL FRAUDE

Cuando Pedro Castillo Terrones ganó las elecciones en junio del 2021, un sector de la clase política y la sociedad, principalmente limeña, se negó a aceptar que el candidato de Perú Libre iba a usar la banda presidencial. Esta incapacidad para asumir la derrota llevó a que se difunda una teoría conspirativa que acusaba a los organismos del sistema electoral de estar detrás de un fraude.

Lo que se podría denominar como la campaña del fraude llevó a que se vean situaciones insólitas que iban desde pedidos para que las Fuerzas Armadas intervengan hasta viajes de congresistas electos a las oficinas de la OEA (Organización de los Estados Americanos) pidiendo una intervención. En esta lista de personajes que intentaron revertir el resultado de un proceso democrático figura el nombre de una persona que hoy intenta llegar al senado de la mano de Wolfgang Grozo y su partido.

Juan José Rodríguez Andonaire es el nombre de este candidato que pretende convertirse en uno de los integrantes de nuevo senado como parte de Integridad Democrática. Acorde a la información disponible, este aspirante a senador no cuenta con historial político y apenas registra un pasado de pocos años como comerciante en el rubro textil.

Pero no es lo único que aparece en su historial. Sudaca pudo acceder a una sentencia del Tribunal Constitucional  que expone la insólita postura del ahora candidato al senado de Wolfgang Grozo e Integridad Democrática tras conocerse los resultados de las elecciones del año 2021.

Esta sentencia del Tribunal Constitucional, que data del año pasado, atiende un recurso de agravio constitucional interpuesto por el abogado de Rodríguez Andonaire contra una resolución de la Segunda Sala Constitucional de la Corte Superior de Justicia de Lima que años atrás había declarado improcedente la demanda presentada por Rodríguez.

La demanda en cuestión se presenta un 15 de julio del 2021, a menos de dos semanas de la investidura presidencial de Castillo Terrones, y es en contra del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC) y el Ministerio Público.

El objetivo no era otro que solicitar la nulidad de proceso electoral que había dado por ganador a Pedro Castillo. La demanda de Rodríguez Andonaire hablaba de una vulneración manifiesta de derechos fundamentales que, mediante un fraude, tuvieron incidencia en el derecho electoral.

ACUSACIONES SIN PRUEBAS

La demanda interpuesta por el actual candidato al senado no aportaba pruebas alegando que “los hechos vulneratorios de sus derechos son públicos” y hasta acusaba al entonces presidente, Francisco Sagasti, de incumplir con el principio de neutralidad. Para Rodríguez Andonaire, los órganos del sistema electoral habían avalado una serie de actos fraudulentos.

Con un discurso casi idéntico al que se propagaba desde el bunker de Fuerza Popular, la demanda de Rodríguez repetía que las firmas de las actas electorales eran falsas, hacía mención de una inclusión de menores de edad en el padrón electoral y hasta señalaba que trecientos mil fallecidos participaron de las elecciones.

La inexplicable inclusión del Ministerio Público entre las partes demandadas llevó a que su procurador público señale que no se había precisado qué acto cometido por un fiscal justificaba dicha demanda pero que, si consideraba que se había cometido algún acto ilícito, contaba con las vías correspondientes para denunciar. Ante esta respuesta, y tan sólo unos días después, Rodríguez Andonaire desistiría de la demanda al Ministerio Público.

Finalmente, el noviembre del 2021, la demanda a la ONPE, Jurado Nacional de Elecciones y RENIEC sería declarada improcedente. La resolución al respecto señala que no se habían aportado suficientes medios probatorios, como dice la propia demanda no se presentó ninguno, para corroborar las afirmaciones realizadas por Juan José Rodríguez Andonaire.

Wolfgang Grozo y su partido, Integridad Democrática, se han enfocado en marcar tanta distancia como sea posible de los políticos que han estado cerca al poder durante los últimos años. Sin embargo, el accionar de Rodríguez Andonaire en 2021 demuestra que no son tan diferentes ni están tan distantes de las agrupaciones políticas a las que han criticado en campaña y despertando una duda razonable sobre cómo reaccionarían ante un resultado adverso en las urnas el próximo mes de abril.

[INFORME] La iglesia evangélica entra por la puerta grande a Palacio de Gobierno. En medio de nueva crisis energética, el presidente José María Balcázar se encuentra con el asesor espiritual de Pedro Castillo y Dina Boluarte en una “reunión de trabajo”.

El paso de José María Balcázar Zelada por el Congreso parecía, hasta hace unas semanas, condenado a la intrascendencia. A excepción de la cuestionable votación en la que el parlamentario de Perú Libre se abstuvo de votar en contra del matrimonio infantil, Balcázar podía ser considerado como un miembro del hemiciclo poco memorable.

Pero, a poco de terminar su periodo como congresista, la caótica y siempre sorpresiva política peruana le allanó el camino a Palacio de Gobierno. Asumir la presidencia luego de los escándalos que ensombrecieron las gestiones de sus predecesores podría invitar a creer que el abogado de ochenta y tres años intentaría evitar las polémicas.

Sin embargo, este no ha sido el caso y el despacho presidencial ha continuado abriéndole sus puertas a todo tipo de personajes. Sudaca pudo conocer las historias detrás de uno de los visitantes atendido por el presidente interino que ponen en alerta sobre las prioridades que podría tener Balcázar durante su paso por Palacio.

PALABRA DIVINA EN PALACIO

Aunque sus gobiernos tuvieron más diferencias que similitudes, entre esos pocos puntos de coincidencia que se podían encontrar entre las gestiones de Dina Boluarte y Pedro Castillo existió un nombre que fue tomando fuerza en los pasillos de Palacio de Gobierno durante la presencia de estos personajes.

Sorprendentemente, no se trataba de un congresista, tampoco era el líder de un partido y mucho menos un operador político. La persona en cuestión es Anthony Jesús Lastra Velarde,  un joven pastor evangélico que apenas tenía veintitrés años  cuando se conoció sobre su cercanía a Pedro Castillo y su familia.

Lastra Velarde se refería al hoy encarcelado expresidente como un «elegido de Dios», pero su influencia parecía exceder lo relacionado a las creencias religiosas de Castillo Terrones y su familia. En declaraciones para el periodista Alessandro Azurín para Sudaca en diciembre del 2021, Lastra hablaba de su interés por conversar con el entonces mandatario para sobre la vacunación.

“Voy a conversar con él sobre la vacunación. Hay muchos hermanos que me lo han pedido. No soy antivacuna, pero no la promuevo. Yo dejo que la gente decida, que sea voluntario”, detallaba el joven pastor sobre su visita al despacho de Castillo. En simultáneo, Lastra también sostenía reuniones con diversos congresistas.

En diciembre del 2022, Pedro Castillo dejaría de ser presidente tras su fallido intento de golpe de Estado. Pero la presencia de Lastra no se vería perjudicada. Dina Boluarte no sólo sería una admiradora de sus prédicas, sino que también terminó por convertirse en una importante aliada y defensora de su movimiento religioso.

Si Lastra había encontrado en Castillo a un presidente que lo escuchaba, Boluarte habría estado dispuesta a darle una ayuda mayor. En junio del año pasado, el dominical Punto Final dio a conocer que la presidenta estaba dispuesta a respaldar la creación de una capellanía evangélica en Palacio y la Iglesia Evangélica Pentecostal del Perú, a la que pertenecía Lastra, incluso había iniciado los trámites para lograr este objetivo.

REGRESO A PALACIO

La relación entre el joven evangélico y Palacio de Gobierno se vería interrumpida durante el mandato de José Jerí. El aparente desinterés de Jerí Oré por vincularse con quien se había convertido en una especia de consejero espiritual. Probablemente por esta razón, mientras que Lastra se refería a Castillo como un «elegido de Dios», a José Jerí le auguraba la censura debido a que le “dio la espalda a Dios”.

Actualmente, el joven pastor Anthony Lastra sigue cercano a la política y está haciendo campaña para convertirse en diputado por Lima de la mano de Unidad Nacional, la alianza entre el PPC, Unidad y Paz y Peruanos Unidos que lleva como candidato presidencial al congresista Roberto Chiabra.

Con la llegada de José María Balcázar al sillón presidencial, las puertas de Palacio de Gobierno se abrieron otra vez para Lastra. En medio de las urgencias que debe atender el nuevo presidente y la extenuante agenda de un candidato, Balcázar y Lastra parecen buscar la oportunidad para encontrarse en lo que queda registrado como una reunión de trabajo en el despacho presidencial.

Otro dato que ha llamado la atención sobre el regreso de Lastra a las altas esferas del gobierno nacional es que habría ocurrido junto a una persona llamada Paul Jacob Isael Jiménez Aredo, quien acorde a sus registros parece ser cercano a tres parlamentarios de Renovación Popular, Milagros Jáuregui, Alejandro Muñante y Javier Padilla, que casualmente tienen una innegable cercanía con las iglesias evangélicas.

Mientras el país sigue sin encontrar una respuesta clara a la crisis de inseguridad y se asoma una crisis energética, resulta válido preguntarse si en Palacio son estas las prioridades o le están dando mayor atención a los intereses de quienes en el pasado ya demostraron que saben cómo convertirse en personajes muy influyentes en las altas esferas políticas.

[INFORME] Tras descubrir que un empresario condenado seguía figurando con poderes vigentes, el Tribunal de Contrataciones Públicas le quitó a Industrias Argüelles un contrato millonario y la historia se podría repetir en el distrito de La Victoria.

En el más reciente informe publicado por Sudaca se relataba la situación que ocurrió durante el año pasado con la Municipalidad de La Victoria y los contratos firmados con Industrias Argüelles, una empresa cuyo fundador no sólo estuvo involucrado en un caso de sobornos, sino que hasta llegó a ser condenado por la justicia.

En esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a un documento en el cual es el propio Tribunal de Contrataciones Públicas quien se pronuncia sobre la situación de la empresa de Aniceto Argüelles y sus posibilidades de participar de procesos de licitaciones tras la condena que pesa sobre su fundador.

VIGENCIA INDISCUTIBLE

En el mes de abril del año pasado, la Municipalidad de San Isidro convoca a un concurso público que tiene como propósito la contratación de un servicio de alquiler de vehículos para la limpieza pública por un valor que superaba los cincuenta millones de soles. Industrias Argüelles fue de una las empresas que presentó su oferta, por más de cuarenta y siete millones de soles, y se le terminaría otorgando la buena pro en el mes de agosto.

En este punto es preciso señalar que la participación en este concurso público ocurrió varios meses después que se conociera Aniceto Argüelles Loayza, fundador de Industrias Argüelles, había sido condenado a cuatro años y dos meses de pena suspendida tras reconocer el pago de sobornos a la magistrada Roxana Urbina.

Además de la condena mencionada, las normas de conducta y un  pago por reparación civil, Argüelles Loayza tendría que afrontar una serie de impedimentos entre los cuales se encontraba la imposibilidad de estar involucrado en contratos con el sector público, como lo vendría a ser el contrato firmado con la Municipalidad de San Isidro.

La defensa desde Industrias Argüelles para seguir participando de licitaciones públicas se enfocó en señalar que Aniceto Argüelles no era representante de la empresa luego que en abril del 2024 se le revocara el poder otorgado por la junta general de accionistas en el año 2014.

Sin embargo, tal como el Tribunal de Contrataciones Públicas pudo constatar en los documentos de Sunarp, existía un nombramiento que tuvo lugar en el año 2020 en el cual se le otorgaba a Aniceto Argüelles Loayza el poder para realizar las mismas funciones de un gerente general. Con este poder, el cual sí se encontraba vigente, Argüelles aparecía como la persona designada por su empresa para firmar contratos.

DECISIÓN FINAL

Ante esta situación, la decisión del Tribunal de Contrataciones Públicas fue contundente al señalar que, debido a la vigencia del poder otorgado a Aniceto Argüelles, la oferta de Industrias Argüelles presentaba a la Municipalidad de San Isidro debía ser declarada como no admitida dado que su fundador, como consecuencia de su condena, se encontraba impedido de participar en estos procesos de selección.

La gravedad detrás de esta situación ha llevado a que el Tribunal de Contrataciones Públicas no sólo se limite a ordenar que la oferta de Industrias Argüelles sea declarada como no admitida, sino que también se abrirá un expediente administrativo sancionador contra esta empresa por la presentación de información inexacta.

LO QUE SE VIENE

El caso reportado en el informe presentado por este medio el día de ayer sobre el contrato de Industrias Argüelles con la Municipalidad de La Victoria podría seguir un camino similar al de San Isidro. Sudaca pudo acceder en exclusiva a un documento en el cual la Contraloría avisa que admitió una denuncia contra Industrias Argüelles por la firma de contratos pese al impedimento que pesa sobre su fundador.

[INFORME] Pese al impedimento que pesa sobre su fundador, la Municipalidad de La Victoria siguió firmándole adendas y generosos contratos a Industrias Argüelles varios meses después.

El caso de Industrias Argüelles sigue dando que hablar por la inexplicable decisión de algunos distritos de seguir firmando contratos con ellos pese a la condena que pesa sobre su fundador tras los hechos de corrupción que lo involucran. En esta oportunidad es la Municipalidad de La Victoria quien hasta firmó un contrato complementario con la empresa de un condenado que está impedido para contratar con el sector público.

EL IMPEDIMENTO

A principios del año 2025, el empresario Aniceto Argüelles logró un acuerdo muy importante para él. Tras verse implicado en la compra fraudulenta de un terreno que afectó los intereses de una comunidad campesina, Argüelles Loayza intentó sobornar a la magistrada Roxana Urbina Becerra con el objetivo de torcer el brazo de la justicia en favor a sus intereses.

Sin embargo, esa cuestionable maniobra por interferir con la justicia terminaría siendo expuesta y al fundador de Industrias Argüelles no le quedaría otra alternativa que buscar un acuerdo de terminación anticipada. Con esta estrategia, el empresario lograría evitar una condena que implique un paso por un establecimiento penitenciario siempre y cuando admitiera su estrategia para sobornar a Urbina Becerra.

Si bien Aniceto Argüelles pudo salvarse de una condena efectiva, el empresario fue condenado a cuatro años de pena privativa de la libertad suspendida condicionadas por determinadas reglas de conducta y el pago de una reparación civil que alcanzaba el monto de veinte mil soles.

Esta condena tendría un impacto considerable en su vida como empresario. Su cuestionable accionar armando una estrategia para corromper a una magistrada llevaría a que Argüelles quede imposibilitado de firmar contratos con el sector público además de las otras normas de conducta que figuran en la imagen anterior.

LA VICTORIA Y UNA REALIDAD DISTINTA

Sin embargo, en el distrito de La Victoria las cosas parecen manejarse de una manera muy distinta. En los primeros meses del año 2022, la Municipalidad de La Victoria convoca al Concurso Público N° 002-2022-CS-MLV-1 con el cual buscaban la contratación de un “Servicio de alquiler de maquinarias y unidades vehiculares para el transporte y disposición final de residuos sólidos”.

Este proceso terminaría con Industrias Argüelles recibiendo la buena pro en el mes de abril y, más precisamente, el 25 de abril del 2022 se suscribiría el contrato Contrato N° 013-2022-MLV que tendría una duración de casi tres años y por el cual la Municipalidad de La Victoria le pagaría la considerable cifra de S/ 69’728,400.00 a la empresa de Aniceto Argüelles.

Pero en abril del año pasado, cuando estaba por concluir este millonario contrato, la Municipalidad de La Victoria decide firmar una adenda con la cual se extendía el contrato con la empresa de Aniceto Argüelles que sería seguida de una nueva adenda firmada en el mes de junio. No conforme con ello, en julio del año pasado incluso se firmaría un contrato complementario por el monto de S/ 20’918,520.

Si bien en el año 2022 no existía ningún impedimento para Aniceto Argüelles ni su empresa, las dos adendas y el contrato complementario firmados durante el año 2025 ocurrieron varios meses después que se conociera la sentencia que le impedía al fundador de Industrias Argüelles estar involucrado en contratos con el sector público.

[INFORME] Órdenes de servicio por más de cien mil soles, un viaje a España y un ascenso sospechosamente rápido. La historia detrás de una insólita designación hecha por la gestión de Diego Uceda y Renovación Popular en la Municipalidad de La Molina.

En la Municipalidad de La Molina parecen haber adoptado la política de no juzgar a las personas por su pasado. Una consigna que, aunque puede parecer muy atractiva para un texto motivacional, toma otro tinte cuando se tiene en cuenta que sobran los funcionarios con antecedentes cuestionables que hasta los han llevado a ser condenados.

Sudaca pudo encontrar una extraña designación para una de las gerencias que tiene como protagonista a una persona cuyo nombre figura en una auditoría como responsable de presentar facturas falsas mientras trabajaba en otro municipio y anteriormente hasta fue condenada por presentar un documento bancario falso.

LA SENTENCIA Y LAS FACTURAS

En el año 2010 se dio a conocer una sentencia que involucraba a diversos funcionarios de la Municipalidad de Jesús María y a Ana del Carmen Mendoza Chirichigno, quien por aquel entonces se desempeñaba como gerente de la empresa Tour Car. Según la información a la que Sudaca tuvo acceso, el distrito que se encontraba bajo la gestión de Francisca Izquierdo Negrón le había otorgado la buena pro a la empresa de Mendoza Chirichigno en medio de serias irregularidades.

La empresa Tour Car S.A. por aquel entonces se dedicaba al rubro de alquiler de vehículos y transporte turístico. Sin embargo, esto no fue impedimento para que participe de una licitación que tenía como finalidad la contratación de un servicio de limpieza pública, eliminación de desmonte y mantenimiento de parques.

Posteriormente, la Contraloría encontró que Tour Car S.A. no sólo no contaba con experiencia laboral sino que tampoco tenía licencia de funcionamiento. Acorde a lo señalado en este documento, la empresa realizaría el servicio para el cual fue contratada con vehículos que no le pertenecían.

A ello se le sumó que la empresa de Mendoza presentó una carta de fianza emitida supuestamente a nombre de la entidad bancaria Interbank por un monto de más de trescientos mil soles, la cual sirve como garantía bancaría para asegurar el cumplimiento de contratos, que resultó ser falsa. La Contraloría fue contundente al señalar que, con todas estas irregularidades de por medio, las comisiones a cargo de estas licitaciones debían descalificar a este postor.

Este caso culminó con Mendoza Chirichigno, gerente de Tour Car S.A., siendo condenada a dos años de pena privativa de libertad suspendida y cinco mil soles de reparación civil por el delito contra la administración pública. En el año 2011, Mendoza buscaría la nulidad de la condena, aunque este intento no tendría éxito.

Años después, más precisamente el 2017, el nombre de Ana Mendoza Chirichigno volvería a aparecer. En esta oportunidad, una auditoría realizada en la Municipalidad de Santiago de Surco expondría serias irregularidades en las cuales Mendoza, quien ocupaba la gerencia de servicios a la ciudad, estaba involucrada.

En esta auditoría realizada por el Órgano de Control Institucional se encontraron numerosas deficiencias en el manejo del fondo de caja chica. La presentación de facturas con borrones, un uso inadecuado del fondo fijo de la caja chica y facturas sin detalles sobre los cantidades de bienes adquiridos llamaron la atención de los autores de este informe.

Pero lo más grave vendría más adelante. Acorde al informe al que Sudaca tuvo acceso, Mendoza Chirichigno habría presentado facturas falsas por cerca de dos mil soles. Fue el propio proveedor quien se encargó de aclarar que esas facturas presentadas por Ana Mendoza no le correspondían.

OPORTUNIDAD INESPERADA

Por supuesto, con este tipo de antecedentes plagados de mentiras y omisiones, era sólo cuestión de tiempo para que Ana Mendoza Chirichigno sea sancionada y esté impedida para trabajar con el sector público. Sin embargo, en ciertas esferas de la política peruana pareciera que contar con ese historial los convierte en funcionarios más interesantes.

Renovación Popular parece ser una de estas agrupaciones políticas que no ven mayor problema en entregarle cargos claves a personas con un historial como el que carga Mendoza Chirichigno. Por ello, el pasado 17 de marzo del 2025, la gestión de Diego Uceda designó a Mendoza en el cargo de confianza de asesora de la gerencia municipal.

Mendoza Chirichigno duraría menos de diez días en el cargo. Sorprendentemente, el municipio a cargo de Renovación Popular no tardó en darle un considerable ascenso. Por ello, desde el 26 de marzo del año pasado, Mendoza pasó a ocupar el cargo de gerente de participación vecinal.

Las buenas noticias para Mendoza Chirichigno desde su llegada a La Molina no paraban de llegar. Casi en simultáneo a su designación en una gerencia, la Municipalidad de La Molina la autorizó para que forme parte de una delegación que cinco días después, el 31 de marzo, estaría viajando a España.

Sin duda alguna, el mes de marzo fue muy lucrativo para Mendoza. A la designación como asesora seguida de un ascenso a gerente acompañado de un viaje se le sumó una orden de servicio por un “servicio especializado del sistema de gestión ambiental” por el cual recibió un pago de cuarenta mil soles a los cuales se le suman S/. 86,800 por otras siete órdenes de servicio que consiguió en menos de un año.

En una época en la cual a la población le cuesta cada vez más confiar en las autoridades, resulta inexplicable que el alcalde Diego Uceda y quienes acompañan la gestión de Renovación Popular en el distrito de La Molina consideren que, entre todos los profesionales disponibles, la persona idónea para ocupar una gerencia es alguien que arrastra un historial más que cuestionable.