Durante décadas, en los libros de historia se representaba la organización social de toda cultura mediante una pirámide dividida en estamentos. La organización del virreinato, por ejemplo, distribuía los niveles del triángulo por grupos raciales: en la cima estaba el español, seguido de criollos y mestizos, luego indios y en la base más ancha, negros y mulatos. Una vez terminado el año en que se estudiaba el periodo colonial, los escolares nunca más volvíamos a encontrarnos con una pirámide similar sobre la sociedad contemporánea. Aparentemente, gracias a la democracia, una organización así y sus relaciones de poder habían quedado en el pasado,
Se suponía que al convertirnos en una república y considerarnos iguales, el Perú había conseguido reemplazar la pirámide por una escala alfabética de niveles socioeconómicos, de la A hasta la E, como suele aparecer en los informes estadísticos. Los hitos de ese logro habían sido resultado de la independencia, la liberación de los esclavos y de la tardía reforma agraria. Pero como bien nos hizo notar Gonzalo Portocarrero, en una sociedad donde la ley pública jamás llegó a tener prestigio, la independencia solo consiguió que otros extranjeros y los criollos más blancos reemplazaran a los españoles, que la prohibición de la esclavitud no pusiera fin a la discriminación racial y a la pobreza de la población afrodescendiente, y tampoco consiguió que la reforma agraria lograra terminar con la pobreza de la población indígena y su acceso a educación de calidad.
Doscientos años después de la independencia, la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, le demanda a la alcaldesa de un distrito rural arequipeño que cambie el tono de voz porque está prohibido en “su casa”. El recurso de considerar su casa al Congreso, el lenguaje corporal que utilizó y el silencio posterior a los reclamos de demás autoridades públicas, dan cuenta de cómo con ese discurso ella se coloca en la blanca cima de la vieja pirámide y le quita la voz a la autoridad de una localidad rural. Con este acto, Alva pone a Marilú González en la base inferior de la pirámide y transparenta cómo su reclamo no puede ser aceptado porque rompe con el orden establecido. Se ha metido a su casa a protestar, sin importar que sea justo o no.
Doscientos años después de la independencia, los electores peruanos dieron preferencia a un maestro rural sindicalista para que fuera presidente, mostrando su hartazgo por la heredera de la mafia fujimorista que azota al país desde los años noventa. De la base fue llevado hasta la cima. Pero el presidente no quiso esa casa. Prometió que la convertiría en museo y mantuvo otra casa en Breña para visitas, yendo directamente contra la ley, desconociendo sus verdaderas funciones, pero con la esperanza de transmitir “al pueblo” que no lo traicionaba, sino que sufría el no saber cómo gobernar junto con él.
Estas buenas intenciones son para él razón suficiente para justificar el sentirse víctima de los grupos de poder que promueven sistemáticamente su vacancia, pero el querer permanecer en la base piramidal no tiene por qué justificar que se lave las manos, que eluda sus principales tareas, que dé sus cargos a personas sin experiencia en el sector o, peor aún, que los mantenga sabiendo bien que están implicados en mafias viejas o nuevas de los sectores informales y delincuenciales del país. En ninguna de las dos casas, el Palacio de Gobierno o el Congreso de la República, alguno de sus dirigentes ha sido capaz de pedir disculpas. Lo único que se ha conseguido es que el presidente se quite el sombrero.
8 de febrero de 2022
