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Un Estado que no lucha contra el embarazo adolescente

"Hace unos días se dio a conocer en los medios el caso de una bebé de solo 10 meses que falleció a causa de una violación sexual en Huachipa, cometida por su padre de 18 años. La madre de la víctima tenía solo 15 años, y también había sido ultrajada por el agresor. Producto de ello nació la bebé. Así como este, hay muchos casos más de mujeres que se ven forzadas a ser madres a una edad muy temprana, e incluso en diversas ocasiones poniendo en riesgo sus vidas"

[TIEMPO DE MILLENNIALS]  El embarazo adolescente en el Perú es un problema de salud pública que va en aumento y que el Estado parece no darle la importancia que amerita. En el 2022, 1,624 niñas y adolescentes menores de 15 años se convirtieron en madres, superando las cifras de años anteriores (Fuente: Sistema de Registro del Certificado de Nacido Vivo en Línea). En solo lo que va del 2023, ya hubo 364 nacimientos de madres entre 11 y 14 años. Las principales causas son violencia sexual, falta de educación sexual y desigualdad de género.

¿Qué está haciendo el Estado al respecto? Según estudios del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), el presupuesto para prevenir el embarazo adolescente en Perú debería ser de entre S/ 55 y S/ 98 per cápita. Sin embargo, en promedio, las regiones manejan un presupuesto de S/ 9.3 por adolescente, muy por debajo de lo sugerido. Incluso existen regiones como Amazonas y Tacna donde se invierte tan solo S/ 0.70 por adolescente. Justamente en las regiones donde el presupuesto es menor, la taza de embarazo es mayor.

El acceso a anticonceptivos gratuitos también es otro problema, y cuya responsabilidad es del Estado. En las regiones más pobres, a menudo los centros de salud están desabastecidos y, en general, en el país, muchos de ellos no ofrecen métodos anticonceptivos de larga duración que son más idóneos para prevenir los embarazos. Recién hace menos de un año se incluyó en la lista de anticonceptivos gratuitos el dispositivo intrauterino (DIU) liberador de progestágeno, cuando desde años atrás se ofrece en otros países.

Otro problema es el Congreso y el Ejecutivo, que tienen a un gran sector de extrema derecha que pone en riesgo que muchas adolescentes accedan libremente a una educación sexual integral y a servicios de salud sexual y reproductiva seguros y de calidad. Un ejemplo es el caso de la “píldora del día siguiente”. Recién en marzo de este año el Tribunal Constitucional ordenó al Ministerio de Salud distribuir de forma gratuita el anticonceptivo oral de emergencia en todos los centros de salud del Estado a nivel nacional. Previo a ello, ni siquiera los kits de violación incluían esta píldora, ya que un sector de nuestros gobernantes aducía que era abortiva. Asimismo, si bien el aborto terapéutico es legal, según un reporte de la UNFPA, más del 70% de los centros de salud desconocen la existencia de la guía técnica de aborto terapéutico.

Por último, la falta de acceso a la educación sexual integral (ESI) colabora a que el número de embarazos adolescentes vaya en aumento. Según la UNFPA, en el 2017 junto con la Defensoría del Pueblo, se supervisaron 91 establecimientos de salud diferenciados de atención integral a adolescentes, y en 23 de ellos no se les entregaba información sobre salud sexual y reproductiva si no iban acompañados por sus padres a pesar de que la norma señala que desde los 14 años los jóvenes pueden recibir información sobre métodos anticonceptivos sin estar acompañados de un adulto. El problema también está en los colegios ya que a pesar de que existen lineamientos aprobados por el Ministerio de Educación, la implementación de la EDI de calidad aún no se lleva a cabo de manera adecuada ya que no se asignan los recursos necesarios para la capacitación docente y, además, hay mucha controversia sobre lo que se debe enseñar.

Del 2021 al 2022 el embarazo adolescente creció en 22%. El Estado tiene todas las herramientas para abordar este tema, pero aun así no lo hace. Hay sectores que prefieren pasarse años debatiendo sobre la distribución gratuita de la píldora del día siguiente, u agrupaciones como «con mis hijos no te metas» que se oponen a la ESI en los colegios, sin ponerse a pensar en el daño que su inacción les hace a miles de niñas y adolescentes en el Perú. No cabe en estos tiempos ser conservadores, la realidad es que el inicio de las relaciones sexuales se da en promedio entre los 16 y 19 años en Lima, y a los 12 años en la Sierra y Selva, y gritar «con mis hijos no te metas» se simplemente ser ajenos a esa realidad y darle la espalda a un trabajo de prevención que urge en el Perú.

Tags:

Defensoría del Pueblo, embarazo adolescente, Tribunal Constitucional, UNFPA

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