Defensoría del Pueblo

Todos los días de lunes a viernes «Si el Río suena» con Patricia del Río, entrevistas exclusivas. Este es nuestro episodio número 65.

Para el Defensor del Pueblo, Walter Gutiérrez, las acciones cometidas y prometidas por el empresario Alejandro Sánchez a nombre del Pdte. Castillo sí son preocupantes, sobre todo si el mandatario no se deslinda de él. Además, aseguró que la Defensoría del Pueblo rechaza por completo la vacancia por incapacidad moral planteada contra el Presidente en estas circunstancias.

También rechazó el blindaje de la comisión de ética al congresista Luis Cordero Jon Tay – denunciado por su expareja por agresión física, acoso y difusión de un video íntimo en una página en internet – que evitó que sea investigado con el argumento de que los actos se cometieron antes de que fuera congresista.

Respecto a la situación política ante la moción de vacancia, el politólogo Arturo Maldonado indicó que desde el inicio el Presidente Castillo está intentando crear un equilibrio difícil entre las facciones de la izquierda. Además, resaltó que no sería extraño que pronto se vea inmerso en otro caos y la oposición se junte otra vez.

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Defensoría del Pueblo

Según el Ministerio de Educación (Minedu), la tasa de deserción acumulada del período comprendido entre el 2016 y el 2019 se redujo en 1.3 puntos porcentuales. Hasta entonces, las medidas implementadas permitieron que la reducción de dicha tasa tendiera a la baja. Sin embargo, debido a las acciones ejecutadas para contrarrestar la pandemia del Covid-19 en el ámbito educativo como el cierre de escuelas y colegios, la suspensión de las clases presenciales y su sustitución por clases virtuales; hizo que dicha tendencia se revierta. 

Según estimaciones del Minedu, a mediados del 2020,  la deserción escolar tanto en educación primaria como educación secundaria pasó del 1.3% al 3.5% y de 3.5% a 4% respectivamente. Es decir, cerca de 300 mil niños y adolescentes dejaron de estudiar. En este año, según la Defensoría del Pueblo, más 83 mil estudiantes desertaron. Cifras que contrastan con lo que venía ocurriendo hasta el 2019. De igual modo, entre el 2016 y el 2019, la tasa de deserción escolar de estudiantes en situación de pobreza extrema se mantuvo alrededor del 11% mientras que la de los no pobres se redujo en 1,2 porcentuales. 

Como se sabe la deserción escolar es un fenómeno multicausal. Por eso mismo, es imperativo investigar, desde distintas campos del saber, factores como los económicos, sociales, culturales, educativos, personales y familiares que se relacionan entre sí para producirla. Así, investigadores de Grade, en el marco del estudio longitudinal Niños del Milenio: Etiopía, India, Perú y Vietnam, plantean cuatro Predictores de la deserción escolar en el Perú: 1. Mientras más temprano se ha producido el abandono escolar, mayor efecto se observa en las habilidades a los 19 años. 2. Las principales razones para abandonar la escuela que mencionaron los jóvenes fueron la necesidad de trabajar para obtener una remuneración y la falta de interés en los estudios. 3. La lengua materna indígena, el bajo rendimiento y el haber repetido de grado incrementan el riesgo de desertar del sistema educativo; y, por último, 4. Que el niño o niña tenga mayores aspiraciones educativas a los 12 años reduce su riesgo de desertar de la escuela. 

Algunas cifras corroboran lo señalado por Grade. Así, según el INEI, en su Informe Técnico Estado de la Niñez y la Adolescencia, de setiembre, al comparar los trimestres correspondientes a abril-mayo-junio de 2020 y 2021 encontró que los problemas económicos / familiares seguían siendo una de las principales razones de la no asistencia a un centro de enseñanza de niños y adolescentes entre 6 y 16 años. En porcentajes, entre uno y otro trimestre, se pasó del 53.4% al 64.7% respectivamente. Es decir, 11.3 puntos porcentuales. No cabe duda que el nivel socioeconómico de las familias es una de las causas de la deserción escolar. Por eso mismo, el riesgo de desertar de niños y adolescentes, en situación de pobreza extrema y pobreza tanto urbana como rural, es alto. 

Asimismo, otra causa a tener en cuenta es la que se relaciona con los niveles educativos de los padres o tutores de los niños y adolescentes. Según las investigaciones llevadas a cabo existe cierta correspondencia entre el nivel educativo logrado por aquellos y la deserción escolar. Así, padres o tutores con un nivel de escolaridad bajo, el riesgo de deserción escolar aumenta. En cambio, padres o tutores con un nivel de escolaridad alto, el riesgo de deserción  disminuye. Esto tiene que ver mucho con la valoración que le otorgan a la educación y al impacto que ésta lograría en la vida de sus hijos.   

Otro aspecto, que corresponde a la dimensión socioemocional de los estudiantes, es la motivación de los estudiantes y la confianza en sus capacidades para lograr los aprendizajes esperados. Mantener la motivación y desarrollar confianza supone una convivencia adecuada en el ámbito educativo. Si esta no se da entre estudiantes y entre estos con sus docentes el riesgo de deserción se incrementa. (Continuará).  

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Las mujeres en situación de violencia enfrentan una serie de barreras para acceder a la justicia, por ejemplo, las barreras de género, vinculadas con la permanencia de una serie de estereotipos que operan para que se descalifique a la víctima. Las barreras lingüísticas, culturales, geográficas y económicas; relacionadas con el limitado reconocimiento de la diversidad y casi nula adaptación intercultural de los servicios, la ausencia de intérpretes para la atención en lenguas originarias, el racismo, la lejanía de las instituciones estatales de parte del territorio nacional y la falta de autonomía económica. 

Sin embargo, existe una barrera poco visibilizada: el acoso judicial.  Esta es una estrategia común en agresores, quiénes en un claro despliegue de poder utilizan el sistema judicial para amedrentar a sus víctimas, amenazarlas, vulnerar su salud emocional, afectar su estabilidad económica y así perpetuar la impunidad. 

La Defensoría del Pueblo, a través de la Adjuntía para los derechos de la mujer, ha publicado su Informe Defensorial “Violencia contra las mujeres en forma de acoso judicial”, el cual, a partir del caso de Natalia Manso, detalla el calvario que tienen que vivir las mujeres afectadas por esta forma de hostigamiento, destacando el impacto de ello  en el derecho de las mujeres a acceder a la justicia y a vivir libres de violencia.

Según este reporte se entiende por acoso u hostigamiento judicial a una: “una especie de violencia psicológica y económica, que se configura con la indiscriminada utilización de los mecanismos legales de defensa, pero que tiene una finalidad distinta a la establecida en la ley, desnaturalizando así su esencia tuitiva.” (Defensoría del Pueblo 2021:5)

Natalia Manso, además de sufrir el incumplimiento del acuerdo conciliatorio de Antun Ucovich (ex pareja), tiene que enfrentar 18 procesos judiciales, 11 de los cuales han sido interpuestos por este, incluyendo 4 procesos por violencia psicológica sin fundamentos; utilizando para ello la Ley 30364, Ley contra la violencia hacia las mujeres y los integrantes del grupo familiar.

Es decir, las mujeres que denuncian hechos de violencia o se encuentran en algún proceso judicial ya sea de tenencia, alimentos o cualquier otro, son amenazadas y amedrentadas por sus agresores. Lo perverso de esto es que utilizan “mecanismos legales” y se amparan en la neutralidad de las leyes para seguir violentando; desnaturalizando así el principio de justicia y manipulando el sistema a su favor. 

Las víctimas pasan de ser denunciantes a denunciadas, lo que les genera angustia, inseguridad, mayor desconfianza en el Estado y el sistema de justicia, temor y un gran desgaste de tiempo y recursos que puede determinar no sólo el abandono de sus propias denuncias, sino además la perpetuación de la violencia.

Pero este no es el único caso, al Centro de la Mujer Peruana Flora Tristán se han acercado víctimas de acoso sexual para reportar que sus agresores las amenazan o han denunciado por difamación.  Situaciones similares encontraremos en otras sobrevivientes de violencia física y tentativa de feminicidio, quienes con sorpresa toman conocimiento de denuncias hechas por sus agresores, las cuales – paradójicamente – suelen encontrar una mejor respuesta en el sistema. Es claro que necesitamos una justicia con enfoque de género. 

En efecto, una de las recomendaciones del Informe Defensorial es que se priorice el “fortalecimiento del Sistema Nacional de Justicia Especializado para la protección y sanción de la violencia contra las mujeres y los integrantes del grupo familiar, evitando la existencia de una multiplicidad de procesos vinculados a un mismo hecho” (Defensoría del Pueblo 2021: 16)

Finalmente, el acoso y hostigamiento judicial, que podríamos nombrar como el empapelamiento dirigido especialmente a las víctimas de violencia de género no son casos aislados; por lo que las autoridades deben encender las alarmas para prevenir que –  mediante la manipulación del sistema – se perpetúe la discriminación. 

 

1 Ver Informe Defensorial disponible en: 

https://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/04/Informe-Final-Acoso-judicial-2.pdfhttps://www.defensoria.gob.pe/wp-content/uploads/2021/04/Informe-de-Adjunt%C3%ADa-Acoso-judicial.pdf

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Defensoría del Pueblo, Flora Tristán
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