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El Perú perdió atractivo minero por tercer año consecutivo. En el ranking anual de Fraser Institute 2021, el índice de atracción de inversiones mineras que mide factores geológicos y políticos, muestra que el país cayó a 61.64 de puntaje, luego de haberse situado en 70.41 en 2020. Se trata de la puntuación más baja desde por lo menos el 2017, según datos del estudio, señala Semana Económica

Este año, la encuesta del think tank canadiense evaluó a 84 jurisdicciones. En relación a puesto, el Perú se ubicó en el 42. Esta es la ubicación menos atractiva del país en las últimas cinco evaluaciones. En 2018, con una cantidad semejante de jurisdicciones evaluadas, Perú llegó a ocupar el puesto 14, agrega la publicación.

“Perú experimentó una disminución en su puntaje PPI de casi 29 puntos, la disminución individual más grande en el puntaje PPI(Policy Perception Index) en América Latina y la Cuenca del Caribe. Los encuestados plantearon problemas importantes en torno a las regulaciones ambientales, la duplicación e inconsistencias regulatorias y la seguridad”, señala el reporte de Fraser Institute.

Hoy, por el índice publicado, resalta el tema minero, pero lo mismo sucede con todos los sectores productivos del país (agro, pesca, pymes, servicios de infraestructura, asociaciones público privadas, etc.).

Hay una sobreregulación dictada por ONGs que solo tienen como interés refrenar el desarrollo capitalista del país por ojerizas ideológicas y que influyen en los tomadores de decisiones para que vaya complicándose cada vez más el tema sectorial (el caso forestal es otro donde el ataque del tinglado izquierdista impone sus reales).

Es una batalla que un gobierno progresista liberal debe dar si quiere que el Perú recupere la dinámica de inversión que teníamos hasta el 2011 y que, luego, gracias a la mediocre gestión de Humala, fue perforándose hasta llegar a un Estado interventor y un sector privado cada vez más maniatado.

En el excelente libro La crisis del capitalismo democrático, Martín Wolf, editor jefe de Economía del Financial Times, estima que hay una crisis profunda en el matrimonio de ambos sistemas, la democracia representativa y el capitalismo de mercado.

Esa distancia y crisis creciente abarca no solo a los países desarrollados sino que se escenifica también en países como el Perú. Sugiere, sin embargo, que hay caminos de solución. Y propone una receta aparentemente sencilla, pero compleja que se puede resumir en: 1.- un nivel de vida creciente, ampliamente compartido y sostenible; 2.- buenos empleos para quienes puedan trabajar y estén dispuestos a hacerlo; 3.- Igualdad de oportunidades; 4.- Seguridad para quienes la necesitan; 5.- Fin de los privilegios especiales para unos pocos.

Suena a una agenda sencilla, pero resume una alta complejidad y laboriosidad, sobre todo en países como el Perú. Veamos. 1.- implica una política proinversión privada intensiva y excepcional para salir del marasmo en el que nos encontramos. Supone una coordinación interministerial y un equipo de tecnócratas afiatado. 2.- combatir la terrible informalidad y no se ve en el horizonte otra opción que reducir los sobrecostos que impiden que la nueva masa laboral encuentre un empleo digno, con beneficios sociales. 3.- crucial es la provisión de salud y educación públicas de calidad. Es un esfuerzo político y burocrático descomunal. Casi podríamos decir que podría gastar todas las energías políticas de un gobierno emprender ambos cometidos. 4.- si eso es tarea primordial en naciones del primer mundo, en sociedades como la nuestra ya implica restaurar el contrato social roto por las mafias ilícitas que ya controlan buena parte del statu quo político. 5.- Tarea esencial la de construir un capitalismo competitivo, alejado de las prebendas gubernativas y los privilegios fiscales que con fruición consiguen a través de un Congreso solícito.

En esta tarea pueden y deben coincidir desde la centroizquierda democrática hasta la centroderecha. Supone un esfuerzo político del primer orden y que requiere consensos amplios, impulso político, mayoría congresal, además de voluntad férrea de emprender reformas a fondo.

Hay muchas más por agregar en el Perú (regionalización, reforma del Estado, institucionalidad política y electoral, etc.), pero un buen comienzo y una tarea propia de un mandato democrático es la que nos plantea Wolf.

La mayoría del Congreso no va a vacar a Dina Boluarte aunque el escándalo de su hermano detenido crezca (y también porque percibe que hay un operativo político de la Fiscalía, juego al que no se va a prestar), y la presidenta, por su lado -ya lo dijo su vocero-, no piensa en renunciar.

No es soslayable, sin embargo, la opinión de algunos congresistas que ya han empezado a desmarcarse del régimen y podrían crecer hasta ser una mayoría que, cambiando de opinión, decida acabar con el suplicio que nos gobierna.

El balance de la semana nos arroja un gobierno políticamente más debilitado, con el agravante de las cifras de pobreza, que han puesto en duda su capacidad técnica para manejar la economía, tarea esencial en estos momentos de crisis.

La pregunta de si Dina Boluarte dura hasta el 2026, que ya se daba por sentada, ha sido puesta en entredicho esta semana, al son simplemente de si su abogado se sometía o no a la colaboración eficaz.

Desde siempre esta columna ha señalado que este gobierno debió ser de estricta transición y convocarse a elecciones generales lo más rápido posible. ¿Sigue siendo una opción viable faltando apenas dos años y pico para que acabe su mandato? Lo sigue siendo. Por más apariencia de inestabilidad que generen unas nuevas elecciones, mientras más corto sea el mediocre mandato que nos rige, menos chance de crecer tendrá la izquierda antiestablishment.

Ese es el punto político principal que anima a quien escribe a insistir en la propuesta del recorte del mandato. Ya lo dijimos: cada día que pasa Dina Boluarte en Palacio son cinco mil votos más para Antauro Humala.

Veremos en los siguientes días cómo viene el panorama en el Ministerio Público y cómo en el Congreso -el gran sostén del régimen-, pero lo cierto es que, lejos de amainar, la crisis política ha crecido sobremanera, con todos los costos que eso le trae al país.

La del estribo: un nuevo descubrimiento literario gracias al Club del Libro de Alonso Cueto, ha sido Memorias de África, de Isak Dinesen (en realidad Karen Blixen; tuvo que firmar como hombre para poder triunfar en la primera mitad del siglo pasado). En este libro se basó la película del mismo nombre, dirigida por Sydney Pollack, con las actuaciones de Robert Redford y Meryl Streep, que en 1985 ganara siete Óscar.

Luego de apreciar la sesión de ayer de la subcomisión evaluadora al candidato a Contralor, Pedro Cartolín, es urgente que esta entidad del Parlamento amplíe su convocatoria y busque otros candidatos con sentido de urgencia.

Ni siquiera las preguntas más básicas fueron respondidas con propiedad. El candidato propuesto por el gobierno ha sido juez, no conoce de administración pública y su presencia supondría un agravamiento institucional de un organismo fundamental para prevenir y sancionar la corrupción tan extendida en el sector público, tarea en la que su antecesor no ha destacado precisamente.

La corrupción ya es percibida por la opinión pública como uno de los principales males de la sociedad, en muchas encuestas aparece como el mayor problema. La corrupción nos cuesta al año casi treinta mil millones de soles y la mayor parte acontece en las esferas regionales y locales (56%), por lo que, con mayor razón se requiere de ojo avizor y experimentado para ponerle coto a una de las taras republicanas que socava los cimientos democráticos.

Como bien señaló recientemente Jaime de Althaus en artículo de Lampadia, “la Contraloría debe cambiar radicalmente de paradigma. Debe pasar del control del cumplimiento de normas al control del desempeño. Exigir eficiencia, resultados, decisiones, acción, no lo contrario. Este cambio debería ir de la mano con una nueva ley de contrataciones, que está discutiéndose en el Congreso en este momento, que debería también cambiar de paradigma: pasar de la cultura de la sospecha que lleva a la multiplicación de controles y requisitos, a una cultura colaborativa y racional para resolver los impasses que se presentan”.

Deben entrar los mejores a la administración pública, pero con el sistema actual, también enrevesado gracias a la gestión de Humala, más bien ello se desalienta. No será posible derrotar a la corrupción con el sistema normativo vigente y mucho menos si el encargado de dirigir la entidad no tiene la capacidad básica para hacerlo.

Hay plazo para que el Congreso evalúe otros candidatos. La prisa no lo puede llevar a cometer un estropicio que nos va a salir carísimo en términos reales. La Contraloría es un ente fundamental en la refundación republicana que se exige a partir del 2026.

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contralor peru, La Contraloría General de la República

El ministro de Economía, José Arista, dice que “la hemos sacado barata” con los indicadores del INEI respecto del aumento de la pobreza.

En efecto, luego de una demora sospechosa, el INEI publicó que la pobreza volvió a crecer por segundo año consecutivo, de 27,5% en 2022 a 29% en 2023, con lo que 9,8 millones de peruanos ahora son pobres —un millón más que el año previo—.

Un millón más de pobres y se atreve a decir, orondo y cuasi bromista, el titular del MEF, que la hemos “sacado barata”. Qué terrible desparpajo e indolencia. A un millón más de peruanos no les alcanza ahora para cubrir sus necesidades básicas y al responsable de que ello no suceda no se le mueve un pelo.

No faltan, por supuesto, los agoreros de que esto no es otra cosa que la demostración del periodo terminal del modelo capitalista y de que es necesario ya cambiar radicalmente el mismo. Es la izquierda, fracasada en todas partes del mundo, con su propuesta económica antimercado, la que pretende fungir de médico general de una crisis que tiene más que ver con la mediocridad campante de un gobierno que no sabe qué hacer.

No es el libre mercado el que ha demostrado su fracaso sino su ralentización desde el gobierno de Ollanta Humala, lo que hizo crisis mayor con el ascenso de Pedro Castillo, la pandemia y la medianía del régimen actual, sumado todo ello al cóctel envenenado de la inestabilidad política y la incertidumbre respecto de lo que pueda pasar el 2026.

Lo terrible es que el gobierno no parece ser consciente de que la única solución a este problema pasa por incrementar sustantivamente la inversión privada, y que para ello debe desmontar el Estado regulatorio construido a partir del 2011, y retomar la senda pro empresarial de los regímenes de Toledo y García.

Eventualmente, no vendría mal tampoco que se afinen los programas sociales y se tornen en un efectivo paliativo a la crisis mientras la economía no se calienta con la política proinversión señalada. Pero este gobierno no hace ni lo uno ni lo otro. Y así hay quienes quieren que dure hasta el 2026, en aras de una presunta estabilidad que solo va a dañar más el statu quo social, que mejorarlo.

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Inversión privada, Pedro Castillo, Pobreza en el Perú

Uno de los costos sociales mayores de la reconstrucción política y económica que el Perú tendrá que emprender desde el 2026, será el incremento exponencial de la violencia social.

Hoy no actúa manifiestamente el potencial destructivo de las mafias ilícitas, porque el gobierno en funciones ha encontrado que,pactando vergonzosamente con ellas, logra paz social y estabilidad por parte de los actores políticos casados con las mismas.

Pero cuando advenga un gobierno que rompa con ese pacto infame, la violencia brutal de estas mafias, que se ve en acciones concretas como las que afectan a la empresa La Poderosa en Pataz, se desatará con furia.

Cuando se tome la decisión de enfrentar en serio el narcotráfico, la minería ilegal, la trata de personas, el contrabando, la tala ilegal, no será sin resistencia, que transitará, sin duda, por los cauces legales ya infiltrados (Congreso, autoridades locales, Ministerio Público, Poder Judicial y Policía y Fuerzas Armadas), pero que también hará sentir su capacidad de acción a través de la violencia desembozada y letal, cuya capacidad se vislumbra.

Mucha inteligencia operativa, sagacidad política y decisión férrea serán necesarias para derrotar a estos grandes enemigos de la democracia y del libre mercado, que están corroyendo las entrañas mismas de la República impunemente, con la connivencia de un gobierno cuyo inmenso daño al país recién será medido cuando concluya.

El país deberá estar advertido y preparado para esa explosión de violencia resistente al orden del Estado de Derecho, que debe ser reinstalado si queremos dejar de transitar hacia ser una nación en desarrollo fallida y estructuralmente defectuosa.

La experiencia de otros países que recorrieron un camino similar puede servir de mucho para no repetir los errores y replicar los aciertos. Lo seguiré reiterando en esta columna: el 2026 nos jugamos mucho como país, algo mucho más importante que la coyuntura crítica y mediocre por la que hoy transitamos.

Si las élites vuelven a equivocarse, habrán condenado a varias generaciones de peruanos a la pobreza, el autoritarismo y la violencia social. Aun estamos a tiempo de hacer lo necesario para evitar ese desenlace.

Hay buen manejo monetario, estabilidad enorme en el Banco Central de Reserva, inflación ya a la baja, reservas internacionales cuantiosas, nivel de endeudamiento de los más bajos de la región. Y, sin embargo, la inversión privada sigue sin levantar cabeza.

Son dos las razones fundamentales que explican ello y que no van a cesar hasta el 2026, cuando se sepa quién será el próximo ocupante del solar de Pizarro.

Por un lado, la enorme debilidad política del Ejecutivo y la irreversible vocación populista del Congreso, generan un grado tal de incertidumbre que ningún dueño de capitales va a apostar a un proyecto si no tiene en claro si las condiciones se van a mantener en el tiempo. El statu quo político afecta la economía, rompiendo la ya decrépita hipótesis de que ambas pueden marchar por cuerdas separadas.

De otro lado, la altísima incógnita respecto de quién va a ocupar el sillón presidencial y, sobre todo, si va a ser algún candidato de izquierda radical, torna imposible que algún empresario piense en invertir más allá del año y medio que resta para las elecciones. Imagínese usted amigo lector si invertiría una gran suma de dinero en algún proyecto si no tiene la certeza de si se lo van a expropiar o van a dictar regulaciones absurdas sobre su quehacer. Es psicológicamente imposible.

Estamos condenados a un crecimiento mediocre, a que siga aumentando la pobreza, a que se deterioren más los servicios básicos, y ello, a su vez, alimenta las condiciones propicias para que surja un outsider que prometa patear el tablero y refundar el Perú. Es terrible la situación por la que está pasando el país y si a ello le sumamos el grosero deterioro institucional de los órganos que imparten justicia, se termina de completar el círculo del infierno para cualquier ánimo inversor (alguna ONG o unidad de investigación debería darse el trabajo de investigar cuántos empresarios o inversores tienen algún proceso fiscal o judicial abierto; nos sorprenderemos del número, que en muchos casos es abusivo e irracional).

No queda si no aguantar, hacer la tarea política e ideológica que corresponde, para evitar, con todas las energías posibles, que el país se vaya al abismo populista y autoritario el 2026. Desde individuos hasta organismos de la sociedad civil tienen la responsabilidad de hacerlo.

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Banco Central de Reserva, BCR

Muchos ingenuos le quitan peligrosidad al escenario del 2026, asumiendo que aun si ganara un radical extremista, al final terminaría gobernando, en el peor de los casos, como Pedro Castillo. Se equivocan groseramente y revelan una miopía política extrema.

Si el 2026 gana Antauro Humala, Guido Bellido o Aníbal Torres, lo harán con el voto aluvional del sur andino, que les va a permitir de arranque tener una holgada bancada parlamentaria. Y esta vez perfeccionarán el método de reclutamiento de un imberbe Castillo. Lo más probable es que logren amasar una mayoría congresal.

Con ese telón de fondo, y con la armazón ideológica de cualquiera de los mencionados, queda claro que esta vez sí, a diferencia de Castillo, van a arrasar con la economía de mercado parcialmente vigente hoy en día, que nos vamos a conducir al estatismo de los 70, y que la catástrofe económica va a ser brutal.

La democracia será una pelotudez. Harán tabla rasa de ella. La separación de poderes será vulnerada desde el primer día e instituciones como la prensa libre serán demolidas (ya Antauro anuncia la expropiación de todos los canales de televisión de señal abierta).

La oposición, en esa medida, carecerá de potencia para evitar la pendiente que se produciría si tal escenario se concreta en el país. Sería un apocalipsis para la economía libre y la democracia.

Eso es lo que está en juego. Y la centroderecha actúa con una irresponsabilidad punible al respecto, no dando los pasos necesarios para consolidar una apuesta sólida, plural, coaligada entre varias agrupaciones, etc., que impida que el país se deslice por la misma pendiente que han recorrido países como Venezuela o Nicaragua. Como bien se dice en el libro Memorias de África, de Isak Dinesen, la burguesía suele no reconocer la tragedia, no la tolera y no la vislumbra.

De esa no salimos así nomás. Nos costaría décadas de sufrimiento social, económico y político, lograr revertir esa caída en el autoritarismo populista radical que la izquierda expone, por medio de sus principales voceros, para una contienda que ya está a la vuelta de la esquina.

La del estribo: extraordinario libro La llamada, de la fenomenal cronista Leila Guerriero. Versa sobre la vida de una exmontonera que estuvo detenida en la ESMA, en Argentina, sometida a torturas y que logró sobrevivir. El libro es palpitante de principio a fin.

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elecciones 2026, izquierda peruana

Coalición Ciudadana, Idea Internacional, Transparencia, Capitalismo consciente, son algunas de las ONG que bien podrían abrir un filón de trabajo vinculado a la supervisión y evaluación de los millares de candidatos que vamos a tener para el próximo Congreso (con más de treinta partidos y dos cámaras, el número va a ser aluvional).

Y los empresarios estar llanos a dar fondos para estos fines. Los objetivos son claros y no tienen ninguna connotación política partidarizada, así que no debería haber temor de ser luego atrapados por la moledora de carne abusiva y muchas veces irracional del Ministerio Público y el Poder Judicial, como ya ha ocurrido en casos semejantes y que hasta ahora está con carpetas abiertas manteniendo en zozobra a donantes sanos y éticos que solo cometieron el error de hacer algo que a un fiscal enfebrecido se le ocurrió ocultaba un apoyo encubierto y criminal a la candidatura de Keiko Fujimori.

Va a ser crucial que si queremos aspirar a que el próximo lustro sea el inicio de una refundación republicana que nos saque de la crisis profunda en la que se encuentra el sistema político institucional, cribar a quienes vayan a ocupar una curul. No podemos repetir un Parlamento de mochasueldos, “niños”, vinculados a la minería ilegal y demás actividades ilícitas, llanos a zurrarse en toda cautela de respeto a la institucionalidad democrática, como hoy sucede.

No bastará con un Ejecutivo afiatado, con un buen líder, forjado en base a una sólida alianza electoral y centenares, si no miles de tecnócratas dispuestos a dar su cuota de sacrificio para sacar al país de las ruinas en las que el régimen de Dina Boluarte lo va a dejar, sino que se requiere ver en perspectiva que nada de ello va a funcionar si a la par no se logra una mayoría congresal sana y eficaz, técnica y políticamente dispuesta a hacer de su representación una actividad política democrática e institucional.

Un amigo congresista me comentaba que no había pasado ni un día desde que había juramentado y ya la gente lo insultaba en la calle. Eso debe revertirse rápidamente. El Congreso debe recuperar su prestigio y la actividad política su signo de vocación de servicio, que acarree, por ende, crédito y mérito público.

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