Entrevistas

El candidato del partido por el que postula [Hernando de Soto] tiene un discurso muy marcado sobre la titulación y, por ende, sobre la informalidad. ¿Qué puede hacer usted desde el Congreso por la formalización?

Desde el Legislativo podemos contribuir en hacer nuestra regulación más simple y menos cargada. Tenemos en el Perú un problema de hiperregulación muy grave. Más de medio millón de normas vigentes.

Es una agenda que tenía el expresidente del Congreso Pedro Olaechea, de quien usted fue asesora, ¿correcto?

Así es. Hay muchísimas leyes que han sido derogadas tácitamente por otras, pero siguen vigentes porque una ley tiene que ser derogada expresamente. Por eso, una de mis propuestas es plantear un 2×1 regulatorio: por cada nueva regulación o trámite que se emita, que se haga una revisión de las regulaciones que ya están vigentes, ver cuál ha sido su impacto, si han servido para algo, para nada, y obligarnos a eliminar dos. Tenemos que hacer un esfuerzo por racionalizar la regulación y simplificarla. Eso genera predictibilidad para los peruanos.

¿Me puede dar tres ejemplos de normas que usted eliminaría inmediatamente porque le parecen inútiles?

¿Normas que yo eliminaría inmediatamente? Bueno, creo que muchísimos de los trámites frente al Estado te exigen llevar una copia de tu DNI. ¿Por qué tendrías que llevar una copia de tu DNI si una agencia pública debería tener toda la información ya sistematizada? [Nota de edición: las entidades de la administración pública ya están prohibidas de pedir una copia del DNI desde el 2016. Lo dice expresamente el artículo 5 del DL 1246, firmado por Fernando Zavala]. Luego, cuando ocurrió la tragedia en las Galerías Nicolini, desde el Congreso se sacó una ley que indicaba que las licencias de Defensa Civil ya no iban a ser a plazo indeterminado sino que se tenían que renovar cada dos años. Esa renovación es carísima, cada vez hay nuevos requisitos. Lo que tenemos que hacer ahí es trasladar ese costo al Estado, no al privado. El Estado tiene que cumplir su rol fiscalizador.

Dado que el Estado ineficiente no está en capacidad de darle una fiscalización apropiada y continua a estos locales para que la gente no se incendie viva, ¿no vale la pena que un privado asuma ese costo para evitar tragedias?

El problema es que las Galerías Nicolini ni siquiera eran informales, sino criminales. Ellos no estaban cumpliendo con la ley. Lo que estamos haciendo con regulaciones de ese tipo es castigar a todas las personas que sí cumplen con la ley.

¿Todas las empresas formales cumplen con la ley?

Si uno quiere obtener una licencia de funcionamiento de Defensa Civil, tiene que cumplir con la ley. Las personas que van a sufrir el costo de renovar esta licencia cada dos años son las que cumplen con la ley.

¿No hay privados que incumplen la normativa de Defensa Civil e igual obtienen sus licencias? ¿No hay corrupción en el sector privado?

Por supuesto que sí. Así como hay funcionarios públicos corruptos, también hay empresas y ciudadanos corruptos. Pero no podemos hacer una generalización y que todo el mundo pague el precio de eso. Porque alguien cometió un delito, estamos imponiendo una carga muy costosa encima de todas las personas. No todas incumplen la ley. Y sí, tenemos un Estado muy ineficiente, pero lo que tenemos que hacer es trabajar para hacerlo más eficiente. No resignarnos a que sea ineficiente y que cada vez sea más costoso hacer empresa.

¿Hacer al Estado más eficiente implica hacerlo más chico?

En algunos casos sí. Cuando el Estado es muy grande, tiene muchas dependencias, genera cada vez más regulación y hay más requisitos por cumplir a la hora de tomar una decisión muy simple. Eso lo hemos visto de manera muy clara durante la pandemia. Cosas tan simples como comprar mascarillas han tomado muchísimo tiempo. La vacuna tampoco la hemos comprado a tiempo. Todo eso va en relación al tamaño del Estado y a la cantidad de peajes que el Estado mismo se va creando para poder tomar decisiones.

¿Un Estado que no llega a la gente con servicios completos no es la receta perfecta para la informalidad? 

Exactamente, esa es una de las grandes causas de la informalidad. No solamente se trata de que sea muy costoso ser formal. Muchas veces se cree que ese es el único problema, y no: el problema está, primero, en el costo de la formalidad; pero segundo en que ser formal no nos trae ningún beneficio, porque el Estado no logra darle a los ciudadanos servicios públicos de calidad. En tercer lugar, también hay un tema de desconfianza: la informalidad encuentra también un factor de mucha desconfianza hacia el Estado

¿Y cómo puede dar servicios de calidad a la ciudadanía un Estado más chico, que se sale de los sectores en los que debe proveer esos servicios [por ejemplo, de la salud]? 

Es perfectamente posible tener un Estado más chico, pero mucho más eficiente y que sí logra dar servicios básicos de calidad. Lo importante es que sea eficiente y que dé resultados, más que el tamaño que tenga. Si simplificamos el sistema de compras estatales, por ejemplo, podríamos lograr mucha más eficiencia.

Entiendo que en el eje económico se sitúa a la derecha. ¿Dónde se sitúa en el eje liberal-conservador?

Tengo algunas posturas más liberales, algunas más conservadoras.

¿Está a favor de la legalización del aborto, por lo menos en casos de violación?

Estoy en contra del aborto. Considero que el concebido es una persona. Desde que existe el cuerpo humano, existe una persona. No son categorías separables. En el caso de las violaciones tengo una postura también pro-vida. Al tenerla no quiero decir que las mujeres que han sido violadas no están atravesando por una situación sumamente difícil. No me puedo imaginar lo que debe ser pasar por una situación así, es una tragedia, pero los esfuerzos deberían estar enfocados en atender a estas mujeres desde el Ministerio de la Mujer, darles toda la asistencia psicológica y económica que sea posible. Permitir el aborto en casos de violación implicaría decir que la vida humana solo tiene valor en función a si es deseada o no, y eso para mí es moralmente inadmisible.

¿Si una amiga cercana le dijera que está embarazada, la apoyaría en esa decisión y la acompañaría a abortar?

La verdad es que trataría de convencerla de que no. Yo considero que lo que lleva dentro de su vientre es una persona y no es correcto. Pero si decidiese hacerlo de todas formas, no me pondría en posición de juzgarla ni condenarla. Es una decisión que ella ha tomado y, por más que esté en desacuerdo, no soy nadie para ponerme en una posición de superioridad moral por encima de ella.

¿Y si le dijera que no tiene cómo mantener al futuro hijo?

Sí eso es un problema. Hay muchísimas madres que tienen a sus hijos sin tener los medios para mantenerlos, pero igual logran sacarlos adelante. Desde mi punto de vista, terminar con una vida porque uno piensa que no va a ser buena implica dejar en nuestras manos la decisión de cuál vida vale la pena ser vivida y cuál no. Definitivamente es un dilema bastante complicado, no es que lo quiera pasar por agua tibia. Pero considero que toda vida vale la pena ser vivida.

¿Y qué opina sobre el matrimonio igualitario?

Estoy a favor de la unión civil. Las parejas del mismo sexo enfrentan muchísimas limitaciones legales para sacar adelante su proyecto de vida y la unión civil es la vía más adecuada para solucionar este problema. Es la figura alrededor de la cual hay más consenso.

¿Le parece que el matrimonio es una institución únicamente religiosa?

Es un tema bastante complejo. Inicialmente sí, era una institución religiosa que fue incorporada a la vida civil. Hay personas que señalan que, al ser una institución religiosa, el matrimonio debería ser sacado del Código Civil y que debería haber allí una figura única para todo el mundo. No me opongo a una cosa así.

¿Se considera una persona religiosa?

No soy particularmente religiosa y no practico el catolicismo. He sido criada en una casa católica, creo en dios y trato de vivir mi vida dentro de los valores católicos, pero no me considero una persona particularmente religiosa.

¿Está a favor de la legalización de la marihuana?

Sí, estoy a favor de la legalización de la marihuana para el uso medicinal. Me inclino también por la legalización de la marihuana para uso recreacional. Creo que no hay ningún fundamento lo suficientemente fuerte para permitir que el alcohol y el tabaco, que también son dañinos para la salud, sean legales pero la marihuana no. Si las personas adultas quieren consumirla, deberían estar en la libertad de hacerlo.

¿Fuma o ha fumado marihuana?

Sí la he probado, pero no soy una consumidora de marihuana de toda la vida como Daniel Olivares.

Se acaba de pronunciar en contra de que la Sunat acceda a la información financiera de ciertos individuos con más de S/10 mil en sus cuentas. ¿Por qué?

Porque tenemos derecho al secreto bancario y hay cierta información a la cual el Estado no puede acceder salvo que tenga una orden judicial o alguna comisión investigadora del Congreso así lo ordene. El Estado no puede pasar por encima de derechos que están garantizados por la Constitución para facilitar su tarea de fiscalización. Esa es información que el Estado no tiene por qué conocer y es muy sensible. Este tipo de políticas, por más que son prácticas de la OCDE, no dejan sin efecto nuestra Constitución ni nuestros derechos fundamentales.

¿El secreto bancario no puede ser afectado [sin vulnerar la esfera íntima de la persona, dado que no se accede a detalles de consumo] frente a la necesidad pública de conocer esquemas de lavado de activos o evitar la evasión tributaria? Ocurre con el ITF.

No, yo creo que los derechos fundamentales no pueden ser atropellados para fiscalizar de mejor manera. Mejor dejemos que la Policía entre de manera sistemática a nuestras casas para revisar si nos hemos robado algo porque hay ladrones.

¿Pero hay gradualidad en las medidas, no? Ese ejemplo es extremo y, por ende, distinto. 

Hagamos la analogía: hay ladrones, hay organizaciones criminales, pero eso no justifica que la Policía tenga carta blanca para revisar las casas de todas las personas. Esa es la figura que se está viendo con la Sunat.

Es común en países desarrollados que el ente recaudador pueda acceder a cierta información para evitar delitos tributarios. 

Sí, pero son países que deben tener marcos regulatorios distintos. No creo que en esos países el secreto bancario solo pueda ser levantado por orden judicial. Además, son países donde la mayor parte de la economía es formal y está bancarizada. En el Perú tenemos una incipiente bancarización, solo el 10% de la población paga Impuesto a la Renta. Este tipo de políticas no guardan relación con la realidad nacional.

¿Usted calza en el grupo de personas a las que llegaría la supervisión de la Sunat?

Sí, claro. Pero no es una oposición porque me afecte a mí, sino que todos los peruanos tenemos derecho a la reserva de nuestra información bancaria.

¿Qué opina de las cuotas en política?

Me parece que no tienen mucho impacto en la calidad de nuestros políticos. En política lo que prima es la afinidad ideológica que tiene la ciudadanía con las personas que postulan a algún cargo público. Un Congreso no va a ser mejor o peor por tener más o menos mujeres, ni más o menos hombres. Un político es bueno o malo independientemente del género que tenga.

¿No existe una estructura social que hace que las mujeres tengan más difícil llegar a puestos de representación o de dirección?

Sí, las mujeres definitivamente no participan tanto en política. Sin embargo, no podría decirte si eso se debe a que hay más impedimentos para las mujeres para acceder a la política. Trasladándose al sector privado, las mujeres están cada día más insertadas en el mundo laboral y acceden a cargos directivos. Sí creo que las mujeres enfrentan más dificultades que los hombres, que hay mucho machismo, pero no creo que sea el único factor. También puede haber un tema de inclinaciones o preferencias.

¿Cree que las mujeres, en mayoría, son ‘menos políticas’ que los hombres?

Lo que observo, por lo general, es que hay más hombres interesados en política que mujeres. Eso es un factor que puede influir en que haya menor presencia de mujeres en política. Con eso no quiero decir que no haya un problema de machismo y que no existan más limitaciones para las mujeres. Hay distintos factores que influyen en esta problemática.

¿Y las cuotas para poblaciones originarias?

No, porque somos una [sola] nación. Empezar a crear circunscripciones especiales en función a grupos identitarios tiene como consecuencia dividirnos y eso no es deseable para el país. Creo que nosotros tenemos que considerarnos una nación. Somos todos peruanos y no deberíamos estar creando circunscripciones especiales en función a nuestras diferencias.

¿Somos un país de iguales?

Yo creo que no. En el sentido legal lamentablemente no somos un país de iguales. Tenemos más del 70% de la economía operando en la informalidad. Debemos apuntar a que todos seamos iguales ante la ley, y que todos tengamos cada vez más acceso a oportunidades.

En entrevista con El Comercio dijo que comparte gran parte de las frustraciones de los millones de peruanos que salieron a marchar en noviembre. ¿Pensó en salir a marchar?

Lo que señalé es que comparto muchas de las frustraciones de los jóvenes que salieron a marchar, porque también estoy muy decepcionada de nuestra clase política. Han debilitado nuestras instituciones porque las están entendiendo como meros instrumentos para concentrar poder y no como límites al poder político, que para eso existen. En ese sentido, considero que es legítimo que ellos hayan marchado. Sin embargo, ante la pregunta de si la vacancia de Martín Vizcarra era un golpe de Estado, considero que no. Fue una vacancia inoportuna, pero que estaba dentro del marco constitucional.

¿Hubiera votado a favor, en contra, o en abstención en la última votación de vacancia contra Martín Vizcarra?

La verdad que, viendo todo lo que ocurrió, hubiera votado en contra.

Marco Arana no se define como ‘antiminero’, sino como ‘ecologista popular’. En 2010 fue suspendido por la Iglesia Católica del ejercicio sacerdotal diocesano tras 20 años. Hoy tienta la presidencia con el mismo partido por el que fue congresista hasta el 2019. Es hijo de maestros, segundo de cuatro hermanos, ha sido profesor de secundaria y de posgrado. Un exalumno suyo, Juan Chilón, postula al Congreso con el 1 del Frente Amplio por Cajamarca.

En el escenario de una nueva Constitución, ¿cómo llamaría a su propuesta de modelo económico?

De bien común, del buen vivir. Nosotros queremos poner en debate la sustentabilidad ecológica de la economía, y la economía al servicio de las personas. A diferencia de lo que proponen la actual Constitución y los tecnócratas del capitalismo neoliberal: que la prioridad la tiene el mercado. Para nosotros, la economía está en función de las personas. La principal riqueza del Perú no es un sistema financiero, es su gente. Y, por lo tanto, la inversión en educación y en biodiversidad para la sustentabilidad ecológica son pilares fundamentales.

La izquierda, al igual que la derecha, va fragmentada a esta elección. Usted postula con el Frente Amplio (FA) y Verónika Mendoza con Juntos Por el Perú. ¿Existe una separación definitiva e irreconciliable entre ambos? ¿En una eventual segunda vuelta, en caso pase uno de los dos, se apoyarían?

Esperaríamos que las fuerzas políticas puedan encontrar elementos mínimos que permitan pensar en las grandes transformaciones del país. La necesidad del cambio constitucional, el Estado Pluricultural, la centralidad de los temas ecológicos, la recuperación del derecho a la salud y la educación, sin duda, son temas que no deberían ser percibidos como irreconciliables en una segunda vuelta. Nosotros mismos buscaríamos respaldo político de otras organizaciones sobre la base de unos mínimos que hagan posible el país.

¿Entonces, no existe una separación definitiva con Verónika Mendoza, quien postuló a la presidencia por el FA en el 2016?

Con todas las fuerzas políticas con las que podamos coincidir en la lucha contra la corrupción. No estamos hablando aquí de procesos alrededor de personas, ¿no? Un elemento autocrítico que nosotros tenemos de los procesos que han ocurrido en las izquierdas es su actitud derrotista en las segundas vueltas para apoyar, finalmente, ‘males menores’. [En] el FA, justamente, es una de nuestras diferencias. Estamos buscando un cambio mucho más profundo en democracia.

En el mismo escenario, entonces, ¿qué pasaría si ninguno de los dos pasa a la segunda vuelta? ¿A quién apoyaría el FA y a quién no le daría su respaldo?

Bueno, es una pregunta contrafáctica. Habría que ver qué fuerzas políticas estarían del lado de modificar las principales condiciones de desigualdad que hay en el país, del fortalecimiento a la democracia, de un respaldo a la pequeña y mediana empresa, la agricultura familiar. Para el FA será ciertamente muy difícil optar, como ha ocurrido con muchas de las izquierdas, por los ‘males menores’.

¿Se refiere al escenario del 2016, en el que un sector de la izquierda, incluida Verónika Mendoza, pidió votar por Pedro Pablo Kuczynski?

También con [Ollanta] Humala [en el 2011].

El Congreso ha aprobado que el presupuesto para educación no debe ser menor al 6% del PBI. ¿Considera que esto es correcto? 

Para recuperar el derecho a la educación pública, el referente mínimo es el que aprobó el Acuerdo Nacional hace cerca de 20 años, que era el 6% del PBI. Un país como el Perú, que ha mejorado la cobertura, pero donde la calidad de la educación pública es pésima, lo que necesitamos no solo es ese 6%, que es lo mínimo. Para nosotros, habría que tender hacia el 8% o 9%.

En Salud, el presupuesto tendría que superar el 4%. Pero en este momento la prioridad tiene que estar puesta en todo el tema de agua y saneamiento. Muchas de las enfermedades, para nosotros, siguen siendo infecto-respiratorias y digestivas, por falta de acceso al agua. En la pandemia hemos tenido circunstancias en las que le decían a la gente: “lávese, báñese, cámbiese de ropa”. ¿Con qué agua? Si, solo en Lima, hay más de un millón de personas sin acceso a agua potable. Y en todo el país hay más de ocho millones de personas que se dice que tienen agua potable, pero en realidad tienen agua entubada. Es una cosa distinta.

Marco Arana celebra una de sus últimas misas el 2009, en la Parroquia Cristo Ramos de Porcón, Cajamarca. Esto ocurrió un año antes de ser suspendido de su labor de sacerdote por su actividad política.

¿El programa de gobierno del FA se podría llevar adelante con la actual Constitución o solo con una Nueva Constitución?

Hay medidas estructurales: la Constitución es una pieza fundamental. Pero mientras se da una Asamblea Constituyente, algo que puede demorar un año porque tiene que ser debatida a nivel nacional, hay medidas de corto plazo que se pueden tomar. [Ello] sabiendo que la Constitución neoliberal, privatizadora, desmanteladora del bien público y del Estado es un impedimento. Por ejemplo, ¿qué podría impedir a un nuevo gobierno del FA iniciar una reforma tributaria? Recuerde que allí [en la Constitución] se habla de los contratos que tienen fuerza de ley. Y las grandes empresas acuden a ese artículo del Capítulo Económico de la Constitución para decir: “no nos cambien las reglas”. O sea, ¿ellos sí pueden cambiar sus contratos cuantas veces quieran pero el Estado no?

¿El presidente Francisco Sagasti debería convocar a un referéndum para una Nueva Constitución en abril? 

Claro. Nosotros se lo planteamos a Sagasti. La respuesta fue penosa y, además, ampliamente contradictoria con las cosas que ha hecho. Dijo: “yo soy un gobierno de transición y un cambio constitucional es un tema mayor”. Nuestro comentario fue: “oiga, señor presidente, si gran parte de los problemas tienen que ver con legitimidad, si todas estas marchas no han sido solamente contra Merino y los intereses oscuros de los Luna, los Acuña y los Antauros, convoque. Vaya a la cuestión del fondo y, además, ahórrenos los S/300 millones que dice la ONPE que cuesta un referéndum”. Sin embargo, a las dos o tres semanas siguientes estaba endeudándonos por 100 años en el mercado de capitales y ha autorizado [la adquisición de derechos mineros] a la empresa Nuevo Arcoiris en zona de frontera, en Tambogrande. ¿Para eso sí no es ‘gobierno de transición’?

¿La vacancia presidencial por incapacidad moral debe revisarse?

Creo que debe revisarse en la lógica de mantener el equilibrio y la colaboración de poderes del Estado. Eso me queda claro. Lo que no debería perderse de vista es que hay que constitucionalizar el derecho de un país a vivir libre de corrupción.

¿El cierre del Parlamento, luego de dos denegatorias de confianza, se debe mantener?

Fujimori ha sido el peor ejemplo, digamos, pero Vizcarra convirtió su enfrentamiento con el Congreso en la fuerza de legitimación frente a una ciudadanía que mira al Parlamento con desconfianza. Y lo han querido plantear como golpistas o autogolpistas. No, señor, esto ha sido una [pelea por] poder de cúpulas corruptas en la que los ciudadanos no contaban.

¿Diría que la vacancia de Vizcarra fue constitucional?

Bueno, la vacancia de Vizcarra ha sido tan constitucional como la [presidencia] de Sagasti ha sido constitucional. Es el Congreso, con diferencia de votos, en ambos casos por la presión ciudadana y la crisis política, los que siguieron ese curso. Evidentemente, constitucionalistas hay para todo gusto, ¿no?

¿Llamaría dictador a Merino?

Merino es un accidente del sistema constitucional actual.

¿No lo califica como golpista?

El Congreso no dio un golpe de Estado, siguió una vía constitucional.

Hubo sectores de la izquierda que llamaron golpista a Merino…

Bueno, es que son los sectores vizcarristas y los del mal menor, ¿no? Vizcarra era un mal menor que había asesinado el 8 de agosto. A Merino se le acusa de ser el asesino de dos jóvenes, ¿pero esos sectores acusan a Vizcarra de ser el asesino de tres hermanos kukamas [indígenas que protestaron contra la empresa Petrotal para frenar la contaminación petrolera en Loreto]? Allí se vuelven afónicos, ¿no?

¿O con Sagasti, por las protestas agrarias, con los muertos en La Libertad?

Así es. No pues, es el doble rasero con el que se manejan las cosas.

¿Cuánto debería ser el sueldo mínimo, según usted?

Creemos que el sueldo mínimo debe ser ajustado en función de la canasta familiar. En realidad, debería estar por encima de los S/1.300. Ahora, hay que mirar las consideraciones: a lo mejor se hace de manera diferenciada. Por ejemplo, empresas formalizadas y que tienen cuentas en azul, ¿podrían pagar eso? Sí, sin duda. Pero hay que vincularlo con el tema de la formalización. Luego podríamos encontrar una transición, por ejemplo, para las que califiquen como microempresas y que no pueden pagar eso. ¿Podría el Estado crear un Seguro Universal de Salud y un Seguro de Pensiones Universal, con lo cual se aminora el impacto y la exigencia que tendría una pequeña empresa de pagar el salario mínimo completo?

En el seminario “Nuestra Señora de Guadalupe”, en San Juan de Lurigancho, donde hizo estudios teológicos y filosóficos.

¿Las AFP cómo quedarían? 

Para nosotros las AFP deben desaparecer. Las AFP tienen que ver con la privatización de un derecho fundamental: el derecho de pensión. Nosotros [creemos] que eso debería ser un sistema público nacional universal de pensiones. Consideramos además que debe crearse un banco o el fondo de pensionistas, que eso también supone modificación constitucional.

Si fuera presidente, ¿cómo quedarían los contratos mineros y de construcción? Por ejemplo, con lo que ha pasado en el caso de Odebrecht y Graña y Montero, que pueden seguir contratando con el Estado. 

Es importante que haya seguridad jurídica en eso, de acuerdo. Pero recordemos que una modificación constitucional suponen nuevas reglas. Los contratos que son fruto de la corrupción tienen que ser anulados o revisados profundamente. No puede ocurrir lo que estamos viendo actualmente: empresas que le han robado al Estado o que no pagan impuestos siguen contratando con el Estado. Empresas que están investigadas por lavado de activos, generalmente proveniente del narcotráfico o de la minería ilegal, siguen contratando con el Estado. Hay que reformar la Ley de Contrataciones con el Estado. Eso es fundamental.

En un gobierno suyo, ¿la generación y distribución de energía pasaría al Estado?

En el caso de la luz creo que podríamos mantener fórmulas mixtas. Pero lo que no se puede hacer es mantener las actuales normas que tenemos. Por ejemplo, para favorecer algunos proyectos como Chaglla [en Huánuco] o algunos proyectos de energía limpia como los que Alan [García] promovió en Moquegua, nos crean tarifas que todos los consumidores subvencionamos para que empresas ineficientes sigan funcionando.

¿Nacionalizaría los hidrocarburos?

Nosotros consideramos que tiene que haber una primacía del Estado en el tema de hidrocarburos. Y hay que barrer con la corrupción que hay en Petroperú. Yo presenté una moción para que se investiguen los derrames petroleros que decían que lo hacen los indígenas. De lo que se habla allí es de corrupción en Petroperú.

¿Qué planes tiene para los informales, que son casi el 70% de la economía? 

Lo primero, es que hay que dejarlos de ver como enemigos. Creo que un grave error de la política económica primario exportadora y capitalista neoliberal es que se los ha visto como una amenaza para el crecimiento económico. En principio nosotros creemos que deben tener un conjunto de herramientas financieras, tecnológicas y administrativas para formalizarse de manera diferenciada. ¿Podemos promover efectivamente la competencia de las cajas municipales y de las cooperativas de crédito? Deberíamos fortalecerlas para que haya más competencia, y esas deberían ser herramientas claves en el proceso de acceso al crédito. Por otro lado, tenemos que crear un programa dentro de la Sunat para la formalización. Lo que tenemos ahora es una Sunat que al pequeño lo cierra y al grandazo no le cobra, le tiemblan las rodillas.

Si usted es presidente y se están muriendo de Covid-19 Pedro Pablo Kuczynski [si acaba en la cárcel], Alberto Fujimori, Antauro Humala o Abimael Guzmán, ¿firmaría un indulto humanitario para alguno de ellos en el marco de la actual Constitución?

Correspondiente al estricto sentido de derecho humanitario, cuando hay la calificación de tal, y con transparencia, sin duda. Pero para nosotros esa no debería ser una prerrogativa republicana ni democrática, es una prerrogativa monárquica. Por lo tanto, debería estar en manos de los organismos que tengan que ver con los temas efectivamente de derechos humanos.

¿Está a favor del matrimonio igualitario, de la unión civil o de ninguno de ellos?

Debemos ir a una sociedad más democrática, con igualdad de derechos para todas las personas. En ese sentido, en función de sus creencias, en función de sus ideologías, eso es un tema privado. El Estado tiene que garantizar derecho para todas las personas. Por eso, el tema de la unión civil debiera ser reconocible.

¿Con derecho a adopción [de hijos]?

Creo que ese es un tema debatible en el país, ¿ya?

Los temas debatibles se pueden resolver con referéndum?

Es una posibilidad, pero la otra es con amplio debate público.

¿Está a favor de la legalización del aborto?

No creo que el aborto sea un derecho. No se trata de estar a favor o no del aborto, lo que se trata es estar a favor de la vida humana y del derecho de decidir de las personas. Ya nuestra ley actual, con muchas restricciones y con muchas violaciones de la norma, reconoce el aborto terapéutico en el caso del riesgo de la vida para la mujer o para el feto. ¿El Estado debiera despenalizar el aborto y considerar el derecho? El derecho no es a abortar, el derecho es a decidir.

¿Despenalizar el aborto en todas las edades?

En realidad, hacia eso se tiende, ¿no? Porque es un tema del derecho a decidir, no es el derecho a abortar,

¿Qué hará con la llamada ‘ideología de género’?

No hay ideología de género. Eso es un constructo ideológico para descalificar la necesidad que las sociedades tienen de reconocer la igualdad de derechos a hombres y mujeres. Es fruto de una arremetida ideológica ultraconservadora, en algunos casos, incluso, fascista.

El FA ha sufrido una serie de alejamientos antes de las elecciones internas. Por ejemplo, Rocío Silva Santisteban y Enrique Fernández Chacón. Circularon además comunicados sobre su “derechización”. Humberto Morales ha denunciado autoritarismo al interior de su partido por la suspensión de él y de 54 dirigentes. ¿Qué ha pasado?

Lo que ocurrió es lo que ha pasado en todos los partidos políticos: una lucha intestina por poder político en un contexto preelectoral. Y entonces tuvimos una Comisión Política Nacional cuyo cargo ha vencido. La resolución N° 106 del JNE dice que nuestra su mandato venció en febrero [de 2019] porque elegimos cada tres años sin reelección inmediata. Es falso que haya posibilidades dentro de nuestros estatutos y de nuestra práctica política de dueños de partidos, actitudes autoritarias. No hay cargos de reelección inmediata, no se pueden entronizar. Los compañeros que quisieron entronizarse en los cargos son quienes convocaron a un seudo-Congreso que ha sido desconocido por la ONPE y el JNE.

Después de todo lo que se ha dicho, ¿qué fue lo que realmente pasó para que no haya una candidatura única de la izquierda? Nuevo Perú lanzó la propuesta de que pudieran ir juntos. 

Nosotros planteamos que la unidad tenía que ser programática. Es distinto que sea una unidad pragmática, conceptual. Planteamos que esa unidad tenga unos referentes fundamentales. No íbamos a hacer una unidad que justificara actitudes políticas contrarias a las propias propuestas programáticas; ejemplo, la lucha contra la corrupción. ¿Con quién se alió un sector de la izquierda? Con un liderazgo político sentenciado por corrupción, ¿no? [Arana se refiere a Vladimir Cerrón, quien estuvo por aliarse con el Nuevo Perú] Nosotros no vamos a cruzar esa línea.

¿Qué responde a ese calificativo de “antiminero” que le han puesto sus detractores?

Han necesitado construir un tipo de discurso para descalificar. Te podría leer un documento del año 1994, junio si no me equivoco, cuando anuncian la llegada de Yanacocha a Cajamarca, y yo escribo diciendo: “Si la minería respeta el medio ambiente, si la minería genera trabajo local, si pagan sus tributos, la oportunidad perdida que tuvimos hace 500 años de que mataron una cultura, generaron un genocidio y establecieron un sistema colonial por el oro, la historia de Cajamarca puede ser revertida”. ¿Qué hay allí de antiminero? Más bien, yo lo veo de lejos y digo: “qué ingenuo que fui”. Yo no me defino como antiminero, me defino como un ‘ecologista popular’.

¿Qué opinión le merece que Keiko Fujimori y Ollanta Humala puedan presentarse, en estas elecciones, pese a estar investigados por el caso Odebrecht?

Creo que hay una lamentable responsabilidad del Ministerio Público y del Poder Judicial en todos estos casos. Edgar Alarcón fue destituido en el 2017 y, [con] una Fiscalía que demora más de tres años en investigar por corrupción, pudo llegar [al Congreso] en el 2020. Y en el caso de Keiko Fujimori no han iniciado la acción judicial y más bien llama la atención la celeridad con la que han actuado en algunos casos, como alcaldes o de algún gobernador regional.

Tiene 63 años. Hace 35 ejerce la medicina. Es internista y reumatólogo. Alquila un consultorio en la Clínica San Felipe, pero asegura que no es empleado de esa compañía y que el modelo de salud privada puede llegar a ser “completamente deleznable”. Recuerda que la salud “avanzaba progresivamente hacia la gratuidad” con la Constitución del 79. Y se adelanta a los detractores: “seguro nos van a decir comunistas”.

Pero además de postular al Congreso, Carlos Glave ha sido voluntario en los ensayos de la vacuna de Sinopharm en el Perú. “Los mismos que decían por qué no se compra, ahora dicen que por qué se compró”, responde a quienes cuestionan que el gobierno haya optado por la opción china.

¿Qué tipo de resultados reportará Sinopharm sobre los ensayos de su vacuna en Perú (fase 3)?

Primero, cuántos se infectaron [y desarrollaron la Covid 19] en un grupo y en el otro. Por ejemplo, si de los 12.000 voluntarios se infectaron 200, se verá si son del ‘grupo placebo’ [sin acción curativa] o del grupo de la sustancia activa. De repente, por ejemplo, son 198 del ‘grupo placebo’ y dos de la sustancia activa. Ahí se ve la eficacia que tiene la vacuna. Aparte, también se sabrá cuántos hicieron anticuerpos. Podría ser que en el ‘grupo placebo’ diez generaron anticuerpos y en el otro grupo, 7.900 de los 8.000. Esos son los outcomes, endpoints o puntos finales de la investigación. El asunto es saber cuánto te protege la vacuna de hacer la infección, y cuánto te ayuda a producir los anticuerpos.

Se argumenta que la vacuna de Pfizer era más eficaz y barata. ¿Cómo evalúa la compra a Sinopharm y AstraZeneca? 

Eso es claramente un problema político. Los mismos que decían por qué no se compra, ahora dicen que por qué se compró. Yo no soy gobiernista, creo que el gobierno tiene muchos errores. Mi posición es que deben cambiar muchas cosas del rumbo en el que está ahora el gobierno. Pero recuerda que la vacuna de Pfizer tenía muchas desventajas: necesitaba congelamiento a -70 grados. O sea, ese es un problema logístico mucho más grande. Punto uno. Punto dos: había cláusulas, según se informó, por las que el Estado asumía los efectos adversos severos.

El tercer problema es la producción de Pfizer ahora mismo. Por ejemplo, muchos dicen: nos ganaron los chilenos. El compromiso que tiene Pfizer con Chile y los Estados Unidos, muy probablemente, no lo va a poder cumplir en lo inmediato. Los chilenos todavía no han recibido la cantidad de dosis prometidas para el primer trimestre. Esto porque la vacuna de Pfizer es una vacuna innovadora, con ARN mensajero y está teniendo problemas de producción. El tipo de vacuna de Sinopharm ya tiene tiempo, [trabaja] con un virus inactivo. Es la vacuna característica, típica, que ya tiene una experiencia mundial.

¿Y en cuanto al precio? 

Sobre el problema del precio, sí, la de Sinopharm era más cara y la otra era más barata. Pero también tenemos un contrato con Covax Facility. Es una alianza internacional que, a través de la OMS, va a facilitar la administración de las vacunas. Eso ya se firmó. Entonces, hay tres rutas principales: la de las empresas, principalmente occidentales; la de Covax Facility y la de las negociaciones con los gobiernos. Ahí está lo importante con Sinopharm. Nosotros hemos participado en estudios clínicos junto con la Universidad de San Marcos y la Cayetano. Eso ha sido bueno y ha facilitado las negociaciones.

También hay mucho interés de grupos anti vacunas, súper conservadores, que tratan de meter lío y quieren que le vaya mal al gobierno. Creo que [la compra] es una buena noticia dentro de todo lo malo de la pandemia. No se trata de tener una sola vacuna, hay que tener todas las vacunas posibles. Si después se pueden arreglar los temas con Pfizer, también. Todas van a ser importantes, sobre todo en esta situación.

Sobre las medidas del Ejecutivo frente a la pandemia, ¿qué mejoras sugeriría?

El Ministerio de Salud ha tenido errores graves. Sigue habiendo muy mala información en la gente. Para controlar la pandemia lo que tenemos que hacer es: más pruebas y detección de casos, rastreo de los contactos y aislamiento de las personas. Acaba de salir una alerta sanitaria del Ministerio que plantea eso. Esa es la estrategia. La estrategia no es decir: “Vayan temprano para que no se compliquen”; sino dar información a la población sobre cómo parar el contagio.

¿Alguna medida concreta?

Se puede tener equipos de rastreadores con la participación de la comunidad. Por ejemplo, quienes toman la temperatura antes de entrar a los establecimientos, hoy lo que hacen solo es no dejar entrar al que la tiene alta, este se va a su casa y sigue diseminando el virus que posiblemente tiene. En otros países con gran atención primaria, aíslan a los que tienen el virus y rastrean sus contactos. Por ejemplo, en Nueva Zelanda, donde casi todo se hace con el DNI. Si entraste al banco, a un restorán y a hacer compras; queda registrado quiénes entraron después de ti. Con eso los aíslas para parar el contagio. ¿Acá qué pasa? Lo devuelven a su casa o la persona se va corriendo para que le hagan pruebas, le están haciendo tomografías al tercer día, le dicen que está teniendo una neumonía, le recetan prednisona y lo complican. No hay una rectoría, no hay pasos claros del Ministerio de Salud para parar la pandemia.

¿Cómo hacerlo viable en cuanto a presupuesto?

El presupuesto es menor, es simplemente la organización de la gente. En lugar de comprar ivermectina o que los médicos comiencen a hacer tomografías rápidamente, porque la gente tiene la idea de que se va a morir, hay que comprar oxímetros para repartir a toda la población. A la gente hay que decirle: aíslate para que no contagies. Si tienes factores de riesgo o si duras más de seis o siete días con síntomas y tu saturación baja de 94, vas a recibir oxígeno. Pero si van al tercer día a recibir oxígeno, se saturan los centros, contagian a más personas y aumenta la mortalidad.

Desde su labor legislativa, ¿cuáles serían los cambios o medidas que impulsaría? 

La especulación en el Perú había salido del Código Penal. O sea, no era delito, en función del libre mercado [fue restituido por el Congreso en agosto, para casos de emergencia, conmoción o calamidad pública]. El acaparamiento sí era delito, pero la especulación no. ¿Cómo afectó esto en la pandemia? Los oxímetros de los que estábamos hablando, que son parte del equipo de todo médico de consultorio, costaban antes de la pandemia S/70. Llegaron a costar S/500 o S/600 en el pico de la ola inicial. La gente que tenía el oxímetro lo tenía guardado y decía: bueno, va a subir, lo guardo hasta que suba. También hay que fiscalizar, por ejemplo, la implementación de plantas de oxígeno. En el parlamento tiene que haber fiscalización y representación de los médicos.

¿Qué acciones cree que se deben tomar en cuanto a los médicos?

Tenemos una mortalidad en médicos que es una de las más altas de Latinoamérica. Tenemos pocos equipos de protección. No tenemos un criterio de apoyo a los médicos. Salen a decir que hay un grupo de médicos que se han ido de lo público a lo privado, sacándole la vuelta [a la norma]. Puede haber algunos cuantos, algunos sinvergüenzas, y hay que sancionarlos, pero la gran mayoría de los médicos está dejando la piel en los hospitales.

Tengo la experiencia de una amiga que ha trabajado en las unidades de cuidados intensivos [UCI] en un hospital, no voy a decir cuál, y que su madre ha tenido Covid y no pudo conseguir cama hace dos semanas. Tres días después consiguió una cama UCI en otro hospital, el Dos de Mayo, y murió. Llegó tarde. La estrategia debe ser cuidar a nuestros profesionales que están ahí, darle todas las facilidades.

¿Evaluó el precedente de la alianza de Verónika Mendoza con Vladimir Cerrón para plantear su candidatura al Congreso por Juntos por el Perú?

Estuve en contra, creo que estuvo mal, pero era necesario participar y no se tenía inscripción. Al final no se efectuó. Era muy necesario participar en las elecciones, lamentablemente no se pasó la valla. Pero mira los resultados. Hubiera sido necesario que entremos al Congreso para justamente ser una de las fuerzas que tratase de evitar todas las tropelías que se han hecho en este Congreso.

Juntos por el Perú propone un Sistema Integral de Salud, que elimine los fraccionamientos actuales. ¿Cómo lo ejecutarían? 

Debe haber un solo sistema de salud: una sola rectoría. Se puede financiar por el gasto, como sucede en Estados Unidos, puede ser también por solidaridad como funciona el Seguro Social, y puede ser también por impuestos, que es lo que nosotros estamos planteando. Seguro allí nos van a decir comunistas, socialistas.

La salud, con la Constitución del 93, se plantea como un derecho que no está entre los fundamentales. La Constitución dice que nosotros garantizamos “el libre acceso”. Y además: promoviendo la inversión privada y público-privada. Ese modelo económico que implica que la salud es una mercancía tiene que cambiar. Eso es un proceso. Si gana Verónika Mendoza o si nosotros llegamos al Parlamento, no cambiará al día siguiente. Así cambie la Constitución, eso no va a cambiar de un día para el otro, pero se puede sentar las bases para avanzar.

¿Apostaría por hacer ese cambio en la Constitución?

Claro, pero el cambio sería incluso volviendo a la Constitución del 79. Allí la salud estaba en el título de Derechos fundamentales. Entender la salud como un derecho fundamental no es una cosa socialista ni utópica. La salud era un derecho y avanzaba progresivamente hacia la gratuidad en la Constitución del 79.

Siendo tan corta la parte formal de nuestra economía, ¿cómo sería posible financiar el Sistema Integral de Salud que proponen a través de impuestos?

Nuestra propuesta no es que, si llegamos al gobierno, tendremos todo esto listo al día siguiente. Toma años. En Reino Unido, Costa Rica, etc., tomó muchos años hacer un sistema único de salud financiado por impuestos. No es por decreto que se cambian las cosas. Lo inicial es que tiene que haber una unificación, que no trabaje por su lado el Ministerio de Salud, el Seguro Social, las sanidades de las fuerzas armadas y policiales, los seguros privados, las clínicas. Tiene que haber una rectoría.

Usted trabaja en la Clínica San Felipe. En agosto un reportaje publicado en IDL-Reporteros evidenció que diferentes clínicas colocan precios de medicinas basándose en valores inflados por los proveedores que aparecen en la revista Kairos. ¿Qué opinión tiene de esa práctica?

Yo no trabajo para la clínica San Felipe, alquilo un consultorio en las torres de consultorio de la clínica. Tengo una opinión sobre el trabajo en las clínicas que no es positiva. Definitivamente, los costos en las farmacias de las clínicas son una cosa abusiva. Son diez veces, y creo que me quedo corto, respecto a lo que se cobra en la farmacia de enfrente. Eso está mal. Y también creo que no puede haber propiedad [vertical] de clínica, aseguramiento, farmacia.

Es otra de las razones por las cuales creo que debemos cambiar mucho nuestro sistema de salud, y tiene que haber una rectoría y una dirección. La actividad privada tiene que ser una actividad suplementaria a la actividad pública. No tengo ningún problema en decir eso. Yo no trabajo para la clínica, trabajo en un consultorio. No soy parte de eso que es muy abusivo y es completamente deleznable, más aún en tiempos de pandemia.

Sobre la relación de propiedad vertical entre clínicas y aseguradoras, ¿tiene alguna crítica concreta?

Al inicio [de mi carrera] entré a la práctica privada. Por ese tiempo empezaron las aseguradoras. Los dueños de las clínicas, los de la plata, comenzaban a pedir que movilices al paciente [que generes exámenes, procedimientos médicos innecesarios]. Tú [como médico] te negabas. Entonces la aseguradora le dijo a la clínica: yo te voy a pagar todo, cuídame el dinero, pero estemos en alianza. ¡Ahora ya no solamente es alianza, sino que las mismas aseguradoras son dueñas de la clínica, de la aseguradora, de la farmacia! Tienen todo el negocio completo. Comienzan a ver de dónde es que sacan más plata porque ese es el objetivo. El objetivo no es la atención a la salud, es sacar más plata.

El que asegura, el que da el servicio, el que hace los análisis de laboratorio, el que vende los medicamentos, todos son del mismo dueño. Ahí la meta es ahorrar plata en los gastos y sacarle plata al que paga que es el paciente. El perjudicado es el paciente. El médico tiene que estar en ese sistema viendo cómo maneja el asunto, y no viendo lo principal que es la atención de la salud. Se distorsiona totalmente la atención en salud.

Sudaca conversó con el presidente del gremio de laboratorios peruanos Adifan sobre el rol de esas empresas en la comercialización de las vacunas, más allá de la de Sinopharm.

El DS 002-2021-SA, que aprueba el reglamento para que las vacunas contra la Covid-19 (entre otros) puedan obtener registros sanitarios temporales, causó polémica ayer lunes. Fue emitido el último domingo por el gobierno y varios especialistas advirtieron rápidamente que deja la puerta abierta para que laboratorios y droguerías privadas importen y comercialicen las ansiadas dosis.

Una posibilidad como esa podía colisionar con la gratuidad y universalidad que el gobierno había prometido para el proceso de vacunación. Horas más tarde, el Ministerio de Salud aclaró mediante una nota de prensa que dicho despacho tendrá la titularidad del registro sanitario condicional (RSC) de la vacuna de Sinopharm, por lo que será el único autorizado para importarla y comercializarla en el país. Y reafirmó que la vacuna será gratuita y universal. 

Sin embargo, no se refirió a ninguna otra de las candidatas a vacunas que podrían aterrizar en el Perú en los próximos meses. Si califican para obtener la autorización sanitaria temporal, los privados podrían importarlas y venderlas, según el DS. Sudaca conversó con José Enrique Silva, presidente del gremio de laboratorios peruanos Adifan, para entender qué implica entre sus afiliados la reciente norma. 

Según su lectura, ¿cuál ha sido la intención del Ministerio de Salud al dar este decreto supremo? 

Que el laboratorio o la droguería se haga responsable de la importación, incluso comercialización, porque le va a vender las vacunas directamente al Estado. En el proceso de compras hay fechas que cumplir y multas por retraso. ¿Quién se ha estado haciendo responsable por las multas? Hasta ahora, en las importaciones que han estado haciendo de medicamentos a empresas no domiciliadas en el país, las ha tenido que asumir el Cenares [Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos en Salud], en el caso del Ministerio de Salud, o la droguería del Seguro Social, por ser los importadores. En este caso, el laboratorio o la droguería se hacen responsables. 

¿Qué implica esa responsabilidad?

Tienen que demostrar que durante toda su ruta, hasta el momento en que son entregados, no se rompió la cadena de frío. Y no solo eso: además tienen que hacerle un control de calidad que determine que la vacuna no ha perdido actividad en el trayecto: es decir, que siguen en condiciones de cumplir la función para la que fueron diseñadas. Una vacuna puede no hacerme mayor efecto porque se rompió la cadena de frío en algún momento. Si eso se determina, será sancionado alguien. Ese alguien es la droguería o el laboratorio que traiga dicha vacuna. 

¿Cuál es la diferencia entre droguerías y laboratorios?

Las droguerías son las que no tienen laboratorio [en el país, incluidas oficinas comerciales de laboratorios extranjeros]. Los laboratorios somos los que fabricamos los medicamentos, tenemos plantas en Perú, podemos hacer los controles de calidad. Aquellos que son oficinas comercializadoras, no tienen implementado el control de calidad ni esos mecanismos. 

¿La droguerías tendrían entonces más difícil hacer ese control de calidad?

No tienen instalaciones acá. Van a tener que contratar los servicios [de terceros] para hacer los controles de calidad. No solamente de la cadena de frío, sino que hay una serie de controles que se tienen que hacer en un producto biológico. Eso, una oficina comercializadora no lo tiene. Un laboratorio sí.

¿Quién sería el encargado de certificar que no se haya roto esa cadena de frío y que la vacuna esté en condiciones aptas?

Tiene que ser el Ministerio de Salud, a través de sus órganos de control de calidad. Habrá todo un procedimiento para cuando haya alguna duda de quién es el que tendría que cubrir [la falla]. Generalmente son dos instancias: el que analiza y el que revisa. 

Entonces, ¿ustedes interpretan que las vacunas que no sean parte de este primer proceso con Sinopharm podrán ser importadas y comercializadas por cualquier laboratorio o droguería?

Todo aquel que tenga registro sanitario de laboratorio o de droguería podrá importar. La palabra “comercializar” [en el DS] está orientada a que se las van a vender al Estado. Porque hay otra norma que dice que las vacunas serán universales y gratuitas. El Estado las va a colocar gratuitamente. No puede ser que al costado haya uno que esté cobrando, porque le van a decir: por qué tú cobras si el Estado lo pone gratuito. Pero ojo: vacunar a 30 millones de personas no es cosa de juego. Además, la efectividad es de 79%. Saludamos el hecho de que haya una vacuna, pero no es suficiente. Lo más importante es que no vayan a politizar el tema. 

Entonces, ¿su conclusión sería que el Estado está buscando una vía para aligerar el peso de las contingencias de que las siguientes vacunas lleguen a tiempo, que sigan la cadena de cuidado?

Sin dudas. Es trasladarle al importador esa responsabilidad. Le pongo el caso de la vacuna de Pfizer. Ellos son acá una droguería, su laboratorio lo tienen afuera. Esa droguería tiene que hacerse responsable de que el producto que está viniendo a través del registro sanitario [condicional] temporal cumpla con los requisitos. ¿Ha dicho que tiene 90% de efectividad? Que cumpla con eso. ¿Ha dicho que ha sido conservado desde que salió de la planta hasta el Perú? Tiene que demostrarlo. Si dijo que lo iba a entregar a fines de enero y lo entrega 10 días después, le van a poner una multa. A alguien se la tienen que poner. Para mí, esencialmente esa es la razón de ser del dispositivo legal. 

¿Quiénes podrían ser los actores privados que tuvieran más capacidad para importar vacunas?

Hay varios. Sé que hay por lo menos 4 o 5 laboratorios que están interesados, pero entre estar interesados y haber evaluado todas las variables que se toman después… 

¿El Grupo Intercorp, que tiene integrada toda la cadena farmacéutica [tienen laboratorio, distribuidora y farmacias retail]?

Seguramente, si están dispuestos a hacerse responsables de a quién vacunaron. Si están dispuestos a eso, lo podrán hacer. Ahora, el comprador será el Estado. No creo que vayan a meterse, pero prefiero no decir todas mis especulaciones. Hay un riesgo muy grande. Recordemos que en el caso de Pfizer, el Estado le dice “usted se hace responsable si la vacuna tiene consecuencias”. Eso de hacer modificaciones al ARN es hacer modificaciones al ADN. Y modificar el ADN, usted no sabe si sus hijos le van a salir con algún tipo de defecto*. Nadie ha culminado los estudios necesarios para demostrar la seguridad del producto. Ninguna vacuna. Son registros de emergencia, pueden pasar muchas cosas que todavía no se saben. 

*[Nota de edición: el ARN mensajero de las vacunas no modifica el ADN humano, como desliza Silva. Lee aquí nuestro fact-checking]. 

Mencionó que el comprador y distribuidor de las vacunas que importen droguerías o laboratorios sería el Estado. ¿Esta restricción está realmente en la norma?

Va a ser el Estado, de una u otra manera. Como están los dispositivos [legales], el gran comprador es el Estado. Que puedan haber posteriormente casos en los que quieran dejar que los comercialicen las personas jurídicas que no sean el Estado, habrá que ver. Pero imagínese que usted vaya a una posta médica o un hospital y le pongan la vacuna por lo que le cueste la jeringa y se vaya después a una clínica y le cobren US$75. ¡Van a poner el grito en el cielo! Depende, pues, quién lo ha pagado. Si lo ha pagado el Estado, es gratis. Si lo ha pagado la botica o la clínica, tendrán que recuperar su plata. 

¿Están coordinando una reunión con las autoridades de salud para tener más precisiones sobre este dispositivo?

Así es, estamos solicitando una reunión con la Digemid para que por lo menos diga cuáles son las pautas. Estoy seguro que ellos mismos no la tienen muy clara. Pero el camino se hace andando. No va a pasar una semana sin que tengamos las cosas más claras. 

Por Paolo Benza y Alejandro Guzmán

El último 27 de noviembre, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) emitió una resolución ministerial que sanciona a Daniel Olivares con una anodina amonestación escrita. Poco más de un año antes, el 8 de agosto del 2019, otra resolución había gatillado el procedimiento administrativo disciplinario que derivó en dicho castigo. ¿Qué hizo exactamente el (ahora mediático) congresista para ser sancionado? ¿La sacó barata o su falta no era para tanto?Este es el caso.

Olivares presidió la Secretaría de Comunicación Social de la PCM entre agosto y diciembre del 2017. Renunció a ese cargo poco después de que el expresidente Pedro Pablo Kuczynski (PPK) indultara al reo Alberto Fujimori. En ese corto periodo, sin embargo, contrató proveedores de forma irregular para la oficina que dirigía.

¿Cuál fue la irregularidad? Olivares encargó trabajos sin tener una orden de servicio ni haber pasado por el respectivo proceso de contratación pública. El actual congresista pactó con los proveedores sin que medie ningún documento que les permitiera reclamar a la PCM de presentarse luego algún problema. El acuerdo fue únicamente de palabra. “Esto es grave”, alerta Alberto Retamozo, abogado especialista en contrataciones del Estado. La idea era que el trámite se regularizara después, para poder desembolsar los pagos.

Sin embargo, ello no ocurrió. Olivares les hizo a sus proveedores, contratados irregularmente, lo que en el argot popular se conoce como el ‘perro muerto’. Los dejó ‘tirando cintura’ y partió dos semanas de vacaciones. “Dos semanas de distancia, agua salada, sueños ligeros, desayunos largos y otras terapias”, escribió en su Facebook. Por supuesto, ya no regresó a la PCM para pagarles.

El reclamo de Eureka

Un caso es el de Eureka Films, productora a la que la oficina de Olivares contrató por S/187.409. No hubo un documento que autorizase la contratación: Olivares se aproximó al proveedor de manera informal. Ajeno a los caminos regulares de la gestión pública, el congresista argumenta que la elección del proveedor fue resultado de un estudio de mercado. “Eureka fue la mejor opción y por eso se trabajó con ellos”, indicó en descargos enviados por escrito a Sudaca.

Para tener un marco de referencia, el tope máximo para contratar sin realizar un proceso de licitación, según la Ley de Contrataciones con el Estado, es de 8 UIT. Al valor de la UIT en el 2017, dicho tope equivalía a S/32.400. La cifra acordada con Eureka fue mucho mayor. En este caso, la contratación debía hacerse a través del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), cuyos parámetros de contratación no son iguales a los de la ley peruana. Olivares, cabe resaltar, no empezó ningún proceso formal antes de encargar el trabajo al proveedor, ni el regular ni el que se hace a través del PNUD. 

Según los descargos oficiales que Olivares envió a la PCM, el proceso formal de selección del proveedor que elaboraría los videos fue declarado desierto el 8 de enero de 2018, diez días antes de que el Papa llegase al Perú. Dos semanas atrás, el 18 de diciembre de 2017, él había recibido el requerimiento formal para contratar a una agencia de publicidad que elaborara los videos.

En una carta notarial enviada en abril de 2018 al entonces primer ministro César Villanueva, Eureka Films especifica que la empresa fue contactada por la Secretaría de Comunicación Social de la PCM el 1 de diciembre, con “carácter de urgente”. Es decir, más de dos semanas antes de que se emitiera el requerimiento formal, Olivares ya le había encargado el trabajo.

“En dicha oportunidad (01/12/2017), Raúl Gómez Arrieta, productor ejecutivo de Eureka Films, en compañía del suscrito; nos reunimos [con Escudero y Olivares]; a fin de tratar los aspectos técnicos del proyecto audiovisual […] Es importante mencionar que la reunión se llevó a cabo en la oficina del último nombrado [Olivares]”, dice la carta notarial, que firma el gerente general de Eureka Films, Gonzalo Vildosola.

Pero, además de la forma en la que se eligió al proveedor, lo más difícil para este fue el lío posterior para cobrar. “A pesar de que mi representada cumplió de buena fe y a cabalidad con los términos acordados con los servidores de la PCM, Fernando Escudero Ratto y Daniel Olivares Cortés, […] la PCM nunca cumplió con su compromiso de emitir la orden de servicio durante el mes de diciembre de 2017, ni mucho menos con cancelar el servicio brindado”, dice la carta notarial.

El servicio brindado fue la elaboración de ocho videos (un video “madre” y siete videos “tácticos”) para la difusión de información de seguridad frente a la visita del Papa Francisco. En los descargos oficiales que envió a la PCM, Olivares argumenta que ante la inminencia de la visita papal –que fue del 18 al 21 de enero del 2018– optó por omitir el procedimiento regular. “Existían trámites engorrosos que realizar para el cumplimiento de la finalidad”, explica el documento.

“Efectivamente, se contrató a una productora sin el proceso regular”, aceptó Olivares a uno de los redactores de esta nota en enero del 2020. “Por eso es que les he respondido [a la PCM] dándoles la razón. Lo que yo puse por delante es que había una presión de presidencia por sacar rápidamente una campaña de comunicación de seguridad del Papa o dos millones de personas iban a estar inseguras”, alegó aquella vez el ahora congresista. La nota del 2020 no fue publicada. “Si seguíamos los pasos normales, dados los plazos con que se contaba, no se hubiera podido colocar los spots. Actué en base al principio de eficiencia”, agrega hoy.

El acuerdo era regularizar los trámites, emitir la orden de servicio y realizar el pago ese mismo diciembre, pero ello no ocurrió. Cuando Olivares emprendía un viaje de ocio, para desintoxicar su cabeza de los problemas que había tenido que abordar hacia el final del gobierno de PPK, sus proveedores empezaban un complejo camino de cobranza. “[La contratación de Eureka] sucedió días antes del indulto a Fujimori, que fue la razón por la que dejé el cargo, y no hubo oportunidad de corregir lo que hubiera que corregir”, declara Olivares a Sudaca. Su renuncia fue aceptada el 29 de diciembre del 2018. Eureka Films quedó en el aire.

“Esta situación nos perjudica sobremanera, habida cuenta de que aproximadamente el 85% del valor total del servicio cotizado a la PCM corresponde al pago de proveedores, quienes insistentemente vienen exigiendo a mi representada el pago de sus facturas por los productos y servicios utilizados en el proyecto audiovisual”, escribió Eureka Films en su carta notarial. El pago fue regularizado, atendiendo al documento de queja, recién ocho meses después.

“Las oficinas que evaluaron lo sucedido confirmaron que el precio fue el adecuado, que los productos se entregaron y que no causó perjuicio al Estado”, argumenta Olivares. “No hay atenuante, porque esa no es la imputación, sino la de haber generado una adquisición y una obligación de pago al margen de la ley de contrataciones”, le responde Retamozo.

Hay más proveedores

Tres fuentes de la PCM que trabajaron en gestiones posteriores a la de Olivares indicaron que el caso de Eureka Films no es el único en el que se realizaron contrataciones de forma irregular, sino que hay por lo menos otros cuatro. Y este medio ha podido confirmar que otro caso es el de la agencia de comunicación corporativa TOC Asociados, que brindó el servicio de gestión de prensa durante la visita del Papa y a la que, a diferencia de Eureka, nunca se le pagó. 

“[TOC] hizo un servicio de relaciones públicas muy bueno. Entendieron que la premura del pedido y mi salida a los pocos días de la PCM hicieron que los procesos se desordenen. En ese sentido, decidieron asumir su trabajo como un aporte, cosa que se hizo con los canales de TV también. Era la visita del Papa”, señala Olivares. Fuentes vinculadas al servicio de gestión de prensa explicaron a Sudaca que nada de esto es cierto: TOC simplemente tuvo que aceptar que no recibiría el pago acordado. ¿Cuánto era? Las fuentes aproximan que el acuerdo era de S/ 17.500 mensuales durante tres meses. Es decir, más de S/ 50.000 en total.

“Para hacer posible que la campaña de seguridad funcione en ese poco tiempo, contamos con la colaboración de otras empresas que comprendieron la urgencia del tema y se pusieron la camiseta entendiendo la dificultad del momento”, asegura Olivares, sobre la existencia de otros proveedores dejados en el aire.

¿Por qué a Eureka sí se le pagó, mientras que a TOC y a los demás proveedores, no? Retamozo explica que, en un caso así, el pago sólo procede luego de un proceso judicial. TOC y los otros proveedores no iniciaron procedimientos formales de reclamo. En cambio, Eureka sí lo hizo. La carta notarial enviada por la empresa fue la que llevó a la conformación de una comisión que investigó el caso. Fuentes de la PCM confirmaron que la insistencia de Eureka Films fue lo que generó que la entidad estatal abra una investigación y eleve el caso de Olivares a las instancias encargadas de fiscalización.

¿Necesidad pública?

Olivares argumenta que su actuación está respaldada por el reglamento. “Es cierto que no se siguieron paso a paso los procedimientos. Pero lo que he sostenido es que en este caso en particular yo actué en tutela de un fin superior vinculado a la seguridad pública, lo cual está previsto en el artículo 104 del Reglamento de la Ley de Servicio Civil. Si no lo hubiera hecho, no se hubiera dado los spots que se necesitaban”, declaró Olivares.

“Si bien pudo existir la necesidad urgente de realizar actuaciones para garantizar los mensajes de prevención y seguridad durante la visita del Papa Francisco, esto no atribuye facultades especiales o eximentes de responsabilidad, por lo cual su argumento no es suficiente para desvirtuar la imputación en su contra”, aclara la resolución final del caso.

Y hubo sanción. El 27 de noviembre último se emitió la mencionada resolución final. El documento fue firmado por Violeta Bermúdez, actual presidenta del Consejo de Ministros, y señala que la recomendación de la comisión que investigó el caso era que se le imponga a Olivares una sanción de suspensión de la función pública sin goce de remuneraciones, por 20 días. Sin embargo, el órgano sancionador decidió modificar la propuesta, cambiarla por una más suave, y aplicarle una amonestación escrita.

“Entiendo que los pasos hay que seguirlos, y por eso no he apelado”, dice Olivares. Y agrega que “dada la simpleza del caso y la carencia de perjuicio, una suspensión no era factible”. La sanción que finalmente recibió es una de las más leves. “Es un pañuelazo”, critica Retamozo. Queda en la reflexión de cada lector calificar si la amonestación fue excesiva, justa o insuficiente.

Usted es hijo de un exviceministro de Salud del gobierno de Fujimori, y nieto de un ministro de Salud del gobierno de Alan García. ¿Cuál es el momento en el que la Salud en el Perú termina siendo lo que es hoy: colapsada con y sin pandemia?

En los años noventa entra mucho esta idea del mercado de la salud. Como entró en todo, en educación también. Las clínicas aparecieron de una manera más presente, más grande, con más poder. Eso frenó la posibilidad de ampliar el servicio de salud [pública]. Las clínicas atienden a un sector todavía reducido de la población. El sistema público es muchísimo más grande, pero fue creciendo de manera totalmente desarticulada. En la pandemia, no había un sistema central de información de cuántos casos había, cuánta gente había en los hospitales.

¿Es el ingreso del sector privado a la salud lo que explica la precariedad del sistema público o es que la gestión pública es en sí misma ineficiente?

No comparto la idea de que la gestión pública es en sí misma ineficiente. Se dice mucho sobre lo público: se dice, por ejemplo, que es intrínsecamente corrupto, pero los grandes casos de corrupción en este país están vinculados a empresas privadas. Es probable que la entrada más fuerte de lo privado en salud y educación haya deteriorado lo público, pero no tiene que ser así. Fue que entró en un momento donde ideológicamente se quería reducir lo público. Había un discurso que hablaba del Estado mínimo, de que el Estado no debía meterse en la economía, de que los servicios se tenían que dar desde el sector privado, de que el mercado lo iba a regular todo. Eso fue lo que más daño hizo. El problema no era tanto que entren privados, sino la lógica con la que entraban.

La siguiente pregunta obvia es si usted se atiende en una clínica privada. Pero la voy a hacer bien: ¿podría aceptar que el sector privado de salud tiene una mejor atención, en consulta diaria, que el sector público?

Hay algunas clínicas de primer nivel, pero son carísimas. Si tienes un seguro, y normalmente lo tienes porque estás en una planilla, tendrás una atención que seguramente es mejor que la pública. Pero hay un montón de supuestos detrás: tienes que ser un trabajador formal, tener un buen seguro. Si no, es imposible acceder a las clínicas top. Hay un sector inmenso de la población que queda fuera. Lo que quiere la izquierda es que todo el mundo, tenga o no recursos, pueda acceder a sistemas públicos de calidad. Sistemas públicos quiere decir gratuitos. Yo creo que esto sí se puede.

¿El Estado está en capacidad, en un gobierno de cinco años, de pasar a dar un servicio de salud bueno a toda la población?

Tiene que empezar a hacerlo. Un primer paso es la articulación de todo el sistema de salud. Y también tenemos, entre los temas de fondo, la bajísima recaudación tributaria del Estado. Se dice mucho en el Perú que hay plata, que no es como en los ochentas, pero yo creo que no es tan cierto. El presupuesto público todavía sigue siendo un porcentaje chiquitito del PBI.

¿Cómo se relaciona que seamos un país 70% informal con lo que usted dice? ¿No le parece que no poder resolver el tema de la informalidad es lo que hace más discriminador a un Estado?

Si ves el mapa de dónde está la informalidad y dónde está el Perú discriminado, seguramente van a ser muy similares. Pero también hay mucho de un modelo económico que no genera empleo formal. Hace que la gente se las ingenie, porque no hay industria. Cuando leí el libro de Hernando De Soto, El otro sendero, que es sobre los ochentas, él decía que la informalidad en el Perú estaba alrededor de 54% o 55%, y decía que había que cambiar de modelo económico. De hecho, él fue uno de los promotores del modelo económico de la nueva Constitución. Y ahora, 2021, 70% de informalidad. ¿Quién me explica cómo con más libre mercado hay mucho más informalidad?

Si una bancada de derecha llegase con una sustentación técnica seria sobre cómo reducción de impuestos o un Estado más chico generan menos informalidad, ¿estaría dispuesto a escucharla?

Yo no me creo mucho el tema técnico. Hay un economista sueco, que se llama Gunnar Myrdal, que ganó el Nobel el mismo año que Von Hayek, el 74. El primero era socialdemócrata, padre del Estado de bienestar sueco, y el otro es padre de todas las derechas del mundo. Recibieron el Nobel teniendo posiciones antagónicas. ¿Qué decía Myrdal? Que había un elemento siempre político en la teoría económica. Eso es lo que muchas veces los técnicos no quieren reconocer. ¿Qué pregunta te haces, qué datos miras, cómo los interpretas? Tiene que ver siempre con un sesgo. No creo que te puedan demostrar que “menos Estado, más formalidad?

¿Y menos impuestos, más formalidad?

No lo creo tampoco. Si los países más formales tienen esquemas amplísimos de impuestos.

¿Cómo convencer a un ambulante informal que se formalice, si le tiene que decir que le vas a empezar a cobrar impuestos? ¿Cómo más impuestos lo llevarán a formalizarse?

Es que estamos en un punto en donde no se trata de exigirle cosas, sino facilitarle todo. Facilitarle créditos a la mypes, a las empresas unipersonales. Lo que sí puedo coincidir con la derecha es que tenemos que reducir trámites burocráticos. Hay que hacer las cosas muchísimo más fácil. Y mira ah, siendo de izquierda, coincidiría con la derecha en que en este país debería ser más fácil poner una empresa. Pero una vez que solucionemos ese tema: sí pues, todo el mundo debería pagar impuestos. No puede ser que haya un amplio sector de la población que no pague impuestos.

¿Cuál de sus contendores le parece el más ortodoxo en ese sentido?

Renovación Popular, que me parece que es muy derecha. Hernando De Soto también, aunque vaya aliado con una persona que era cercana al Movadef. Y el fujimorismo, que tuvo mucho de populismo y ahora es más de ultraderecha y conservadurismo. Y no veo a otros. Los otros no se definen tan claramente.

¿Ustedes sí podrían hacer coalición en el Congreso con una bancada eventual del Partido Morado?

En determinados temas. Por ejemplo, en temas de libertades y políticas de reconocimiento, creo que sí.

¿Y en temas económicos, para darle estabilidad económica al gobierno, independientemente de que si alguno lo lidera?

Lo veo un poco difícil, depende mucho de ellos. Ahora, el Partido Morado ha ido variando de posición. Antes decía “no” a la Asamblea Constituyente, “no” a la nueva Constitución, ahora dicen que sí. Yo he escuchado a varios de sus voceros que ellos están ahí para defender el modelo económico. No sé si ese es su motivo de vida todavía.

¿Piensa que Julio Guzmán es una veleta?

Ha tenido varias posiciones que han sido súper ambiguas o no han sido claras. En el tema universitario, patinó. Promoviendo créditos similares a los de Chile, que han sido la base de grandes movilizaciones estudiantiles. Después ha dicho que no, me imagino que por Daniel Mora. Pero en otros temas también ha tenido cambios bien drásticos.

¿Diría que el Partido Morado no tiene sustancia?

Mira, yo diría que con ellos habrá posibilidad de conversar en temas de libertades individuales, pero que tiene que tener propuestas más solidas en temas económicos, reforma del Estado, programas sociales. No los veo ahí. Me parece que tienen más demandas liberales identitarias, que las compartimos, pero deberían ir más allá.

Esta es de diccionario: se le critica a la izquierda siempre tener propuestas muy bienintencionadas, pero cuando se les pregunta de dónde van a sacar el dinero para hacerlo, no saben cómo responder. ¿De dónde diría que vamos a sacar el financiamiento para los programas sociales que le faltan a los morados?

Tenemos que sacar los recursos fundamentalmente de una reforma tributaria. Una reforma tributaria que ponga, por ejemplo, el impuesto extraordinario a la riqueza, algo que se está haciendo en otras partes del mundo, que tenga un sistema de pagos progresivo, los que más tienen pagan más, como pasa en otras partes del mundo, mejorar la política de evasión y elusión tributaria, camino que ya estamos empezando, eliminar exoneraciones que ya no se justifican, y ampliar la base.

Usted presidió la Megacomisión del Congreso que investigó a Alan García. Ese es un tema mucho más grande que lo que permite esta entrevista. ¿Qué hay que hacer con la Comisión de Ética para que no termine abriendo proceso a un congresista por fumar un ‘porro’, con intencionalidad política?

Los informes técnicos deberían ser elaborados por equipos externos. No le puedes quitar al congresista el voto. Pero entra el presidente de la Comisión de Ética con su partido, tiene su gente que elabora los informes y, si eres del partido, te saca un informe favorable. Si eres de la oposición, te saca un informe que te demuele. Eso no puede ser. Tienes que tener un equipo neutral que arme los informes de calificación, y el Congreso tendrá que votar.

En una lectura honesta del escenario político: ¿cree que van a tener mayoría en el Parlamento para impulsar algo como eso?

Espero que sí. Cuando fui congresista, del 2011 al 2016, hubo denuncias contra parlamentarios nuestros al inicio, no habían pasado ni seis meses. Tuvimos tres casos: Omar Chehade, Celia Anicama y Amado Romero. Los tres pasaron por la Comisión de Ética. Yo era miembro. Nosotros votamos por la sanción. Después, no he visto eso. He visto un blindaje brutal.

En la última década, la izquierda ha llevado la bandera anticorrupción y sus representantes terminaron metidos en casos emblemáticos: Susana Villarán y Ollanta Humala. ¿Por qué no ocurriría lo mismo ahora?

Lamentablemente, la corrupción atravesó todo el espectro político. En el caso de Ollanta Humala hay una acusación sobre aportes de campaña que ya debería realizarse. Está de candidato y hasta ahora no lo acusa la fiscalía. El caso de Susana Villarán también fue bastante complicado, porque era un aporte además cuando era autoridad. Incluso Humala podría decir que no era presidente cuando recibió el aporte. En el caso de Susana eso la complica más, por supuesto. Nosotros tenemos que defender nuestras posiciones con nuestra propia trayectoria.

¿Podría reconocer que el nacionalismo es un proyecto corrupto que nace desde la izquierda?

El nacionalismo representó una aspiración de cambio popular para millones de personas. Hoy la acusación más fuerte sobre Ollanta Humala es la del aporte de campaña. No veo, como en el caso del APRA, casos de corrupción por todos lados: colegios emblemáticos, Agua para Todos, los narcoindultos, el Metro de Lima. Una cosa es que otras personas hayan cometido actos de corrupción. Yo me alejé por diferencias políticas, ideológicas, pero no lo vería como una experiencia corrupta de la izquierda. Humala nunca dijo que fuera de izquierda. Decía que representaba a los de abajo, que era un nacionalismo popular.

¿Le parece menor el tema del Gasoducto?

Me parece importantísimo, pero no veo que haya muchos avances. Odebrecht, pese a toda la colaboración que está haciendo en casos de corrupción, sigue sin aceptar que haya dado sobornos a funcionarios.

¿Tiende a pensar, entonces, que en ese caso Ollanta y Nadine Heredia son inocentes?

Solamente les doy el beneficio de la duda, porque sí me llama la atención que Odebrecht no quiera reconocer. Solo han aceptado sobornos privados. PPK paralizó el gasoducto sin haber activado la cláusula anticorrupción. ¿Será un interés monetario tan fuerte que ponen en riesgo toda su colaboración eficaz, o será que no hubo corrupción, y se le pagó solo a privados y no a miembros del gobierno? Yo tengo la duda, más allá de si me gustaría que fueran o no inocentes.

Yehude Simon está de licencia de Juntos por el Perú, como corresponde políticamente en estos casos, pero está acusado por haber recibido presuntos sobornos por Olmos. ¿Por qué no pasaría aquí algo parecido al nacionalismo?

Yehude está separado. Y quien lleva la presidencia desde hace bastante tiempo es Roberto Sánchez. Fue así en el 2020, y esa distancia entre Roberto y Yehude ha aumentado desde entonces. En el 2021, no hay ninguna presencia de Yehude Simon.

¿Entonces Yehude no tiene ningún operador político en el partido?

Hay gente que simpatiza con él, sin dudas. Es un partido que él ha construido. En el Partido Humanista, desde hace muchos años, hubo un liderazgo dual. Roberto Sánchez no es un líder reciente. Ya tenía un liderazgo dentro del partido y por eso asume la presidencia. Yehude tiene que responder a la justicia por las acusaciones que le han hecho.

Inadvertido, como un turista más, pasea en la Catedral de Lima un hombre que en sus documentos personales lleva el apellido más famoso del Perú. Un apellido que carga una historia ineludible, no solo para nosotros; sino para el mundo: la de la conquista del Imperio de los Incas. Pero ese apellido pasa inadvertido, también, como él en este momento en la catedral, a la hora de pagar facturas, me dice: «El apellido no es tan importante, no tiene relevancia. Cuando uno tiene que pagar facturas, nadie te pregunta cómo te llamas».

Hernando de Orellana-Pizarro, el vizconde de Amaya, ha caminado por todos los rincones de este museo religioso y nadie ha notado que es el descendiente de Francisco Pizarro, a pesar de que viste diferente a los demás: un terno azul y una corbata púrpura, el color de la realeza que simboliza poder, lujo y ambición, tal vez palabras que definan a su pariente.

—En su vida, ¿se ha encontrado con más personas que piensan que el apellido Pizarro es malo o con más personas que creen que el apellido Pizarro es bueno? —le pregunté.

—Probablemente los que piensen que es malo no te lo dicen —contesta haciendo un gesto como si quisiera hacer memoria—. Hay quienes quieren ver la historia por la cara negra.

En la Catedral de Lima, hay una capilla entera dedicada al Conquistador, en el lugar se luce el escudo de armas de los Pizarro hecho de mosaicos, así como escenas del acontecimiento que cambió el rumbo del incario, pero la joya más valiosa, aquí, es un cráneo que, según estudios realizados en el 2006, pertenecen a Francisco Pizarro.

A pocos metros, unas bancas de madera vacías invitan a tomar asiento.

—¿Qué conoce acerca de la cara negra de su antepasado?

—Es inevitable decirlo, pero las páginas más negras sobre la historia de la propia España y de los conquistadores las escribimos los propios españoles.

 

Vizconde Hernando de Orellana-Pizarro

—Por ejemplo que Pizarro era un criador de cerdos…

—Eso no es cierto. Francisco Pizarro es el hijo bastardo de un noble trujillano. Y como hijo bastardo, no vivía en la casa del padre; sino en la casa de su madre, y esa familia era modesta, asentada en una región pobre del siglo XVI, una región agrícola. Con lo cual, cerdos cuidaban todos o no cuidaba nadie. Ese relato, se produce como consecuencia de una lucha interna entre los españoles. Una vez que termina la conquista, aparecen dos grandes figuras españolas de la conquista: Hernán Cortés y Francisco Pizarro. Cortés es ilustrado, sabe escribir, sabe defenderse y se rodea de unos grandes cronistas; mientras que Pizarro es analfabeto y no se preocupa de escribir su historia. Entonces, lo que sucede es que comienza una competencia entre los seguidores de Hernán Cortés y de Francisco Pizarro, de tal manera que para ensalzar la figura de Hernán Cortés, lo que se hace es echar mentiras y bajar el nivel humano de Francisco Pizarro. Pero todos sabemos que el imperio más grande de América era el incario, no el azteca.

Vizconde Hernando de Orellana-Pizarro

II

EL TRASTO DE PIZARRO

Primero en el atrio de la catedral, luego en una esquina de la plaza de armas de Lima y finalmente a las orillas del río Rímac. Estos cambios de ubicación de la única estatua que hay de Pizarro en el centro histórico, dan la sensación de que existe un intento de descabalgar al Conquistador de su lugar en la historia. Hernando de Orellana-Pizarro, el número 16 en la descendencia de la hija del marqués, Francisca Pizarro Yupanqui casada con su tío Hernando Pizarro, cree que estos movimientos son decisiones políticas: «No cabe duda. Desde mi punto de vista, los políticos tratan de elaborar un relato que se ajusta a los intereses políticos de cada momento. Es decir: si en un momento alguien tiene un relato histórico en función de sus objetivos políticos que establece que Pizarro es un personaje a quien se le debe descabalgar; pues desarrollad ese relato y actuad en consecuencia. Teniendo paciencia, vendrán otros políticos que piensen en recuperar».

—¿Es injusto?

—No, porque la historia es la historia. Tú puedes cambiar la estatua de sitio, pero no puedes cambiar la historia. Podrás elaborar un relato a tus intereses, pero la historia no la vas a cambiar. Los estudiosos de la historia, los historiadores, no van a pensar que Pizarro es distinto y que la historia es distinta solo porque la estatua está en el centro de la plaza, esté en el atrio del palacio o esté en el parque de La Muralla. Ese, es un problema del peruano, no es un problema de la historia. Es problema del peruano decidir dónde quiere colocar el trasto: Y, ¿con este trasto qué hago?, ¿lo llevo al desván, lo pongo en el salón o dónde lo pongo? Esa decisión la tienen que tomar los peruanos. Los peruanos tienen que saber quiénes son sus héroes y quiénes son sus villanos. Y tienen que colocar a sus héroes en su sitio y a sus villanos en su sitio, donde crean que tienen que colocarlos. Pero, eso no va a cambiar la historia. Y eso, no va a cambiar el apellido Pizarro ni va a cambiar ninguna realidad. Esto también pasa en España. Políticamente, cuando alguien quiere que la gente no se preocupe por lo que se tiene que preocupar, se dedica a desenterrar a Franco. ¿Y ahora, qué hacemos con Franco?, ¿dónde ponemos a Franco?, bueno, pues, ahora dónde ponemos a Pizarro. Yo no me siento ofendido porque además el parque de La Muralla es un parque muy bonito. No me puedo sentir ofendido por eso.

—Pocos conocen que Francisco Pizarro está enterrado en la Catedral de Lima. Tal vez cuando se enteren querrán cambiarlo de lugar.

—Mejor no dar ideas.

III

¿HÉROE O VILLANO?

Un dato que me parece curioso es que por mucho tiempo, hasta el año 1977, los restos humanos de Francisco Pizarro descansaban eternamente en la misma tumba del santo más importante del Perú, el único arzobispo de Lima canonizado, me refiero a Toribio de Mogrovejo. A raíz de esto, me planteo la pregunta de este capítulo. ¿Por qué el hombre villano, “sanguinario” —para el imaginario colectivo—, fue enterrado en una cripta destinada únicamente para altas autoridades eclesiásticas del virreinato y, más aún, en compañía de un santo? Para el vizconde de Amaya esto es un gesto significativo que puede explicarse sencillamente.

—La historia de la humanidad se escribe por conquistas —dice con una mirada atenta a los lujos que decoran la Catedral de Lima y oyendo mis preguntas—. La historia de la humanidad se escribe por la expansión de grupos humanos a costa de otros. No hay ningún episodio en la historia que no haya sido una conquista. Los romanos, los árabes, los franceses, los alemanes, los incas con todas las etnias sometidas, los mochicas con el resto de etnias sometidas. Con lo cual, esto es como dice el Evangelio: «el que esté libre de pecado que tire la primera piedra».

Detrás del lugar en donde estamos sentados, está la entrada a la capilla donde finalmente reposa el cuerpo de Pizarro. Allí dentro, hay unos murales que narran visualmente su desembarco en Tumbes y su encuentro con la cultura del nuevo mundo. Se presenta a un Pizarro valeroso, inteligente y esforzado, como lo han retratado los hispanistas. Pero también, en esta capilla, hay lugar para describir al hombre de carne y hueso. Unas láminas muestran al detalle las heridas que sufrió el día de su asesinato: fracturas en la base del cráneo ocasionadas por penetración de espada y la huella de que Pizarro, en su intento de defenderse de sus atacantes, pierde el ojo izquierdo. Una muerte aciaga que revela el odio de sus detractores, en su mayoría españoles, como antes lo señaló Hernando de Orellana-Pizarro. Una oposición estrictamente motivada por el deseo del poder, que para arrebatárselo confeccionó un relato de opresión contra el mundo andino.

—Hay otra cosa que es ineludible —me dice el heredero de Pizarro—. Que cuando se produce una conquista, cuando se produce una guerra, cuando se produce un conflicto, hay un vencedor y un vencido: el vencedor se lleva la gloria y el vencido lleva en sí la pérdida, el sacrificio y la pérdida. Entonces, lo que no se puede negar es que como consecuencia de la conquista española de América no se produjo esa pérdida, esa pérdida es evidente. Esa pérdida también se produjo cuando los árabes conquistaron España o cuando los romanos conquistaron España o cuando los godos conquistaron España o cuando los franceses invadieron España o cuando Atila conquistó medio mundo. Es algo que tiene que entrar dentro de nuestra historia pero lo que no debe de hacer es oprimirnos.

La famosa entrevista de Pizarro con Atahualpa en Cajamarca también es un episodio que ha dado pie a innumerables rumores. Dicen que el marqués en el fondo no quiso conversar con el Inca y que sólo codició su oro, por eso le tendió una trampa, lo apresó y lo ejecutó, no sin antes recibir un gran rescate.

—Es difícil saber cómo se desarrollaron esos acontecimientos. —dice—. Cuando tú te metes a un imperio, capturas a tu enemigo y liberarlo puede significar que te corte la cabeza entiendo que debe ser complicado. Entiendo que debía haber muchos motivos para no liberar a Atahualpa desde el punto de vista estratégico. Parece que hubo muchos intereses políticos y económicos para que Atahualpa no saliese libre de allí.

—¿Mintió, entonces, Francisco Pizarro? —le pregunté.

—Mentirosos somos todos —me contestó convencido.

Kevin Carbonell Allende, autor de la columna y Hernando de Orellana-Pizarro descendiente de Francisco Pizarro

Kevin Carbonell Allende, autor de la columna y Hernando de Orellana-Pizarro descendiente de Francisco Pizarro

IV

LA MOMIA PIZARRO

Hasta 1977 se creyó que Francisco Pizarro era una momia descubierta a finales del siglo XIX en la cripta de los arzobispos de la Catedral de Lima, eso se creyó hasta el día en que unos obreros, que ayudaban a remover escombros de las catacumbas de la catedral, hallaron por casualidad al verdadero Pizarro. Una caja de plomo contenía la calavera del Conquistador. Y un ataúd, los demás huesos del cuerpo. La primera pista que despertó la polémica, fue la inscripción grabada en el cofre de metal: «Aquí está la cabeza de Don Francisco Pizarro, quien descubrió y conquistó los reinos del Perú y puso en la Real corona de Castilla». Pero, además, un acta fechada en 1661 que certificaba la autenticidad del cráneo. Luego, con las herramientas de la ciencia forense utilizadas por el investigador Raúl Greenwich, se corroboró.

—La certeza de que este personaje es el que nosotros pensamos, es su forma de muerte —Me dice De Orellana-Pizarro observando los vestigios de su antepasado—. Porque todos los españoles, o todos los europeos de su época aquí en el Perú, en el siglo XVI, vivirían más o menos igual. Entonces, su forma de vida, probablemente no nos hubiera permitido identificar quién era; sin embargo su muerte sí nos ha permitido identificar quién era. Con lo cual se desentraña una incertidumbre histórica y hoy sabemos lo que tenemos aquí en esta capilla.

—¿Se siente orgulloso del apellido Pizarro?

—Sí, yo en definitiva me siento orgulloso del apellido Pizarro. ¿Por qué no vamos a estar orgullosos del apellido Pizarro? —me responde con una pregunta y continúa.

—Le preguntaremos a los descendientes de Julio César si se sienten orgullosos de Julio César, a pesar de que Julio César conquistó la Galia —defiende como si se encontrara en un juicio de residencia—. Le preguntaremos a los descendientes de Napoleón si se sienten orgullosos de Napoleón a pesar de que conquistó media Europa o Europa entera. Nuestro antepasados fueron personajes que conformaron el mundo tal y como lo es hoy, y fueron actores principales de la conformación de este mundo. Hicieron una aportación relevante a la construcción de este mundo. El Perú no sería el Perú actual si no hubiese sido por los acontecimientos en los que participó Francisco Pizarro. Antes de los españoles había una realidad, y después de la llegada de los españoles hay otra realidad que no es España. Porque España está allá lejos, y la realidad nueva es la realidad peruana.

Esta vez, la entrevista no terminó como la de Pultumarca, donde alguien terminó ajusticiado.

 

Hoy domingo se sigue debatiendo en el Congreso la aprobación de una nueva Ley de Promoción Agraria. Mientras espera la decisión del Congreso, Fernando Cilloniz dice que la nueva ley es “similar” a la anterior. Según él, esto es porque la ley derogada le hizo mucho bien al país y no puede cambiarse mucho más.

Cilloniz es parte de una familia estrechamente ligada al trabajo de la tierra. Se crió en Chincha y fue siempre empresario de la agricultura, como sus padres y ahora sus hijos. De hecho, ellos también son empresarios relacionados al rubro agroexportador en Ica. –

Fue gobernador regional de Ica entre el 2015 y 2018, cargo al que llegó “gracias a” Fuerza Popular. Pero está distanciado de Keiko Fujimori, quien lo tildó de traidor –intuye– porque no quiso contratar gente del partido en su gestión. Fue amigo de Vizcarra, pero ahora le parece una “porquería y un corrupto”. También califica a PPK como corrupto. Toledo, García y Humala son otros impresentables y Sagasti, un débil.

Ingeniero, ¿quiénes votarán por usted?

Se sabrá el día de la elección. Por lo que hice en Ica, creo que los agricultores de la tierra y los pacientes de la salud. Combatí la corrupción de los médicos y mejoré la atención en los hospitales. Hicimos el hermanamiento del agua con Huancavelica. Entonces, podrán votar por mí los interesados en tener agua, sobre todo en la costa.

¿Los iqueños votarán por usted?

No todos. Algunos sí. Otros me dicen corrupto, ladrón. De todo. Otros me detestan. Así es la democracia.

¿Por qué le dicen eso?

Han creado un mito. Ellos dicen que soy ladrón y corrupto, yo digo que no soy ladrón y corrupto. No me siento corrupto. Pero en democracia es así.

También le dicen que no hizo nada por Ica.

Hay mucho de eso. Pero ahí están los hospitales, ahí están los reservorios, el agua, los caminos. Pero que digan que no hice nada, no hay problema.

¿Eso dice la mayoría o la minoría?

No he hecho esa evaluación. Pero no importa. A mi me enternecen mucho los testimonios de pobladores de Huancavelica. Hicimos reservorios de agua desde las partes altas de la cuenca hasta las comunidades campesinas, y después por la gravedad los excedentes bajaron a Ica. En Huancavelica hay más agua y eso lo ha visto muy poca gente, porque a muchos peruanos no les gusta ir a la sierra.

Y el destino de esa agua que baja de Huancavelica es la agroindustria, ¿no?

Al final es la agroindustria. Pero los principales usuarios son las comunidades altoandinas que no tenían agua. La agroindustria obviamente se beneficia porque está abajo y a la larga el agua baja, pero también dimos agua arriba. A la larga, todos ganamos.

¿Fueron justificadas las protestas de los trabajadores de la agroindustria en Ica y la costa norte?

Totalmente justificadas en tanto estaban derivadas a la informalidad. Yo estoy en contra de los services. Sin embargo, ocurrieron muchos actos vandálicos. La protesta legal es contra la informalidad y el maltrato. Pero hubo vandalismo. Yo he visto imágenes de vándalos tirando piedras a niños, carros secuestrados sin comida, sin agua, sin nada.

Esos “vándalos”, ¿pueden ser calificados como terroristas?

El vandalismo es un acto terrorista. Tirarle piedras a unos niños es parecido a tirarles bombas. No entremos en semántica. Esos niños han sentido terror de ver a unos vándalos tirándoles piedras.

Entonces, comparte las declaraciones de su hijo Benjamin [gerente general de SAFCO Perú, una empresa agroexportadora de Ica] cuando dijo en RPP que las protestas le hicieron recordar al terrorismo. 

Ustedes los periodistas deforman esa versión. Yo acabo de escuchar lo que dijo Benjamin. “Me hizo acordar a la época del terrorismo”. Benjamín nació en 1981, en esa época había mucho terrorismo. Lo de Ica “le hizo acordar”, no dijo “son terroristas”.

Hay un temor permanente entre la derecha conservadora sobre un resurgimiento del terrorismo. ¿Está de acuerdo con esa idea de estar en estado de alerta?

El terrorismo está muy golpeado en comparación a los setenta y ochenta. Pero hay que ser conscientes. Yo tendría mucha preocupación de que volviese. El terrorismo fue brutal y no queremos eso.

Vive usted con el temor, por ejemplo, de que salga un candidato como Verónica Mendoza…

No, yo vivo muy tranquilo. Hay inseguridad en el Perú, pero yo vivo mucho más tranquilo en el Perú que seguro Colombia o México. Yo no creo que Verónika Mendoza se preste a propiciar la vuelta del terrorismo, sería una desquiciada y no lo es. Es muy inteligente y culta, aunque está equivocada porque es más pro Estado, quisiera tener un Estado más grande y aumentar los impuestos. Por ejemplo, quiere una segunda reforma agraria. Habría que preguntarle cómo. Si es como la primera, es expropiar las empresas y darles a los trabajadores. Eso suena bonito, pero no funcionó y no funciona porque hay que saber de gestión de tecnología. Eso podría empobrecer al campesino, como se empobreció luego de la reforma de Velasco.

Por treinta años, las políticas del Estado han favorecido a la agroindustria con leyes y orientación para fomentar su crecimiento, subsidios.

Me hace gracia tu pregunta porque lo pones en un tono negativo. Como si el Estado ha subsidiado a unos pocos empresarios y esos pocos han abusado de los trabajadores y ningún trabajador dignificó su vida. La Ley Agraria promovía las inversiones en el Perú y funcionó. Para el bien del Perú, de los trabajadores, de los empresarios, de los consumidores… Llevamos frutas y hortalizas a todo el mundo. Yo no tengo ningún reparo en reconocer que eso fue bueno para el Perú.

¿Usted cree que una persona que gana S/1.500 mensuales en el campo puede tener una vida digna?

Sí, todo depende de cuánto ganabas antes de ganar S/1.500. Si ganabas S/3.000 y ahora te bajan, es indigno. Pero si no tienes que comer, como es el caso de la mayoría de migrantes que vienen a Ica y de frente entran a ganar ese dinero, se siente bien. Y cómo trabajan con sus hermanos y en familia, hacen 6.000 o hasta S/7.000 al mes y se compran su carrito, dignifican su vida. Hay muchos peruanos que ganan menos de 1.500 y nadie habla de ellos. La mayoría ganan más de S/1.500 [en el agro].

¿Cuál debería ser el salario mínimo de un trabajador agrícola?

El salario mínimo no existe. El salario mínimo es cero. El desempleado no tiene salario. El salario mínimo legal es un papel con tinta en el Perú, no tiene relevancia. En el caso de Ica, hay jóvenes que trabajan en la agricultura informal y seguramente ganan S/500 al mes, y hay jóvenes que trabajan en empresas formales y competitivas que pueden ganar S/3.000 al mes. El mercado determina el salario. Todos quisieran que ganaran S/5.000 al mes, yo también lo quiero, pero a eso se llega gradualmente como ya llegaron los países más desarrollados.

El trabajador agrícola tiene un contrato temporal, va de una empresa a la otra, y no puede agruparse para formar gremios o sindicatos para representarlos. ¿Eso no le parece un problema?

Los contratos tienen que ser temporales, porque las cosechas son temporales. Tú no puedes mantener en una planilla todo el año la cantidad de gente que necesitas para la cosecha. ¿Por ser temporales no se pueden organizar? No es verdad. Sí se pueden organizar y estaría bien que se organicen. Es legal el sindicalismo, yo estoy a favor de eso. Pero no deberían ir a la estabilidad laboral absoluta, que ha generado 70% de informalidad en el país con la ley regular. En cambio, la ley agraria ha fomentado la formalidad, el contrato temporal ha propiciado el trabajo formal y el pleno empleo es real en Ica. Pero no en el sentido que trabajan en una sola empresa, sino en varias y así tienen trabajo todo el año.

Y si pasan de una empresa a la otra, ¿cómo forman sindicatos?

No, no, todo queda ahí cerca no más. Las empresas son chicas y todo queda cerca. Se pueden formar sindicatos y existen sindicatos. Yo estoy a favor.

¿Qué opina de la gestión del gobierno respecto a las protestas?

Lo veo muy débil a Sagasti, muy permisivo del vandalismo. Eso de ordenar no desbloquear la carretera fue una muestra de debilidad. Eso de haber derogado la ley agraria feliz a la primera es pura debilidad. Yo creo que la vamos a pasar mal porque es un presidente muy débil. Todos los días hay bloqueos en cualquier lugar del país…

¿Estarán de acuerdo los empresarios con el texto sustitutorio de la nueva ley agraria, que se sigue debatiendo ahora mismo en el pleno del Congreso?

La propuesta es similar a la ley derogada. Incluso es más parecida en cuanto a los beneficios que percibían los trabajadores de la empresas formales [que el proyecto de ley de la Comisión Multisectorial]. En ese sentido, las pequeñas empresas van a permanecer informales. Incluso, algunas empresas poco competitivas van a pasar de la formalidad a la informalidad. A la larga, esta nueva ley perjudicará a muchos trabajadores.

Entonces, ¿usted está de acuerdo con los términos del texto sustitutorio?

No estoy de acuerdo porque sube la valla de la formalidad para las pequeñas y medianas empresas.

¿Podría decirse que el empresario invierte en la región Ica para fomentar el desarrollo? Por ejemplo, mejorando los servicios, las calles.

No todos, pero yo he visto inversiones. Por ejemplo, el Santuario de Luren lo reconstruyó una minera, Shougang. Yo he visto postas médicas, colegios, campos deportivos, veredas, redes de agua y desagüe, construidas por empresas. Lo que ha habido en Ica es mucha corrupción de las autoridades. Por supuesto que el crecimiento agroexportador no se refleja en Ica, que es una inmundicia por la función municipal que negocia con la basura y está por todos lados.

Entonces, usted responsabiliza al Estado de que en Ica no se vea un desarrollo urbano acorde con el boom agroexportador.

Hay mucha precariedad, pero hay muchas nuevas organizaciones muy bonitas donde muchos trabajadores del agro han comprado sus casas. Hay muchos centros comerciales muy bonitos, muy bien puestos que se han establecido a raíz del dinamismo de la agroindustria. No obstante, la basura es un problema y eso es el alcalde. En Chincha y Pisco no hay agua potable, pero no es por el acuífero, es por la corrupción de las autoridades.

¿Qué hizo como gobernador para corregir el tema del agua potable en Chincha o Pisco?

Yo tengo una propuesta que es crear una autoridad autónoma del agua donde no se metan los políticos. Lo mismo para todos los servicios vitales del Estado. Hay que repetir el éxito del Banco Central de Reserva.

Si la gente le dice que usted es el candidato de la Confiep, o del empresariado, ¿qué diría?

De la Confiep es mentira porque no soy miembro. Pero sí del empresariado. Encantado. Yo sí quiero promover el empresariado en el Perú, empezando por la microempresa.

Los empresarios también cometen errores. Por ejemplo, en Ica los agroexportadores han sobreexplotado las reservas de agua del acuífero.

Sí, eso hay que regular. Tiene solución: o se van algunas empresas de Ica o guardamos más agua en reservorios. La primera trae pérdida de empleo, entonces prefiero la segunda opción.

Para hacerlos hay que hacer obra pública y según me dice es difícil por la corrupción del Estado. 

Puede ser privada, también. Desde el Gobierno de Ica estábamos gestionando una inversión privada de unas empresas para hacer reservorios en Huancavelica y después iban a recuperar la inversión a través de la tarifa de agua. Mi sucesor no lo siguió. Yo prefiero que lo hagan empresas privadas y no el Estado, para que no hayan todos estos escándalos de corrupción.

¿Le tocaron congresistas que buscaron favores?

Betty Ananculí me traía listas de cientos de militantes de Fuerza Popular que había que darles trabajo. (Miguel) Elías me ordenaba destituir al jefe de un hospital porque no le gustaba. (César) Segura me exigía el brevete falso para su hija. Todo eso viví y los desenmascaré ante la prensa. Ante la justicia no porque el Poder Judicial no funciona.

Pero ya se alejó de Fuerza Popular. ¿Qué lo diferencia de Keiko Fujimori?

Lo moral. En tanto a economía de mercados somos muy parecidos. Igual es Acción Popular, el APRA, el Partido Morado, Perú Patria Segura, el PPC y Fuerza Popular. Todos pensamos igual. Lo que me diferencia de ella es lo moral. Fuerza Popular vende puestos en el Congreso, el que paga tiene los primeros puestos y eso no es correcto. Ella dijo que yo era un traidor porque parece que quería que yo contratara a militantes del partido, tipo Richard Swing. Pero yo no entro en eso. Entonces, efectivamente, yo no contraté militantes o eran la minoría.

¿Esto también lo diferencia de PPK? Muchos dirían que son muy parecidos.

Sí, lo moral. A mi no me parece bien hacer consultorías para Odebrecht sabiendo que uno tiene información privilegiada.

Entre Keiko y PPK, ¿quién es el responsable de estos últimos cinco años?

La corrupción en general, el Congreso fujimorista y este último también, igual o peor. El Ejecutivo de los últimos veinte años, también. Toledo y Alan García, impresentables, coimeros. No es un problema de ideologías de derecha o izquierda, sino de la corrupción.

Usted en el 2019 dijo que Vizcarra era su amigo. ¿Qué piensa ahora?

Es un coimero como los anteriores, como Humala y Toledo. Es una porquería. A mi me lo presentaron como el gran gobernador de Moquegua, honesto, que apostó por la educación. Me engañaron, como a muchos peruanos. Es mentiroso. Está yendo al Congreso por el poder del congresista, que es muy amplio. Algunos congresista se creen reyes, se transforman y abusan de su poder. Vizcarra está yendo al Congreso para usar malamente el poder del congresista para salir de todas las inmundicias.

¿En algún momento lo buscó Vizcarra? 

Nos hemos reunido muchas veces, cuando fui gobernador y él ministro. Desató la traba de la autopista Pisco-Chincha. Parecía una buena persona, pero resulta que era un gran coimero.

¿Eso lo hace más peligroso?

El corrupto funge de honesto. Vizcarra dice que su bandera es la lucha contra la corrupción. Es difícil para la población creerle a los políticos después de eso.

Usted tiene la misma bandera, podrían pensar lo mismo. 

Tienen toda la razón en dudar de mí, no los culpo. Es inevitable. Pero hay que seguir en la brega.

La última: ¿qué piensa de la Generación del Bicentenario?

Me parece un bonito nombre y estoy seguro que la juventud va a salvar a este país. Admiro la firmeza y valentía de muchos jóvenes, pero cuestiono severamente a esos vándalos que se infiltraron en las marchas, a esos salvajes que destruyeron propiedad de otros. Yo he visto esas imágenes de un contenedor en llamas lanzado a la policía y demás.

¿Hubo excesos de la policía?

De hecho, pero hubo exceso de parte de los vándalos. Unos policías salvajes dispararon abusivamente y tienen que ser sancionados, así como los vándalos que lanzaron contenedores en llamas. Cuidado con los infiltrados.

Alberto Beingolea dio esta entrevista a mediados de noviembre. La coyuntura, sin embargo, obligó a publicar solamente sus respuestas sobre los sucesos que en esos días ocupaban urgentemente al país: la caída del breve gobierno de Manuel Merino. Pero la convulsión ha pasado y la campaña ya empieza a calentar. Por eso, Sudaca recupera ahora lo que dijo sobre su campaña y sobre el PPC. Este es el candidato Beingolea, el cuarto más votado en las congresales del verano que, sin embargo, no obtuvo una curul porque su partido no pasó la valla.

Después de lo ocurrido en el Congreso, ¿cree que el PPC se hubiera perjudicado si continuaba la alianza con APP, que tuvo un papel central a favor de la vacancia?

Eso ya es pasado, no hablaré de eso. Ahora el PPC tiene una candidatura propia. Hemos tratado durante mucho tiempo de convencer a más gente, resignando inclusive nuestras propias ambiciones. Hemos tratado de convocar, pero la gente no entiende. Hoy vivimos un mundo difícil en donde es un todos contra todos, sin razón. Es “vamos a pelear porque tenemos que pelear”. Nosotros hemos intentado conciliar, buscar, sumar. Creemos en la unidad nacional y, bueno, lo hemos intentado.

¿Hubo alguna otra posibilidad de alianza o algún partido con el que a usted le hubiera gustado hacer esa convocatoria?

Te repito, yo ya no quisiera hablar de eso. Solo te diré esto: nosotros conversamos con prácticamente todas, o todas, las fuerzas de este sector de la cancha, de esto que vamos a definir como centro político. Y con todos encontramos la misma actitud. Todos son divos, todos son los salvadores de la patria. Entonces así es medio difícil, ¿no?

Ahora que ya están corriendo solos, ¿cree que es una ventaja que el PPC no haya colocado congresistas en las últimas dos elecciones?

Sí, a la luz de los hechos es una tremenda ventaja porque queda evidencia, para quienes recuerdan un poco y tienen memoria, que en estos congresos desastrosos el PPC no estuvo. Mientras el PPC estuvo dentro del Congreso por lo menos había una luz de un grupo a veces más grande, a veces más chico, de gente sensata, que ponía tranquilidad y que evitaba que circunstancias como estas ocurriesen. Pero eso terminó.

¿Es un capital político, entonces, que utilizarán en la campaña?

No sé si lo usemos, porque la gente suele no tener mucha memoria, pero espero sí recordarlo. O sea, a nosotros no pueden responsabilizarnos de lo que está ocurriendo. Yo no entiendo cómo después de esto la gente puede votar por APP o por Acción Popular, o por Podemos Perú, o por cualquiera de estos grupos. O por Frepap, que fue el voto tan coolde las últimas elecciones. A ver, quisiera ver que vuelvan a votar por ellos. No lo entendería. El PPC es un partido que mientras estuvo en el Congreso hizo las cosas bien. Tú del PPC solamente escuchabas en el Congreso buenas opiniones. Podías no estar de acuerdo, pero tenías que admitir que era un grupo de gente honesta que trabajaba por el país.

En los últimos años el PPC ha sufrido una serie de reveses: derrotas electorales, alianzas rotas, problemas internos, etcétera. ¿El partido se siente frustrado?

No. Creo que son las historias normales de cincuenta y tantos años de historia. Haber vivido supone haber tenido experiencias, buenas y malas. Eso es algo que un partidito que nace de la noche a la mañana no puede contar, nosotros sí. Hemos enfrentado dictaduras, hemos pasado cierres, hemos perdido inscripción, nos hemos vuelto a inscribir, hemos tenido victorias, derrotas, hemos pasado de todo. Es parte de tener tantos años en la vida de la república. El PPC no es una anécdota en la vida del Perú, el PPC ha acompañado más de medio siglo a la historia del Perú, y toca de todo, ¿no?

Lo preguntaba porque, cuando usted asumió la presidencia del PPC en el 2017, declaró a El Comercio que era urgente una reingeniería partidaria. Dijo: “necesitamos volver a nuestros mejores momentos”. ¿Qué evaluación hace de su gestión como presidente del partido, dado que los reveses han continuado después del 2017?

Ortega y Gasset dice: “yo soy yo en mi circunstancia”. Estos tres años del gobierno del partido habría que analizarlos también en función a las circunstancias. Nadie podría haber pensado, cuando comenzó el gobierno, en diciembre del 2017, que íbamos a tener el cierre del Congreso, unas elecciones congresales. El panorama que nosotros teníamos era unas elecciones municipales inmediatas y, con serenidad, a tres años y medio, unas elecciones presidenciales para las cuales nos íbamos a preparar. El PPC venía de unos descalabros electorales. Por primera vez en la historia el PPC no tenía congresistas. Eso fue con la directiva pasada.

Veníamos de una campaña municipal que había sido desastrosa. Estábamos en nuestro peor momento. Correspondía una reingeniería partidaria. Lo primero que hicimos fue lograr que las comisiones políticas sean expresión real de todas las regiones. Luego vinieron las elecciones municipales en donde tomamos la decisión de participar con la idea de acercar otra vez al PPC al electorado. Creo que no fue mala la campaña. Mucha gente dice que pudimos haber ganado.

La gente dice que nuestro plan de gobierno era el mejor y que en el debate ganamos nosotros. Nadie pensaba que íbamos a tener unas elecciones para las que no estábamos listos y en las que nos presentamos con nuestra mejor voluntad. Y, a pesar de que no pasamos la valla, el candidato número uno a Lima tuvo la cuarta votación más alta en todo el país. Siendo malos los resultados, en ambos hemos subido el porcentaje de lo que veníamos. Y nosotros aspiramos a que esto siga porque nos queda la evidencia que nuestro actual candidato presidencial ha tenido muy buenas votaciones personales.

Usted fue el candidato a la alcaldía de Lima en el 2018 y la cabeza de lista en las congresales del 2020. ¿Siente que el intento de volver a los mejores momentos ha recaído básicamente sobre sus espaldas? ¿Siente ese peso?

[Piensa] Eso tendrás que contestarlo tú, ¿no?

¿Se ha sentido solo en ese intento?

[Piensa] No, me he sentido acompañado de un partido que está presente. Hoy en este esfuerzo me acompaña el directorio, así le llamamos, que está integrado por diez pepecistas, figuras importantes dentro del partido. Está el CEN, por otro lado, en donde tengo una compañía de un grupo de jóvenes dirigentes que son secretarios nacionales. Están los secretarios regionales, con permanente participación en todas las decisiones. Está la gente del plan de gobierno, en donde hay exministros, exviceministros, gente importante que está trabajando en ese rubro. De manera que yo me siento acompañado por un partido vivo, que existe, discute, debate, saca decisiones, y camina adelante.

¿Qué tan ilusionado y comprometido está usted con su precandidatura?

No sé si ilusionado sea la palabra, estoy comprometido. Hace veinte años yo era un abogado con un programa deportivo muy exitoso, mi situación económica era estupenda. O sea, yo muy bien. Y tomé la decisión consciente de meterme de cabeza en mi partido para colaborar con cambiar las cosas y, entonces, comencé a trabajar con intensidad, pensando en la formación de los jóvenes. Luego tomé una decisión que no fue fácil, diez años atrás, la decisión de postular, porque entendí que había que comprometerse más, que el Perú te exigía más compromiso. Me di cuenta de que yo también tenía que jugar. Por eso salió el slogan de “el 10 entra a la cancha”. Porque me decían ‘10’ en la interna. Entonces dije: “okey, hay que salir a jugar”. Con todo el sacrificio personal, familiar, económico que eso significaba. Lo hice con consciencia y con convicción. Si las personas que sabemos que somos buenas no nos metemos, vamos a dejarle esto a la gente que está hundiendo el país. Entonces, absolutamente comprometido. Esa es la palabra, no es ilusión, es compromiso. Es mi deber comprometerme y llegar hasta el final. Y dejar lo último en la cancha. O sea, voy a darlo todo por intentar.

¿Y eso no le genera ilusión?

Me genera compromiso. ¿Ilusión de cambiar las cosas? Por supuesto, es lo primero con lo que comienzas. Más que ilusión es un ideal. O sea, yo soy idealista, toda la vida lo fui, y siempre soñé con un Perú mejor. Pero, más que ilusión lo que me genera es un enorme compromiso con mi patria. La patria es la tierra de tus padres. Yo no soy un improvisado en esta tierra. Y lo digo con convicción porque esa es otra cosa que veo. Casi siempre los peruanos elegimos a un extranjero, o un hijo de extranjeros, o alguien que está vinculado. Yo no entiendo. En ese sentido sí reclamo más nacionalismo. Esta es mi tierra, es la tierra de mi familia, es la tierra de mis hijos. Aquí están enterrados mis abuelos, aquí está enterrado mi padre y aquí estaré enterrado yo el día que me muera.

En las coordinaciones previas a la entrevista me comentó que estaba estudiando un doctorado.  

Sí, en San Marcos.

¿Va a interrumpir el doctorado para hacer campaña?

No quisiera. Voy a tratar de no interrumpir nada. O nada de lo que pueda. Tengo un programa deportivo diario que se emite a nivel nacional. Lo hago todos los días, es mi trabajo. He hablado con mis auspiciadores y les he explicado que no se preocupen, que lo voy a seguir haciendo. Me quita una hora de chamba diaria. Dos, yo dicto clases en la universidad San Martín. Aspiraría a seguir dictando. Si tú me preguntas: ¿en qué momento te sientes más feliz en tu vida? Cuando estoy dictando clase. Me encanta. Es mi cable a tierra. Hago consultorías como abogado, eso sí voy a tener que dejarlo porque algunas las hago para instituciones estatales. Ahí habría un choque evidente. La consulta privada la voy a tener que dejar también.

Pero es lo único que pienso dejar. Si gano la presidencia sí creo que voy a tener que dejar el doctorado, pero lo dejaría faltando un ciclo, me quedaría con la espinita. Si estoy en el cuarto ciclo de seis, no falta nada, ¿no? Yo creo que puedo hacer la campaña mientras curso el quinto y, si salgo presidente, pues bueno, me quedaré debiendo el sexto.

Decía que va a continuar con su programa de periodismo deportivo. Usted ha dedicado mucho tiempo al fútbol, incluso me llamó la atención que en su descripción de Twitter dice “periodista deportivo” antes que “militante del PPC”. Además, no dice “presidente del PPC”, sino “militante”.

Es una tontería, no hay ningún significado en eso. Nada.

La pregunta que quiero hacerle es si le importa más el fútbol que la política, o, en este caso, ¿el fútbol o su campaña?

Me interesa muchísimo más la política que el fútbol, largamente. A mí me decían, cuando yo hacía periodismo deportivo, antiguamente, que no me meta en política. Ese era uno de los problemas que había. En la época de esplendor de mi programa deportivo estábamos en los peores años del fujimorismo y yo pegaba muy duro en mi programa. A mí me llamaban los directivos del canal a decirme que me calle. Porque yo creo que el fútbol, como lo definió no sé quién, pero Markarián lo dijo en su momento, “el fútbol es la cosa más importante de las cosas que no importan”. O sea, si ya no hay fútbol, no pasa nada. La política es muchísimo más importante. La política significa la organización de nuestra sociedad, la vida del país. No hay punto de comparación. Te digo que voy a continuar con mi trabajo no porque me muera por el fútbol, que por cierto me muero por el fútbol, sino porque es mi trabajo, y yo tengo que vivir. O sea, la gente tiene que saber que yo soy un candidato que trabaja para vivir. Es la manera como mantengo a mis hijos, y cuando esté en campaña tengo que seguir trabajando. Ya lo he hecho en tres campañas, así que no hay ningún problema, se puede. Es difícil, duermes menos, pero se puede y te quedas en paz.

Hay otro precandidato que también ha pasado muchos años vinculado al fútbol. ¿Usted conoce personalmente a George Forsyth?, ¿qué puede decir de él y de su candidatura?

Lo conozco personalmente. No tenemos amistad, lo conozco. Pero no diría nada de su candidatura. No me parece elegante. Te tocaría a ti juzgar su candidatura, ¿no? Solo lamento que haya dejado La Victoria a la mitad de su gestión, no me parece responsable. Si yo busco el voto de la gente, cumplo mi palabra primero, después lo que quieras.

Honestamente, ¿cuáles cree que son las posibilidades reales del PPC en este proceso electoral?

Ganar. Honestamente, el voto en la última elección ha sido muy fragmentado. El que quedó en segundo lugar me parece que alcanzó el 9% o el 9.5%. Eso, ¿qué cosas te dice?, si nosotros duplicamos la votación que obtuvimos en la última elección, estamos en la segunda vuelta. Así de sencillo. Por supuesto, mi análisis es mucho más complicado y no lo voy a compartir contigo, pero, en una matemática simple, nuestra opción es ganar. Nosotros apuntamos a ganar.

Tags:

Alberto Beingolea, Candidatos presidenciables, Elecciones 2021
Página 46 de 47 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47
x