Recientemente se pudo reunir con Jorge Chávez Cresta, el ministro de Defensa, ¿cómo fue el diálogo de la Defensoría del Pueblo con el ministro de un sector tan cuestionado por el proceder durante las manifestaciones?
Fue una reunión a propósito de la declaratoria de emergencia que se dio en varias regiones al sur del país. Específicamente por el caso de Puno, en donde se dispuso que haya un comando unificado de las Fuerzas Armadas y la policía. Nos reunimos para conocer cuáles serían los marcos de intervención y el ministro fue enfático al señalar que la policía continuaría cumpliendo con su rol y las Fuerzas Armadas estarían brindando apoyo. También nos dijeron que habían amparado esta decisión en los hechos de vandalismo que han ocurrido.
¿Pudieron hablar de los casos en que las fuerzas del orden cometieron excesos?
Le planteamos el tema de las agresiones a los manifestantes y ellos garantizan las investigaciones a nivel de las inspectorías de todas las fuerzas. También hemos abordado la preocupación del propio ministro por el bloqueo de carreteras.
El trabajo de la policía fue cuestionado por operativos como el realizado en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en donde no se permitía el ingreso de abogados y no contaban con la presencia de representantes del Ministerio Público. ¿El estado de emergencia avala este accionar por parte de la policía?
La intervención a la universidad todavía es motivo de investigación por los vacíos que existen respecto de la flagrancia. Desde la Defensoría del Pueblo nos enteramos por los medios de comunicación y cuando nuestro representante fue, en un primer momento, le impiden ingresar. Hechas las coordinaciones y habiendo hecho público nuestro malestar por esta falta de colaboración con el rol de la Defensoría nos permiten entrar. En flagrancia se puede participar sin presencia del fiscal porque es el delito que se está cometiendo y la policía tiene que intervenir. Sin embargo, también hubo congresistas y abogados a los que se les impidió ingresar. Nuestro razonamiento, que se lo hicimos saber al premier y ministro del Interior, es que estamos en una universidad en la cual hay una legislación que protege más allá de las interpretaciones. Esto generó que la Defensoría del Pueblo abra una investigación y ya tenemos las respuestas del Ministerio de Interior y nos falta la posición de la universidad. La legalidad de ese tipo de medidas se tienen que analizar porque pueden dejar un mal precedente.
Sin embargo, se había observado un episodio similar en la intervención a la Confederación Campesina del Perú. ¿Se está abusando del estado de emergencia?
El día sábado tuvimos una reunión con el equipo de la Defensoría del Pueblo y un equipo del Ministerio del Interior y, precisamente, le hicimos saber nuestras preocupaciones sobre las intervenciones y detenciones. Desde el momento que son llevados a una comisaría hemos pedido que haya protocolos y que la persona tenga un abogado. Porque incluso alegan que no está en condición de detenido sino control de identidad. En el caso que mencionas, la fiscalía fue al llamado posterior y en estado de derecho se puede detener a las personas pero con las garantías del debido proceso. Nos han señalado que van a trabajar en esa línea. Hemos visto que desde el Estado hubo mucha participación voluntariosa pero desorganizada. Por eso pedimos un protocolo que ya se aprobó al menos para mujeres y población vulnerable. Ahí se indica, por ejemplo, cuándo deben ir los intérpretes y qué hacer con adultos mayores.
Sudaca recogió el testimonio de una abogada que acompañó a los detenidos y relató que ellos habían sido presionado por la policía para firmar documentos, ¿la Defensoría del Pueblo está al tanto de estos casos?
Nosotros hemos estado en los tres centro de detención y a todas las personas con las que hemos conferenciado lo que les hemos pedido es que lean bien y que firmen en función de ello. Incluso hubo una denuncia muy grave sobre personas que fueron violentadas sexualmente y nosotros, inmediatamente, a todas las personas les preguntamos qué había pasado. Sí pedimos a las personas que pasen por el reconocimiento médico y varias se negaron. También pedimos que estén los intérpretes del ministerio de cultura.
Las críticas al accionar de las fuerzas del orden han aumentado en las últimas semanas e incluso se han reportado casos de periodistas agredidos. ¿Ve voluntad por parte del gobierno para cambiar esta situación?
He visto esa voluntad al menos cuando hemos planteado el tema de periodistas. Hemos llevado registro que, desde el golpe de estado el 7 de diciembre, son 142 ataques que la Defensoría tiene registrados. En diciembre eran los manifestantes contra los periodistas y en enero varía la situación y tenemos reportes de casos en que los ataques venían de la policía. Al respecto nos dijeron que ya están trabajando en un protocolo. También les hemos hecho sobre los casos de uso excesivo de la fuerza y la muerte del señor Víctor Santisteban en Lima. Lo que hemos oído del ministro y su comando es que ellos van a colaborar con esa investigación. También hemos hecho saber que el uso excesivo de los gases ha causado problemas respiratorios e incluso hay personas internadas.
¿Por qué recién se habla de protocolos y no se ha podido corregir antes si los casos se reportan desde las primeras semanas de diciembre?
Estos protocolos están saliendo a la luz de lo que está ocurriendo. Porque nosotros lo hemos advertido. La protocolización es para tener una respuesta en la que se pueda establecer un orden, una organización. Estamos ante una situación en que no es ni la policía ni las Fuerzas Armadas quienes van a resolver esto. Probablemente, si no hay una decisión política, esta situación se va a mantener en el tiempo. Creo que el reclamo de la población está y la decisión tiene que estar en el Ejecutivo y Legislativo. La solución a la crisis depende de los dos poderes del Estado o vamos a seguir contando fallecidos, personas heridas, familias dolidas y un país que está viviendo esta convulsión.
Durante las manifestaciones en noviembre del 2020 se vio un escenario similar, ¿por qué no se aprendió y corrigió tras esa experiencia?
Uno de los temas que hemos reconocido es que a nivel normativo nosotros tenemos un gran avance. Hay protocolos, está el manual del ejercicio de la función pública y los derechos humanos. Creo que el 2020 se desata esa situación que venía desde la crisis originada en 2016 y luego vino la pandemia que ha puesto a la policía y las Fuerzas Armadas en un estado de emergencia. Ahí se ha dejado de lado la formación. El tema de cómo se tiene que tratar tiene que ser trabajado y el actual ministro lo planteó en el año 2017 y nos refería en esa reunión que esto hay que retomarlo. Sin embargo, esta es una crisis sin precedentes. En el mes de enero tenemos 1261 actividades de protesta en un mes y es la más alta desde que tenemos registro en 2004. Es un termómetro de que las cosas no se van a resolver poniendo orden y tiene que haber una salida política.
¿No es contradictorio que el ministro hable de estos cambios cuando en las conferencias que brinda el gobierno se califica como inmaculado el accionar de las fuerzas del orden?
Me voy a abstener de opinar sobre la declaraciones públicas. Pero al ministro le hemos llevado esa preocupación. Se tiene que respetar a los periodistas, se deben ver las estrategias de un modo distinto, se tiene que atender a los policías y se tiene que atender la situación de las víctimas. Nosotros hemos pedido que haya una comisión de víctimas civiles, policiales y militares.
Hace algunas semanas estuvo reunida con Alfonso López Chau, rector de la Universidad Nacional de Ingeniería y vicepresidente de la Asociación de Universidades Nacionales del Perú, y se mencionó que el objetivo de este encuentro era coordinar una posible ruta de diálogo, ¿qué avances pudieron lograr en dicha reunión?
Un tema que la Defensoría ha señalado es instaurar el dialogo que ahora está quebrado. El Viceministerio de Gobernanza desde el Ejecutivo no ha podido instaurar el diálogo. Pero la Defensoría siempre va a apostar por un diálogo abierto, transparente y que genere confianza. El problema del diálogo es que no se puede dialogar con quienes no dan la cara. El rector de la UNI mencionaba que se debían abrir esos espaciosa nivel regiones y, además, vemos también el interés de las iglesias para hacerlo.
Durante las últimas semanas, ¿considera que la Defensoría del Pueblo se encontró bajo ataque?
Hay sectores muy radicales de la izquierda, conservadores de la derecha e incluso instituciones que no entienden el rol de la Defensoría del Pueblo y, en un escenario de crisis como el actual, obviamente quieren que uno se ponga de un lado u otro. Pero tenemos que actuar en el marco de las convenciones que el Perú ha suscrito, la Constitución y la legalidad. A todo eso hay que ponerle algo que es importante en la defensa de los derechos humanos y es la dimensión humana. Cuando se pide que a la personas se le trate bien, que tenga comida, condiciones, un abogado o un intérprete no estamos tomando acción por esas personas sino porque en una democracia sus derechos deben ser respetados. Donde hay un trato que sea contrario a la ley tenemos que ir a la autoridad y hacer el señalamiento que corresponde. En ese marco sí ha habido expresiones de rechazo a nuestra institución, dicen que somos sectarios o ideologizados e incluso me han puesto como si fuera la quinta columna de Sendero Luminoso.
