Perú Libre

El Gobierno Regional de Junín es una caja de pandora. Según un reciente informe de Contraloría al que Sudaca tuvo acceso, las últimas dos gestiones ocasionaron un perjuicio económico de S/920.664 en una obra de salud. 

En este festival de presuntas irregularidades están involucrados siete funcionarios de confianza del fundador de Perú Libre, cuando todavía ocupaba el cargo de gobernador en el 2019. También se responsabiliza a una firma de arquitectos que ha sido sancionada tres veces y que actualmente se encuentra impedida de contratar con el Estado. 

Las irregularidades fueron detectadas por la Gerencia Regional de Control de Junín, un despacho descentralizado de Contraloría, y tienen que ver con el retraso en la construcción del nuevo Hospital de Pangoa, cuyos servicios beneficiarían a cerca de 500.000 personas.

EXPEDIENTE DE DUDAS

En marzo de 2019, cuando Vladimir Cerrón llevaba pocos meses como gobernador regional, el consorcio Pangoa II comunicó que no podía cumplir el cronograma de la construcción del nuevo Hospital de Pangoa. El consorcio, que había ganado la buena pro para a finales de 2018, se quejaba de que el terreno no cumplía con los requisitos necesarios, y que la manera en que estaba planteado el proyecto generaría un alto riesgo para los pacientes debido a la proximidad entre el consultorio de TBC y los ambientes de Microbiología y Lavandería. 

¿Qué había ocurrido? Según la Contraloría, la responsable de hacer el expediente técnico -el documento que establece los criterios para la ejecución de la obra– lo había hecho mal. Se trata de la firma Dextre+Morimoto Arquitectos SAC, contratada el 2016 por la gestión que antecedió a Perú Libre.

En el expediente técnico presentado por esta empresa se consideró la ubicación del nuevo Hospital de Pangoa en un terreno que no era del todo plano y que se encontraba a 85 metros de la ribera del río Chavini. La Norma Técnica de Salud, sin embargo, establece que debe haber una distancia no menor de 300 metros del borde de ríos, lagos o lagunas, y que el terreno debe ser “predominantemente plano”.

Eduardo Dextre Morimoto, arquitecto de la firma, le echa la culpa al Minsa. “En proyectos de inversión del Estado, el que hace el expediente técnico depende de un estudio previo llamado ‘preinversión’ hecho por el propio Ministerio de Salud”, dice. Según su versión, este estudio ya incluye información como la del terreno de la obra, que -asegura- no pueden cambiar.

Lo cierto es que, mediante un acta del 15 de marzo del 2019, funcionarios del Gobierno Regional y el consorcio acordaron suspender la obra hasta resolver las inconsistencias. Pero Dextre+Morimoto Arquitectos no se dio por aludida en ningún momento. En paralelo a la suspensión, ese 2019 envió una carta notarial al Gobierno Regional solicitando que se le cancele S/462.291,20 correspondientes a informes por los que no se les había pagado aún.

Aunque la gestión que precedió a Cerrón ya le había transferido una cantidad considerable por sus informes técnicos, todavía le faltaba cobrar por otros dos que fueron parte del expediente. De acuerdo a la Gerencia Regional de Control de Junín, dichos informes no contaban con la aprobación correspondiente del Ministerio de Salud ni mucho menos fueron útiles. Aún así, se les pagó.

La Contraloría ha puesto en la mira a los funcionarios de confianza de Cerrón por este desembolso.

CERRONISTAS EN LA COLADA

Varios funcionarios de la gestión Cerrón están involucrados. Mediante un memorando, Luis Alberto Salvatierra Rodriguez, director regional de Administración y Finanzas del gobierno regional, comunicó el procedimiento a seguir para reconocer la deuda.

Quien argumentó a favor de Dextre+Morimoto fue la arquitecta Liana Vilcapoma Chicmana, que envió un documento a Marcial Castro Cayllahua, subgerente de Estudios, en el que sustentó que se debía pagar por los informes porque “en su momento fueron aprobados”. La Contraloría señala que Vilcapoma hizo esto “pese a tener conocimiento de todas las incompatibilidades halladas en el expediente técnico” y que eran materia de queja del consorcio que construía el hospital.

Posteriormente, Castro Cayllahua solicitó “a quien corresponda” iniciar el trámite para pagar la deuda. Pero entre las condiciones de pago se señalaba que uno de los informes debía contar con la opinión técnica favorable del Ministerio de Salud. Según la Contraloría, este documento no existió. 

Pese a ello, Castro Cayllahua remitió un oficio a su colega Jakelyn Flores Peña, gerente regional de Infraestructura, en donde le solicitaba ordenar el pago a favor de  Dextre+Morimoto Arquitectos SAC. Tanto Castro como Flores son caseritos en los informes de la Contraloría. Como reportó Sudaca hace un mes, los dos fueron señalados como responsables del perjuicio económico de más de S/1.000.000 por trabajos que nunca se realizaron en una carretera de Junín.

Finalmente, el director de Administración y Finanzas, el ya mencionado Salvatierra Rodríguez, aprobó pagar la deuda. Salvatierra sigue trabajando en el Gobierno Regional de Junín con el mismo cargo y es militante de Perú Libre desde septiembre del año pasado.

Su decisión fue avalada por otros dos militantes del lápiz. El pago contó con el visto bueno de Ofelia Ríos Pacheco, subdirectora de la Oficina de Administración Financiera. Ella fue nombrada tesorera titular de Perú Libre el 2019. Junto a Cerrón, recientemente fue acusada por presuntamente haber usado para otros fines S/2.880.088 del presupuesto destinado al proyecto de Reforestación de la Margen Derecha del Valle del Mantaro, en Junín. Esto habría ocurrido durante la primera gestión de Vladimir Cerrón, de acuerdo al diario La República.

Otro de los responsables, según la Contraloría, fue Daniel Huamán Huamán, coordinador de Tesorería, quien dio conformidad al pago. Desde septiembre del año pasado, Huamán es militante del partido que ganó la presidencia.

Con todos los funcionarios alineados, el pago de la deuda a Dextre+Morimoto Arquitectos SAC se realizó el 27 de junio de 2019, durante la gestión de Cerrón.

MAL INICIO

Lo cierto es que todo había empezado mal. La gestión que antecedió a Cerrón en Junín, liderada por Ángel Unchupaico (2015-2018), fue la que contrató a la mencionada firma de arquitectos en diciembre de 2016. Lo hizo para que elabore los expedientes de dos proyectos de infraestructura hospitalaria: el mencionado Hospital de Pangoa y el Hospital Manuel Higa Arakaki.

Lo curioso es que no solo los cronogramas de entrega de ambos proyectos eran iguales, sino que los dos tenían al mismo arquitecto: Eduardo Dextre Morimoto. Esto no debió darse, dice la Contraloría, porque “el personal clave propuesto debía ser de dedicación exclusiva” de cada obra. Así lo establecían las bases de selección. Según el informe de la Gerencia Regional de Control de Junín, esto “tuvo incidencia directa en la calidad de los estudios elaborados” en el caso del Hospital de Pangoa.

Dextre+Morimoto Arquitectos SAC ya ha sido cuestionada antes. En el 2015, tuvo que pagar una penalidad de S/10.014 al Ministerio de Economía y Finanzas por el “incumplimiento injustificado de obligaciones contractuales”. Además, ha sido sancionada tres veces por el Tribunal de Contrataciones del Estado por presentar información inexacta y documentos falsos. Por este último motivo, desde el 2018 se encuentra impedida de contratar nuevamente con alguna entidad pública hasta junio del próximo año. 

La Contraloría también cuestiona el trabajo del consorcio que evaluó los informes emitidos por Dextre+Morimoto Arquitectos SAC para los dos hospitales. Se trata del Consorcio San Martín de Pangoa. Nuevamente, esto no podía ocurrir porque los contratos de ambas obras requerían que los especialistas se dediquen exclusivamente a cada uno de los hospitales. Por el trabajo de evaluar el expediente, se le pagó S/60.000.

Sudaca se comunicó con el consorcio, pero hasta el cierre de esta edición no respondieron.

La Contraloría también detectó que la gestión de Unchupaico no debió pagar S/322.172,8 a Dextre+Morimoto Arquitectos SAC por la elaboración de algunos informes. Luego vino la gestión de Cerrón y completó la cuenta con los S/462.291,2 ya mencionados, pese a las irregularidades señaladas en la primera parte de este informe. En total, solo este expediente causó un perjuicio económico de S/784.464. Pero los gastos pueden aumentar.

El arquitecto Eduardo Dextre dice que el Gobierno Regional de Junín todavía le debe cerca de S/120.000 de un fondo de garantía y que ya solicitó el pago mediante cartas notariales. 

MÁS EXPEDIENTES CUESTIONADOS

Los mismos trabajadores de la gestión cerronista, además de Wider Herrera Lavado -gerente general regional hasta enero de 2020-, también autorizaron la elaboración de un segundo expediente técnico, que no solo contempló la reubicación del terreno, sino “la innecesaria modificación del programa Médico Funcional”, un documento que contiene toda la estructura administrativa y asistencial para el funcionamiento del centro de salud.

Esto le ocasionó al Gobierno Regional un perjuicio económico de S/76.200, según la Contraloría, monto que se pagó por la contratación de especialistas que evaluaron aquel expediente. Según el órgano de control, este “fue aprobado sin considerar las normativas aplicables […] y no resultó útil para la ejecución del proyecto”. El 24 de diciembre de 2019 se declaró la nulidad de este segundo expediente porque no contaba con sustento técnico. 

Sudaca se puso en contacto con todos los aludidos. Consultada por su presunta responsabilidad por el perjuicio económico, Jakelyn Flores, exgerente regional de Infraestructura, respondió que no tiene conocimiento del tema. Por su parte, Wider Herrera, gerente general regional durante el 2019, afirmó que su “participación siempre estuvo acorde a las normas y conforme a mis funciones en su momento”. 

Ofelia Ríos, actual subdirectora de administración financiera, se limitó a leer los mensajes. Quien sí contestó fue Marcial Castro, quien aseguró que “se hizo lo correcto, ahora la Contraloría se encargará de determinar responsabilidades”. Finalmente, el aún director regional de Administración y Finanzas, Luis Salvatierra dijo que “la Contraloría presume en ese informe” y que por eso no puede ser considerado responsable. 

A pesar de ser enemigos acérrimos, las gestiones en el gobierno regional de Junín de Ángel Unchupaico (2015-2018) y Vladimir Cerrón (2019) parecen estar unidas por sus clamorosas irregularidades. Una de ellas es la historia del Hospital de Pangoa que aquí relatamos.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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