Pablo Sanchez-ministerio

La Fiscalía de la Nación como botín

El pedido para sacar del archivo una investigación contra Pablo Sánchez y el ataque mediático contra una de las candidatas a integrar la Junta de Fiscales Superiores son el reflejo de una pugna cuyo único objetivo es hacerse del más alto cargo del Ministerio Público.

El viernes 20 de mayo la Fiscalía de la Nación era un verdadero caos y todos se miraban con asombro luego de que el fiscal anticorrupción Reynaldo Abia notificó una disposición fiscal en la que, además de ampliar cargos por el caso de la contratación de la empresa Chirinos & Salinas Asociados S.A.C contra los hombres de confianza del Fiscal de la Nación, Pablo Sánchez Velarde (Javier Palomino, Janet Talavera, entre otros), también pedía a la Fiscalía de la Nación que reexamine el archivo de mayo del 2021 que había realizado Zoraida Ávalos Rivera de la denuncia contra Sánchez Velarde por el delito de colusión por la contratación de una asesoría de imagen y por el que se pagó, en enero del 2018, la suma de S/17,000.

Pocas veces en la historia judicial del Perú se puede ver que un fiscal de primera instancia no sólo denuncia materialmente a un Fiscal de la Nación en ejercicio (Pablo Sánchez), sino que pide expresamente que se revise una decisión de archivo que su predecesora en el más alto cargo de la entidad (Zoraida Ávalos) ha realizado de una denuncia presentada contra este.

Un hecho de esta envergadura no es casual ni se basa en la necesidad de defender la legalidad de un caso y, menos, en la obligación de investigar la comisión de un delito, sino que refleja una pugna y lucha interna por condicionar la correlación de fuerzas en el Ministerio Público en la elección del nuevo Fiscal de la Nación, luego de que el 31 de mayo la Junta Nacional de Justicia elija a los dos nuevos Fiscales Supremos que integrarán la Junta de Fiscales Supremos del que saldrá elegido, antes del 10 de junio, el nuevo Fiscal de la Nación.

En el concurso de méritos y evaluación personal de la elección de los Fiscales Supremos que está llevando a cabo la Junta Nacional de Justicia los postulantes con mayor chance, según el cuadro de méritos, son Patricia Benavides Vargas, Juan Carlos Villena Campana, Delia Espinoza Valenzuela y Gianina Rosa Tapia Vivas.

El pedido del fiscal Abia para que se reexamine el archivo del caso contra el Fiscal de la Nación Pablo Sánchez y se le abra nuevamente investigación buscaría -señalan nuestras fuentes- lanzar la candidatura de la ex Fiscal de la Nación Zoraida Ávalos quien nuevamente pretendería conducir por otros tres años al Ministerio Público, pese a que en marzo pasado declinó estratégicamente de postular a la reelección por un período de dos años, forzando para ello el voto de Pablo Sánchez, ya que se espera que el caso de Sánchez pase nuevamente a manos de Ávalos Rivera.

Este hecho grave, aparentemente aislado y que se concentraría en lograr el voto de Pablo Sánchez, esconde en realidad una campaña silenciosa, cuidadosamente planificada y de golpes certeros que también va dirigida contra una de las candidatas a Fiscal Suprema Patricia Benavides Vargas –y que puede integrar la Junta de Fiscales Supremos que eligen al nuevo Fiscal de la Nación al encontrarse en primer lugar del cuadro de méritos– a quien se le pretende sacar algunos trapos sucios para impedir que llegue a ser designada como Fiscal Suprema por la Junta Nacional de Justicia. 

El boicot y la estrategia para bloquear el nombramiento de la Fiscal Benavides se prueba con la entrega a varios periodistas y medios de comunicación de un audio que tuvo la Juez Superior de la Corte del Callao, Ruth Benavides Vargas, hermana de la candidata a Fiscal Suprema, con el inefable ex Presidente de la Corte Superior de Justicia del Callao, Walter Ríos Montalvo, el año 2018 en el que hablan de temas administrativos de la Corte Chalaca. Pese a la irrelevancia de la comunicación, la idea es relacionar a una hermana de una postulante a Fiscal Supremo, con el juez más corrupto de la historia del país, para comprometerla y señalarla como posible “hermanita”.

Al audio del año 2018, se agrega la circulación de un dossier de la juez superior Enma Benavides Vargas, hermana también de la candidata a Fiscal Supremo Patricia Benavides, quien se encuentra procesada por el delito de corrupción de funcionarios al haber supuestamente pedido dinero, mediante algunos malos abogados, a algunos internos procesados por narcotráfico del penal Piedras Gordas. Dicha investigación fue iniciada por los Fiscales Supremos –personas de absoluta confianza de Zoraida Ávalos– Eliseo Fernández Alarcón y Fanny Quispe Farfán, quienes tienen, además, en su poder la copia espejo de todos los audios de la vergüenza. Se quiere presentar, de modo gráfico, que Patricia Benavides forma parte de un clan judicial que se encuentra vinculado a casos de corrupción lo que invalidaría su nombramiento como Fiscal Supremo, situación absolutamente ilegal, por decir lo menos, debido a que la responsabilidad jurídica es siempre personal y no se trasmite por lazos sanguíneos o por vínculos familiares.

En el Ministerio Público, según la consulta a algunos fiscales, hay dos explicaciones claras sobre el tema que al final no se oponen entre sí, sino que se complementan.

La primera: tanto el caso del Fiscal Pablo Sánchez y de Patricia Benavides debe verse como un cuidadoso y preparado complot y ataque de algunos fiscales anticorrupción y algunos fiscales del caso Cuellos Blancos que para entrar a tallar tanto en la elección de los nuevos fiscales supremos y luego en la elección del nuevo Fiscal de la Nación enfilan sus baterías contra sus propios colegas que no son de su simpatía ni de su grupo de poder.  Para ello no les importa utilizar información reservada (los audios) ni tampoco tienen el más mínimo empacho para gatillar las propias investigaciones y hacer un ajuste de cuentas, pretendiendo dirigir el destino de la institución a la que pertenecen y a la que tratan como si fuera su chacra y una marioneta a la que mueven a voluntad con tal de lograr sus objetivos.

La segunda: desde el Poder Ejecutivo, a través de operadores jurídicos y personas del propio Ministerio Público, se busca influir de manera directa en la elección de los nuevos Fiscales Supremos en la Junta Nacional de Justicia y, con ello, en la elección del nuevo Fiscal de la Nación debido a que por acciones de inteligencia se ha tomado conocimiento de que el actual Fiscal de la Nación ha decidido, hacer más de 20 días, abrir investigación preliminar al Presidente Pedro Castillo Terrones, decisión que pondría al borde del abismo al gobierno y el destino del Presidente de la República estaría cantado, de tal manera que es mejor negociar con una vieja conocida del gobierno: Zoraida Ávalos que ofrecería mayores garantías que siquiera intentar un acercamiento con los Fiscales Supremos que pueden poner en jaque al gobierno y afectar a los intereses que se mueven a su alrededor, en especial, en el rubro petrolero.

 

 

 

Tags:

Fiscal de la Nación, Gobierno

Mas artículos del autor:

"El Atila de Chota"
"El trío tempestad de la derecha"
"El pacto turbio Castillo-Cerrón"
x