El congresista Alejandro Muñante es un cerrado “defensor a ultranza de la vida, la familia, la patria y la libertad” del partido ultraconservador Renovación popular. El martes 17 se reunió en su oficina con una asociación aún no registrada para la Protección de los Derechos del Hombre. Como su denominación lo indica, agrupa hombres que consideran que sus derechos se están viendo mellados por la Ley 30364 para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar.
Para quienes la desconocen, se trata de una ley que define diversos tipos de violencia que se dan dentro del grupo familiar: física, psicológica, sexual y económica, y ofrece un trato especializado de protección para niñas, niños, adolescentes, adultos mayores y mujeres. Es decir para las personas que están en situación de dependencia dentro del grupo familiar. Eso no implica que los hombres no puedan ser víctimas también de la violencia. De acuerdo con los casos de violencia doméstica, en los últimos años 86% de los casos denunciados han sido por violencia contra las mujeres y 14% contra los hombres. Se sabe además, que una de las razones principales para no denunciar es porque les da vergüenza, como hombres, mostrar su fragilidad en el ámbito privado.
Dado que los hombres que más violencia sufren son los niños, adolescentes y adultos mayores, cualquiera hubiese esperado que reclamaran por sus derechos y su visibilización en la Ley, pero ese no fue el tema a tratar de la asociación con Muñante. De lo que trató fue sobre su molestia ante el hecho que la legislación tenga, entre varios otros, un enfoque de género y no uno “de familia”. Así, la asociación dejó manifiesta su indignación y más aún contra el esfuerzo del Estado por capacitar a todas sus instancias y funcionarios con el “temido” enfoque de la Ley 30364.
Dejemos a un lado a estos hombres a quienes no les importa defender los derechos de sus familiares más vulnerables y centrémonos en por qué es importante la capacitación de los funcionaros del Estado, particularmente a los que forman parte del sistema judicial.
La estudiante y activista Solsiret Rodríguez fue asesinada en agosto del 2016. Tres años después, Andrea Aguirre confesó que ella y su pareja, cuñado de Solsiret, la mataron y enterraron su cuerpo cercenado en su vivienda y en diversos lugares. La policía fue con ella para desenterrar los restos de la joven estudiante. El fiscal encargado de investigar el caso recolectó 83 elementos que demuestran que Kevin Villanueva, Brian Villanueva, Andrea Aguirre y Yolanda Castillo fueron cómplices del asesinato y solicitó 15 años de prisión para Kevin Villanueva y Andrea Aguirre por el delito de homicidio calificado y 30 años por feminicidio.
La muerte de Solsiret devino en un caso emblemático. Gracias al trabajo de mujeres como Kathe Soto, la muerte de su compañera fue el aliciente para incorporar la desaparición de mujeres en las Alertas de Emergencia de la Policía Nacional del Perú y su reconocimiento como forma de violencia de género en el reglamento de la Ley N° 30364. A pesar de todos estos antecedentes, el juez Roberto Sucno Jara no ha sido hasta la fecha capaz de resolver el caso, al punto que ayer, martes 17 de mayo, ha liberado a Kevin Villanueva y a Andrea Aguirre por “exceso de carcelería”. Bastará que paguen 60,000 soles y ya, continuarán desde sus casas viendo como al juez le interesa muy poco un feminicidio y todo el impacto que ha tenido en el sistema estatal y en la legislación nacional para proteger a las mujeres. Si el juez fuera consciente del lugar que ocupa al haber dejado libres a los asesinos, si hubiese recibido una capacitación con el enfoque de género para comprender el caso de Solsiret, no estaríamos con esta indignación en el pecho que nos provoca su indiferencia e irresponsabilidad ante un caso que le duele a todo el país. Que el congresista Muñante y sus aliados quieran retirar una capacitación urgente ya sabemos qué clase de consecuencias tendrá.
