[INFORME] La vapuleada imagen del Congreso de la República ha sufrido un nuevo revés tras las escandalosas imágenes de la congresista Lucinda Vásquez. La noche del domingo, el dominical “Cuarto Poder” sacó a luz material gráfico en el cual se observa que la parlamentaria utiliza a uno de sus asesores para que le corte las uñas de los pies en su despacho parlamentario.

No conforme con ello, Vásquez, quien obtuvo su lugar en el hemiciclo de la mano de Perú Libre, también estaría utilizando a los asesores, cuyos salarios salen del erario público, para que realicen tareas ajenas a la labor parlamentaria, como cocinar en la vivienda de la congresista.

#CuartoPoder

La congresista Lucinda Vásquez fue captada mientras su asesor, identificado como su sobrino nieto, le cortaba las uñas de los pies en su despacho parlamentario. Juristas advierten un posible delito de peculado

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— Cuarto Poder (@Cuarto_Poder) October 27, 2025

EN MANOS DE LA COMISIÓN DE ÉTICA

“Espero que la Comisión de Ética tome todas las medidas del caso para sancionar a esta congresista. Es una humillación para trabajadores del Congreso ser empleados en este tipo de menesteres”, indicó esta mañana Fernando Rospigliosi ante los medios de comunicación al ser consultado por el caso de su colega. El titular de la Mesa Directiva también catalogó como “repudiable” y “digno de muchas críticas” el accionar de la parlamentaria.

Rospigliosi califica de “repudiable” caso Lucinda Vásquez: Espero que Ética tome las medidas para sancionarhttps://t.co/K1XNWUC0Ae

— Canal N (@canalN_) October 27, 2025

Por otro lado, el parlamentario Roberto Sánchez, quien integra junto a Lucinda Vásquez la bancada  formada  por Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y el Bloque Magisterial, solicitó que se realice una investigación al respecto para determinar “cuándo y cómo ocurrieron” las situaciones observadas en las imágenes.

No obstante, el congresista catalogó la situación como “indefendible” y, aunque señaló que Vásquez requiere asistencia por un tema relacionado con su salud, indicó que “eso debe mantenerse en el ámbito privado” y no involucrando a quienes trabajan en su despacho debido a que su funciones son otras.

EXTRAÑAS REPERCUSIONES

Otro de los congresistas que se pronunció ante este caso fue Alfredo Azurín, quien pidió que sea sancionada Vásquez por estas acciones. “Tengo vergüenza ajena. Pido disculpas por lo que viene pasando en el Congreso. Tenemos que asumir nuestro perfil como congresistas”, indicó el congresista a Canal N.

Pero el integrante de la bancada de Somos Perú causó sorpresa al pedir que Lucinda Vásquez no sea la única sancionada por la situación que el programa periodístico dio a conocer. El parlamentario Azurín comentó este lunes que los asesores también debían ser sancionados por “permitir que pase eso”.

#EnVivo

Alfredo Azurín, congresista, sobre legisladora Lucinda Vásquez: Tengo vergüenza ajena y pido disculpas por lo que viene pasando en el Congreso

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— Canal N (@canalN_) October 27, 2025

Con un Congreso cuya aprobación se mantiene en niveles extremadamente bajos, el caso de Lucinda Vásquez ha llevado a que también existas posturas que intentan evitar que las acciones de esta legisladora impacten negativamente en la imagen del Legislativo y todos sus integrantes.

Por ello, mediante sus redes sociales, el congresista Alejandro Muñante señaló que criticar al Congreso por esta situación es “un análisis flojo” y “deliberadamente malintencionado”. El integrante de Renovación Popular también señaló que “la verdadera decadencia” es de la izquierda.

Culpar a todo el Congreso por lo que hace una congresista izquierdista no solo es un análisis flojo, sino deliberadamente malintencionado. Digamos las cosas como son: la verdadera decadencia es de la izquierda hipócrita que dice luchar por los pobres, pero q al final solo los usa https://t.co/8zfZSYu149

— Alejandro Muñante???????? (@AlejoMunante) October 27, 2025

Al ser consultada por el equipo periodístico de “Cuarto Poder” por qué razón obligaba a sus asesores a realizar estas labores, la congresista Vásquez negó la imágnes, dijo no poder contestar y, ante la insistencia del periodista, sólo atinó a responder “¿cómo sabe que los obligo”.

[INFORME] En sus primeros días, el gobierno de José Jerí recicló a varios exfuncionarios del cuestionado gobierno de Dina Boluarte. Incluso personajes que fueron despedidos de forma vergonzosa han encontrado puestos en los nuevos ministerios.

Este miércoles, el primer gabinete del gobierno de José Jerí se presentó en el Congreso para solicitar el voto de confianza y, aunque algunas de las bancadas que integran el hemiciclo se han mostrado críticas con el Ejecutivo, se terminaron por confirmar los rumores que indicaban que el gabinete liderado por Ernesto Álvarez recibiría el respaldo de los parlamentarios.

Apoyado en una agresiva estrategia de comunicación que muestra a Jerí Oré realizando presencias en diversos operativos, el nuevo inquilino de Palacio de Gobierno ha intentado marcar distancias con Dina Boluarte y mostrar que son una gestión que está trabajando y pendiente de cada detalle.

Sin embargo, pese a que sus ministros llevan pocos días en el cargo, se ha podido evidenciar lo que se podría catalogar como un plan de reciclaje. Sudaca ha detectado numerosas designaciones de asesores y funcionarios que estuvieron durante el cuestionado gobierno de Dina Boluarte y ahora repiten el plato.

LOS CONVOCADOS DEL GOBIERNO

La semana pasada, el presidente Jerí presentó ante los peruanos a los integrantes del primer gabinete de su gobierno. Para el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el elegido para estar al frente fue Walter Martínez Laura y, como suele ocurrir, en sus primeros días a cargo de este ministerio designó a nuevos funcionarios en el cargo de confianza.

Uno de los primeros en ser elegidos por el nuevo titular de Justicia fue Magno Abraham García Chávarri. En sus primeras horas como ministro, Martínez Laura designó a García Chávarri como en el cargo de confianza de asesor y jefe del gabinete de asesores del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos.

Pero esta no sería la primera vez que Magno García está en un cargo de confianza. Durante el gobierno de Dina Boluarte, Magno Abraham García Chávarri fue uno de los funcionarios de confianza de Eduardo Arana cuando este estuvo a cargo del Ministerio de Justicia antes de convertirse en premier.

Otro de estos convocados  por el ministro Walter Martínez para ocupar un puesto como asesor del despacho ministerial fue Óscar Enrique Malca Naranjo, quien también ocupará un lugar en el consejo directivo del Programa Nacional de Bienes Incautados (PRONABI).

Esta designación podría pasar desapercibida de no ser porque los antecedentes más resaltantes de Malca Naranjo no han sido los mejores. En el año 2018, cuando trabajaba como funcionario de confianza para el Gobierno Regional de Ica en el cargo de gerente regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial, el nuevo asesor del despacho ministerial fue despedido y recibió duros cuestionamientos por parte del entonces gobernador Fernando Cillóniz.

“Llegan tarde, son inoperantes e indolentes” y “salen con cada explicación ridícula peor que la otra respecto a la demora en la adjudicación” fueron algunos comentarios que realizó Cillóniz en aquella oportunidad a Diario Correo sobre el despido de Malca y otros cinco funcionarios que estaban involucrados  en la ejecución de la doble vía Ica – Salas Guadalupe y una fallida licitación de una obra de asfaltado.

Pero esto no fue lo más grave sobre su paso por el Gobierno Regional de Ica. La Contraloría detectó irregularidades que habrían representad un prejuicio económico de S/. 183,877 que involucraban a Malca Naranjo en contrataciones irregulares de personal directivo. En la nota publicada por Diario Correo se relata que encontró la presunta responsabilidad penal y administrativa de doce funcionarios de aquella época.

EL EJEMPLO DEL PREMIER

El premier Ernesto Álvarez también parece haber recurrido a este plan de reciclaje para elegir a quienes lo acompañarán en esta aventura formando parte del gobierno. El último viernes, el titular de la PCM designó a Marco Alejandro Castro Rossell como asesor de alta dirección del despacho de la Presidencia del Consejo de Ministros.

Pero Castro Rossell no parece ser precisamente un novato en el terreno político. Además de haber declarado que posee acciones de una compañía minera, el nuevo asesor de la PCM ha trabajado como asesor de la congresista María del Carmen Alva Prieto (Acción Popular) y formó parte del gobierno de Boluarte cuando actuó como asesor del Ministerio de Economía y Finanzas.

Incluso el Despacho Presidencial parece haber encontrado en los exfuncionarios del gobierno de Dina Boluarte al personal idóneo para acompañar la gestión de José Jerí. La semana pasada, el despacho del presidente designó como jefe de la oficina general de recursos humanos a Luis Álvaro Solórzano Yabar, quien recientemente se venía desempeñando como director en la Oficina General de Gestión de Recursos Humanos del Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

Aunque el gobierno de José Jerí intenta desmarcarse de lo que fue la gestión de Dina Boluarte, esta intención parece condenada a quedar únicamente en palabras si en la búsqueda de obtener resultados distintos recurre a funcionarios que integraron uno de los gobiernos más incapaces de los últimos años.

[INFORME] Pese a contar con una millonaria inversión  de más de veinte millones de soles para mejorar la comunicación con la comisarías, una de las entidades adscritas al Ministerio del Interior cometió errores insólitos que ponen en riesgo el proyecto.

La sensación de inseguridad en el Perú parece estar en su momento más crítico y a diario se ven situaciones que respaldan este sentir de la mayoría de peruanos. Desde agrupaciones musicales populares hasta pequeños negocios de barrio han terminado expuestos a las bandas criminales y sus sanguinarias tácticas de venganza contra quienes no se someten a su poder.

En respuesta, algunos sectores de la política han respondido con estrategias como la pena de muerte y la construcción de nuevos establecimientos penitenciarios. Sin embargo, pareciera no existir ninguna estrategia enfocada en prevenir y brindar una respuesta inmediata a esta problemática que se extiende por todo el territorio nacional.

Sudaca ha podido acceder a un revelador documento en el cual queda expuesta la improvisación con la que están manejando las autoridades responsables de contener esta crisis pese a contar con proyectos y recursos que podrían ser una herramienta esencial en este lamentable presente.

HAY RECURSOS

Aunque las noticias sobre la escalada violenta de los grupos criminales siguen siendo aterradoras, se podría decir que mucho más aterrador es el descuido y ausencia de estrategias por parte del sector responsable de la seguridad de los peruanos. En los últimos meses se han dado a conocer noticias, como la inexplicable demora en la adquisición de chalecos antibalas o el derrumbe del techo de una comisaría en Surquillo, que dejan al descubierto que los encargados de proteger a los peruanos atraviesan una situación de precariedad.

Es en este contexto que Sudaca ha podido acceder a documentos sobre un ambicioso proyecto de inversión que evidencia, una vez más, los malos manejos por parte de las autoridades encargadas. Para ello es preciso remontarse al año 2017 cuando se declaró viable un proyecto de inversión que tenía como objetivo el “mejoramiento de los servicios de prevención del delito en la población más vulnerable al crimen” y para el cual se destinaron cerca de doscientos millones de soles que salieron de un préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Como parte de este proyecto de inversión se había previsto la instalación de antenas repetidoras que respondían al objetivo denominado “Implementación de los Sistemas de Comunicación entre las Juntas Vecinales y la Comisaría”. Con este objetivo, en mayo del 2022 se le solicitó a la Policía Nacional del Perú que indique dónde sería pertinente que se instalen estas antenas.

El siguiente capítulo de este proyecto tuvo lugar en noviembre del año pasado cuando se le solicitó al especialista del Banco Interamericano de Desarrollo que otorgue la no objeción a los documentos correspondientes al proceso de licitación. La Dirección de Tecnología de la Información y Comunicaciones de la Policía Nacional del Perú justificó este pedido alegando que habían mantenido las especificaciones técnicas anteriormente aprobada por el Banco Interamericano de Desarrollo.

Días después, la licitación pública fue convocada y se obtuvo un proveedor que recibiría más de veinte millones de soles por la adquisición de estos aparatos tecnológicos que facilitarían la comunicación entre las juntas vecinales y las cuarenta comisarías que se verían beneficiadas con este proyecto.

IMPROVISACIÓN Y DESINTERÉS

Sin embargo, el pasado mes de septiembre, la Contraloría detectó una serie de alarmantes problemas que perjudican la finalidad de este proyecto. Acorde al documento revisado por Sudaca, en el plan de trabajo para la instalación de estas antenas repetidoras no se encontraron estudios del terreno donde se iban a instalar ni la información pertinente para la estructura de la torre. Como se observa en la siguiente imagen, la ausencia de esta información era “insuficiente para ejecutar la infraestructura”.

El estudio de mecánica de suelos que no fue incluido no sólo representaba una infracción al Reglamento Nacional de Edificaciones sino que impedía que las antenas que se iban a instalar estén preparadas para afrontar un sismo.

Entre los puntos que señala la Contraloría el más alarmante es el que se puede apreciar en la siguiente imagen. Esta inversión de varios millones de soles podría convertirse fácilmente en un desperdicio de recursos debido a que la ausencia de los estudios necesarios “no permitían garantizar la permanencia y estabilidad de la infraestructura”.

No obstante, este no ha sido el único problema que se detectó. En el documento que revisó este medio también se hace mención a un grave descuido al momento de elegir las ubicaciones en las que se colocarían estas torres de comunicaciones que están representando una inversión muy costosa.

Pese a que este proyecto ha involucrado un millonario préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y sólo cuarenta comisarías se podrían ver beneficiadas, en la lista que se entregó se incluyeron once de estos establecimientos policiales en los cuales era innecesario que se instalen estas antenas repetidoras debido a que ya contaban con las facilidades necesarias para este tipo de comunicación.

Además se identificaron otros casos con los cuales se acumula un total de veintitrés ubicaciones de las antenas repetidoras que presentaban problemas. En otras palabras, más de la mitad de las antenas que se iban a instalar podían terminar siendo una inversión mal utilizada.

Mientras la situación del país continúa en un estado crítico, los funcionarios a cargo de optimizar los recursos para brindarle seguridad a los peruanos parecen determinados a desperdiciar las oportunidades para revertir esta situación. Paradójicamente, al mismo tiempo se dan a conocer casos escandalosos sobre el máximo aprovechamiento de recursos para adquirir lujosas camionetas para los altos mandos de la Policía Nacional del Perú.

[INFORME] La Municipalidad de Lima le continúa dando prioridad a los espectáculos y las celebridades pese al clima complicado que vive la ciudad. En el último mes de la gestión del alcalde López Aliaga se inventó un certamen de belleza y también se sumó a otro personaje a su lista de costosos exdeportistas que trabajan para el líder de Renovación Popular.

Mientras el país parece vivir sus horas más convulsionadas producto de las crisis que se vienen desarrollando en diversos sectores, en el horizonte se asoma un año 2026 que estará marcado por una contienda electoral que, además, viene con el condimento extra de llegar en un contexto en el cual la mayoría de políticos se encuentran fuertemente cuestionados.

En la lista de aspirantes a los cargos públicos que estarán en juego en este proceso electoral figuran políticos que actualmente se desempeñan como alcaldes, ministros, congresistas y gobernadores. Sobre estos personajes se espera una mayor atención debido a que cargarán con los logros y falencias de sus actuales gestiones.

En este grupo destaca el nombre del alcalde Rafael López Aliaga. Sin embargo, ante los múltiples y graves cuestionamientos que viene afrontando durante paso por la Municipalidad de Lima, el líder de Renovación Popular parece haber encontrado en los espectáculos ostentosos y la cercanía a celebridades su estrategia de campaña.

SI LO TUYO ES MODELAR…

Desde su llegada al Palacio Municipal, Rafael López Aliaga se ha enfrentado a severas críticas por su forma de conducir la Municipalidad Metropolitana de Lima. Los descuidos a sectores vulnerables, como las ollas comunes y las denuncias por alimentos de mala calidad, y las acusaciones de improvisación en las obras que su gestión ejecuta lo han puesto en más de una oportunidad en el centro de las polémicas.

Este panorama representaría un aprieto para cualquier político y más para uno con aspiraciones a la presidencia. Por ello, el burgomaestre limeño parece haber optado por aprovechar cada oportunidad disponible para brindarle entretenimiento a la población y distraerlos de los reproches que recibe. El concierto por la llegada de los trenes estadounidenses y el homenaje al polémico activista ultraderechista Charlie Kirk han sido algunos de los ejemplos más recientes.

Esta estrategia, por supuesto, no sale nada barata y se viene financiando con el presupuesto de la Municipalidad de Lima. Es en este contexto que Sudaca ha encontrado una de las nuevas ideas de la gestión actual que el mes pasado se ha llevado una buena tajada del dinero de los contribuyentes.

Durante el pasado mes de septiembre, la Municipalidad de Lima consideró que una de las urgencias por atender era la necesidad de un concurso de belleza. Fue de esta manera que la gestión de López Aliaga inventó el certamen Miss Lima Metropolitana y lo programó para el día sábado 27 de septiembre.

Casualmente, el mismo día que miles de peruanos se encontraban reunidos en las calles acompañando una protesta que terminaría con manifestantes y hasta periodistas heridos por las fuerzas del orden, la Municipalidad de Lima prometía una jornada con “talento, elegancia y cultura” en la Avenida de la Peruanidad.

Pero, además de parecer un evento inoportuno por el contexto social, este certamen de belleza también ha representado un costo económico importante para la Municipalidad de Lima que no tuvo mejor idea que elegir una opción nada económica para su realización. Según los reportes, la empresa Beauty with Purpose recibió un pago de más de cuarenta mil soles por la organización de este evento.

Como ha ocurrido en más de una oportunidad desde la llegada del líder de Renovación Popular al despacho municipal, la tendencia por rodearse de celebridades se ha vuelto a hacer presente. Quizá por ello no sorprendió que la titular de la empresa contratada sea nada más y nada menos que a una exganadora del Miss Perú. Tal como figura en  los registros de esta empresa, la representante y presidenta de Beauty with Purpose es Marina Mora Montero.

Claro que este no ha sido el único gasto considerable en eventos que asumió la Municipalidad de Lima durante el pasado mes de septiembre. Según la información que la propia gestión de López Aliaga hizo pública, se destinó la suma de S/. 72,620 para contratar a una empresa que organiza y anima eventos.

La empresa Cian Producciones fue la elegida por la municipalidad para encargarse de la realización de eventos que, como se observa en sus redes sociales, eran una oportunidad que la autoridad municipal no desperdiciaba para que su nombre figure en letras tan grandes como era posible. Durante el presente año, Cian Producciones lleva, por lo menos, S/. 132,470 en contratos.

EL 10 CELESTE

Para muchos de los más fieles fanáticos de la Selección Peruana, el nombre Roberto Carlos Palacios Mestas, o más conocido como el “Chorri”, ingresaría indudablemente en la lista de los mejores número 10 en la historia del fútbol peruano. Sin embargo, el nombre de uno de los ídolos del club Sporting Cristal también ha ingresado en la lista de deportistas elegidos por el alcalde López Aliaga.

En el pasado mes de septiembre, la gestión que encabeza el líder de Renovación Popular le ha pagado más de treinta mil soles al exjugador nacional. Acorde a la información disponible en el portal Transparencia Económica, Palacios ha recibido  un total de S/. 88,920.00 desde que empezó a trabajar para la Municipalidad de Lima en este año 2025 pese a que en paralelo se encuentra vinculado laboralmente con la Federación Peruana de Fútbol, en donde es embajador y se ha mostrado como uno de los defensores de su cuestionado presidente Agustín Lozano.

En la información oficial que se ha podido encontrar incluso se puede observar que, sólo en el mes de abril del presente año, el recordado futbolista recibió un total de cincuenta y dos mil soles por su contrato con la Municipalidad de Lima en dos diferentes órdenes de servicio bajo los conceptos de “asistencia técnica especializada” y “entrenamiento en deportes”.

Pero Roberto Palacios no ha sido el único referente del fútbol peruano que ha trabajado para el alcalde de Lima. El mes pasado, el portal Ojo Público reveló que la gestión de Rafael López Aliaga había emitido numerosas órdenes de servicio a nombre del exfutbolista Julio César Uribe. El referente del club del Rímac, que también es militante de Renovación Popular, había cobrado un total de S/249.000 por estas once órdenes de servicio.

Además, un informe periodístico de Sudaca titulado “Las voleibolistas de Porky” también dio a conocer, semanas atrás, que la Municipalidad de Lima había destinado más de doscientos mil soles del presupuesto para pagar contratos a las exjugadoras de vóley Cecilia Tait Villacorta y Rosa Gisella García Rivas.

Este lunes, Rafael López Aliaga renunciará a su cargo para enfocarse en su campaña presidencial. Sin embargo, el líder de Renovación Popular deja como legado una considerable deuda y costosos contratos que parecen haber beneficiado más a su posicionamiento como figura pública que a las necesidades de Lima.

[INFORME] En medio de la crisis por la inseguridad, patrulleros que costaron cerca de doscientos millones de soles son encontrados con neumáticos en mal estado, tablets sin conexión con el sistema policial y hasta extintores vencidos.

Entre noticias plagadas de asesinatos y extorsiones, la mayoría de peruanos encara su día a día con la incertidumbre de no saber si puede convertirse en una víctima. La innegable e histórica crisis que está afrontando el país en materia de seguridad no sólo parece estar lejos de terminar sino que tampoco parece existir un plan a seguir para revertir una realidad que cada vez se torna más violenta.

Desde el Ejecutivo, la atención de la presidenta Boluarte ha terminado centrada en contener las interminables crisis de su gobierno y en el Ministerio del Interior parecen tener más palabras que ideas para atender la demanda de una población que reclama seguridad. Por el contrario, desde el gobierno incluso se escuchan expresiones que podrían ser catalogadas como indolentes al minimizar el asesinato de otro conductor de buses.

El trágico presente en la lucha contra la delincuencia tiene diferentes puntos para profundizar y, en esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a un documento de la Contraloría que expone el injustificable descuido que hay en las comisarías con herramientas que son básicas para enfrentar a los criminales que parecen haber tomado el país.

LOS PATRULLEROS DE LA POLÉMICA

En el documento que Sudaca pudo revisar, la Contraloría pudo constatar el insólito presente de numerosos patrulleros que debían estar en condiciones óptimas para atender labores de patrullaje y los llamados de los peruanos víctimas de la delincuencia. Estos párrafos detallan lo que viene ocurriendo con vehículos que la Dirección Territorial de la Policía Nacional del Perú (DIRTEPOL) alquiló.

Este contrato de alquiler apenas data de los primeros meses del año 2023, más precisamente del mes de febrero, y representó una inversión total de S/. 189,836,268.31 que fueron pagados a Transportes Ángel Ibárcena S.A.C. a cambio del alquiler de quinientas camionetas pick up doble cabina 4X2.

Como suele ocurrir en este tipo de contratos con el Estado, suele existir un amplio listado con las especificaciones que, en este caso, las camionetas pick up deben tener al momento de la entrega. En la siguiente imagen se pueden observar algunas de estas exigencias, como una Tablet para acceder al sistema policial y otros elementos de seguridad básica como el botiquín y un extintor.

Estos documentos también estaban contemplando el mantenimiento de estas unidades y se especificaba que debía existir un oportuno reporte de los problemas que podrían estar presentando estos vehículos y su equipamiento para que se puedan corregir como lo estipula el contrato.

UN ABANDONO BASTANTE CARO

Durante este año 2025, entre los meses de marzo y junio, el pago a la empresa Transportes Ángel Ibárcena S.A.C. por estos vehículos alquilado alcanzó la suma de  S/ 15,183,736,16. Sin embargo, el presente de estos vehículos parece distar mucho de lo que inicialmente se había acordado.

El documento de Contraloría expuso que, durante una visita realizada en el último mes de septiembre, se pudieron encontrar varios de estos vehículos que estaban en condiciones que de ninguna manera se podrían calificar como ideales. Esta inspección se realizó en tres establecimientos policiales ubicados en los distritos de Breña, Rímac y San Juan de Miraflores donde catorce unidades presentaron problemas.

En algunas de las imágenes que se pudieron obtener de estas visitas se puede observar que el estado de los neumáticos de estos vehículos alquilados mostraba un notorio desgaste que a su vez exponía que no existiría el mantenimiento adecuado que requieren estos patrulleros pese a que en el contrato fue un aspecto que se había tenido en cuenta.

En el informe técnico que incluyó la Contraloría también se detallan los problemas que pueden derivar de este mal estado de los neumáticos. Pese a que estos patrulleros pueden verse involucrados en persecuciones de alta velocidad, los neumáticos presentaban un alto riesgo de deslizamientos y problemas en el frenado.

Las tablet, cuyo funcionamiento adecuado es imprescindible en las labores de la policía, fueron encontradas inoperativas por lo que acceder al sistema policial y corroborar, por ejemplo, si una persona tenía una orden de requisitoria resultaba imposible pese a que este era un requisito señalado en el contrato.

Incluso se pudo encontrar que varios de estos vehículos presentaban abolladuras y asientos rotos. Aunque lo más notorio que encontró la Contraloría durante su visita fue situaciones como la que se aprecian en la siguiente imagen de un parachoques atado con un alambre.

Pese a que en las especificaciones se leía claramente que el vehículo alquilado debía contar con un extintor y un botiquín con una lista detallada de los implementos que debía contener, durante esta inspección se encontró que estos vehículos el extintor estaba vencido y el botiquín vacío.

Cabe señalar que si bien esta inspección ocurrió en tres comisarías, los quinientos vehículos, por los cuales se firmó un contrato que compromete pagos que en total suman cerca de doscientos millones de soles, se encuentran distribuidos en diversas regiones policiales de Lima y Callao.

Mientras las bandas criminales que hoy aterrorizan a los peruanos se están dotando hasta con granadas, la Policía Nacional del Perú no sólo carece de un plan para ponerle un alto a la delincuencia sino que tampoco parecen contar con herramientas indispensables, como un patrullero en buen estado, para atender este presente caótico.

[INFORME] Un funcionario de la Municipalidad de Lima es el nuevo integrante de los infames mochasueldos. Una serie de testimonios exponen a un coordinador que, mediante intimidaciones, estuvo exigiéndole a varias trabajadoras una parte de sus ingresos mensuales.

Desde que Rafael López Aliaga asumió el cargo de alcalde en enero del 2023, su gestión ha mostrado una innegable tendencia por catalogar a toda persona que critica o investiga a su gestión como un enemigo al cual intenta descalificar valiéndose de todo tipo de adjetivos con los que intenta descalificar y distraer la atención de los cuestionamientos que recibe por su conducción de la Municipalidad de Lima.

Sin embargo, el verdadero enemigo de la municipalidad que impide una gestión intachable y próspera no habría estado en medios de comunicación ni en quienes tienen una ideología política distinta a la del burgomaestre sino en los propios funcionarios de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

Sudaca pudo acceder a documentos que exponen el caso de un funcionario que reúne las características necesarias para sumarse a la infame lista de los mochasueldos. Una historia que hasta ahora había pasado desapercibida pero expone una serie de cobros irregulares y hasta maniobras de amedrentamiento para evitar que salga a la luz.

“Me decía que muchas personas estaban esperando mi puesto que podía sacarme”

El protagonista de esta historia es Giancarlos Edwin De La Torre Alfaro, quien se venía desempeñando como coordinador de la Subgerencia de Desarrollo Social. Según pudo corroborar Sudaca, De La Torre Alfaro registra órdenes de servicio con la Municipalidad de Lima desde la fecha en que tomó el mando Rafael López Aliaga en enero del 2023.

Sin embargo, la parte cuestionable de su historia se empezó a detectar en octubre del año pasado. En esta parte de la historia entra en escena Andrea Lucía López Aguirre, quien se encontraba bajo las órdenes de De La Torre Alfaro. Por aquella época, Andrea López se vio involucrada en una situación que llamó su atención.

López Aguirre se enteraría por el propio coordinador de la Subgerencia de Desarrollo Social que estaba próximo a emitirse una orden de servicio por el monto de cuatro mil soles por un periodo de tres meses. Acorde a su testimonio, este monto mayor al que debía recibir no le sorprendió debido a que, para esa fecha, tenía un pago atrasado por lo que asumió que ese monto pendiente había sido incluido en dicha orden de servicio.

Pero la situación daría un giro drástico cuando, tras recibir su primer pago, Giancarlos Edwin De La Torre Alfaro le exigen a Andrea López que le de mil soles. “Le terminé dando el dinero porque me decía que muchas personas estaban esperando mi puesto que podía sacarme”, señaló López.

Por si quedaban dudas sobre lo irregular de la situación, López Aguirre también relató que estos pagos solicitados por el coordinador de la Subgerencia de Desarrollo Social de la Municipalidad de Lima no podían ser depositados en su cuenta de banco ni a su número asociado a Yape sino a cuentas de terceros.

Esta situación continuó ocurriendo durante los siguientes meses hasta que en febrero del presente año las cosas empeorarían. Ante la negativa por parte de la trabajadora de seguir dándole parte de su salario, De La Torre Alfaro la citó en una cochera donde no sólo le dijo con respecto a los pagos que “tenía que cumplirlo como sea” sino que, pese al llanto de Andrea, le impidió bajarse de su vehículo.

La siguiente imagen corresponde a la conversación que sostuvieron en aquella oportunidad Giancarlos De La Torre y Andrea, quien terminaría por depositarle los trescientos soles como parte de las exigencias que este funcionario le hacía todos los meses.

GIANCARLOS Y SU MODUS OPERANDI

El relato de Andrea López también reveló que ella no fue la única trabajadora que sufrió estos recortes de sueldo. En su testimonio revela que otras de sus compañeras de trabajo han sufrido estas exigencias por parte de De La Torre Alfaro, quien incluso utilizaba la historia de Andrea como estrategia para intimidarlas en caso se rehusaran.

En el documento que pudo revisar Sudaca se pueden apreciar evidencias de los pagos que las compañeras de trabajo de Andrea López le debían hacer al coordinador de la Subgerencia de Desarrollo Social. Como se puede apreciar en la imagen, dos de estos depósitos eran a la cuenta de una tercera persona elegida por De La Torre para recibir su dinero.

Esta historia de cobros e intimidación también ha tenido a otros testigos que corroboraron la historia de Andrea y sus compañeras. Uno de estos testimonios que Sudaca pudo revisar incluso indicaba que De La Torre Alfaro le llegaba a pedir a una de sus trabajadoras que le depositen la totalidad de su sueldo.

Otra trabajadora llamada Olga Castillo también relató haber vivido una situación similar con De La Torre Alfaro. En sus declaraciones, Castillo cuenta que la excusa de este coordinador para pedirle parte de su sueldo era que “ese sueldo era de más” y “uno de ellos tenía que dárselo a él”.

En la conversación vía Whatsapp entre Castillo y De La Torre se puede leer que, aunque la trabajadora señalaba que devolvería el dinero que no le correspondía si recibía un pago extra, el coordinador se negaba a ello y exigía que se le deposite a él con un contundente “es lo que tiene que pasar”.

En el caso de Castillo, una de las excusas con las que Giancarlos Edwin De La Torre Alfaro pretendía justificar su accionar era señalando que ese dinero que les solicitaba era para la compra de artefactos para los eventos que su área tenía a cargo.

Solange Baldeon fue otra de las trabajadoras afectadas por los pedidos de este coordinador y, tal como se observa en la imagen, en su declaración señala el miedo a perder su trabajo y sustento familiar como la razón por la que terminaban accediendo a las presiones ejercidas mensualmente por De La Torre Alfaro.

Otra de las trabajadoras que recibían estos pedidos por parte de Giancarlos Edwin De La Torre Alfaro era Jessica Hurtado. En su testimonio, Hurtado cuenta que De La Torre Alfaro le exigía esta cantidad debido a su interés en pagar su campaña política y reveló que, cuando ella le insistió que no podía darle montos tan elevados, el coordinador le indicó que “iba ver la forma de solicitarle a otras personas para no perjudicarme”.

Ante esta situación y el gran número de involucrados que dieron su testimonio, el coordinador de los Centros de Atención Integral al Niño, Niña y Adultos Mayores de la Subgerencia de Bienestar y Promoción Social e Inclusión fue destituido de su cargo en estos días. Sin embargo, no es la primera vez que Giancarlos Edwin De La Torre Alfaro tiene problemas. En mayo del 2017, cuando trabajaba para el IPD, De La Torre fue suspendido por treinta días, y, un mes antes, cometió otra infracción por lo que había recibido otra sanción.

Si bien en épocas cercanas a una elección es común encontrar aspirantes a la banda presidencial culpando a terceros de los cuestionamientos en su contra, la gestión de la Municipalidad de Lima parece no estar aplicando los filtros más efectivos para evitar que el trabajo que vienen realizando pueda ser calificado como intachable y casos como el de Giancarlos Edwin De La Torre Alfaro terminan saliendo a la luz.

[INFORME] El Instituto Nacional de Salud, organismo dependiente del Ministerio de Salud, estaría atravesando uno de sus episodios más críticos. Documentos de la Contraloría, a los cuales Sudaca tuvo acceso, reportaron una serie de deficiencias que no sólo ponen en riesgo a los insumos médicos sino al personal que trabaja en este local.

Mientras la política peruana vive horas convulsionadas y de permanente desconcierto, diversos sectores empiezan a padecer la ausencia de un plan a seguir y el descuido por parte de autoridades que parecen centrar sus esfuerzos en blindar al Ejecutivo ante cada una de las crisis en las que vive inmerso.

En esta oportunidad, uno de los sectores afectados es el que tiene a su cargo la salud. Pese a la relevancia que tiene en la sociedad, se vienen evidenciando alarmantes descuidos que exponen un nivel de precariedad que parece empeorar con el tiempo y ponen en riesgo la salud de los peruanos.

Sudaca pudo acceder a un informe de la Contraloría en el cual se detallan graves descuidos en el Instituto Nacional de Salud. Desde cámaras de refrigeración hasta extintores muestran un preocupante descuido por parte de este organismo dependiente del Ministerio de Salud que tiene bajo su responsabilidad un papel clave en la salud pública.

DESCUIDOS PELIGROSOS

Durante las últimas semanas del pasado mes de agosto, la Contraloría General de la República visitó las instalaciones de un almacén a cargo del Instituto Nacional de Salud y encontró diversas situaciones irregulares. Sudaca pudo acceder a este reporte elaborado por la Contraloría y conoció en detalle el alarmante panorama que se encontró en este almacén ubicado en el distrito de Chorrillos.

Una de las situaciones más graves que se exponen en este documento es el estado de las cámaras de refrigeración. Estos equipos de suma importancia para preservar insumos médicos en condiciones adecuadas no cuentan con una calibración vigente. Por ello, según lo que se indica en el propio informe de la Contraloría, se está “poniendo en riesgo la conservación de los bienes almacenados y el uso seguro de los mismos”.

La excusa para esta situación sería todavía peor. El coordinador administrativo de este almacén señaló que esta irregularidad se debería a falta de recursos. “No se dispone de presupuesto asignado para llevar a cabo la ejecución del servicio de calibración”, le indicó este funcionario a la Contraloría.

En esta visita también se encontraron otras situaciones que pueden parecen menores pero exponen un estado que no se podría calificar como óptimo para un almacén que alberga implementos del sector salud. Entre estos aspectos que se detallan en el informe también se encuentran los problemas de iluminación. “Existen artefactos de iluminación que no están operativos”, se puede leer en el documento.

EXPUESTOS A UNA TRAGEDIA

En los últimos años, las noticias sobre incendios en almacenes han acaparado las noticias en más de una oportunidad. Sin embargo, pese a esos antecedentes, este almacén del Instituto Nacional de Salud ubicado en Chorrillos no parece estar haciendo ningún tipo de esfuerzo para prevenir un desenlace similar.

Los documentos revisados por Sudaca revelan que tampoco hay un cuidado correcto de los implementos para afrontar un posible incendio. Pese a que en este local se guarda una gran  cantidad de material inflamable, “no hay registro alguno en tarjetas de inspección de extintores” y la manguera del gabinete contraincendios, que se puede observar en la siguiente imagen, fue encontrada en un estado de deterioro.

Los ingredientes para un desenlace trágico en caso de incendio se siguieron acumulando. En este local también se encontró que los pasillos se encontraban ocupados con numerosas cajas que obstaculizaban el paso y podrían contribuir a que no sólo el fuego se propague con más rapidez sino que también representaría una dificultad mayor para la evacuación.

La Contraloría también detectó que algunas de estas cajas que ocupan los pasillos son de productos que se encuentran vencidos y, además, estos pasadizos también son bloqueados por equipos y mobiliario fuera de uso. La explicación que brindó el coordinador de dicho local fue todavía más grave y dejó en evidencia el nulo interés por parte del sector salud por supervisar que en INS funcione eficientemente.  “No cuentan con espacios disponibles dentro del almacén para su reubicación debido a que se encuentra en su capacidad máxima”, fue la respuesta del coordinador durante la visita de la Contraloría.

Paredes agrietadas, tomacorrientes en evidente estado de deterioro y hasta la presencia de personal sin el uniforme adecuado fueron otros de los impactantes descubrimientos hechos durante esta visita al local del Instituto Nacional de Salud entre los meses de agosto y septiembre del presente año.

Mientras el ministro de Salud, César Vásquez, se da el lujo de dedicarle tiempo a los escándalos que involucran a su colega Santiváñez y hasta lo califica como perseguido político, el sector salud continúa atravesando un momento crítico que se refleja en la situación actual de este local del Instituto Nacional de Salud.