Defensoría del Pueblo

[TIEMPO DE MILLENNIALS]  El embarazo adolescente en el Perú es un problema de salud pública que va en aumento y que el Estado parece no darle la importancia que amerita. En el 2022, 1,624 niñas y adolescentes menores de 15 años se convirtieron en madres, superando las cifras de años anteriores (Fuente: Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea). En solo lo que va del 2023, ya hubo 364 nacimientos de madres entre 11 y 14 años. Las principales causas son violencia sexual, falta de educación sexual y desigualdad de género.

¿Qué está haciendo el Estado al respecto? Según estudios del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el presupuesto para prevenir el embarazo adolescente en Perú debería ser de entre S/ 55 y S/ 98 per cápita. Sin embargo, en promedio, las regiones manejan un presupuesto de S/ 9.3 por adolescente, muy por debajo de lo sugerido. Incluso existen regiones como Amazonas y Tacna donde se invierte tan solo S/ 0.70 por adolescente. Justamente en las regiones donde el presupuesto es menor, la taza de embarazo es mayor.

El acceso a anticonceptivos gratuitos también es otro problema, y cuya responsabilidad es del Estado. En las regiones más pobres, a menudo los centros de salud están desabastecidos y, en general, en el país, muchos de ellos no ofrecen métodos anticonceptivos de larga duración que son más idóneos para prevenir los embarazos. Recién hace menos de un año se incluyó en la lista de anticonceptivos gratuitos el dispositivo intrauterino (DIU) liberador de progestágeno, cuando desde años atrás se ofrece en otros países.

Otro problema es el Congreso y el Ejecutivo, que tienen a un gran sector de extrema derecha que pone en riesgo que muchas adolescentes accedan libremente a una educación sexual integral y a servicios de salud sexual y reproductiva seguros y de calidad. Un ejemplo es el caso de la “píldora del día siguiente”. Recién en marzo de este año el Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Salud distribuir de forma gratuita el anticonceptivo oral de emergencia en todos los centros de salud del Estado a nivel nacional. Previo a ello, ni siquiera los kits de violación incluían esta píldora, ya que un sector de nuestros gobernantes aducía que era abortiva. Asimismo, si bien el aborto terapéutico es legal, según un reporte de la UNFPA, más del 70% de los centros de salud desconocen la existencia de la guía técnica de aborto terapéutico.

Por último, la falta de acceso a la educación sexual integral (ESI) colabora a que el número de embarazos adolescentes vaya en aumento. Según la UNFPA, en el 2017 junto con la Defensoría del Pueblo, se supervisaron 91 establecimientos de salud diferenciados de atención integral a adolescentes, y en 23 de ellos no se les entregaba información sobre salud sexual y reproductiva si no iban acompañados por sus padres a pesar de que la norma señala que desde los 14 años los jóvenes pueden recibir información sobre métodos anticonceptivos sin estar acompañados de un adulto. El problema también está en los colegios ya que a pesar de que existen lineamientos aprobados por el Ministerio de Educación, la implementación de la EDI de calidad aún no se lleva a cabo de manera adecuada ya que no se asignan los recursos necesarios para la capacitación docente y, además, hay mucha controversia sobre lo que se debe enseñar.

Del 2021 al 2022 el embarazo adolescente creció en 22%. El Estado tiene todas las herramientas para abordar este tema, pero aun así no lo hace. Hay sectores que prefieren pasarse años debatiendo sobre la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, u agrupaciones como «con mis hijos no te metas» que se oponen a la ESI en los colegios, sin ponerse a pensar en el daño que su inacción les hace a miles de niñas y adolescentes en el Perú. No cabe en estos tiempos ser conservadores, la realidad es que el inicio de las relaciones sexuales se da en promedio entre los 16 y 19 años en Lima, y a los 12 años en la Sierra y Selva, y gritar «con mis hijos no te metas» se simplemente ser ajenos a esa realidad y darle la espalda a un trabajo de prevención que urge en el Perú.

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Defensoría del Pueblo, embarazo adolescente, Tribunal Constitucional, UNFPA

Mal pronóstico para el país, las libertades políticas y económicas. Las élites son un desastre y conducen al país al descalabro sin que las fuerzas vivas pensantes reaccionen y den la voz de alerta o le pongan un estáte quieto a la morralla que nos impregna. Habrá que esperar un milagro político de acá al 2026, para que el país recupere la cordura y las mayorías silenciosas del Perú se impongan sobre la radicalidad obtusa y el extremismo autoritario.

 

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La Defensoría del Pueblo ha sido, desde su fundación, la única instancia estatal que ha mantenido una alta legitimidad, justamente por su rol y autonomía frente al poder y los sectores políticos. Este espacio ha contribuido a la construcción de la memoria histórica de los hechos de dolor atravesados durante el conflicto armado interno, ha condenado el terrorismo, así como la violencia estatal.

Es gracias a la Defensoría del Pueblo que se ha dado seguimiento a la implementación de leyes orientadas a garantizar derechos de las poblaciones más vulnerables del país. Hoy, esta importante institución no queda a la deriva sino a la merced de un operador político del fujimorismo, gracias a la alianza de este partido con otras agrupaciones como Perú Libre y Acción Popular.

Una evidencia más de que gran parte de clase política está podrida y solo le interesa armar la mesa para gobernar aún sin ganar las elecciones.

Triste escenario que nos toca enfrentar. Sabemos que van por más, el copamiento de las instituciones democráticas es evidente, la finalidad es ponerlas al servicio de un proyecto autoritario que tiene como principal impulsor al Fujimorismo y sus aliados.

Tiempos oscuros han llegado para la única institución que se mantuvo autónoma durante casi tres décadas. La crisis democrática es una realidad.

 

[1] Artículo 93. El Congreso, a través de la Comisión Permanente, designa (…) y con aprobación del Pleno elige al Defensor del Pueblo, observando
las condiciones señaladas en la Constitución Política y las leyes orgánicas de las
respectivas instituciones públicas, así como el procedimiento determinado en los
reglamentos especiales que apruebe el Congreso (…).

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Congreso, Defensoría del Pueblo, derechos humanos, Fuerza Popular, Josué Gutiérrez, Perú Libre

Sin embargo, al parecer también está en juego la Junta Nacional de Justicia, la presidencia del Tribunal Constitucional y la nueva presidencia del Congreso en julio.
Pero, lo más insólito de todo esto, es que la ex presidenta del Congreso, Maricarmen Alva, cuando estaba la votación en 86 votos, cambia su votación en abstención, dándole así la mayoría a la candidatura de Josué Gutiérrez.

¿Qué está pasando en el Congreso para que personas tan disímiles y partidos tan diferentes lleguen a un acuerdo de esta naturaleza?, la realidad es que los congresistas de nuestro país, están de acuerdo en dar reelección a ellos mismos y teniendo mayoría lo pueden lograr.

Urge en nuestro país una nueva generación de políticos que crean en la meritocracia y que defiendan nuestra constitución para que el futuro de todos los peruanos puedan encauzar en un país moderno global en las próximas décadas …

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Congreso, Defensoría del Pueblo, Fuerza Popular, Josué Gutiérrez, Ollanta Humala, Pedro Castillo, Perú Libre, Vladimir Cerrón

¿No es contradictorio que el ministro hable de estos cambios cuando en las conferencias que brinda el gobierno se califica como inmaculado el accionar de las fuerzas del orden?

Me voy a abstener de opinar sobre la declaraciones públicas. Pero al ministro le hemos llevado esa preocupación. Se tiene que respetar a los periodistas, se deben ver las estrategias de un modo distinto, se tiene que atender a los policías y se tiene que atender la situación de las víctimas. Nosotros hemos pedido que haya una comisión de víctimas civiles, policiales y militares.

Hace algunas semanas estuvo reunida con Alfonso López Chau, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y vicepresidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú, y se mencionó que el objetivo de este encuentro era coordinar una posible ruta de diálogo, ¿qué avances pudieron lograr en dicha reunión?

Un tema que la Defensoría ha señalado es instaurar el dialogo que ahora está quebrado. El Viceministerio de Gobernanza desde el Ejecutivo no ha podido instaurar el diálogo. Pero la Defensoría siempre va a apostar por un diálogo abierto, transparente y que genere confianza.  El problema del diálogo es que no se puede dialogar con quienes no dan la cara. El rector de la UNI mencionaba que se debían abrir esos espaciosa nivel regiones y, además, vemos también el interés de las iglesias para hacerlo.

Durante las últimas semanas, ¿considera que la Defensoría del Pueblo se encontró bajo ataque?

Hay sectores muy radicales de la izquierda, conservadores de la derecha e incluso instituciones que no entienden el rol de la Defensoría del Pueblo y, en un escenario de crisis como el actual, obviamente quieren que uno se ponga de un lado u otro. Pero tenemos que actuar en el marco de las convenciones que el Perú ha suscrito, la Constitución y la legalidad. A todo eso hay que ponerle algo que es importante en la defensa de los derechos humanos y es la dimensión humana. Cuando se pide que a la personas se le trate bien, que tenga comida, condiciones, un abogado o un intérprete no estamos tomando acción por esas personas sino porque en una democracia sus derechos deben ser respetados. Donde hay un trato que sea contrario a la ley tenemos que ir a la autoridad y hacer el señalamiento que corresponde. En ese marco sí ha habido expresiones de rechazo a nuestra institución, dicen que somos sectarios o ideologizados e incluso me han puesto como si fuera la quinta columna de Sendero Luminoso.

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Defensoría del Pueblo, Eliana Revollar

Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 65.

Para el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, las acciones cometidas y prometidas por el empresario Alejandro Sánchez a nombre del Pdte. Castillo sí son preocupantes, sobre todo si el mandatario no se deslinda de él. Además, aseguró que la Defensoría del Pueblo rechaza por completo la vacancia por incapacidad moral planteada contra el Presidente en estas circunstancias.

También rechazó el blindaje de la comisión de ética al congresista Luis Cordero Jon Tay – denunciado por su expareja por agresión física, acoso y difusión de un video íntimo en una página en internet – que evitó que sea investigado con el argumento de que los actos se cometieron antes de que fuera congresista.

Respecto a la situación política ante la moción de vacancia, el politólogo Arturo Maldonado indicó que desde el inicio el Presidente Castillo está intentando crear un equilibrio difícil entre las facciones de la izquierda. Además, resaltó que no sería extraño que pronto se vea inmerso en otro caos y la oposición se junte otra vez.

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Defensoría del Pueblo

Según el Ministerio de Educación (Minedu), la tasa de deserción acumulada del período comprendido entre el 2016 y el 2019 se redujo en 1.3 puntos porcentuales. Hasta entonces, las medidas implementadas permitieron que la reducción de dicha tasa tendiera a la baja. Sin embargo, debido a las acciones ejecutadas para contrarrestar la pandemia del Covid-19 en el ámbito educativo como el cierre de escuelas y colegios, la suspensión de las clases presenciales y su sustitución por clases virtuales; hizo que dicha tendencia se revierta. 

Según estimaciones del Minedu, a mediados del 2020,  la deserción escolar tanto en educación primaria como educación secundaria pasó del 1.3% al 3.5% y de 3.5% a 4% respectivamente. Es decir, cerca de 300 mil niños y adolescentes dejaron de estudiar. En este año, según la Defensoría del Pueblo, más 83 mil estudiantes desertaron. Cifras que contrastan con lo que venía ocurriendo hasta el 2019. De igual modo, entre el 2016 y el 2019, la tasa de deserción escolar de estudiantes en situación de pobreza extrema se mantuvo alrededor del 11% mientras que la de los no pobres se redujo en 1,2 porcentuales. 

Como se sabe la deserción escolar es un fenómeno multicausal. Por eso mismo, es imperativo investigar, desde distintas campos del saber, factores como los económicos, sociales, culturales, educativos, personales y familiares que se relacionan entre sí para producirla. Así, investigadores de Grade, en el marco del estudio longitudinal Niños del Milenio: Etiopía, India, Perú y Vietnam, plantean cuatro Predictores de la deserción escolar en el Perú: 1. Mientras más temprano se ha producido el abandono escolar, mayor efecto se observa en las habilidades a los 19 años. 2. Las principales razones para abandonar la escuela que mencionaron los jóvenes fueron la necesidad de trabajar para obtener una remuneración y la falta de interés en los estudios. 3. La lengua materna indígena, el bajo rendimiento y el haber repetido de grado incrementan el riesgo de desertar del sistema educativo; y, por último, 4. Que el niño o niña tenga mayores aspiraciones educativas a los 12 años reduce su riesgo de desertar de la escuela. 

Algunas cifras corroboran lo señalado por Grade. Así, según el INEI, en su Informe Técnico Estado de la Niñez y la Adolescencia, de setiembre, al comparar los trimestres correspondientes a abril-mayo-junio de 2020 y 2021 encontró que los problemas económicos / familiares seguían siendo una de las principales razones de la no asistencia a un centro de enseñanza de niños y adolescentes entre 6 y 16 años. En porcentajes, entre uno y otro trimestre, se pasó del 53.4% al 64.7% respectivamente. Es decir, 11.3 puntos porcentuales. No cabe duda que el nivel socioeconómico de las familias es una de las causas de la deserción escolar. Por eso mismo, el riesgo de desertar de niños y adolescentes, en situación de pobreza extrema y pobreza tanto urbana como rural, es alto. 

Asimismo, otra causa a tener en cuenta es la que se relaciona con los niveles educativos de los padres o tutores de los niños y adolescentes. Según las investigaciones llevadas a cabo existe cierta correspondencia entre el nivel educativo logrado por aquellos y la deserción escolar. Así, padres o tutores con un nivel de escolaridad bajo, el riesgo de deserción escolar aumenta. En cambio, padres o tutores con un nivel de escolaridad alto, el riesgo de deserción  disminuye. Esto tiene que ver mucho con la valoración que le otorgan a la educación y al impacto que ésta lograría en la vida de sus hijos.   

Otro aspecto, que corresponde a la dimensión socioemocional de los estudiantes, es la motivación de los estudiantes y la confianza en sus capacidades para lograr los aprendizajes esperados. Mantener la motivación y desarrollar confianza supone una convivencia adecuada en el ámbito educativo. Si esta no se da entre estudiantes y entre estos con sus docentes el riesgo de deserción se incrementa. (Continuará).  

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Defensoría del Pueblo

Las mujeres en situación de violencia enfrentan una serie de barreras para acceder a la justicia, por ejemplo, las barreras de género, vinculadas con la permanencia de una serie de estereotipos que operan para que se descalifique a la víctima. Las barreras lingüísticas, culturales, geográficas y económicas; relacionadas con el limitado reconocimiento de la diversidad y casi nula adaptación intercultural de los servicios, la ausencia de intérpretes para la atención en lenguas originarias, el racismo, la lejanía de las instituciones estatales de parte del territorio nacional y la falta de autonomía económica. 

Sin embargo, existe una barrera poco visibilizada: el acoso judicial.  Esta es una estrategia común en agresores, quiénes en un claro despliegue de poder utilizan el sistema judicial para amedrentar a sus víctimas, amenazarlas, vulnerar su salud emocional, afectar su estabilidad económica y así perpetuar la impunidad. 

La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para los derechos de la mujer, ha publicado su Informe Defensorial “Violencia contra las mujeres en forma de acoso judicial”, el cual, a partir del caso de Natalia Manso, detalla el calvario que tienen que vivir las mujeres afectadas por esta forma de hostigamiento, destacando el impacto de ello  en el derecho de las mujeres a acceder a la justicia y a vivir libres de violencia.

Según este reporte se entiende por acoso u hostigamiento judicial a una: “una especie de violencia psicológica y económica, que se configura con la indiscriminada utilización de los mecanismos legales de defensa, pero que tiene una finalidad distinta a la establecida en la ley, desnaturalizando así su esencia tuitiva.” (Defensoría del Pueblo 2021:5)

Natalia Manso, además de sufrir el incumplimiento del acuerdo conciliatorio de Antun Ucovich (ex pareja), tiene que enfrentar 18 procesos judiciales, 11 de los cuales han sido interpuestos por este, incluyendo 4 procesos por violencia psicológica sin fundamentos; utilizando para ello la Ley 30364, Ley contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Es decir, las mujeres que denuncian hechos de violencia o se encuentran en algún proceso judicial ya sea de tenencia, alimentos o cualquier otro, son amenazadas y amedrentadas por sus agresores. Lo perverso de esto es que utilizan “mecanismos legales” y se amparan en la neutralidad de las leyes para seguir violentando; desnaturalizando así el principio de justicia y manipulando el sistema a su favor. 

Las víctimas pasan de ser denunciantes a denunciadas, lo que les genera angustia, inseguridad, mayor desconfianza en el Estado y el sistema de justicia, temor y un gran desgaste de tiempo y recursos que puede determinar no sólo el abandono de sus propias denuncias, sino además la perpetuación de la violencia.

Pero este no es el único caso, al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán se han acercado víctimas de acoso sexual para reportar que sus agresores las amenazan o han denunciado por difamación.  Situaciones similares encontraremos en otras sobrevivientes de violencia física y tentativa de feminicidio, quienes con sorpresa toman conocimiento de denuncias hechas por sus agresores, las cuales – paradójicamente – suelen encontrar una mejor respuesta en el sistema. Es claro que necesitamos una justicia con enfoque de género. 

En efecto, una de las recomendaciones del Informe Defensorial es que se priorice el “fortalecimiento del Sistema Nacional de Justicia Especializado para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, evitando la existencia de una multiplicidad de procesos vinculados a un mismo hecho” (Defensoría del Pueblo 2021: 16)

Finalmente, el acoso y hostigamiento judicial, que podríamos nombrar como el empapelamiento dirigido especialmente a las víctimas de violencia de género no son casos aislados; por lo que las autoridades deben encender las alarmas para prevenir que –  mediante la manipulación del sistema – se perpetúe la discriminación. 

 

1 Ver Informe Defensorial disponible en: 

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Final-Acoso-judicial-2.pdfhttps://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/04/Informe-de-Adjunt%C3%ADa-Acoso-judicial.pdf

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Defensoría del Pueblo, Flora Tristán
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