Las balas de plata, como se llama al hecho de que el Parlamento utilice una de las dos opciones que tiene de no darle el voto de confianza a un gabinete ministerial -antes de permitirle al Ejecutivo la prerrogativa de disolver el Congreso-, están para ser usadas. No son un arma disuasoria ilusoria, y, más aún, dejan de serlo efectivamente si no se emplean en el momento en el que deben emplearse.
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Si el Congreso actual hiciese estas cuatro tareas pasaría a la historia como uno de los mejores Parlamentos de nuestra vida republicana. Supondría hacer cambios estructurales relevantes y salir de la minucia en la que se regodea, en espejo de la mediocridad del Ejecutivo.
Al cabo del tiempo, este lustro va a ser recordado como el periodo del retroceso, aquel en que el Estado peruano involucionó, se paralizaron reformas importantes y se desperdició la oportunidad de crecimiento económico.
Y en ese empeño, son cómplices el Ejecutivo y el Congreso. Desde el gobierno central se está perpetrando el mayor latrocinio burocrático de los últimos tiempos, al desmantelar los núcleos de excelencia que funcionaban relativamente bien en algunos sectores del Estado. El copamiento partidario de cuanta entidad sea factible de infiltrar ya está produciendo el colapso de la gestión pública.
Y desde el Congreso, el fujicerronismo se ha empeñado en tirarse abajo no solo reformas importantes, como las de educación y transporte, sino que ahora enfilan baterías contra uno de los pocos baluartes institucionales que nos ha permitido sobrellevar la crisis producida por el develamiento del escandaloso grado de inmoralidad vigente durante la transición post Fujimori: la lucha anticorrupción y el equipo de fiscales y jueces que lo ha permitido.
Tumbarse la legislación vinculada a la colaboración eficaz, no obedece a un intento de fortalecer el sistema anticorrupción, sino al propósito no santo de debilitarlo y favorecer tanto a los corruptos del pasado como, sobre todo, a los venideros. A los fujimoristas o seguidores de Luna se les ve con claridad el fustán de sus torvos afanes y a ellos se suman los congresistas oficialistas que se están curando en salud o queriendo proteger aliados circunstanciales: Dinámicos del centro, lobistas de Sarratea, etc.
Son tal para cual este Ejecutivo y el Congreso. Ninguno de los dos poderes del Estado actúa a la altura de sus responsabilidades históricas, que van más allá de la infeliz coincidencia de este desastre con el Bicentenario, sino con la encrucijada histórica en la que nos hallábamos, con una transición democrática agotada y devaluada, que merecía una superación cualitativa, política, económica y social.
No se avizoraba un buen destino, al cabo de tener que elegir en la segunda vuelta, entre los dos peores candidatos tanto de la izquierda como de la derecha. La conformación consecuente del Congreso no podía ser indemne al descalabro que ello auguraba, pero abrigábamos la leve esperanza de que los tiempos forjasen el carácter de sus protagonistas y los hiciera elevarse sobre su estatura mínima de arranque. No ha sucedido, lamentablemente, y salvo un milagro político, tendremos que resignarnos a soportar a Castillo y al Congreso actual, por cinco años completos.
Las aparentes muestras de cordialidad que se han brindado en las últimas horas los representantes del oficialismo y la oposición ojalá no transiten por una tregua política basada en el pacto de mantener el statu quo y preservar las gollerías mutuas.
Claramente, la mayor responsabilidad para evitar ello, anida en las filas de la oposición parlamentaria que tiene, frente a sí, la encomienda política primera de definir si le otorga o no el voto de confianza al gabinete Torres. Y, adicionalmente, la urgencia de fiscalizar la presencia de ministros altamente cuestionables que el régimen ha presentado en su parrilla ministerial.
De arranque, hay por lo menos seis que no deberían estar en el cargo que ocupan: el de Transportes (léase la reveladora carta de renuncia de la viceministra), Interior, Defensa, Energía y Minas, Cultura y especialmente el de Salud, sin contar otros que también tienen antecedentes críticos. ¿Con ese combo de inefables puede el Congreso pasar por agua tibia el envite y mirar de soslayo el tema?
Creemos que el Legislativo debe hacer con el gabinete Torres lo que debió hacer con el gabinete Bellido, negarle la confianza. Es una falta de respeto al país la presencia de personajes sin el menor valor administrativo o experiencia en la gestión pública, cuya presencia en el gabinete obedece a componendas políticas entre el presidente Castillo y Vladimir Cerrón, o con agrupaciones como Somos Perú y la facción provinciana de Acción Popular.
En términos generales, queda claro que va a ser muy difícil que la oposición consiga los 87 votos para vacar al presidente y no hay aún, además, las razones para justificar tamaño acto político. Puede recorrer también el camino de la acusación constitucional y dejar el camino expedito para que apenas se presente una inconducta presidencial proceder por esa vía. Es más sencillo, pero igualmente difícil de lograr.
En cualquier caso, antes de pensar en tales palabras mayores, puede y debe ejercer una actitud de vigilante fiscalización. Y ello pasa, en primer lugar, como hemos señalado, por negarle la confianza a un gabinete más impresentable aún que el de Guido Bellido. Y si por alguna sospechosa razón, o por un plato de lentejas, las bancadas del centro vuelven a darle los visos de continuidad al gabinete, es obligación de la auténtica oposición parlamentaria (y en este esfuerzo sí pueden contar con los votos), ir ministro por ministro, hasta despejar el horizonte gubernativo de sombras inaceptables.
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Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 328.
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Durante décadas, en los libros de historia se representaba la organización social de toda cultura mediante una pirámide dividida en estamentos. La organización del virreinato, por ejemplo, distribuía los niveles del triángulo por grupos raciales: en la cima estaba el español, seguido de criollos y mestizos, luego indios y en la base más ancha, negros y mulatos. Una vez terminado el año en que se estudiaba el periodo colonial, los escolares nunca más volvíamos a encontrarnos con una pirámide similar sobre la sociedad contemporánea. Aparentemente, gracias a la democracia, una organización así y sus relaciones de poder habían quedado en el pasado,
Se suponía que al convertirnos en una república y considerarnos iguales, el Perú había conseguido reemplazar la pirámide por una escala alfabética de niveles socioeconómicos, de la A hasta la E, como suele aparecer en los informes estadísticos. Los hitos de ese logro habían sido resultado de la independencia, la liberación de los esclavos y de la tardía reforma agraria. Pero como bien nos hizo notar Gonzalo Portocarrero, en una sociedad donde la ley pública jamás llegó a tener prestigio, la independencia solo consiguió que otros extranjeros y los criollos más blancos reemplazaran a los españoles, que la prohibición de la esclavitud no pusiera fin a la discriminación racial y a la pobreza de la población afrodescendiente, y tampoco consiguió que la reforma agraria lograra terminar con la pobreza de la población indígena y su acceso a educación de calidad.
Doscientos años después de la independencia, la presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, le demanda a la alcaldesa de un distrito rural arequipeño que cambie el tono de voz porque está prohibido en “su casa”. El recurso de considerar su casa al Congreso, el lenguaje corporal que utilizó y el silencio posterior a los reclamos de demás autoridades públicas, dan cuenta de cómo con ese discurso ella se coloca en la blanca cima de la vieja pirámide y le quita la voz a la autoridad de una localidad rural. Con este acto, Alva pone a Marilú González en la base inferior de la pirámide y transparenta cómo su reclamo no puede ser aceptado porque rompe con el orden establecido. Se ha metido a su casa a protestar, sin importar que sea justo o no.
Doscientos años después de la independencia, los electores peruanos dieron preferencia a un maestro rural sindicalista para que fuera presidente, mostrando su hartazgo por la heredera de la mafia fujimorista que azota al país desde los años noventa. De la base fue llevado hasta la cima. Pero el presidente no quiso esa casa. Prometió que la convertiría en museo y mantuvo otra casa en Breña para visitas, yendo directamente contra la ley, desconociendo sus verdaderas funciones, pero con la esperanza de transmitir “al pueblo” que no lo traicionaba, sino que sufría el no saber cómo gobernar junto con él.
Estas buenas intenciones son para él razón suficiente para justificar el sentirse víctima de los grupos de poder que promueven sistemáticamente su vacancia, pero el querer permanecer en la base piramidal no tiene por qué justificar que se lave las manos, que eluda sus principales tareas, que dé sus cargos a personas sin experiencia en el sector o, peor aún, que los mantenga sabiendo bien que están implicados en mafias viejas o nuevas de los sectores informales y delincuenciales del país. En ninguna de las dos casas, el Palacio de Gobierno o el Congreso de la República, alguno de sus dirigentes ha sido capaz de pedir disculpas. Lo único que se ha conseguido es que el presidente se quite el sombrero.
8 de febrero de 2022
