[EN LA ARENA] Tras las dolorosas muertes con las que comenzamos el año, Dina Boluarte empezó a repetir que estaba dispuesta a dialogar. Poco tiempo después dejó de hacerlo. En ese momento, su propuesta llamada “de diálogo” estaba dirigida a los gobernadores regionales con el fin de terminar con las marchas. Pero una cosa es llamar “diálogo” a querer dar órdenes y recibir una respuesta de confirmación y otra muy distinta, realmente dialogar.

Los diálogos, como nos lo enseñaron filósofos, filósofas, dramaturgos y novelistas, no se reducen a cualquier conversación, pues aquello que se diga no puede decirse a cualquier persona, es a alguien que está dispuesto a procesarlo, a metabolizarlo, si se quiere, y que busca que su respuesta también sea recibida de la misma manera por el otro. Es discutir profundamente sobre un tema o una acción, desde aquello que se cree, se piensa, se siente desde como uno es. Es nuestra voz en el sentido público y democrático, es la voz con la que nos identifican, es la voz que reconocemos. Sin llegar a ser un debate donde uno quiere vencer al otro, el diálogo no trata de competir o de lograr un mero acuerdo de negociación puntual. Un diálogo es un intercambio que abre un espacio de escucha, de análisis, de propuestas conjuntas. El diálogo, por tanto, requiere de una confianza mutua.

Este martes, durante la inauguración del “Encuentro Intergubernamental de Preparación ante el Fenómeno de El Niño”, Dina Boluarte se mostró indispuesta ante cualquier posibilidad de dialogar. Y fue directa. Para conseguirlo, desplegó las formas de desconfianza que aún le quedan respecto de la Tercera Toma de Lima y se las comunicó al pueblo peruano, con indiscutible énfasis hacia quienes tenía frente a sí mientras hablaba: sus ministros, altos funcionarios, y los gobernadores regionales, aquellos con quienes nunca dialogó. Cómo confiar en los que protestan o se declaran en huelga, si la Primera y Segunda Toma de Lima, dijo Boluarte, detuvieron el desarrollo del país, estancaron su economía y paralizaron el turismo.

Parece que ante el no poder remitirse al terrorismo (pues las Naciones Unidas ha descrito el término como parte de una retórica hostil, peligrosa y traumática utilizada contra el movimiento de protesta) Boluarte ha empezado a construir una versión alternativa de traición social. Y añade, cómo se puede confiar en peruanos que envían un mensaje “para afuera” en el que se presenta al Perú como un país sin garantías, generador de caos y zozobra. No satisfecha con la desconfianza, reforzó su oposición al diálogo diciendo que había solamente una ruta para conseguir que el país avance. Es suya, y consiste en unirse con el gobierno para resolver los problemas futuros. Una unión en silencio. Así lo dejó de claro cuando al terminar y antes de ponerse de pie, se despidió diciendo: Hechos y no palabras.

La frase latina, muy usada por mandos militares de la antigua Roma, remite a cierta virtud para decidir y actuar con la rapidez necesaria opuesta al diálogo político, que perjudica la urgencia de las acciones, que gasta el tiempo con discusiones que dejan de lado la obligación de decidir. Es por eso una frase que sintetiza el sustento de las dictaduras. En el caso peruano fue Manuel Odría quien la popularizó. Apenas dio el golpe de Estado en 1948, empezó a perseguir a sus oponentes más discursivos, a quienes llamó terroristas: los militantes del Partido Aprista Peruano y del Partido Comunista Peruano. Al año siguiente decretó la suspensión de las garantías individuales y mediante sistemas de vigilancia y tortura, reprimió cualquier cosa que se dijera contra su gobierno hasta 1956. Gracias a los silencios, Odría consiguió acumular grandes propiedades y pactar con Manuel Prado el darle los votos de sus seguidores si no lo investigaba durante su gobierno. Prado ganó feliz. Protegido con el Pacto de Monterrico, como fue llamado ese acuerdo, el silencio sobre la corrupción de Odría hasta hoy nos muestra la otra cara de los Hechos y no palabras. Irónicamente (pobres viejos apristas) Alan García usó la expresión en su campaña del año 2016. Ahora Boluarte se la apropia. Pero en su caso, ya es algo tarde para que los hechos que ha cometido contra su pueblo los consiga silenciar.

 

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[EN LA ARENA] El expresidente Donald Trump compareció por primera vez el martes 13 de junio ante la Corte Federal de Miami por 37 cargos penales que enfrenta por haberse llevado, al salir de la Casa Blanca el 2021, documentos clasificados de la CIA, del Departamento de Defensa, de la Agencia de Seguridad Nacional, del Departamento de Energía y del Departamento de Estado a su resort en Mar-a-Lago. Los cargos también incluyen haber obstruido la recuperación del material. Como todos los analistas lo señalan, es el primer exmandatario de Estados Unidos acusado de cargos federales. Él único que pudo haber sido acusado a ese nivel fue Richard Nixon. Por eso es que en las afueras de la corte de Miami, esperando la salida de Trump muchos periodistas no dejaban de comparar la caída de ambos presidentes. Pero se trata de historias muy distintas. Esta acusación contra Trump tiene como preocupación que los documentos clasificados que almacenó en cajas en su visitado resort incluían información sobre la defensa y el armamento, incluido el nuclear, no solo de Estados Unidos sino también de países extranjeros, incluyendo tanto las vulnerabilidades de su país, como las represalias posibles ante ataques extranjeros. Una dimensión muy distinta a la que nos remite el caso de Richard Nixon cincuenta años atrás: el caso Watergate, con el que muchos están familiarizados por haber sido llevado a al cine y la televisión.

Desde que llegaron al gobierno, Nixon y sus colaboradores del Partido Republicano acosaban a políticos de la oposición y grupos de activistas utilizando la Oficina Federal de Investigaciones (FBI), la Agencia Central de Inteligencia (CIA) e incluso el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Estas acciones salieron a la luz cuando fue detenido un grupo de integrantes del “Comité de reelección del presidente” por entrar a robar a la sede del Comité Nacional del Partido Demócrata de Estados Unidos, la cual quedaba en el complejo de oficinas Watergate de Washington D. C. Cuando se supo que “los ladrones” estaban vinculados al gobierno, el Congreso de los Estados Unidos inició una investigación. Nixon negó tajantemente cualquier participación, insistía en que se había enterado al mismo tiempo que el Congreso del robo. Pero un año y unos meses después, el 5 de agosto de 1974, la Casa Blanca entregó una cinta de audio grabada en la Oficina Oval de sólo unos días después del robo, en la que Nixon y otros funcionarios discutían cómo impedir la investigación del FBI para evitar ser implicados. Hasta los abogados de Nixon reconocieron que el presidente había mentido no sólo a ellos, sino a toda la nación. De inmediato, los congresistas de todos los partidos, más aún el republicano, declararon que apoyarían su destitución. Pero Nixon renunció de inmediato y abandonó junto con su familia la Casa Blanca. El Congreso, entonces, abandonó el proceso de destitución quedando a la espera de que se abriera la investigación penal a nivel federal. Sin embargo, contra toda expectativa, el vicepresidente Gerald Ford, apenas tomó el mando del gobierno, indultó a Richard Nixon. Con un indulto completo e incondicional lo eximió de cualquier crimen que hubiera cometido o en el que pudiera haber participado como presidente, basándose en que “el perdón” era en ese momento lo mejor para el país. Una suerte de fantasía fujimorista, digamos.

Nixon jamás aceptó ser culpable. Al parecer, Trump tampoco lo hará. Él culpa a Joe Biden, el actual presidente, de ser quien usa al Departamento de Justicia para ganar las elecciones del 2024. De poco sirven sus rabietas contra el fiscal. Temerosa, la ciudad de Miami esperaba miles de fanáticos defendiendo a su republicano. Pero que fueran tan pocos los seguidores que llegaron a la Corte a darle su apoyo, puede ser una señal de un país que ojalá despierte pronto de las mentiras de un hombre acostumbrado a sentirse por encima de la Ley.

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Lo cierto es que poco tiempo después, tanto en Europa como en Estados Unidos, la crisis financiera del 2008 y las crisis migratorias del 2015, dieron sustento a la ya creciente extrema derecha y su nacionalismo para que pudiera triunfar Donald Trump, que puso a los migrantes como el principal enemigo de su nación y dio sustento para que gobiernos como el de Joao Bolsonaro y ahora el de Dina Boluarte, puedan apelar a resolver los problemas de pobreza y delincuencia ansiando romper el Pacto de San José e imponer, de una vez por todas, la pena de muerte. Masacre más, masacre menos en las tierras de la población quechua hablante y aimara del país, lo que importa es su Patria.

Los derechos humanos, pues, no son de izquierda, eso es un invento de la extrema derecha que repite sin pensar. Nuestros derechos están por encima de cualquier ideología. Es el deber de nuestro Estado protegerlos y deber de la Alta Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos evitar que se retroceda. La ONU ya se ha pronunciado, pero sin importarle, el Congreso sigue emitiendo leyes contra los derechos de la mujer, contra la educación pública, contra los migrantes, a favor de la corrupción. Mientras tanto, los brazos más violentos de la extrema derecha cuentan con la anuencia del gobierno para atacar. Total, como dijo el hoy silenciado cardenal del Perú, aquí los derechos humanos son una cojudez.

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Los organismos jurídicos internacionales sobre derechos humanos, los convenios firmados y las alianzas establecidas con otros países nos dan un marco fundamental de regulación. Como nuestros parlamentarios saben de ese marco, buscan agraviarlo. Nos quieren hacer creer que la justicia se resuelve con pena de muerte y que por eso debemos romper con el Pacto de San José de la OEA. Que debemos retirar a los embajadores de los países de la Alianza del Pacífico que nos acusan porque el comunismo nos hundirá en la peor de las pobrezas. Pero no pueden tapar el sol con un dedo, por más que cuenten con la complicidad de la prensa y sus escandaletes mediáticos, con la evidencia compartida en las investigaciones de las autoridades internacionales contamos con una base para detener su desborde legislativo, su autoritarismo de gamonal y su festín de corrupción. Sépanlo bien, no nos vamos a rendir.

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Otro tema que preocupa mucho a las Naciones Unidas es el rol que cumple la IA en el procesamiento, estructuración y suministro de la información; en las redes podemos observar cómo los algoritmos permiten la desinformación, el discurso de odio, la discriminación. Aquello considerado libertad de expresión se encuentra desbordado tanto en la agresión como en la represión. Mientras tanto surgen nuevas narrativas políticas y sociales, otras formas de privacidad y consentimiento, que requieren una alfabetización mediática e informacional que ni los medios ni las instituciones educativas están incorporando a su repertorio pedagógico. Enfrentar este proceso demanda no sólo nuevas prácticas educativas e inversiones tecnológicas, sino una formación ética acompañada de un fino desarrollo del pensamiento crítico, y todas las nuevas competencias que demanden los rápidos cambios en el mercado laboral profesional, la crisis climática y la necesaria participación ciudadana.

Mientras tanto, la Comisión de ciencia, innovación y tecnología del Congreso aprobó recientemente el dictamen de un proyecto de ley que busca promover el uso de la IA en el país sin tomar en cuenta los peligros que corren nuestros derechos. De aprobarse la ley nos estaríamos disparando a los pies. Pero qué hacer, cuando en la comisión sólo hay congresistas vinculados a empresas del sector salud, un par de abogados de universidades de bajos estándares, una periodista de farándula, dos marinos retirados. Él único científico es un biólogo molecular tan anticomunista que cuando fue jefe del Instituto Nacional de Salud, mintió sobre la calidad de las vacunas chinas.

Quizá sería bueno, pensaría HAL, que ha llegado la hora de hacerse cargo del Congreso peruano.

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Tres años después, Óscar Becerra es ahora el ministro de Educación y pone como representante del Minedu en el Consejo Directivo de la Sunedu al Director del Departamento Académico de su facultad en la USMP y presiona para que se elijan a candidatos como el superintendente que no cumple con el requisito de haber estado fuera del ámbito académico durante un año como mínimo. La asociación de universidades nacionales del Perú ha manifestado públicamente no reconocerlo y subrayar la ausencia de 19 rectores, mucho más que el quorum, que se opusieron a participar de su elección.

Es imposible, pues, esperar que un ministro como él no considere un adefesio a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que le parezcan culpables las mujeres con sus wawas atacadas por la policía protestando por las masacres, que esté a favor de la pena de muerte para quienes le dan la contra. De poco sirve que el gobierno se lave las manos con el Primer Ministro aclarando que el gobierno sí se respeta el pacto de San José, porque un hombre así, parece haber entrado para devolver a una red de corrupción el espacio que utilizaba para el enriquecimiento ilegal.

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Como en esos países el socialismo consiguió entronizar en el poder a líderes que por cumplir sus promesas agotaron los fondos económicos en muy pocos años, el aumento de la pobreza provocó una migración trasnacional que desató una ola de violencia que llegó hasta Ciudad Capital, circulando por las calles, asesinando migrantes, trabajadoras sexuales y víctimas de trata. El fascismo en Ciudad Capital sacó provecho de la lucha contra las bandas delincuenciales y al igual que en sus vecinos países fascistas, encontró en su erradicación, la forma de justificar el olvido de los derechos humanos, impulsando la represión y el encarcelamiento masivo. Así el fascismo aprovechó para enviar la doctrina social de la iglesia de regreso a los túneles de las catacumbas, y darle a las iglesias nacionales y extranjeras fascistas de Ciudad Capital el control de la moral.  De inmediato sus pastores declararon detestar a las instituciones que se atrevieran a hablar sobre poblaciones vulnerables y mayores atrocidades. Por eso el gobernador de Ciudad Capital, tan firme y místico creyente, ha clausurado el Museo de la memoria, el único lugar donde se resguardaba la verdad que contradecía tan duramente el discurso del fascismo y a sus aclamados escritores, quienes decidieron volver a contar la historia de tal manera que nunca se diga algo malo sobre los fascistas o algo bueno sobre esa horrenda creencia en los derechos humanos que tanto daño le hace a Ciudad Capital.

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Debemos partir de que recién hace cinco años se han empezado los estudios necesarios para diseñar los grandes sistemas de drenaje para Tumbes, Piura, Chiclayo. Y que en el caso de los balnearios del sur, San Bartolo, Punta Hermosa, Punta Negra, ya existe un sistema de drenaje de la quebrada Cruz del Hueso que sí ha funcionado. Lo que ocurre es que diseñar y construir sistemas de drenaje toma muchísimo tiempo. Tras el huaico del año 2009 en Ayacucho, donde murieron 9 personas, el contar con el eficiente sistema que hoy vemos en el centro de Huamanga, recién culminó el año 2017. 8 años. Eso significa que probablemente los sistemas de las ciudades del norte estarán listos para la siguiente década. Lima debería sumarse de una vez.

En el caso de Punta Hermosa, el huaico no fue resultado del desborde de la cuenca, sino del agua acumulada durante las lluvias en la excavación que dejó una cantera ilegal de piedras y arena, esas que administran las mafias del sector construcción. Así que el huaico de Punta Hermosa no fue un “desastre natural” o la falta de un sistema para prevenirlo. Fue resultado de la extracción ilegal de minerales, que tiene distintas formas de afectar el medio ambiente, no sólo envenenando, sino también socavando nuestro territorio. Este espacio frágil y diverso, víctima del cambio climático, donde tendremos que concentrarnos mucho para reaprender a gobernarnos desde el cuidado que tanto necesitamos.

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Cuando Rusia se incorporó a la Primera Guerra Mundial, reclutó a los obreros para conformar un ejército capaz de enfrentar a Alemania. Campesinos y mujeres los reemplazaron en las fábricas. Las madres fueron las primeras en ocupar los puestos para conseguir el dinero necesario para sobrevivir mientras sus maridos estaban en el campo de batalla. Pero la guerra recrudeció la pobreza, no había guarderías, donde dejar a los hijos y de pronto racionaron el pan. El partido Bolchevique les pidió a las mujeres organizadas que no protestaran. Sin embargo, las mujeres no se rindieron y el 8 de marzo de 1917 comenzó la huelga que culminaría con la caída del Zar Nicolás. Han pasado ya más de 100 años. Y todavía nos quieren decir a las mujeres cuándo, cómo y dónde debemos protestar. Este 8 de marzo, si alguna mujer peruana hay que celebrar es a nuestras valientes mujeres del Sur, ciudadanas plenas que admirar.

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