La condena a Christopher Acosta y Jerónimo Pimentel por haber cometido delito contra el honor de Cesar Acuña por unas frases citadas en el libro Plata como cancha (Penguin Random House Perú, 2021) ha sido de inmediato considerada dentro y fuera del Perú como un atentado contra la libertad de expresión. Eso significa que la resolución del juez Raúl Jesús Vega ha puesto en dilema dos derechos humanos que debieran ser complementarios: el derecho al honor que nos otorga nuestra dignidad como personas, y el derecho a la libertad de expresión, a poder hablar libremente sobre los temas públicos que necesitamos identificar para que nadie que esté en el poder saque provecho del resto. De lo contrario, no hay verdadera democracia. 

Si ambos son derechos de toda persona, ¿qué ocurre cuando en casos como este parecen los derechos contradecirse entre sí? ¿Hasta dónde sé es libre para criticar a personajes públicos y hasta qué punto el honor puede ser razón para que un juez castigue a quienes investigan a políticos acusados de abuso y corrupción? He ahí el problema principal de la resolución del juez Jesús Vega que se concentró en proteger el honor de Acuña, ocultando que se trata de la obra fiscalizadora de un periodista que cuidadosamente ha presentado todas sus fuentes de información. Y siendo el sello editorial el que debiera brindar seriedad a la publicación, con total indiferencia, el juez condena también al director, Jerónimo Pimentel. 

Que el juez y el abogado de Acuña, Enrique Ghersi, apelaran al honor para así poder castigar al periodista y a la editorial, resulta pues, sorprendente, dado que se trata de un personaje importante de la política peruana, vinculado a diversos cargos de gobierno y legislación, dueño de universidades, y que, por lo tanto, la prensa y toda la ciudadanía peruana tiene derecho a compartir información que advierta acerca de sus acciones. Así lo entiende la legislación sobre este tema en el mundo entero. El honor solo es recurso cuando se afecta el de una persona en el ámbito privado. A ello hay que sumar (literalmente) que en lugar de haber pedido rectificación de la información, como suele ocurrir con los querellantes de honor ofendido, lo que se ha pedido en esta ocasión es sólo prisión suspendida y dinero como reparación civil. Esto trae pues, una segunda pregunta quizá mucho más importante que la anterior, y es ¿en qué consiste entonces el honor para Jesús, Ghersi y Acuña?

El honor es el derecho a ser respetado por los demás, por eso tiene dos aspectos, uno individual, personal, “cómo la persona se valora a sí misma” en tanto se siente respetada, y el otro, es el de la reputación, de “cómo los demás valoran a la persona”, cuánto la respetan. Y cuando pensamos en Acuña, esta pregunta nos conduce de inmediato a otra contradicción, pues sin duda Acuña tiene una valoración de sí mismo muy distinta de la que tenemos las peruanas y peruanos que hemos tomado conciencia a lo largo de los años de la cantidad de denuncias judiciales que ha tenido en Trujillo y en Lima, de testimonios de funcionarios condenados por corrupción, de la indignante manera en que ha convertido la formación universitaria en un negocio electoral. Cabe añadir las desconcertantes y risibles frases de un hombre que se jacta de haber contratado un equipo cada vez que tuvo que hacer una tesis para que la escribiera por él. 

¿Cómo es entonces que nos valoramos los demás y no Acuña? En casi todas las legislaciones suele aparecer como sinónimo de honor la palabra honra. La honra es el nivel más alto del honor y por eso permite construir en cada sociedad un conjunto de valores vinculados al orgullo. Retornando a la dignidad, podemos identificar que aquello que nos brindan nuestros derechos y nos dignifica como personas es la libertad, es decir, la capacidad de poder decidir y de hacernos cargo de nuestras responsabilidades en relación con los demás, dejando así con estas acciones nuestro honroso legado a la sociedad. ¿Qué honroso legado le debemos a Acuña? ¿Miles de estudiantes manipulados electoralmente? ¿Jueces comprados? ¿En qué honor entonces pensaba el Juez si para él se trataba de una reputación que valía el ingreso mensual del ofendido? Ojalá pronto se escuche la voz de sus estudiantes porque gracias a la libertad de expresión podrán leer el libro, tomar conciencia y protestar por la realidad a la que Acuña los ha conducido. 

 

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“Plata como cancha”, César Acuña, Christopher Acosta

Falta poco para que termine el año y si miramos atrás, nos sorprende el haber sobrevivido a un periodo tan intenso: el dolor de la pandemia, la primera vuelta electoral, las vacunas, el desconcertante triunfo de Pedro Castillo, la búsqueda del fraude electoral, la lucha de Perú Libre por el poder en el ejecutivo, la ruptura de Perú Libre en el congreso, la información distorsionada por el periodismo peruano, la búsqueda de la vacancia presidencial, la caída de ministros, la profunda crisis de la educación nacional.

Y justo en el momento en que la crisis socioeconómica en la que se encuentra el mundo entero nos absorbe, Pedro Castillo sigue comportándose como si se encontrará en campaña electoral y aún no gobernara. Un duro desafío para la gestión de un Estado tan inestable, cuando en este contexto, las prioridades debieran tener claro cómo será el retorno a las clases presenciales, el tener listo el sistema de salud para atender al alto número de contagiados con la última variante del virus, el haber empezado un plan para conseguir el retorno de capitales y reactivar la economía de la manera más justa posible, el poner sobre el tapete nuevas políticas de seguridad para enfrentar al narcotráfico y la delincuencia urbana, el tener diseñadas con diversos medios campañas sociales y  culturales a favor de la convivencia sana y solidaria que necesitamos más que nunca.

Contra la urgido, el presidente cierra el año desaprobado, bajo la vigilancia de fiscales debido a sus desconcertantes reuniones fuera de palacio de gobierno, a sus vínculos con funcionarios de estado bajo sospecha de corrupción gracias a que la prensa se encarga de indagarlo. Y más allá de si la información es verdadera o no, la indiferencia del presidente nos desafía cada vez que en lugar de dar razones o justificar lo acaecido, responde tan solo mediante consignas de movilización popular, alimentando el misterio sobre las preguntas que nunca se responderán. Como contraparte, este año nos ha confrontado con un Congreso de la República que hasta la fecha ha realizado pobres y pocas propuestas legislativas creadas para favorecer la informalidad y la corrupción. El resto del tiempo, sus integrantes se han dedicado a deshacer y rehacer alianzas en contra del Ejecutivo y sus ministros. Por supuesto, más desaprobado que el presidente, se encuentra el Congreso.

Esta falta de representación recogida en las encuestas realizadas por diversas agencias, debe alertarnos porque el resultado en cualquier sociedad es sin duda la anomia, el sufrir la carencia de normas capaces de regularnos: los cultivos de coca para el narcotráfico se han multiplicado, los robos a mano armada y los homicidios han aumentado, la violencia de género en los hogares y los problemas de salud mental se han elevado de manera angustiante, la defensa de la informalidad y la evasión tributaria se han posicionado políticamente, la difamación y manipulación abusiva de la información se han vuelto pan de cada día.

Las únicas figuras públicas que han conseguido mantener cierta estabilidad en nuestra sociedad a pesar de esta inmensa ola alimentada por el conflicto de poderes han sido el ministro de Economía y la presidenta del Consejo de Ministros. La Comisión Económica para América Latina (CEPAL) ya indicó que la economía peruana se encuentra entre las mejor preparadas para el próximo año en la región y el ministro Francke ha cerrado el año anunciando que el crecimiento del producto bruto interno del 2021 ha sido también el más grande en nuestro continente, superando las proyecciones al comenzar el año. La Primera ministra Mirtha Vásquez, reconocida como la auténtica encargada del actual gobierno, ha conseguido como el mayor logro de este año, el reencausar los conflictos con distintas mineras heredados de gobiernos anteriores. Las Bambas sea quizás el más difícil de todos hasta la fecha, pero los resultados mostrados desde el mes de octubre, nos dan esperanza para el desarrollo de la mesa de diálogo que mañana jueves 30 comenzará a trabajar. Que Renovación Popular con apoyo de la prensa no cese de pedir que Vásquez se retire es un ejemplo de cómo en un contexto tan delicado, la oposición política sólo se dedica a alimentar el caos y no nos permite responder solidariamente a las prioridades que tanta falta nos hacen.

Mis mejores deseos para que el 2022 tengamos un respiro con un Congreso y un Ejecutivo dispuestos a trabajar de verdad. 

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Congreso de la República, Gobierno, propuestas legislativas

Al anunciarse por distintos medios que el presidente Castillo ha solicitado el apoyo del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, la inmediata reacción de muchas lectoras y lectores peruanos encontró en este gesto nuevas razones para hacer público su desprecio por el presidente Castillo: otro acto de debilidad ante los problemas que debe afrontar, un recurso más de victimización ante las críticas a su incapacidad como gobernante. Esa reacción es resultado de un profundo desconocimiento de la trayectoria de López Obrador, quien sin duda siente empatía por el presidente Castillo, pues ha vivido campañas mediáticas en su contra que sembraron el miedo sobre sus orígenes regionales y su postura política. López Obrador, dispuesto a fortalecer su gobierno, le ofrece seguridad a Castillo: que se vea como un Benito Juárez, le dice, primer presidente mexicano de origen indígena. Pero la brecha formativa entre López Obrador y Castillo es social y políticamente tan grande que da qué pensar.

López Obrador nació en la selva del sureste de su país, en la costa del golfo de México, junto a Guatemala, lejos de la capital y en una economía rural. Pero a diferencia de Castillo, él pudo estudiar la secundaria en la capital de Tabasco y luego ir a la universidad en el Distrito Federal, la capital de México. En los años setenta, ingresó al Partido Revolucionario Institucionalizado (que tuvo el poder durante setenta años consecutivos desde 1930). Mientras culminaba su tesis sobre el proceso de formación del Estado nacional mexicano en el siglo XIX, ocupó una serie de cargos del PRI en Tabasco que lo vincularon con su población indígena y que fueron la pieza clave para su postura, pues optó por separarse del PRI junto con los partidos de izquierda que conformarían pocos años después el Partido de la Revolución Democrática. Tras ocupar la presidencia del PRD en Tabasco y luego a nivel nacional, el Partido se fortaleció y ganó las elecciones para la gobernación del Distrito Federal. Durante su gestión, fue tal el éxito de sus programas sociales con la población vulnerable, la mejora del sistema de transporte urbano, la contención de la delincuencia y su apoyo a la educación que se ganó una envidiosa oposición del Congreso. Bastó que López Obrador ignorara una decisión judicial que impedía el uso de una parte de un terreno baldío para trazar la salida vial de un hospital universitario, para que sus opositores demandaran su desafuero. Uno de sus efectos, si bien no consiguió que ganara las elecciones presidenciales inmediatas, fue que fortaleció su imagen de un líder que defendía los derechos de la población vulnerable de Tabasco, del DF y de todo el país. Pero también generó la respuesta mediática de la derecha neoliberal que pasó a manipular la información y exagerarla hasta el punto de sembrar el miedo al “comunismo” de López Obrador.

Así como Mario Vargas Llosa se opone y busca reducir intelectualmente a Pedro Castillo, en México fue el historiador Enrique Krauze quien sembró el miedo hasta en el mundo académico, cuestionando los enfoques históricos de López Obrador. Krauze, acusado por los medios de liderar ocultamente la campaña mediática sobre falsos vínculos “comunistas” con Rusia (?) y Venezuela, cometió su mayor agresión cuando, indignado por el respaldo que recibió López Obrador de parte de sus seguidores en el Zócalo, firmó en su artículo “El Mesías tropical” (Letras Libres, 2006), que López Obrador era un hombre impulsivo y violento por ser tabasqueño y “tropical”, dejándolo como un primitivo y bárbaro político de pensamiento religioso proveniente de la selva mexicana. 

Quince años después López Obrador es un presidente con buena aprobación nacional e internacional. Ojalá los funcionarios enviados por el presidente mexicano puedan ayudar a Castillo a salir de la situación mediática similar en la que se encuentra, pero deberá aprender –y pronto–  que mientras López Obrador se encuentra confrontando a su universidad, a la UNAM, la más grande universidad pública de todo América Latina, por haberse derechizado, aquí su gobierno se hace de la vista gorda con el proyecto de ley contra la Sunedu que permitiría la reapertura de las universidades de los congresistas corruptos dedicados a estafar a nuestra juventud estudiantil

Los únicos proyectos de ley que la presidenta del Congreso María del Carmen Alva ha propuesto desde agosto de este año, tuvo que retirarlos porque atentaban contra los derechos laborales peruanos. El mismo día que Alva Prieto los retiró, prometiendo una revisión consensuada con los trabajadores, la congresista fujimorista María Cordero, presentó un proyecto de modificación del código penal sobre el antejuicio político, que otorga al Congreso la potestad de decidir si Fiscalía pudiera investigar o no a funcionarios públicos de alto nivel. Un blindaje a la corrupción sin precedentes. 

La prensa peruana da poca cuenta de la temible labor del Congreso porque está direccionada hacia la vacancia del presidente de la República. La cual, al parecer, ya no es una estrategia para anular los resultados electorales y colocar a Keiko Fujimori. Como la Segunda Sala de Apelaciones Nacional del Poder Judicial declaró infundados los recursos interpuestos por su abogada en el caso Cócteles, su ausencia en la última marcha a favor de la vacancia anuncia que López Aliga o la congresista Patricia Chirinos ahora disputan su lugar, por el que están dispuestos incluso a ponerse de rodillas. 

A quien más parece convenir la vacancia del presidente es a Alva Prieto por alcanzar la presidencia de la República. Pero no parece contar con el número de congresistas necesario para lograrlo. De ahí que esta estrategia tiene que estar muy bien presentada por la prensa de tal manera que aporte las evidencias necesarias como para ganarse a los congresistas que poco a poco se han ido sumando, como los de Perú Libre tras la ruptura de Castillo con Cerrón.

En esa pesquisa, las reuniones presidenciales en la casa de Breña parecen haber dado en el blanco. El Presidente no ha presentado argumentos durante su discurso que justifiquen las detecciones y solo se ha ofrecido a ser investigado. Y sus respuestas deben estar justificadas porque Contraloría le había llamado la atención sobre la falta de transparencia al tener reuniones fuera de Palacio de Gobierno al comenzar su gestión. La prensa se ha centrado en el silencio del presidente respecto de la razón de las visitas de la asesora de una empresa del consorcio que ganó la construcción del puente Tarata sobre el río Huallaga en San Martín para Provías Descentralizado, después de una serie de reuniones registradas en Palacio de Gobierno, Provías y en la casa del Presidente Castillo. 

Mientras tanto, no sólo le resulta conveniente a Alva Prieto los escándalos que alimentan el pedido de vacancia, sino que es la totalidad de congresistas la que se beneficia enormemente, pues quedan fuera del debate público peligrosos proyectos de ley como el de María Cordero o grandes ausencias, como algún proyecto de ley sobre el enorme crecimiento del narcotráfico destinado a Bolivia y a Brasil. En su lugar, en la comisión de Defensa Nacional, Orden Interno, Desarrollo Alternativo y Lucha Contra las Drogas congresistas como Patricia Chirinos, reconocida periodista de farándula, presentan proyectos como el que “Incorpora contenidos en el currículo nacional, con la finalidad de combatir el terrorismo y promover la democracia e identidad nacional”. El proyecto se basa en denunciar la “ausencia” de este tema, porque sus autores han observado en el Plan de Estudios de la Educación Básica Regular (que tiene áreas curriculares como Ciudadanía y Cívica o Ciencias Sociales) “no existe ninguna área curricular que abarque el estudio del terrorismo” (p.18). El proyecto de ley se concentra en un par de razones por las cuáles se debe retirar la información actual: una sorprendente historia anticomunista del país y una lista de adjetivos acusatorios contra los principales investigadores sobre los años de una guerra interna que nos hirió profundamente. 

¿Cómo salir de esto? Cada vez más peruanas y peruanos, como lo muestran las encuestas, percibe que el Presidente jamás llegará tomar el control del gobierno y poner fin a este festín de proyectos de ley que atentan contra todo el pueblo peruano. Este lunes fue confirmado cuando nuevamente, como suele responder ante cualquier acusación que recibe, el presidente recurrió a la enumeración de un conjunto de promesas electorales para defenderse (!). Y si pensamos en que la prensa pueda ayudar a organizarnos con información relevante y verdadera, tomando en serio el valor de su trabajo periodístico para salir de este atolladero, la propaganda y el servilismo ante los intereses de los organizadores de la vacancia ni siquiera nos dejan avizorar el horizonte. Es tiempo de reaccionar. 

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Presidente Castillo, Presidente del Perú, vacancia presidencial

Pocos días atrás, el heroico sandinista Daniel Ortega, que regresó de su autoexilio en Costa Rica para gobernar su país en los años ochenta, ganó por cuarta vez consecutiva el gobierno de Nicaragua. Son catorce años en el poder y a la espera de cinco años más. Los pronunciamientos en contra de los resultados quedaron en manos de las cancillerías de los países de la OEA y trataron acerca de la transparencia de las elecciones y el encarcelamiento de sus opositores.  En el Perú Vladimir Cerrón de Perú Libre cuestionó duramente la decisión del gobierno peruano, resaltando que Ortega era víctima de los mismos cuestionamientos a los resultados electorales que vivió Castillo. 

Es preocupante la postura de Cerrón porque está apostando por un gobernante que si bien fue de izquierda en su primer gobierno tras el triunfo contra la dinastía de Somoza, el Daniel Ortega que retornó al poder el año 2007 para combatir la corrupción desfachatada de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños, optó por establecer un claro pacto con la iglesia conservadora y los empresarios nicaragüenses. Contra todo lo esperado, su gobierno ayudó a impulsar una de las legislaciones más retrógradas en Latinoamérica sobre el aborto, pues criminaliza hasta el terapéutico, cuando este había sido un derecho protegido por la Revolución Sandinista e incluso antes, desde la dictadura de los Somoza. Económicamente, Ortega no solo no cambió el modelo neoliberal, sino que estableció una alianza con la gran empresa y el Consejo Superior de la Empresa Privada (COSEP). Pero como en estas elecciones, algunos empresarios decidieron oponerse y postular sin formar un bloque opositor de defensa de la democracia, varios de ellos terminaron encarcelados por el gobierno. Nada más lejos del discurso de un auténtico gobierno democrático de izquierda. Leonardo Boff, desde la Teología de la liberación y muchos sandinistas, sinceros socialistas, han levantado reclamos desde la represión del año 2018 que dejó más de 300 muertos, de acuerdo con la CIDH por las protestas contra la reforma del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, otra de las entidades del estado que Ortega manipula a su antojo. 

Que la izquierda peruana y latinoamericana no zanje con él de una vez y pueda considerar que Ortega ha traicionado el compromiso con su pueblo, también lo hemos podido observar en la lentitud con la que han aceptado que Nicolás Maduro lidera una dura e injusta dictadura en Venezuela o en el silencio acerca de Miguel Díaz-Cabel, el presidente de Cuba. Sin duda, uno de los malos síntomas claros que muestra la izquierda latinoamericana es no haber conseguido adaptarse plenamente al sistema democrático e incorporado principios que parecen desdecir el heroico método revolucionario de llegar al poder y luego tener que mantenerlo. Que el modelo soviético cayera hace ya más de treinta años, cuando ya se sabe que sus héroes terminaron convertidos en abusivos dictadores al llegar al gobierno, no ha impedido que siga en pie el principio revolucionario de que el pueblo primero debe tomar el gobierno con las armas, aprender a vivir el socialismo dictado por el líder gobernante para que una vez interiorizado, habiendo renacido bajo un modelo justo y amenazante para el capitalismo, pueda liberarse en un utópico futuro comunista. 

De esa manera, el principio que cree que la marcha de la historia sigue un orden que debe cumplirse, continúa siendo la razón por la que el partido que toma el poder debe quedarse hasta asegurar que ese orden lo puedan alcanzar las próximas generaciones. El partido Comunista de Cuba, el Partido Socialista Unido de Venezuela, el Frente Sandinista de Liberación Nacional no tienen ninguna otra justificación (como si lo fuera). 

Y a veces ni siquiera alcanza la vida para lograr la verdadera transformación de los pueblos, así que la cabeza de cada uno de estos partidos debe dejar preparado a un seguidor para que tome su lugar cuando la muerte (y solo la muerte) lo obligue a abandonar a su pueblo. Raúl Castro dejó a Miguel Díaz-Canel, Hugo Chávez a Nicolás Maduro (hay un pajarito que dio fe) y Daniel Ortega, preparado ante el inevitable destino, ya cuenta con su esposa, Rosario Murillo, como vicepresidenta en caso la muerte (y solo la muerte) lo sorprenda. 

 

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Daniel Ortega, Pedro Castillo, Vladimir Cerrón

Respecto del cambio climático sabemos que el dióxido de carbono es uno de los más temidos gases de efecto invernadero que afectan directamente la temperatura y los ciclos climáticos en el mundo entero. En América Latina, el Perú es un país que emite poco más de una tonelada per cápita de carbono, Bolivia un poco menos de dos toneladas y Brasil un poco más de dos. Si nos comparamos con otros países, China produce más de ocho toneladas y Estados Unidos más de trece. Ser conscientes de nuestro impacto es importante para comprender cuál es el rol de nuestros países en la Conferencia sobre el cambio climático (COP26) que se está llevando a cabo en Escocia, la cual se considera la sucesora de la COP21, en la que se firmó el Acuerdo de París. Ese acuerdo busca impedir el aumento de la temperatura global y limitar en el futuro más cercano el aumento a 1.5 °C.  De lograrse, se reduciría significativamente los efectos del cambio climático. Además de centrarse en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, el acuerdo de París propone aumentar las medidas de mitigación, adaptación y resiliencia al cambio climático, y generar flujos financieros indispensables para lograr estos fines, como el mercado de carbono.

Perú, sin negar que es un país contaminante, es uno de los países más frágiles respecto del impacto del cambio climático, pues la salud, la agricultura, la pesca y nuestros sistemas de recursos hídricos son sectores claramente vulnerables. Y por ello mucho más frágiles resultan las poblaciones rurales que dependen del trabajo familiar de subsistencia, al igual que los pescadores artesanales. Cuencas, bofedales, humedales, glaciares corren un gran peligro. Las emergencias climáticas que afectan al país crecen año tras año y se tiene absoluta claridad que los costos de las acciones de adaptación son muchos menores que los gastos ante los grandes desastres que se pueden producir. 

Para conseguir el financiamiento, la COP26 es el espacio fundamental para movilizar fondos de países desarrollados a países como Perú, Bolivia y Brasil. Pero cada uno enfrenta situaciones muy distintas. La deforestación en Brasil ha aumentado 10% el año pasado y cada vez parece improbable que pueda cumplir con su compromiso de reducir la deforestación ilegal para el año 2030. El Presidente Bolsonaro no se apareció en la COP26 aduciendo que su presencia sería fuente de protestas. Él insiste en que logrará acabar con la deforestación y la emisión de gases, pero como resaltan los especialistas brasileros, no se han tomado hasta ahora medidas concretas. Con una actitud distinta, el presidente de Bolivia, Luis Arce, tras reunirse con el presidente Castillo para acordar medidas ambientales vinculadas a la zona del lago Titicaca, llegó a Glasgow con su propia agenda. Al igual que Costa Rica ha compartido un serio cuestionamiento al sistema de créditos del mercado de carbono, pues no permite medidas inmediatas y al parecer es irregular. 

Desde la firma del acuerdo de París, el Perú ha avanzado con las contribuciones determinadas a nivel nacional para la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero y la adaptación al cambio climático, de acuerdo con la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático y el Acuerdo de París. Sin embargo, la pandemia y las restricciones han afectado los resultados que esperábamos presentar, sobre todo por las condiciones inesperadas del año pasado: el 2020 se redujo la presencia de funcionarios del Estado en las zonas rurales porque sus tareas quedaron limitadas a las áreas urbanas. Los bosques quedaron en manos de actores corruptos y actividades ilegales como la tala ilegal y las mafias vinculadas al narcotráfico. Un factor inesperado fue la migración de retorno desde las ciudades hacia las zonas rurales incluida la Amazonía. Se ha calculado que cerca de 250 mil personas regresaron a las comunidades rurales provocando la deforestación y presionando los recursos naturales. Ayer, Perú y Brasil firmaron la “Declaración de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra”, para detener la deforestación e impulsar la conservación, protección, manejo sostenible y restauración de los bosques, compromiso que defendió el presidente Castillo a través de un video. Bolivia se mantuvo firme en su postura sobre el cambio de su matriz energética, su rechazo al mercado de carbono y decidió no firmar. Pronto, porque nos quedan pocos años para llegar a las metas previstas para el 2030, veremos si pudimos cumplir con los compromisos firmados, porque defender nuestros bosques y glaciares ya es defender nuestro presente y las condiciones de vida de las peruanas y peruanos más vulnerables. 

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Bolsonaro, cambio climático, COP26, Medio ambiente

En el Perú estamos en crisis porque hay un claro enfrentamiento que no resolvió el proceso electoral y que impide la consolidación de un equipo de trabajo que pueda enfocarse en el gobierno mismo. Pasan los días y la derecha no acepta renunciar al conjunto de privilegios acumulados desde el fujimorismo y la izquierda regional, para demostrar que el gobierno es suyo, continúa desafiando a los demás partidos con los personajes de poca seriedad ética y profesional que consigue colocar en el gabinete ministerial y el entorno presidencial. Pronto serán tres meses y no nos permiten redireccionar las acciones de ambas facciones hacia un trabajo conjunto para poder salir de la crisis actual sin tener que dejar que la informalidad se multiplique, asegurando nuestros derechos y compromisos para una vida digna.  Mientras tanto, la derecha se ha extremado en la persecución comunista, de tal forma que hasta los derechistas sensibles ante la necesidad social, han sido sentenciados públicamente como terroristas por algún tipo de vínculo imaginado con “algo” de Abimael Guzmán. Mientras tanto, la izquierda regional continúa apelando al discurso castrista que ya ha perdido autoridad en América Latina. Es tan claro que Cuba es su modelo, que Vladimir Cerrón y su enclave familiar y amical parecieran seguir hasta la pauta de la dinastía cubana, tal como aparece en los reportajes sobre Perú Libre, los Dinámicos del centro y otras malversaciones por las que es investigado. 

Este enfrentamiento se juega en distintos ámbitos. Uno de ellos es el espacio público. La toma de las calles como campo de confrontación física y violenta ha sido la estrategia principal de la derecha desde hace algunos años atrás y se ha fortalecido en las últimas elecciones. Atinadamente, la izquierda regional no aceptó las bravuconadas y luego de los resultados finales quienes llegaron a Lima retornaron a sus tierras. Dado que no es un enfrentamiento consentido por ambas partes, no podemos referirnos a una pelea, sino a un violento y constante hostigamiento político, físico y verbal. Los ataques son protagonizados por simpatizantes fujimoristas o de Renovación popular que responden a campañas para cercar y perseguir periodistas, funcionarios del estado y demás personajes públicos que cuestionan la corrupción del fujimorismo y de los principales grupos económicos. La agrupación principal es La Resistencia, la cual lidera a otras más pequeñas que también se definen como fervientes anticomunistas y gustan de la utilería fascista. Mes a mes continúan acumulándose las denuncias contra sus dirigentes pero ninguna sanción los ha detenido e intervienen violentamente hasta en la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti. 

Otro enfrentamiento, incluso más desigual e injusto es el que se observa hasta ahora en los medios de comunicación. El control que tienen grandes grupos económicos como El Comercio o RPP sobre los principales medios escritos, de la radio y de la televisión ha llegado a extremos insospechados. El hito principal ocurrió cuando la directora periodística de América Televisión, Clara Elvira Ospina, fue reemplazada por Gilberto Hume. Si bien él había sido el primer director de Canal N hasta el año 2002, unos años después fundó Willax Televisión canal que siempre ha emitido información falsa e imprecisa sobre temas de política e incluso, en plena pandemia, sobre temas de salud pública, como la desinformación que realizaron sobre la vacuna Sinopharm. La salida de muchos periodistas dejó en claro con sus reemplazos que los principales canales de señal abierta, junto con las cadenas de noticias y la prensa de mayor prestigio, hoy se dedica a remarcar el imaginado vínculo con el terrorismo de todos y cada uno de los funcionarios del nuevo gobierno de Castillo, desprestigiando toda propuesta política del Poder Ejecutivo. Los medios de comunicación alternativos no cuentan con el poder necesario para contrarrestarlos. 

Pero la pelea principal, la cual no puede ser distorsionada por darse en el ámbito constitucional y tener impacto directo en el equilibrio de poderes del Estado, es la que se ha presentado entre el Congreso de la República y el Ejecutivo respecto de la vacancia presidencial y el voto de confianza. Mucho ya se ha escrito sobre la indefinición de incapacidad moral, razón por la cual se ha decidido omitirla, y mucho también sobre el voto de confianza, que permite retrasar las labores sectoriales al censurar a los gabinetes ministeriales, pero que también otorga al Presidente de la República el poder de cerrar el Congreso. Estas reformas constitucionales tienen que ser entendidas también en el marco de la lucha contra la corrupción en la que está comprometido el país entero. Las propuestas ya han sido estudiadas por especialistas como Fernando Tuesta, quien ha dejado claro que no son intercambiables. Urge pues que la primera ministra y el Congreso lleguen a un acuerdo, pero para ello es sin duda necesario que esta pelea electoral llegue a su fin y que se toma la estabilidad del país como el primer paso fundamental para un gobierno que piense en el futuro del país y no en viejas contiendas que solo aumentan conflictos y pobreza. 

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Fujimorismo, gabinete ministerial, Izquierda, Presidente Castillo, voto de confianza

Recuerdo un artículo de Mario Vargas Llosa del año 2006, en el que defendía a Günter Grass de las duras críticas que despertó el que se hiciera público que a los quince años, formó parte de las Waffen-SS, poco antes del final de la guerra mundial. Las Waffen-SS eran las escuadras paramilitares que dirigió Heinrich Himmler y que cometieron los principales y atroces crímenes de guerra. El artículo llamaba la atención porque Vargas Llosa no había mantenido buenas relaciones con Grass y su socialismo. De hecho, en el mismo artículo, él recordaba una polémica muy dura durante el congreso del PEN Internacional de 1986 cuando Grass le pidió que se disculpara con Gabriel García Márquez por haberlo calificado como “cortesano de Fidel Castro”. Ante la indignación de Grass, Vargas Llosa le respondió por escrito que no sentía lástima alguna por su afirmación, pues contenía verdad. Veinte años después, de pronto Vargas Llosa defiende a Grass. El nobel peruano dijo que lo defendería, como él, puso a la democracia por encima del comunismo y porque pertenecía a la “estirpe de escritores” protagonistas ideológicos de grandes temas políticos sociales, culturales y morales, agitadores de conciencias y líderes de una gesta intelectual, como Victor Hugo, Sartre o Camus. 

¿Dónde se ubica Vargas Llosa respecto de esa estirpe? Pues se ubica como un anticomunista, defensor de la democracia y testigo de cómo los escritores jóvenes se han liberado de la carga política en la civilización del espectáculo, cosa que le parece saludable. Un intelectual que ha logrado despertar de aquella ingenua ficción de creer que con la obra de un autor se puede cambiar el mundo. Ese despertar se lo recomienda a Grass. Finalmente, nada de lo ocurrido, dice Vargas Llosa afectará la obra literaria del autor del Tambor de hojalata, la gente olvidará que perteneció a la élite de la SS, aunque quedará cierto rabo de paja en lo que se refiere a sus opiniones políticas. En síntesis, perderá en el ámbito ideológico pero no en el literario. 

Vargas Llosa también tiene rabo, sino varios, de paja. Declarado anticomunista acérrimo, perteneció al grupo político Cahuide, en el que recibió lecciones marxistas del padre del expresidente Ollanta Humala, don Isaac, con el fin de reconstituir el partido comunista perseguido por Manuel Odría y su temible director de gobierno Alejandro Esparza Zañartu. Apoyó la Revolución Cubana hasta que en 1971 se detiene al poeta Heberto Padilla. Entonces, fastidiado también por la cultura popular e indigenista de los gobiernos de izquierda, incluido el de Juan Velasco, decide dejar el Perú y América Latina. Esa postura contra indigenista queda manifiesta cuando es convocado para presidir la Comisión Investigadora de los Sucesos de Uchuraccay en 1983. Su desconexión atraviesa el informe al describir a la comunidad bajo un enfoque decimonónico de “civilización y barbarie”, razón por la cual los comuneros se presentan aislados cultural y geográficamente y por ello capaces de asesinar a los periodistas. Deja de lado la responsabilidad de los Sinchis y, peor aún, ignora su solicitud de protección a las fuerzas armadas. Como consecuencia, el mismo año cientos de comuneras y comuneros fueron asesinados por Sendero Luminoso hasta que la comunidad quedó abandonada.  Vargas Llosa retorna en vano para liderar a la derecha en las elecciones de 1990, en las cuales es vencido por Alberto Fujimori. Como dos años después del autogolpe, se inicia la última dictadura que hemos vivido, Vargas Llosa desarrolla un discurso a favor de la democracia, de crítica al dictador que mantuvo su prestigio, no obstante, profundizaba su condena a la barbarie indígena peruana. En 1996 publica La utopía arcaica, crítica a la obra de José María Arguedas y el indigenismo. Tras la caída de Fujimori, conformó la Fundación Internacional para la Libertad y luego, a lo largo de las elecciones, respaldó a los candidatos opositores a la heredera Keiko Fujimori, investigada por montar una red de corrupción a través de su partido político. 

Y de pronto, en las últimas elecciones, el cambio fue sorprendente. Casi a la manera del poeta Ezra Pound, que pasó de ser un joven de antisistema a morir siendo un fascista –que, por cierto, parecía lidiar con la demencia–, Vargas Llosa de pronto apela al recurso de saber “votar bien” para justificar su apoyo a Keiko Fujimori y la desconcertante recurrencia al enfoque de civilización y barbarie con el que critica al presidente Pedro Castillo. Probablemente hasta aquí podría su literatura, como la de Grass, no verse afectada. Pero quizá haga inolvidable este episodio su aparición en las investigaciones de los Panama y los Pandora Papers, pues ya no se trata de una postura ideológica, sino también de realizar prácticas empresariales usualmente oscuras en términos fiscales, que remiten al estilo fujimorista: la cara bárbara del capitalismo, el trato íntimo con la corrupción, esa vena que despreciaba a los Zavalitas y que lo sienta animoso a Vargas Llosa en la mesa con Haya, Beltrán y Ravines, jugando a repartirse el poder en el Perú como en los años sesenta. 

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Keiko Fujimori, Mario Vargas Llosa, Presidente Castillo

El racismo en el Perú parece haber renacido. Sabemos que es una forma de violencia que se sustenta en una jerarquía en la que son fácilmente reconocibles las condiciones de inferioridad y, por lo tanto, también las de superioridad. Marisol de la Cadena (1988) estudió con detalle el debate intelectual del siglo XX sobre el racismo peruano. En sus diversas etapas, ella resalta que el dilema central fue cómo justificar la jerarquización, si mediante el fenotipo, es decir, la apariencia externa, física de la persona; o basándose en las cualidades internas, como la moral, la inteligencia y la educación, traducidas en señalamientos de incapacidad, descontrol e ignorancia. Hasta los años 80, sostiene la antropóloga, la manera como se resolvió el dilema dio como resultado un “racismo silencioso” entre intelectuales que consiguieron tapar la alusión al color de la piel mediante la referencia al conjunto de sus cualidades morales e intelectuales que, por razones de clase (y no de raza), los ubicaban a ellos (y a algunas ellas) en una posición superior, sin importar cual fuera su postura política. 

Cabría añadir que particularmente después de la publicación del Informe Final de la Comisión de la Verdad y la Reconciliación (2003), el tema del racismo retornó al mundo intelectual como una práctica que no se podía esconder (se vieron las consecuencias) y que debía desaparecer con urgencia. El reto fue canalizado a través del enfoque intercultural tanto en el Estado como en la academia y fue resultado directo del impacto que tuvo el conflicto armado en los diversos acercamientos teóricos que se pusieron a prueba o fracasaron al tratar de explicar las causas o atender las secuelas del terrorismo en la población más vulnerable y afectada desde el mundo intelectual. 

Pero pocas décadas después, la llegada a la Presidencia de la República de Pedro Castillo ha trastocado un orden jerárquico que los intelectuales, ni los más interculturales, podrían haber previsto: que un sindicalista, rondero, hijo de padres analfabetos y maestro rural de formación, sea ahora el hombre con mayor poder que cualquier intelectual en el gobierno del país. De hecho, las inmediatas consecuencias de la crispación que este acontecimiento produjo en los intelectuales se pudo ver en la cerrada e inesperada defensa de Mario Vargas Llosa a la candidata Keiko Fujimori, sin importar su prontuario delincuencial. 

En las redes sociales y en columnas y videos de opinión, muchos intelectuales dejan muestra de cómo no han podido contener su racismo, que aunque “silencioso” porque alude a las cualidades internas, hasta la fecha es expresado públicamente de forma despectiva, repetitiva y violenta. Para conseguir las razones morales e intelectuales, abandonan exaltados sus principios de racionalidad y van recolectando evidencias falsas o distorsionadas para sustentar la recuperación del orden previo a las elecciones presidenciales. Moralmente han acusado al presidente de tener vínculos con el terrorismo, argumento que poco a poco ha ido perdiendo lustre, particularmente tras la muerte de Abimael Guzmán. A nivel intelectual lo han considerado un ignorante permanente debido a su formación inicial como maestro en un pedagógico de la zona rural de Cajamarca, incapaz de emitir discursos como los que un intelectual produciría. El guardarropa de la familia presidencial, el uso permanente del sombrero y hasta cada uno de sus discursos les han servido de inmediata evidencia de lo maleducado que será para siempre. El estigma ha sido declarado y recorre el diálogo público ya cerca de seis meses. 

El racismo intelectual no se puede esconder tras razones de ese tipo en pleno siglo XXI cuando la prioridad es el futuro. Tanta agresividad expresada de manera casi placentera, nos deja a las peruanas y peruanos boquiabiertos ante intelectuales que en lugar de brindar apoyo y vigilancia a un gobierno de reconstrucción, de poner el hombro para que no se acreciente la vulnerabilidad de los más afectados por la pandemia, se dedican a pedir nuevas elecciones con tal de mantener un orden racista, sin avergonzarse de que una persona corrupta sea quien ocupe el lugar de un maestro elegido democráticamente.

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