Hace 200 años, el Perú se declaró y acordó convertirse en una república. Le costó trabajo: porque empezó como un país endeudado por la Guerra de la Independencia, luego por la Guerra del Pacífico y con un Congreso que siempre le trajo problemas. A lo largo de todos esos años, hemos tenido períodos de altas y bajas con respecto a las deudas, muchos golpes de estado y grandes obstrucciones del Congreso, así que no es nueva sino arraigada la costumbre de impedirse entre ambos poderes el poder equilibrarse.
Pero a lo largo de todo este tiempo de dictaduras y amenazados gobiernos democráticos, siempre hubo una propuesta ideológica de cómo gobernarnos. Finalmente tanto el presidente como el parlamentario llegaban con el afán político de pasar a la historia. De ahí que a los fujimoristas les interese tanto tergiversar la manera en la que se cuentan los últimos años del conflicto armado y la dictadura en los textos escolares.
Fujimori fue un dictador que disolvió el Congreso de la República el inolvidable 5 de abril de 1992. Fue por presión de la Organización de los Estados Americanos que tuvo que comprometerse a restablecer los derechos constitucionales en el país para garantizar el equilibrio de poderes, de lo contrario le hubiese bastado el Ejecutivo. Aprovechando la exigencia, Fujimori culpó a la Constitución del año 1979 de ser el origen del obstruccionista Congreso bicameral y convocó a un Congreso Constituyente Democrático (CCD) que se encargaría de crear una nueva constitución afín a las necesidades económicas del país. Las elecciones al CCD ocurrieron un par de meses después de la captura de Abimael Guzmán (logro de la Policía Nacional del Perú que Fujimori aprovechó para su imagen), así que el triunfo de su partido en el CCD fue abrumador. Este periodo parlamentario duró hasta 1995. Durante su gobierno, no hubo ningún equilibrio de poderes. Ese es el origen de la Constitución que hoy permite este caos iniciado por el congreso tras haber encontrado una fórmula de boicot con la vacancia de Pedro Pablo Kuczynski.
Esta práctica parlamentaria de concentrarse solo en la vacancia presidencial resulta muy eficaz no sólo porque puede derrocar al presidente de la República sino que durante el proceso tiene el poder de escandalizar lo suficiente como para copar los titulares y así ocultar las leyes que se van aprobando para dar marcha atrás en la formalización del país. Porque el principal logro del gobierno de Fujimori y su Constitución (a la cual se opuso la mitad del país en el referéndum, por cierto) fue el de liberar de restricciones a la inversión empresarial. De inmediato, aparecieron las universidades con fines de lucro, las combis, desaparecieron los sindicatos, crecieron los monopolios.
20 años después, nuestras calles están llenas de delincuentes, se ha triplicado la producción de coca vinculada al narcotráfico, mueren asesinadas trabajadoras sexuales migrantes y nuevamente se puede ser profesor universitario sin necesidad de estudios de posgrado. Somos el único país que dejó dos años sin estudios a sus estudiantes. Profesionales de la informalidad, hemos conseguido que el mando de los presidentes dure sólo un año y que el periodismo lo justifique.
Nos esperan momentos duros si es que queremos detener esta vorágine. Y sí se necesita una nueva constitución que enfrente este problema, está en nuestras narices: si queremos continuar convirtiéndonos en un país de sálvese quien pueda, o empezar a reconstruirnos democráticamente en pro de un futuro que asegure nuestras vidas.
Lima, 9 de marzo de 2022
