La derecha peruana, antiglobalista en materia de derechos civiles, cree ser la última trinchera frente al avance del globalismo progresista que atenta contra los principios básicos de la tradición y la familia. Muchos de ellos se oponen por esa razón al reconocimiento de lo que creen serán factores de disolución del orden establecido y de los valores cristianos que inspiraron la fundación de nuestra sociedad.
Además de conservadores son ignorantes. No se dan cuenta que las libertades son la esencia del Occidente que dicen defender y que su avance es incontenible y que, más temprano que tarde, el Perú no escapará al triunfo de los derechos individuales, y la defensa de la libertad y de la vida como principios rectores, de toda sociedad liberal, que supuestamente un sector de esta derecha reaccionaria también anhela.
Mi homenaje a quienes como Susel Paredes hacen de esta una causa política pública, porque ya es hora de romper el silencio temeroso respecto de una motivación hermosa, como es la del amor y la libertad.
–La del estribo: imperdible Todos vuelven, el musical que la productora Preludio ha puesto en escena en el Teatro Municipal y que va hasta el 3 de julio. Es un repaso maravilloso y emotivo de toda nuestra historia. En la dirección Carlos Galiano, dramaturgia, el propio Galiano y el gran Mateo Chiarella, y en la producción y dirección vocal, la extraordinaria Denisse Dibós.
5.- ¿Dará entrevistas Castillo? Nunca más, salvo que sea a los pasquines gobiernistas que han proliferado en los kioskos del país. Su nula elocuencia e incapacidad de respuesta a situaciones comprometedores, como ya se demostró en la entrevista a Fernando del Rincón, de CNN, lo deben haber curado de espanto de esa posibilidad. Tendremos un presidente alejado de la prensa lo que resta de su mandato.
Silva no registra propiedades en Registros Públicos. En su ficha Reniec se consigna como vivienda una dirección en la avenida Primavera, en Zapallal, Puente Piedra.
Silva también declaró, en el 2015, ser dueño de un terreno en Ancón, a la altura del kilómetro 50 de la Panamericana Norte. Según un parte policial, Silva fue identificado como integrante de la asociación de vivienda Los Huertos de la Planicie de Ancón. Él y otra persona habían colocado módulos de vivienda en un terreno descampado para prevenir que “otras personas traten de invadir esos terrenos”. Los policías les pidieron que abandonen el lugar. No se sabe si lo han buscado ahí.
2015. Parte policial consigna que Juan Silva invadió un terreno en Ancón asegurando ser poseedor de un terreno, junto con otras personas. En un audio Bruno Pacheco llamó al exministro como “comerciantes de tierras”.
Además, en su calidad de poderoso ministro de Transportes del gobierno, Silva alquiló dos departamentos como centros de operaciones. Uno en la cuadra uno del jirón Pablo Bermúdez, en el límite de Jesús María y Cercado de Lima. Y otro en la calle León Velarde, en Lince. El piso 11 del primer inmueble fue escenario del famoso encuentro con Villaverde el 4 de noviembre, según la transcripción de un audio. En el diálogo Villaverde dice darle a Silva “cien grandes”. Según el empresario, se trataba de un “pequeño presente” de la constructora española Tableros y Puentes, que ganó dentro de un consorcio la licitación para construir el puente Tarata.
LA PNP BAJO SOSPECHA
La fuga de Silva renueva las dudas sobre la Policía Nacional, que ya antes ha dejado escapar con facilidad a Bruno Pacheco, exsecretario general del despacho presidencial y a Fray Vásquez Castillo, sobrino del presidente, pese a tener ambos videovigilancia.
En un comunicado, la PNP dijo que el Ministerio Público pidió apoyo para seguir a Silva a la Dirección de Inteligencia de la Policía, a cargo del general Luis Legua Egocheaga. A su vez, esta unidad debería tener el apoyo de la Dirección Contra la Corrupción de la PNP, con el general Fredy López Mendoza al mando. Legua llegó en febrero del 2022.
En anteriores gobiernos la vigilancia a personajes con alto perfil político recaía en la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac). Sin embargo, esta unidad fue debilitada por el gobierno de Pedro Castillo. El poder lo tiene ahora la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin).
La inteligencia policial ha sido manoseada por este gobierno ante el constante cambio de cabezas en la Digimin. Y la Dirección Contra la Corrupción no tiene la experiencia en el seguimiento a ‘peces gordos’. “Esa unidad no es especializada en videovigilancia. Los integrantes de la dirección no tienen la experiencia en esas lides”, dice una fuente policial.
Resulta llamativo ahora que el jefe de la Dirección Contra la Corrupción de la Policía, el general Fredy López, dijera en marzo pasado que se crearía un “equipo especial” para capturar a los prófugos del caso puente Tarata, entre ellos Pacheco y Fray Vásquez.
“Actualmente la Policía ha conformado un equipo especial para poder dar cumplimiento al mandato judicial de requisitoria y que se está abocando a nivel nacional a la ubicación y posterior captura de las personas que aún no están ubicadas”, dijo López en aquella oportunidad.
La captura de Silva sería un golpe a la línea de flotación del gobierno, pues se trata de una persona que gozó de mucha protección por parte del presidente cuando se desempeñó como titular del MTC.
El presidente Pedro Castillo y la primera dama Lilia Paredes descienden del avión en Los Ángeles, Estados Unidos, para participar en la Cumbre de las Américas. La crisis interna se agudiza en el país con la fuga del exministro de Transportes, Juan Silva. Fuente: Presidencia.
De acuerdo con la declaración de un colaborador eficaz, entre agosto y septiembre del 2021, Silva llamó a Villaverde “para solicitarle la suma de S/30,000” y decirle que “ese dinero era para el presidente de la República, Pedro Castillo Terrones”.
Ahora, el Ministerio del Interior ofrece cincuenta mil soles de recompensa para quien ayude a dar con el paradero de Juan Silva. Su captura podría estar cerca, o tal vez no. Depende de la Policía.
Dicha visita hubiese permitido a los funcionarios advertir durante la sesión del CONASEC algunos de los problemas que el Modulo Integral de Justicia de La Victoria ya evidenciaba en el 2019, solo meses después de su inauguración. Problemas como oficinas de la dependencia del Departamento de Investigación Criminal (DEPINCRI) sin acceso a una línea telefónica fija, instalaciones de los defensores públicos del Ministerio de Justicia sin acceso a internet y el efecto “cuello de botella” que generaba el contar con un solo juzgado penal permanente para la revisión de expedientes y programación de audiencias. Situaciones que terminaban por convertir al Modulo Integral de Justicia en simplemente un Frankenstein de la burocracia peruana.
Esperemos que las UDF no se traten de otro piloto en autopiloto, de otra (mala) tradición peruana.
Lo que señala la Contraloría en su otro reporte no es menor. El Informe de Orientación de Oficio N° 014-2022-OCI/5741-SOO remarca que Agro Rural no venía cumpliendo los plazos de su cronograma para la adquisición de la urea.
De acuerdo al decreto de urgencia que exigía esta contratación, Agro Rural tiene hasta el 15 de agosto para cerrar la compra. Para cumplir con los plazos, la entidad elaboró un cronograma de cuatro partes: los actos preparatorios, que empezaban el 16 de mayo con el requerimiento del producto; la fase de selección de postores, desde el 9 de junio; la fase de ejecución contractual, contada desde el 17 de junio con la presentación de documentación para suscribir el contrato; y la fase de recepción del bien, a la que corresponden 45 días contados desde el 11 de junio con un traslado vía marítima y su posterior distribución a campo. Nada de eso se va a cumplir.
La Contraloría apunta que el requerimiento del producto se hizo recién el 31 de mayo, lo que alteró todo el cronograma previsto. “Lo expuesto permite inferir que la Entidad estaría expuesta al riesgo de no cumplir con la adquisición de las 73,529 Tm de fertilizante nitrogenado urea hasta el 15 de agosto del presente año y garantizar con ello su entrega a las organizaciones de productores agrarios y productores agrarios individuales a nivel nacional durante el inicio de la campaña agrícola 2022-2023”, concluye el informe.
Incluso, el documento lanza las fechas en que estarían siendo repartidos los fertilizantes. “Las 73,529 toneladas de fertilizantes urea estarían siendo entregadas a la entidad, probablemente el 4 de setiembre de 2022 y siendo distribuidas a los almacenes periféricos de Agro Rural, aproximadamente hasta el 14 de setiembre. Finalmente, se estaría distribuyendo a campo hasta el 21 del mismo mes”. Es decir, más de un mes tarde y con la campaña agrícola ya iniciada.
La Contraloría hizo un cuadro comparativo entre los plazos originales y los reales que el mismo Agro Rural había contemplado al inicio del proceso.
Esta estrategia no ha sido exclusiva de las empresas de la familia Aguilar Quispe. 2H Ingeniería y Construcción es otra compañía que encontró en estos bonos una manera sencilla para aumentar su capital social de manera casi se diría que milagrosa.
En el 2013, esta compañía se fundó con un capital social de apenas S/75,000, que luego se incrementó hasta llegar a S/3 millones. Cuatro años después, sus socios modificaron el artículo de su estatuto donde se aprobaba el uso de los bonos de reconstrucción para incrementar su capital social. Así, en octubre de 2020, esta constructora se ‘inyectó’ S/105 millones “por aporte de bien no dinerario (aporte de bono de reconstrucción serie única, sub-serie 12)”, como se lee en las actas registrales.
A diferencia de las dos primeras, esta empresa sí tenía experiencia en licitaciones con el Estado. Desde el 2015, contrató con el gobierno por poco más de S/311 millones. Pero luego de inyectarse su nuevo capital fantasma, en el 2021 se llevó el contrato más grande de su historia, con Sedapal: S/1,169 millones junto a la compañía China Machinery Engineering y SIGMA SA Contratistas, para llevar adelante una obra de mejoramiento de los sistemas de agua potable.
Nos comunicamos con la empresa y se comprometieron a darnos información, pero hasta el cierre de este reportaje no lo hicieron
CMO Group SAC –antes, Constructora Mediterráneo– también inició sus operaciones con un modesto capital de S/1,000, en el 2009. Tres años después, le agregaron S/3 millones mediante “bonos”, aunque en los documentos registrales no se explica de qué tipo. En enero de 2013, a su capital le aumentaron la considerable suma de S/15 millones, a través de “aportes de bonos de reconstrucción emitidos mediante Ley N° 23592”.
Según la compañía, “esos bonos están respaldados con terrenos de 300 hectáreas en Huaral, que cuestan entre S/90 millones a S/100 millones, los cuales están tasados y declarados ante la RNP del OSCE”. Le pedimos a la empresa documentos que respalden esta versión, pero no volvieron a responder.
Los bonos de reconstrucción pueden encontrarse en Mercado Libre hasta por S/40. Para el MEF y la Sunat, no tienen ningún valor, pero algunas empresas usan estos bonos para constituir empresas o aumentar su capital social.
Antes de aquel incremento de capital, la empresa había contratado dos veces con el Estado, por S/280 millones. Luego, sin embargo, la compañía obtuvo una lluvia de 18 millonarios contratos, en su mayoría con gobiernos regionales, como los de Junín y Cajamarca. Desde el 2019, se consorció con la empresa china Sinohydro Corporation Limited, con la cual obtuvo la buena pro de varias obras para el mejoramiento de establecimientos de salud en dichas regiones. Todas sus contrataciones desde el incremento de capital suman un total de S/19,690 millones.
¿Por qué estos bonos fantasmas son aceptados para ser inscritos en los Registros Públicos? La posición del tribunal registral, emitida en dos resoluciones del 2014 y 2020, es que no le corresponde calificar la prescripción de los títulos valores. Sin embargo, el 24 de marzo de este año, el MEF volvió a ratificar su posición de que estos bonos no tienen valor por estar prescritos.
“Esto también es competencia desleal, porque hay empresas que tratan de subir su capital obra por obra. Mientras su crecimiento les toma entre seis y ocho años, las empresas que crecen con ‘capital bamba’ lo hacen en meses”, dice el abogado Castillo Luna. Mientras estas empresas tasan sus bonos en millones de soles, en Mercado Libre, estos se pueden encontrar desde S/40 y con envío gratis incluido. El Perú es, sin duda, el país de las oportunidades.
Y a pesar de ello, mantienen incólume su apoyo al gobierno. ¿Es que acaso en los niveles intermedios del Estado sí les están dando trabajo a los militantes de esta agrupación? ¿Es que acaso están a la espera de que Castillo se libere de Cerrón y les vuelva a proporcionar algún cargo público de importancia? ¿Van a seguir el camino de Anahí Durand, quien prefirió el sueldo antes que la dignidad?
De hecho, este sector político, va a quedar achicharrado luego del mandato de Castillo. Verónika Mendoza y sus huestes no volverán a tener protagonismo electoral por un buen tiempo, si insisten en este blindaje al régimen, pero podrían salvar la cara y mejorar sus perspectivas, si, inteligentemente y con madurez política, toman plena consciencia de que el de Castillo no es un gobierno de izquierda en los hechos, sino una cleptocracia incompetente que ha llegado a medrar del Estado sin importar la coloratura ideológica del funcionario nombrado.
Si hacen ello, y, en esa medida, deciden en algún momento quitarle su apoyo y sumarse, por ejemplo, a quienes, desde el Congreso buscan la vacancia presidencial o, los más sensatos, la reforma constitucional que permita el recorte de su mandato, podrán salvar, en alguna medida, su vigencia política.
Y así llegamos al famoso 4 de noviembre del 2021. En la mañana de aquel día, Silva asistió al Congreso, junto con los otros integrantes del gabinete. A eso de las dos de la tarde fue a la sede del Ministerio de Transportes para reunirse por media hora con el chotano Carlos Cabrera Sánchez, exmilitante de Alianza Para el Progreso, de acuerdo al registro de visitas del propio MTC.
Luego volvió al Congreso para estar presente en la votación que le dio la confianza al Consejo de Ministros, liderado por Mirtha Vásquez. Luego de salir airoso en el Parlamento, Silva se dirigió a su casa. Hasta allí llegó Zamir Villaverde para conversar con “Juancito” o “don Juan”, según la transcripción del archivo mp4, decodificado como “JS–4 de noviembre 2021”.
“Cuando usted quiera carros, me avisa”, le dice a Silva el hombre que prestó autos a los sobrinos del presidente.
De la conversación, se desprende que Villaverde tiene acceso a documentos de Silva y que manipulaba su celular. La transcripción contiene un pasaje en el que interviene la hija de Silva para pedir una contraseña de iCloud, un servicio de almacenamiento de datos en la nube, que al parece Villaverde instaló en el teléfono del por entonces ministro.
El exprotegido de Castillo fue parco en sus respuestas, pero le dio un consejo a su interlocutor: “Ten cuidado. Así no voy a ver tu nombre por todas partes”. A la luz de lo que ha ocurrido desde entonces, Villaverde hizo caso omiso a la recomendación.
El abogado del extitular del MTC, Alfredo Yalán, niega que su patrocinado se haya reunido con Villaverde. “Él [Silva] me dice que quiere una pericia fonética para aclararle al país que esas cosas son infundadas”, dice Yalán. Y agrega: “quieren hacer un golpe de Estado disfrazado de legalidad”.
El caso del puente Tarata arrincona cada vez más a Silva. El Poder Judicial dictó 36 meses de impedimento de salida para él ante un pedido del fiscal de la Nación, Pablo Sánchez.
“Amigos hay muchos, pero amigos verdaderos muy pocos”, escribió Silva en su cuenta de Facebook hace cinco años. Hoy, acorralado por las investigaciones y sin nadie que lo defienda, la frase debe estar resonando en su cabeza, por lo premonitoria.
Es innegable que el desprestigio de las izquierdas (la de Cerrón y la de Mendoza), luego de este gobierno, va a ser gigantesca y merecida, y en principio, debería sacarla del protagonismo electoral, pero no hay que olvidar que subterráneamente corren fuerzas antisistema que se superponen a las categorías ideológicas señaladas y en situaciones de crisis, las desbordan (pasó en la última elección y ocurrió, sobre todo, en la de 1990).
Si a ello le sumamos la dispersión absurda e insensata del centro y la derecha -los supuestos receptores del desprestigio de las izquierdas-, se entenderá el temor de que, a pesar del desastre que estamos viviendo, en la próxima contienda electoral vuelva a aparecer un disruptivo radical que, contra la confianza ilusa que muchos albergan, termine por sorprender y al final llevarse el triunfo inesperadamente. Sería una tragedia a la que la centroderecha, la clase política y empresarial, está contribuyendo con creces.