[EN LA ARENA] En estos días de fiestas es casi imposible escapar de las ganas de hacer un balance del país. Las juntas con amigos y familiares nos muestran siempre que no es tan fácil vivir en un país tan obviamente complicado. Y la condición más clara, que nos han explicado hasta el cansancio, década tras década, diversos autores, es que disfrutamos el excluirnos radicalmente entre nosotros. Un ejemplo concreto y directo: actualmente sólo el 20% de nuestra economía es informal; sin embargo, más del 70% de peruanos (y en algunas regiones hasta el 90%) tiene un trabajo informal. De todos ellos, más de un millón de niños, niñas y adolescentes ha tenido que abandonar el colegio para empezar a trabajar así, informal o peor aún, ilegalmente, sufriendo el ser víctima de un trabajo forzado o sexual.
Mientras tanto, la presidenta que tenemos en este momento (contra la voluntad de la mayoría de peruanas y peruanos) ha dedicado todo el año a viajar al extranjero, fotografiarse con celebridades y llevar un saludo de paz. Mientras tanto, aquí ella es indiferente y deja hacer a su gabinete y al Congreso. En el proceso judicial en el que se encuentra por las masacres que con su conocimiento se perpetraron (otro caso clarísimo de exclusión y crueldad racial con el que empezamos el primer trimestre del año) ella, la presidenta, sólo guarda silencio.
Inspirada probablemente en el delirante presidente de El Salvador, su labor como presidenta se ha reducido (o concentrado, cómo se lo quiera percibir) al de la seguridad urbana. Para ello ha decidido, como su homólogo, quebrar leyes y sentidos básicos del derecho. Por lo pronto, su apuesta por dar el control policial de las calles a los militares parece no haber presentado cambio alguno. Ahora dotará de labores fiscales a los policías. Además de si reduce o no la violencia urbana, el problema es su impacto en la legislación y los antecedentes que nos deja, permitiendo que se pueda ejercer violencia de parte del Estado.
Casualmente, desde el año 2021, las cifras de tasa de homicidios en el Perú han dejado de aparecer en los estudios divulgados sobre los índices de criminalidad en América Latina por las Naciones Unidas. Sin embargo, si comparamos las cifras del año 2020 con las de este año difundidas por encargo de entidades del gobierno, podemos ver que el número de personas lamentablemente asesinadas ha disminuido notablemente. El año 2020 fueron cerca de 1900 y hasta la semana pasada el Sistema Informático Nacional de Defunciones había registrado menos de 1,100. Sin duda el índice de 6 por cada 100 mil habitantes debe haber disminuido y haber mantenido nuestra estabilidad en la región, en donde países como Colombia, Ecuador, México u Honduras, superan tasas de más de 25 hasta de 38 como alcanzó El Salvador hace algunos años.
Si el índice en Perú está bajando, queda la pregunta de por qué la presidenta insiste en quebrantar el sistema jurídico en nombre de una violencia que los medios presentan falsamente como haber “batido récord”. Porque así, la presidenta alimenta la exclusión, el odio al migrante, la sospecha contra el pobre.
En estos días de fiesta, también resulta imposible no soñar. En toda esta historia de manipulación de la información, la prensa y los rezagos de partidos políticos tienen un papel fundamental porque la exclusión se alimenta de la mentira, en cambio la solidaridad, con la búsqueda de la verdad. La exclusión no quiere que nada cambie, la solidaridad siempre quiere que seamos más y mejor. El país somos “todos”, mucho más que “nosotros”. Mi deseo para el 2024 es que al menos un medio de comunicación nacional y al menos un partido político también nacional, tenga la capacidad de proponer como salir de este mundo de trampas y engaños, de sangre y de fuego, para mirarnos, cuidar nuestras tierras de los delincuentes y dejar que nuestras niñas, nuestros niños puedan crecer en plenitud.
Los ambientalistas no quieren que se les dé título de propiedad quieren darle lo que llaman ellos contrato de sesión en uso y ya con eso solucionaron y de qué trata, un contrato que máximo son 100 hectáreas que tienen que mantener 80% del bosque que había y si no había tendrán que reponerlo que tiene además que renovarse cada 40 años a discrecionalidad de un funcionario público eso si le da la gana renovarle y que además, no son embargables ni pueden ser garantía de nada porque es terreno del Estado, entonces de nuevo están en una posición ideológica no quieren propiedad privada quieren que sea propiedad del Estado y así las tierras en todo el país tendrían que ser tierras del Estado, desde mi punto de vista es un ataque ideológico y queda cada vez más claro para mí que es ideología disfrazada de cuidado del medio ambiente y habría que preguntar quién los financia, porque claro ellos ahora dicen que el Perú va a incumplir compromisos internacionales de deforestación pero con la ley que ellos están defendiendo y se han perdido 2 millones de hectáreas en 12 años, todos los años se van 165 mil hectáreas, han crecido las hectáreas de coca en 100 mil, la minería ilegal está destruyendo la Amazonía y ahí no dicen nada, es más han dicho que ellos son los que están detrás de la norma porque eso los va a legalizar. Iris Olivera está diciendo que la Unión Europea no está pidiendo título de propiedad no ha leído la norma entonces porque la norma dice que, así como no va a importar de zonas que ya no tienen bosques también se tiene que cumplir la ley local, de lo que acabamos de hablar vamos a cumplir la ley local, no, porque estamos haciendo agricultura donde no se debe, pero que más dice la ley europea que cumplir con las normas locales el primer punto es derecho de uso de suelo ¿qué es eso? Son títulos de propiedad. Los primero que quiere él que va a exportar a Europa es saber que tienes derecho de uso de ese suelo, que tienes certificaciones medio ambientales que con la modificación si se va a poder lograr, entonces, eso es lo que les duelo y eso es lo que están tratando de generar ya hora dicen que esta norma va a permitir titular tierras de colonos que están superpuestas sobre áreas de los nativos es falso esta ley no otorga títulos de propiedad si leen el artículo de la ley que tanto cuestionan, el artículo en ninguna parte otorga derechos de propiedad, el articulo dice a los que tiene título de propiedad o tienen constancia de posesión emitidos por autoridad competente antes de la entrada en vigencia de la ley que modifica y que no tengan masa boscosa y que estén haciendo agricultura se les exonera como dar un área de uso ya agrario, no se cuestiona el uso agrario lo cual tiene sentido si usted está haciendo agricultura ya 30 años aceptaría que le digan que no va hacer agricultura. No hacer nada es un atentado contra la agricultura en todo el país no solamente en la Amazonía, la modificación es una salida y dice al día de hoy que se publica la ley todo lo que ya tenga agricultura y donde ya no haya bosque ya no hay discusión, pero si tienes bosque en pie no me puedes tocar la ley no autoriza a tocar bosque en pie esa es otra mentira que están diciendo.
¿Está modificación garantiza que no se siga deforestando?
