El pistolero del fundo Luzmila

Por: 22.01.2022

 

Por Alba Ñaupas y Julio Rospigliosi

 

“¡Avancen, carajo!”, gritó el hombre después de lanzar un disparo al aire con un arma de largo alcance. Estaba montado en la tolva de una camioneta de la empresa RVR Agro, dueña del fundo Luzmila, en Ica. Al frente tenía a un centenar de obreros agrícolas que habían bloqueado una trocha de ingreso a la finca como protesta por las precarias condiciones en las que trabajan.

El hombre de pelo canoso fue identificado por el Frente de Trabajadores Agrícolas de Ica (Frentagri) como Carlos Manuel Villacorta Pineda, el gerente de RVR Agro. Así lo dice a Sudaca Julio Carbajal, presidente de ese gremio. Y los datos del empresario en el Reniec no lo dejan mentir. 

En los videos se observa que, mientras los trabajadores desarmados pedían a Villacorta no disparar, el hombre seguía amenazándolos con su arma. “Sin armamento, por favor. Nosotros no somos animales”, gritó una de las mujeres que grabó el hecho. La Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) está investigando, pero todavía no emite informe sobre lo sucedido.

villacorta gamonal
Carlos Villacorta Pinedo, identificado como el hombre que salió a amedrentar a los trabajadores con un arma.

 

LAS DEMANDAS

Según un reporte policial al que Sudaca accedió, las protestas empezaron la mañana del lunes 17. Fue el mismo Villacorta Pineda quien llamó a la comisaría local para pedir apoyo. Pero cuando los efectivos policiales se acercaron, a las 8:30 am, la entrada del fundo Luzmila estaba bloqueada con cables, palos y cilindros.

Quienes impedían el paso eran alrededor de 100 trabajadores que reclamaban -entre otros- por la “alimentación de baja calidad que reciben”. Los obreros también denunciaron que los obligan a realizar labores de limpieza sin recibir pago alguno. En los videos se puede escuchar a uno de los manifestantes explicándole a la Policía que los tenían “una hora, dos horas ahí atrapados, limpiando, y no nos pagan nada”.

Marco Vacilo López, extrabajador de la empresa agrícola y sindicalista del Frentagri, cuenta a Sudaca que, cuando él estuvo en Luzmila hace dos años, la comida era “como para chancho” y ni siquiera les daban agua.

Otras demandas de los obreros son que les aumenten el pago por cada jaba de uva que completan y mayor salubridad en los baños. La precariedad de las condiciones laborales que deben aguantar los trabajadores en la compañía de Villacorta ya había sido registrada por inspectores de Sunafil en años anteriores, como veremos más adelante. 

Aquel lunes 17, luego de un diálogo con los manifestantes, los efectivos lograron que se les permitiera el ingreso. Dice el documento de la Policía que se dirigieron al área de recursos humanos, y tuvieron una reunión con representantes de los trabajadores y de la empresa. Ambas partes, según los agentes, llegaron a un acuerdo “mediante un diálogo calmado”.

Carlos Villacorta Rath
Carlos Villacorta Rath (34), hijo del dueño. Estuvo en la hacienda al momento de las amenazas.

Sin embargo, de la amenaza que quedó grabada en varios videos, los cuales se viralizaron en redes sociales, no se dejó constancia en el reporte policial.  “¡Los que no quieren trabajar, se pueden ir por la puerta!”, repetía Carlos Villacorta Pinedo, escopeta en mano. Además, en uno de los videos se ve que, al costado del gerente de RVR Agro, otro hombre de polo negro también porta un arma.

De acuerdo al presidente del Frentagri. Julio Carbajal, ese segundo hombre sería familiar de Villacorta. Los apoderados de la empresa agrícola son Carlos Villacorta Rath y Rosa Villacorta Rath, hijos de Villacorta Pinedo. El primero es, según el acta policial, gerente de planta en el fundo Luzmila.

Carbajal detalla que los hechos violentos ocurrieron aproximadamente a las 10 de la mañana. Según el parte policial, los agentes se retiraron al menos una hora y media después. ¿Por qué omitieron las amenazas del dueño del fundo? Pedimos insistentemente una entrevista con el jefe policial de Ica, el General Adolfo Valverde Arcos, pero el área de prensa de la institución no quiso que le hagamos preguntas.

Russell Nina, secretario de juventudes de la Confederación de Trabajadores del Perú (CTP), considera que el parte policial “es inconsistente porque es evidente que hay diferentes tomas, en diferentes ángulos, de que los dueños del fundo estaban con armas de largo alcance. Es cuestionable que la policía no haya consignado dentro del acta policial ese incidente”.

parte policial
El parte policial de los hechos omite las amenazas del pistolero.

 

HISTORIAL DE ABUSOS Y DEUDAS

La reciente actuación de Villacorta Pinedo no debería sorprender. De acuerdo a varios partes policiales que Sudaca revisó, el sujeto tiene un arsenal de armas, entre pistolas y escopetas. Del 2013 al 2017, por ejemplo, denunció la pérdida de seis licencias para portar estas. Todas se perdieron, coincidentemente, cuando Villacorta se encontraba “transitando en la calle”. Además, el 2014 denunció que le robaron dos escopetas. 

El descuidado empresario tampoco es muy diligente con sus cuentas. Y es que Wet Field EIRL, otra de sus empresas, ha registrado deudas en cobranza coactiva con el Tesoro público que suman S/297.414, correspondientes al 2003 y 2007, de acuerdo a la Sunat. 

Sudaca se comunicó con Villacorta Pinedo para preguntarle por su versión, pero este solo se limitó a decir “que la policía ya está haciendo las investigaciones” y luego colgó la llamada. Le dejamos un cuestionario de preguntas por mensajes de WhatsApp, pero al cierre de este informe no respondió.

Lo que sí se evidencia en el registro policial es la parsimonia de la Sunafil. Los efectivos se comunicaron con esta entidad solicitando su presencia en el lugar, pero hasta las 11:30 am, dice el documento de la PNP, los fiscalizadores no habían llegado al fundo. 

Esta no es la primera vez que la empresa de Villacorta es acusada de maltrato laboral. En agosto del año pasado, alertados por la denuncia de un obrero, inspectores de Sunafil se hicieron pasar como trabajadores para ingresar a Luzmila. En esa ocasión, pudieron comprobar que no se cumplían los protocolos para prevenir los contagios de Covid-19 y que se ponía en riesgo la vida de los trabajadores.

wet field
La deuda registrada en la Sunat de otra de las empresas de Villacorta: S/297.414.

La inspección concluyó con la paralización de las actividades dentro del fundo, porque se constató que se ponía “en riesgo grave e inminente la vida de once trabajadores agrarios, quienes pudieron sufrir accidentes o incluso perder la vida, mientras desarrollaban sus labores cotidianas”. Ejemplo de ello es que los obreros “podían quedar atrapados en la faja del equipo de la compresora” o hasta “perder la vida por ahogamiento”. 

Otro de los abusos que observaron es que se le pedía a los empleados que se retiren si no cumplían las metas fijadas, pero no se les daba movilidad para que regresen a Ica. Incluso, les retenían sus documentos hasta la hora de salida. “Si te pedían que te vayas, tenías que ir caminando 30 o 40 minutos hasta la Panamericana y recién ahí tomabas un colectivo hasta el centro”, explica a Sudaca el extrabajador Marco Vacilo, que estuvo por aquellas fechas en el fundo. 

También se evidenció la falta de un comedor. “[Los inspectores] comprobaron que la empresa no tiene acondicionado un comedor, pues [los obreros] ingieren sus alimentos en el campo, de forma inadecuada”, se lee en la nota de prensa de la Sunafil.

La superintendencia ya había puesto una multa de S/30.052 a la empresa en marzo de aquel 2021. En los últimos dos años, el fundo Luzmila fue fiscalizado 25 veces, según información de la Sunafil. De este total, siete inspecciones concluyeron con sendas actas de infracción y 12 en informes. “Un acta de infracción es lo que da inicio a un posterior procedimiento sancionador donde eventualmente se aplica una multa, es un indicio de que se han detectado infracciones”, explica a Sudaca Christian Sánchez, exministro de Trabajo.

Consultamos con el área de prensa de la Sunafil sobre las multas y sanciones contra el fundo Luzmila, pero hasta el cierre de este informe no respondieron. Luego de que los videos de Villacorta con su arma se hicieran virales, emitieron una nota de prensa. Allí informan que están fiscalizando al fundo Luzmila por “presunta vulneración a la normativa sociolaboral y de seguridad y salud en el trabajo”.

Lo que se está inspeccionando son las “condiciones de seguridad, identificación de peligros y evaluación de riesgos, equipos de protección personal, registro de trabajadores en la planilla, incumplimiento de jornadas y horarios de trabajo”. Hasta el momento no se ha emitido un informe sobre los resultados de dicha inspección.

Diversos gremios e instituciones ya se han pronunciado rechazando los actos de violencia, abuso y amedrentamiento de parte de RVR Agro. Por ejemplo, la Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Ica pidió que estas acciones sean investigadas por las autoridades y recalcó que el fundo Luzmila no es parte de las 28 empresas agroexportadoras afiliadas a la Cámara.

“Todas estas empresas son miembros del Comité de Derechos Humanos, donde son unos convencidos de que la única manera en que se puede solucionar los problemas entre el trabajador y el empleador es mediante una mesa de diálogo”, explica Eduardo Ojeda Dávila, presidente de la Cámara. 

El miércoles 19 la ministra de trabajo Betssy Chávez y el superintendente de Sunafil, Jesús Baldeón, se reunieron con los representantes del Frentagri y la CTP. Una de las medidas que adoptaron fue que el Ministerio del Interior realice una inspección adecuada. También se pidieron más inspectores de Sunafil.

“Si es que el Ejecutivo no actúa de manera objetiva, nosotros como CTP [coordinadora sindical a la que está afiliado Frentagri] vamos a presentar una denuncia a la Fiscalía con todas las evidencias [se refiere a los videos], porque tampoco podemos permitir que un empresario actúe de esa manera en pleno siglo XXI”, concluye Russell Nina, secretario de juventudes de la CTP. Y es cierto: el gamonalismo tendría que haberse erradicado hace 50 años.

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Representante de los pescadores: “Han destruido nuestra única fuente de trabajo”

Por: 21.01.2022
Por Cristian Rebosio

El presidente Pedro Castillo recién se acercó a la playa de Ventanilla el jueves y Repsol se pronunció el miércoles, ¿cuándo advierten ustedes que ocurrió el derrame?

Nosotros, como federación, nos enteramos el mismo día por los pescadores que venían regresando de su jornada de trabajo.

¿Alguna autoridad se acercó para ayudarlos o advertirles de los peligros del derramamiento de petróleo?

Más bien fuimos nosotros los que hemos avisado al OEFA (Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental), que no se ha tomado la molestia de responder. Le hemos enviado otro comunicado advirtiendo lo que está sucediendo ahora, para que no se siga insultando a la inteligencia del pescador artesanal ofreciendo canastas y trabajo para realizar la limpieza del desastre. Parece que en Repsol, además de no tener una alternativa para asumir sus responsabilidades, desconocen que los hidrocarburos son altamente tóxicos y el pescador nunca fue entrenado para su manipulación. Por lo tanto, en vez de generar una solución, estarían ocasionando mayores problemas.

¿La posibilidad de ser contratados por Repsol para limpiar el petróleo derramado no es del interés de los pescadores?

El trabajo más difícil que hemos enfrentado en plena pandemia ha sido que el pescador haya tenido que salir al mar sin una protección de parte del Ministerio de la Producción ni del gobierno. Si tenemos que ir a trabajar no le corremos al trabajo, pero estamos hablando de hidrocarburos que son altamente contaminantes. La correcta manipulación es para aquel que fue entrenado y no es nuestro caso. Esta empresa, si no sabe administrar estos recursos altamente tóxicos en aguas peruanas, debe retirarse no sin antes cumplir con lo que la ley exige. Repsol debe estar pensando en cómo asumir no solo el 100% de lo que está pasando con la parte superficial del mar, sino con las aguas medias, el fondo marino y la destrucción de todo el ecosistema. 

Tras el derrame de petróleo, ¿observaron que Repsol desplegara algún tipo de plan de contingencia?

Más rápido hemos reaccionado nosotros. Mientras ellos estaban pensando que iban a solucionarlo con una o dos embarcaciones pequeñas, nosotros estábamos pensando en una solución macro a todo esto. Pero se ha podido ver que poco o nada les está interesando. No hay una real intención de darle solución a esto.

La primera ministra, Mirtha Vásquez, y algunos congresistas se han reunido con representantes de Repsol, ¿los pescadores han tenido representación en estas reuniones?

Parece ser que a los señores de Repsol lo que les interesa es la gente que tiene carro, terno y corbata. Pero no hay ningún problema. Los hermanos pescadores también usamos terno y, si no lo tenemos, lo podemos alquilar. Y si no tenemos carro, tomamos un taxi. Nosotros estamos buscando que Repsol demuestre que es una empresa responsable. Está bien si no ha tenido alternativas de soluciones, pero de aquí en adelante tiene que remediar. Más de uno está pensando que esto va a pasar en cinco o seis meses. Nosotros no somos técnicos, pero hemos podido ver, con tanta experiencia en el mar, que este hidrocarburo ya se mezcló con el agua. Quién va a mejorar nuestro fondo marino y decir a nuestras especies que retornen. Han destruido nuestra única fuente de trabajo. Esto nos lleva a que desembarcaderos como el de Ancón estén cerrando y va a generar más hambre del que ya tenemos. 

¿No han podido tener reuniones con Repsol para manifestar estas preocupaciones?

Si Repsol tuviera bien puesta la camiseta de la bandera peruana, ya debería haberlo hecho [convocarlos a una reunión]. 

¿Han podido dialogar con representantes del gobierno?

Hemos conversado con el presidente de la Comisión de Producción, Bernardo Quito (Perú Libre). También nos ha llamado el congresista Abel Reyes (Perú Libre) de la Comisión de Inclusión Social. Mañana, como federación, nos estaremos apersonando a Ancón a las ocho de la mañana para una convocatoria [a una reunión] en esa caleta histórica y hacer respetar nuestros derechos.

¿Cuál sería una compensación aceptable para los pescadores?

Deben resarcir económicamente a los pescadores. Independientemente que deben asumir las responsabilidades al 100% de la catástrofe que han generado, deberían participar [se refiere a que deberían buscar soluciones] directamente con los pescadores que están en la zona de influencia para resarcir esta problemática. En Chancay también advirtieron que van a cerrar ese embarcadero.

¿Está conforme con el papel del gobierno actual en este desastre ecológico?

El gobierno ha dictado una medida de emergencia. Si hubiera estado el señor Alan García o Alberto Fujimori, llegaban a la prensa, hablaban de crisis y luego aplausos. Creo que el presidente Castillo, al haber firmado el decreto de urgencia ambiental, merece el mismo respeto.

¿Siente que se ha intentado blindar a Repsol?

Hasta ahora, por lo que he visto en televisión, no se da la misma importancia que a otros temas. Tengo la impresión que, si esto le hubiera sucedido a Petroperú, le hubieran dado duro día y noche. Pero ha sido Repsol y hay que darle, pero no tanto. Ahí hay un blindaje.

La federación que usted representa le envió una carta a la primera ministra, Mirtha Vásquez, pidiendo declarar en emergencia la pesca artesanal en la zona afectada, ¿recibieron alguna respuesta?

Sinceramente, no.

Muchos pescadores han visto perjudicada su actividad económica, ¿están evaluando la posibilidad de demandar a Repsol?

Sí. Nosotros, como federación, lo estamos evaluando y también las mismas organizaciones. Pero, en caso los hermanos no pudieran hacerlo, estamos coordinando con técnicos y profesionales para poder hacer la denuncia que corresponde.

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derrame de petróleo, pescadores, Repsol, Repsol-La Pampilla

César Combina, el hombre de las mil camisetas

Por: 14.01.2022

 

Por Julio Rospigliosi y Alessandro Azurín

La carrera política de César Combina ha estado marcada por un verbo: abandonar. Forzadamente, a veces, como cuando lo ‘desfederaron’ en la PUCP; o por voluntad propia, como la vez que dejó el proyecto de APP con el que se pensaba que llegaría a ser gobernador regional. “No hay un caso como el de César Combina, por el que se haga tanto trabajo para que después termine en otro lugar”, dice José Miguel Álvarez, quien fue parte de esa última aventura en Junín.

Su paso por la política se caracteriza por el cambio de camisetas a granel: primero fue el PPC, luego el fujimorismo y más tarde un movimiento regional que llevaba su apellido. El 2020 llegó al Parlamento con Alianza para el Progreso (APP) y ahora ha vuelto a recalar en tienda naranja. A todo eso habría que agregarle la fundación de un partido de derecha en su época estudiantil y, según documentos y testigos, su incursión en un movimiento universitario llamado Falange Reformista.

Para este perfil Sudaca entrevistó a excompañeros y rivales políticos de Combina, quienes en los últimos 19 años han sido testigos de ese sistemático tránsito entre agrupaciones, de las que casi siempre sale peleado. El hoy precandidato de Fuerza Popular para Lima Metropolitana también responde.

 

LA VERDAD DE LA RENUNCIA

Combina ha dicho recientemente que la primera vez que dejó el fujimorismo lo hizo por su rechazo a Joaquín Ramírez. “Yo fui uno de los más duros que se enfrentó a él [Ramírez] a la interna y, por lo tanto, tomé la decisión de no afiliarme a Fuerza Popular, pese a la invitación de esta agrupación”, declaró sobre su salida de Fuerza Popular de hace 7 años. Había llegado como invitado. En esa época, Ramírez, embarrado por investigaciones fiscales y periodísticas, era secretario general del partido.

Los archivos y los testimonios apuntan, sin embargo, en otra dirección: Combina era mal visto por varios dirigentes fujimoristas de Junín. “Lo conocían apenas en la selva de esa región, donde tiene una casa, pero no en la capital, Huancayo”, cuenta César Merea, exalcalde fujimorista de la provincia de Satipo. “Él no vivía en Junín, venía esporádicamente”, aclara José Miguel Álvarez, actual consejero regional. 

Cuando César Combina llegó allí, en el 2014, faltaba poco para las elecciones municipales. Él era la ficha para ganar el cargo de gobernador, pero quedó cuarto. “Nosotros teníamos un candidato regional y, de la noche a la mañana, el comité ejecutivo decidió que el señor Combina sea quien vaya a la gobernación. Hasta cierto punto lo veíamos con desconfianza y una actitud que yo no compartí”, dice Merea.

Luego de los comicios, quedó como coordinador regional del partido. Pero no pasó mucho tiempo para que su relación con los militantes se rompiera definitivamente. El 19 de junio del 2015, el diario ‘Primicia’ sacó una nota titulada “César Combina llamó ‘regordeta y retardada’ a Keiko Fujimori”. La nota decía: “Indignación se vive en un sector del fujimorismo en Junín tras conocerse que el excandidato a la presidencia regional calificó de regordeta y retardada a Keiko Fujimori, además de otros calificativos y cuestionamientos que aparecieron publicados en su blog de internet ‘La Combi de Combina’”.

nota primicia
Nota del diario Primicia del 2015, que da cuenta de las acusaciones contra César Combina de parte de un sector del fujimorismo.

“Se puede leer por ejemplo: ‘¿por qué no a la regordeta? Pues porque no está preparada y la gente que la acompaña es de la peor calaña. Imaginen a una retardada de presidente, que lo único que sabe decir es besho abasho, con un séquito de chupasangres’”, reseña el informe periodístico.

La nota cita también a Augusto Lara Pérez, entonces secretario del comité provincial de FP en Huancayo, quien detalló que los calificativos fueron publicados seis años antes, en el 2009. Dijo que la verdadera intención de Combina era “infiltrarse en el fujimorismo para promover la división y el caos partidario”.

El blog había nacido en medio de una crispada situación al interior de la Universidad Católica (PUCP), donde César Combina hizo sus pininos políticos. Y un excompañero de aulas, cuya identidad mantendremos en reserva, comenta acerca del antifujimorismo de Combina como estudiante. “Cuando inició su carrera política, tenía una postura bastante crítica al fujimorismo, lo que era natural en la universidad. Además, en esa época militaba en el PPC, que por aquellos años confrontaba al fujimorismo”, cuenta.

César Combina niega haberse referido a su lideresa en esos términos y dice que nunca se identificó como “antifujimorista”. La nota periodística ocasionó, de todos modos, que los secretarios provinciales exijan la inmediata destitución de Combina como coordinador regional.

Esa semana de junio del 2015, Correo informó de una carta firmada por el secretario provincial de Chanchamayo, Marino Aroni Calderón. “Respaldan la solicitud 5.289 firmas recolectadas en Chanchamayo. Según el documento Combina viene ‘fomentando el divisionismo y la anarquía conformando coordinaciones provinciales y distritales paralelas a las ya existentes’”, se lee en la nota del diario.

César Combina dice que detrás de aquellos esfuerzos por castigarlo estaba Joaquín Ramírez. “Las pugnas empiezan con un sector de la región Junín vinculado a Joaquín Ramírez y Alas Peruanas, que funcionaba en Huancayo. Pensaban que yo iba a ser precandidato al Congreso. Pero yo había decidido no lanzarme para permitir que los dirigentes participen en ese proceso”, se defiende Combina.

“Aroni, que era gerente municipal de Chanchamayo, presentó firmas. Pero los firmantes no eran representantes de Fuerza Popular, era un padrón de beneficiarios de la municipalidad [donde Aroni trabajaba]”, añade.

En agosto, la cúpula fujimorista le bajó el dedo y lo removió de su cargo de coordinador. Sin protagonismo y enfrascado en peleas internas, un mes después Combina anunció que no seguiría el partido. Dijo que Joaquín Ramírez había “empoderado a personajes nefastos en cargos dirigenciales en Junín”.

-¿No sabía que ya, desde el 2014, la Procuraduría tenía en la mira a Joaquín Ramírez?- le preguntamos.

-Yo acepté [ser invitado a FP] porque en la provincia de Chanchamayo, mi provincia, tres alcaldes eran de Fuerza Popular. Fueron ellos los que me invitaron. Durante toda la campaña [del 2014 al gobierno regional] no tuve contacto con Joaquín Ramírez. Sí lo tuvo el candidato de Pasco, por ejemplo.

-Pero usted no necesitaba mayor contacto para saber que Joaquín Ramírez era de la cúpula de Fujimori.

-Sí, pero no tenía mayor información sobre él. Fue recién el 2015, cuando fui coordinador, que empecé a tener reuniones orgánicas y tuvimos roces con él sobre su visión.

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Combina le echa la culpa a Joaquín Ramírez de los pedidos para que lo destituyan. (Foto: Congreso de la República)

 

LA COMBI Y LA FALANGE

La carrera política de César Combina empezó el 2006 en la PUCP, cuando asumió la presidencia del Centro Federado de la Facultad de Letras. Iba a Antropología, estaba becado y era militante del Partido Popular Cristiano (PPC), que aquel año lanzaba como candidata presidencial a Lourdes Flores.

Quienes lo recuerdan, señalan que se ausentó de las labores del cargo por su compromiso con el partido. Entonces, fue removido por su propia mesa directiva.

En el 2007, fundó -junto a un grupo de amigos, algunos de las filas del PPC-, Unión Estudiantil (UNES), un movimiento de derecha que aún existe en la universidad. Aquel año llegó a ser Representante Estudiantil ante la Asamblea Universitaria (REA), cargo que le permite al alumnado tener voz en la máxima instancia de gobierno de la casa de estudios.

De la REA, sus opositores recuerdan a un Combina también ausente. “Ahí tu única obligación es ir a la asamblea. Yo me maté yendo un año ahí, pero él desapareció por completo. A mitad del mandato, se va de intercambio a otro país y entonces, es el segundo cargo sobre el que podría decirse que sale ‘vacado’. Primero ocurrió en Letras”, cuenta Ricardo Sifuentes, que también fue miembro de la REA. Los excompañeros de Combina en UNES, en cambio, dicen que la presión de otros grupos les impedía participar de las comisiones activamente.

De UNES, sin embargo, Combina también se alejó tras discrepancias internas. Cuando en 2009 quiso lanzarse a la presidencia de la Federación de Estudiantes (Fepuc), sus compañeros de partido se manifestaron en contra. “No era el momento y queríamos concentrarnos en otras cosas. Además, ya había diferencias sobre su forma de hacer campaña. Él tenía un estilo mucho más populista, que apelaba a la imagen de las personas más que a las protestas”, recuerda uno de ellos sobre su salida.

Combina se lanzó con una lista de “independientes”, pero perdió. Luego se dedicó a lanzar ácidas críticas a la gestión ganadora. En medio del boom de los blogs, el entonces militante del PPC tenía el que ya hemos mencionado: La Combi de Combina. “El sacó su blog y nos insultaba. Dos, tres veces a la semana. Inventaba mil situaciones estúpidas y así fue durante un año”, dice Sifuentes, quien le ganó las elecciones a la Fepuc.

Sus ataques llegaron demasiado lejos y eso le costó la expulsión del gremio estudiantil. Combina realizó falsas acusaciones sobre el proceso electoral que venía preparando la universidad a fines del 2009 y fue ‘desfederado’. “La Fepuc quiere más delegados allegados para copar la Asamblea y bloquear denuncias, acusaciones y censuras. Todo un verdadero mecanismo de defensa, al fiel estilo fujimontesinista”, escribió en su blog. Hoy no tiene problemas en posar junto a Keiko.

Combina nunca se retractó, como él mismo confirma a Sudaca. “Mi proceso de ‘desfederación’ [que le impidió asumir más cargos de gremio estudiantil] se da justamente por posiciones que tuve contra el copamiento que desarrolló el ala que luego se convirtió en Fuerza Social, de Susana Villarán”, asegura.

En medio del proceso disciplinario, su nombre apareció en una lista para la Fepuc llamada Falange Reformista Universitaria, un término que hace referencia al partido fascista español que mantuvo en el poder Francisco Franco (RAE dixit). De acuerdo al portal La Mula, en el Facebook de esta agrupación se incluían mensajes como “¡Brazo en Alto Falangistas! ¡Por una PUCP sin rojos!», «¡Camaradas, a quemar la San Marcos, el mejor comunista es el que está boca abajo!”, entre otras.

Combina niega su afiliación a Falange Reformista y dice que “fue una creación difamatoria”. “Prueba de ello es que no tenemos un certificado de inscripción. Esta es una situación que yo aguanté muchos años, una situación bastante cruel que revive cada vez que me lanzo [a algún cargo]”, agrega.

Pero Sudaca habló con dos miembros de aquella lista, quienes recuerdan el rótulo de Falange Reformista. De hecho, el arquitecto Andrés Rieckhof, amigo universitario de Combina, envió ese año una carta a la Fepuc indicando que lo habían colocado sin su autorización.

“En ese momento César era mi amigo. Era muy payasín, muy risueño, todo lo tomaba a broma, pero [la inclusión en Falange] no era así. Yo le dije que no pertenecería y que no podía estar en algo que probablemente podía explotar a la larga”, explica Rieckhof a Sudaca.

Otro examigo de Combina que integró la lista admite el nombre, pero lo matiza: “La postulación era un bluf, no era seria, nunca tuvo intención de postular realmente”. Falange Reformista no llegó a participar de los comicios. 

Entre dimes y diretes, Combina terminó la universidad en el 2010. Ese año, se postuló como regidor por Lima en la lista de Lourdes Flores. Compañeros de esa época dicen que el partido no le abrió más espacios de representación, por lo que empezó a saltar de bando en bando.

pruebas falange
Izquierda: En la lista de Falange Reformista Universitaria aparece el nombre de César Combina como «Presidente». Derecha: el pedido de uno de los integrantes de esa lista para que lo retiren de ahí, porque no dio su autorización. Esta persona corroboró la veracidad del documento.

 

DESLEALTADES EN JUNÍN

Luego de su paso por la universidad y de dejar su militancia en el PPC, César Combina se concentró en Junín, donde tiene familia. Encontró en el fujimorismo, al que había criticado en sus años universitarios, una vitrina importante. Y, como hemos visto, salió de ahí en medio de acusaciones de ida y vuelta el 2015. Dos años después, fundó un movimiento personalista. El nombre: ‘Combina Junín’.

Para las elecciones regionales del 2018, movimientos incipientes como el suyo debían buscar aliados. “Ese año se acerca el joven César Combina, cuyo movimiento estaba en proceso de formación. Como era joven, podía ser un buen político, una buena promesa. Así que él fue parte de Caminamos Juntos [el partido por el que postuló el 2018]”, cuenta Dimas Aliaga, quien ese año postuló a la provincia de Huancayo con el mismo partido.

Aliaga no tiene el mejor recuerdo de Combina, que encabezó la lista al gobierno regional. “Le diré que se portó extremadamente mal. Muy mal a pesar de que lo invitamos. Por ejemplo, él puso de candidatos a consejeros y al vicegobernador a su antojo, lo que no representaba el consenso del partido”, apunta.

Combina replica: “Deberían ser un poco más agradecidos con nuestro movimiento, que nos sumamos, que lo reflotamos. Yo pagué todos los gastos de ese reflote y me da pena recibir este tipo de maltratos a cambio”

Combina logró el segundo lugar, por debajo de Perú Libre. Consiguieron, además, meter a tres consejeros que siguen hasta hoy. Uno de ellos es José Miguel Álvarez, quien tampoco tiene un grato recuerdo del hoy nuevamente fujimorista.

José Miguel Álvarez (izquierda) y Dimas Aliaga. Ambos tienen pésimos recuerdos de Combina en las alianzas que hicieron con él.

“Había buenas referencias, todo indicaba que el próximo gobernador sería él”, cuenta Álvarez, que el año 2020 pasó a inscribirse en APP, ya con miras a las elecciones del 2022. Combina también se pasó al bando de los Acuña, como invitado. “El objetivo de la alianza con APP era tener la oportunidad de postular y no depender de movimientos regionales, porque siempre había problemas ahí. La intención era que Combina aguardase a postular a la región”, cuenta Álvarez.

Pero Combina se mandó por la libre. “Cuando salió [vacado] Vizcarra, le dijimos que no postulara, porque eso iba a ser un gran error e iba a poner en peligro su candidatura regional”, asegura Álvarez. Combina no escuchó. “Vimos que no tenía intención de retornar, que quería quedarse en Lima. Parece que Junín solo era una pantalla, un trampolín. La gente que lo acompañó siente que los ha utilizado como vitrina”, agrega Álvarez.

Combina niega que haya habido un acuerdo con ellos. “Si bien ellos pensaban que yo sería candidato una tercera vez, no era algo que yo había confirmado. Y él [Álvarez] tiene aspiración a gobernador regional. Así que acá no hay ninguna traición”, apunta.

-¿Cómo explica usted su salto de partido a partido, este cambio compulsivo de camisetas políticas? – le preguntamos.

-Se me puede acusar de tener cambios de camiseta, pero lo que existe es una misma línea. Yo nunca seré de izquierda. Me parece que el camino está en el centro y para mí hay puntos innegociables: si en el camino uno tiene que dejar una tienda política para mantener los principios mínimos de no ceder ante las mafias y de luchar contra la izquierda, ese ha tenido que ser mi devenir.

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La ‘Woman del Callao’: de cuando vincularon a Patricia Chirinos con ‘Barrio King’

Por: 27.12.2021

Por Melissa Pérez Huaringa

Hace seis años Patricia Chirinos Venegas, fallida promotora de la vacancia presidencial y entusiasta de los hornos para incinerar corruptos, fue señalada de tener estrechos lazos con el hampa. El 11 de setiembre del 2015, un testigo protegido de la Fiscalía contó que, durante su gestión como alcaldesa de La Perla, la actual tercera vicepresidenta del Congreso le pagaba cupos a la organización criminal “Barrio King”, liderada por el peligroso Gerson Gálvez Calle, alias “Caracol”. Lo habría hecho, según el delator, a través de una empresa municipal de limpieza pública: ESLIMP Callao.

¿El pago a los criminales significaba que las autoridades eran víctimas de extorsión o más bien -a la luz de las políticas de Chim Pum Callao- se había montado una red clientelar para favorecer y favorecerse de los delincuentes? El fiscal a cargo del caso nunca lo averiguó. Tres meses después de brindar su manifestación, el 2 de diciembre, el testigo fue acribillado de 25 balazos por dos sicarios al servicio de “Caracol”.

De acuerdo a la página 234 de la sentencia judicial del caso “Barrio King” -del 25 de febrero del 2019-, el hombre que cantó los detalles de esta trama criminal era el exconvicto Wilbur Castillo Sánchez. Le habían asignado el código S/N-2-2015

Sus deudos acusaron directamente a Chirinos, la ‘Woman’ del Callao, de ser una de los autores intelectuales del crimen que aún sigue sin resolver. Pero ese homicidio no es el único escándalo del caso. El fiscal que pudo haber desentrañado los vínculos entre Barrio King y las autoridades chalacas demoró tres años en archivar todo lo concerniente a los cupos en la empresa de limpieza pública. 

Con tanto tiempo perdido, ciertos políticos, hoy vigentes -así como  jueces y fiscales-, podrían haberse salvado bajo un manto de impunidad. Esta es la historia.

 

LOS PAGOS A ‘BARRIO KING’

Wilbur Castillo Sánchez era el testigo estrella del fiscal supraprovincial de crimen organizado Víctor Raúl Luna Castillo. Luna estaba a cargo de investigar a los 34 miembros de “Barrio King” acusados de asesinato, hurto agravado, asociación ilícita y extorsión de varias empresas, entre ellas la Empresa Municipal de Servicio de Limpieza Pública (ESLIMP) del Callao.

En noviembre del 2015, el fiscal ya reconocía (en su formalización y continuación de investigación preparatoria)  que existían  «elementos que direccionan la influencia de la organización criminal ‘Barrio King’ en cargos públicos o personas en la esfera política, funcionarios de la administración pública”. Luna hablaba expresamente de funcionarios penitenciarios y de la municipalidad de La Perla, ESLIMP, regidores, jueces y efectivos de la PNP.

El escrito agregaba: “Si bien es cierto su finalidad primordial [la de ‘Barrio King’] es la obtención de beneficios económicos a través de la extorsión -cobro de cupos- o cualquiera de las diversas formas de influencia política, social o económica, esta también se ve condicionada a futuros favores como paralizaciones, apoyo en campañas y otras”. Es decir, el fiscal sabía que más allá de la extorsión, el pago a los criminales significaba un intercambio de favores para las autoridades.

Fue Wilbur Castillo quien reveló al fiscal Luna los estrechos vínculos de “Caracol” con autoridades locales del Callao, entre ellas ‘Patty’ Chirinos. Dijo también que los pagos a los delincuentes se hacían a través de la empresa de limpieza de la municipalidad provincial del Callao -la mencionada ESLIMP-, donde un regidor oficialista de la gestión de Chirinos era el gerente.

“La señora Patricia Chirinos Venegas, ahora alcaldesa de La Perla, paga cupos a los integrantes de ‘Caracol’ como si estos fuesen trabajadores. [Lo hace] a través del señor Cochella, quien es su regidor y a la vez gerente general de la ESLIMP Callao”, contó.

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Declaración de Wilbur Castillo: «La señora Patricia Chirinos Venegas, ahora alcaldesa de La Perla, paga cupos a los integrantes de ‘Caracol’ como si estos fuesen trabajadores».

El testigo se refería a Joaquín Cochella Maldonado, gerente general de ESLIMP entre el 2011  y el 2019, y regidor del municipio de La Perla en la gestión de Chirinos entre el 2015 y el 2018. Ambos llegaron a sus cargos públicos cobijados por Chim Pum Callao. Ella era militante chimpunera y él fue invitado. “El señor Cochella entregaba 100 sobres de S/1.500 al ‘Cholo Papo’ para que este entregara a los sicarios de ‘Caracol’. Últimamente, este ya no entregó […] Ese es el motivo de la muerte de este sujeto”, le dijo Castillo al fiscal Luna. El ‘Cholo Papo’, Jorge Luis Vargas Villa, figuraba como “locador de servicios” de la empresa de limpieza. Fue asesinado el 1 de julio del 2015.

El testigo protegido explicó que la red criminal de ‘Caracol’ estaba “incrustada” desde la municipalidad de La Perla hasta el mismo Gobierno Regional del Callao. “La gran ambición de ‘Caracol’ es tener el control de todo el Callao, el cobro de cupos, sacar el dinero de las municipalidades y Gobierno Regional”, dijo. Y contó que las autoridades del gobierno regional “forman supuestos programas de ayuda social para los barrios del Callao para sacar el dinero” de sus arcas.

¿A qué se refería con eso último? Para ese momento, dirigentes sociales del Callao, extrabajadores de ESLIMP y exfuncionarios de la región ya habían denunciado que sus autoridades pagaban cupos en planillas fantasmas a criminales a cambio de protección, apoyo en sus campañas y amenazas a sus opositores.

De hecho, en su gestión como alcalde provincial, entre 1996 y 2006, Alex Kouri creó el programa de resocialización de exconvictos que terminaban brindando seguridad en los municipios. Entre ellos estaban Wilbur Castillo y el conocido delincuente Federico “el Loco” Perochena. Luego, como gobernador regional, Kouri logró obtener la gestión del penal Sarita Colonia gracias a un convenio con el Ministerio de Justicia.

La protección continuó años después. El exgobernador regional Félix Moreno promovió que se contrate excriminales en los hospitales chalacos. Un caso es el del Hospital de Ventanilla, donde se denunció la contratación de personal fantasma.

En una fotografía que aún sobrevive en redes sociales, el mismo Wilbur Castillo aparece sosteniendo una radio de comunicación a distancia junto a la actual congresista Patricia Chirinos y otros personajes ataviados con camisas azules. Alberto Paz de la Vega, dirigente de la Coordinadora Recuperando al Callao, indica para este informe que el 2012 Chirinos presentó al grupo «Los azules  de La Perla», liderados por Castillo, como los que se encargarían de brindar seguridad a dicho distrito. Ella era en ese entonces consejera regional del Callao.

La relación entre Wilbur Castillo y Patricia Chirinos, sin embargo, luego estuvo marcada por denuncias de ida y vuelta. Castillo fue detenido en enero del 2013, luego de que la actual parlamentaria lo denunciara por extorsión. Castillo denunció entonces que en su detención, los policías, entre ellos Francisco Samamé, le sembraron un arma. Samamé también fue investigado en el caso ‘Barrio King’.

Castillo salió libre en enero del 2014, con Chirinos aún como consejera del Gobierno Regional del Callao que encabezaba Félix Moreno. Ese mismo año, denunció que la entonces militante de Chim Pum Callao y candidata a la alcaldía de La Perla amenazó de muerte a su madre. 

El 2015, Wilbur Castillo decidió colaborar en la investigación que Víctor Luna Castillo seguía contra ‘Barrio King’. El día de su asesinato, en diciembre del 2015, su hermano Robert dijo en Canal N: “Acá hay una mafia que la manejan la presidencia de la región, la comisaría, un general. ‘Caracol’ trabaja con Samamé [el suboficial Francisco Samamé Vidal], que es policía, con Patty Chirinos y Félix Moreno”.

El hombre denunció a Moreno, Chirinos y a Rogelio Canches (entonces congresista) de ser los autores intelectuales del crimen y “haber contratado a sicarios y mafias del Callao y crear un narcodistrito”. Robert Castillo fue asesinado de diez balazos en el 2020.

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Wilbur Castillo junto a Patricia Chirinos. Un dirigente de la Coordinadora Recuperando al Callao indica para este informe que, el 2012, Chirinos presentó al grupo «Los azules de La Perla», liderados por Castillo, como los que se encargarían de brindar seguridad a dicho distrito.

 

VERGONZOSO ARCHIVAMIENTO

Luna tenía, además del testimonio de Wilbur Castillo, escuchas telefónicas registradas entre mayo y setiembre del 2015 que revelaban la trama de corrupción en ESLIMP. En una de ellas, los miembros de “Barrio King” mostraban su preocupación porque “Renzito” (Renso Brisolesi Espinoza, líder de una organización rival) “había chapado ESLIMP con Cochella”.

En otro audio, “Colorao” (Juan Romero Echevarría), a cargo del cobro de cupos, le indicó a Alexander Joel Muñoz Vásquez, lugarteniente de “Barrio King: “Necesito el libro para hacer los documentos y dejárselo a Cochella. Los camiones de ESLIMP están trabajando en la Municipalidad de La Perla”.

El 16 de octubre del 2018, tres años después, el fiscal Luna presentó su acusación penal ante el Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional. Denunció a “Caracol” y a los demás miembros de su organización de varios delitos por los que hoy purgan prisión, pero increíblemente pidió sobreseer la investigación contra “Caracol” por la presunta extorsión a la empresa de limpieza pública. ¿Qué había pasado?

Luna no buscó desentrañar la intromisión de “Caracol” en los municipios chalacos, ni en el Gobierno Regional, ni buscó saber qué autoridades y políticos estaban influenciados por “Barrio King”. Tampoco escarbó en los apoyos que recibieron los políticos del puerto en sus campañas. Para Luna, “la manifestación del testigo con clave de identidad S/N-2-2015 no ha sido corroborada con otros datos objetivos”. 

Para ese 2018, Luna había reducido el caso a una simple extorsión. Y para el fiscal, las víctimas de aquella extorsión eran los que supuestamente pagaban los cupos de trabajadores fantasmas: el gerente general de ESLIMP o la propia Chirinos. No se percató, o no quiso hacerlo, de que los cupos también podrían significar una alianza entre autoridades y delincuentes, como él mismo lo sugería en su formalización de investigación preparatoria del 2015, mencionada líneas arriba.

Por supuesto, los involucrados negaron todo. Joaquín Cochella dijo a la Fiscalía que la alcaldesa de La Perla no le dio dinero para pagar cupos de trabajo y negó haberse reunido con “Colorao”. ¿“Renzito»? Pues dijo no conocerlos. Chirinos declaró recién el 26 de abril del 2017, a año y medio de abierta la investigación. Dijo no haber sido víctima de coacción o extorsión por “Caracol” o algún miembro de “Barrio King” para el pago de cupos.

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El fiscal Luna archivó todo lo concerniente al caso ESLIMP en 2018.

Contradictoriamente, el 15 de octubre del 2015, cuando Luna ya estaba a cargo de este caso, la actual parlamentaria había dicho a los medios que su comuna era víctima de extorsionadores que le exigían cupos de trabajo y que había despedido a 20 trabajadores fantasmas.

En setiembre del 2016, 50 serenos del municipio de Chirinos denunciaron que dicha comuna les quería hacer firmar irregulares contratos de trabajo quitándoles beneficios y que además habían encontrado en la planilla a trabajadores fantasmas.

Y el 21 de enero del 2019, el entonces alcalde electo de La Perla, Aníbal Jara Aguirre, declaró que a solo días de asumir el cargo, su gestión ya había detectado 200 trabajadores fantasmas en su comuna, en las áreas de serenazgo y mantenimiento, por los que se desembolsaban mensualmente S/200.000. Jara agregó que en la provincia y distritos chalacos se pagaban planillas fantasmas desde hacía más de 20 años.

La Contraloría también halló irregularidades en la gestión de Chirinos como alcaldesa de La Perla respecto a distintas contrataciones. Por ejemplo, el personal CAS (de limpieza, promotores y serenazgo) contratado en el 2015 no tenía hojas de vida documentada y, a diciembre del 2018, los legajos del personal CAS no tenían DNI, partidas de nacimiento, antecedentes policiales ni penales, etc.

En junio del 2018, cuando ella había dejado el cargo para postular a la gobernación regional, hubo un robo de documentos de la oficina de la alcaldía, de recursos humanos y otras áreas. Noticias sobre pérdidas de documentos también han ocurrido en el municipio de Bellavista y en el Gobierno Regional chalaco.

 

GROSEROS YERROS DEL FISCAL

La muerte de Wilbur Castillo fue clave para enterrar esta investigación, pero no fue lo único. Increíblemente, Víctor Luna esperó tres años para poner en conocimiento a la fiscalía anticorrupción de sus hallazgos en el caso de ESLIMP. Recién el 2018 informó sobre los pagos indebidos de esta empresa a dos integrantes de “Barrio King” que cobraban sus sueldos mientras estaban presos: Wilmer Farfán Ruiz y Juan José Romero Echevarría, alias “Colorao”.

También dio a conocer las escuchas telefónicas atribuidas a dos trabajadoras del Gobierno Regional que hablaban sobre el manejo de cupos de trabajo y entregas de dinero a “Barrio King”, y dio información sobre el sembrado de pruebas falsas por policías del Departamento de Investigación Criminal de Bellavista a los rivales de “Barrio King”.

Luna prefirió mirar a otro lado a pesar de que otras fiscalías ya habían puesto el ojo en ESLIMP y en funcionarios como Joaquín Cochella. En octubre del 2016, por ejemplo, la prensa había revelado contrataciones de miembros de “Barrio King”, por lo que la fiscalía anticorrupción abrió una investigación de oficio.

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Fiscal de Crimen Organizado, Víctor Luna. Pudo hacer mucho más.

Ese mismo año, la Fiscalía de Lavado de Activos del Callao también inició investigación contra Cochella, el exalcalde provincial Juan Sotomayor y exfuncionarios de ESLIMP y del municipio provincial que captaban recursos de la empresa de limpieza a través del pago de planillas y servicios fantasmas. Pedimos información al coordinador de las fiscalías anticorrupción, Omar Tello, sobre el estado de todas las investigaciones contra Cochella, pero no obtuvimos respuesta.

“En el caso ‘Barrio King’, el fiscal [Luna] debió derivar su investigación a la fiscalía anticorrupción en la etapa inicial. Hacerlo en la etapa de acusación, en el 2018, fue muy tarde y, estando muerto el testigo, no podía investigar”, dice un fiscal consultado especializado en este tipo de casos.

La misma fuente señala que Luna debió desacumular la declaración de Wilbur Castillo desde un principio, recabar más elementos para poder derivarla a sus colegas especializados en delitos de corrupción de funcionarios y que estos pudieran entrevistar al testigo. Otro camino era pedir al Fiscal de la Nación que ampliara sus competencias e indagar él mismo la trama de corrupción chalaca. “Luna no hizo nada de esto, no puede decir que no había elementos de convicción pues no los buscó”, señala el fiscal.

Otro despacho fiscal hizo lo que no hizo Luna. En enero del 2020, fueron detenidos preliminarmente los principales miembros de la organización criminal “Rich Port II”, liderada por Juan Sotomayor (alcalde provincial del Callao entre el 2010 y 2018) e integrada también por el excongresista Víctor Albrecht. Cochella tuvo suerte: la fiscalía pidió para él comparecencia restringida.

Esta investigación, sin embargo, analizó solo hechos ocurridos desde abril del 2019. Desde esa fecha, cuando Joaquín Cochella dejó la gerencia general de ESLIMP, la organización criminal “Rich Port II” extorsionó a la nueva gestión para que siga pagando planillas fantasmas. Según las pesquisas, sin embargo, Cochella habría seguido ligado desde afuera al manejo de la empresa de limpieza y habría tramitado dichas planillas. La red habría ganado más de S/6 millones hasta que cayeron. 

El cobro de planillas fantasmas era un hecho de larga data. Algo que no quiso ver Luna Castillo.

 

NO VIO A LOS “CUELLOS BLANCOS”

Fuentes fiscales con conocimiento del caso indican que Luna tenía interceptaciones telefónicas que revelaban cómo los miembros de “Barrio King” eran favorecidos por jueces y fiscales, y pudo haber identificado a la red judicial al servicio de “Caracol”. Dicha red fue descubierta el 2017 y -con el tiempo y el acceso a más escuchas- llegaba hasta “Los cuellos blancos del puerto”.

Desde el 17 de setiembre pasado, la autora de este informe pidió, reiteradamente, a través del área de prensa del Ministerio Público, entrevistas con los fiscales Luna Castillo, Jorge Chávez Cotrina (coordinador de las fiscalías especializadas contra la criminalidad organizada) y Octaviano Omar Tello Rosales (coordinador de las fiscalías de corrupción de funcionarios), pero no respondieron.

Patricia Chirinos también optó por no participar de este reportaje. “No hay nada que decir, solamente que no conozco a esa gente. Gracias», escribió.

Moisés Vega de la Cruz, procurador especializado en delitos de orden público, señala que se debe analizar con qué argumentos se pidió el sobreseimiento sobre el caso de ESLIMP dado a conocer por Wilbur Castillo. Afirma que “habría que ver el caso ‘Rich Port II’ y pedir que se investiguen a los funcionarios públicos que se mencionaron en el caso ‘Barrio King’.

Vega se comprometió a realizar acciones. “Vamos a revisar este caso. Voy a conversar con el fiscal y, si nos da mayor información sobre los cuadernos de colaboración eficaz, veremos qué acciones podríamos hacer como Procuraduría. Cabe la posibilidad que el Ministerio Público amplíe denuncias en el caso ‘Rich Port II’ por hechos vistos en ‘Barrio King’ o ampliar otros hechos contra más personas […] Si aparecieran testigos que involucren a Chirinos, se puede investigar”, apunta.

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, también conoce de las sindicaciones contra Chirinos en el caso “Barrio King”. El 9 de agosto pasado, la Coordinadora Recuperando al Callao y la Mesa de Lucha contra la Corrupción de esa región le pidieron que le solicite a Chirinos un informe sobre su situación en este caso y que pida al fiscal Luna detalle de sus hallazgos. También fueron notificadas las bancadas de Perú Libre, Juntos por el Perú, Acción Popular y el Partido Morado.

Los fantasmas del pasado, en forma de testigos con clave, pueden volver para atormentar a la exchimpunera.

*Fotoportada: Darlen Leonardo

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barrio king, Callao, crimen organizado, Fiscalía, Patricia Chirinos

Pasaje Sarratea: el visitador que no quería ser identificado

Por: 30.11.2021

Por Julio Rospigliosi y Alessandro Azurín

Cuando las cámaras de América TV se acercaron, se escondió detrás de las rejas de su domicilio y apenas atinó a decir: “Yo voy a visitar a mis amigos, nada más”. Minutos antes de aquella madrugada del 21 de octubre, este huidizo personaje había salido de la casa del jirón Sarratea, en Breña, que el presidente Pedro Castillo usa para sus irregulares reuniones nocturnas.

A insistencia del reportero, el misterioso sujeto se presentó como Carlos Ponce. Debe haber sido el primer nombre que se le ocurrió, porque en realidad se llama distinto: Elmer Marino García Gutiérrez. Es el flamante subgerente de distribución y almacenamiento en la Central de Abastecimiento de Bienes Estratégicos (Ceabe) de EsSalud, y también un personaje cercano al cuestionado mandamás del seguro social, Mario Carhuapoma. 

¿Por qué no dijo la verdad? “Seguro por apuro lo dije, pero ya tienen mi nombre [real]”, es la inverosímil respuesta que da a Sudaca.

PROVEEDORES DEL ESTADO

Elmer García, como Carhuapoma, es químico farmacéutico. Dice que conoció a su actual jefe en la universidad. Pero lo más interesante es su experiencia laboral. El hombre que mintió sobre su identidad ha trabajado recientemente en empresas proveedoras del Estado. Una de ellas es Quimtia SA, donde estuvo en el área de “aseguramiento de calidad” desde el 2013 “hasta la actualidad”, según su LinkedIn. García asegura, sin embargo, que ya no labora en esa empresa.

Nota de edición: Luego de publicado este informe, Quimtia envió un comunicado señalando que el señor García Gutiérrez dejó de tener vínculo laboral con esta empresa en febrero del 2017. Cabe aclarar que el señor García se limitó a decir en la entrevista que ya no era trabajador de esta compañía sin precisar la fecha. A continuación reproducimos la carta de Quimtia.

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Quimtia ha ganado 66 licitaciones públicas en los últimos cinco años, la mitad con EsSalud. Sólo en el período de Pedro Castillo, logró 12 contratos con el seguro social por un monto total de S/653.400, según el buscador del OSCE. Los últimos tres contratos se cerraron el 29 de octubre, una semana después de que García pasara por Breña, y son para la “adquisición de material de laboratorio” destinado a la red de salud de Piura.

No es la única compañía proveedora a la que estuvo ligado García. Según LinkedIn, fue gerente comercial de Cromilexming EIRL, que ha tenido contratos con EsSalud y el Instituto de Enfermedades Neoplásicas en el 2019, y en sus redes sociales promocionaba los trabajos de Erel Farmadroug SAC en diversos centros de salud del país hasta un mes antes de que asumiera este gobierno. El 2021, antes de la primera vuelta, mostró -vía Facebook- sus simpatías por Pedro Castillo. 

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Elmer García, posando con una casaca de la empresa Quimtia en una foto subida en noviembre del 2020.

Ya con el profesor en el poder, pasó del sector privado a ser funcionario público. Desde agosto, su nombre figura en el portal de Transparencia como subgerente de la Ceabe, la central encargada de la “programación, contratación, almacenamiento, distribución y redistribución de bienes estratégicos, como productos farmacéuticos, dispositivos médicos, equipos médicos y ropa hospitalaria”, según el reglamento de organización y funciones de EsSalud publicado en mayo del 2021.

Consultado por su versión, García dice que no le compete la función de adquirir bienes. Asegura que la subgerencia de la Ceabe en la que está contratado, la de almacenamiento y distribución, se mantiene al margen de aquellos asuntos. Por estas tareas percibe un sueldo de S/10.816.

Pero el químico farmacéutico es un personaje con bastante llegada al Ejecutivo. García estuvo presente en la transferencia de la cartera de salud de este gobierno, como reveló él mismo en una fotografía que subió a su Facebook. 

Ya en el cargo, visitó el jirón Sarratea, de Breña, la noche del pasado 21 de octubre, cuando fue captado por Cuarto Poder. El 26 de ese mes, también ingresó a la oficina del congresista Waldemar Cerrón, representante del ala más radical de Perú Libre. Un mes antes, lo había hecho en el despacho del oficialista Edgar Tello.

Le enviamos al personaje un pliego amplio de preguntas sobre estas visitas, pero prefirió no responder. “Podrían preguntar sobre lo bueno que hacemos en la entidad”, nos espetó. Él podría haber dado su nombre real a la prensa, pero eligió no hacerlo.

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ESSALUD, Pedro Castillo, Reuniones en Breña

Exmonjas de congregación fundada por Luis Fernando Figari denuncian abusos

Por: 30.11.2021

Artículo original publicado el 27 de noviembre de 2021 por Elise Ann Allen en Crux

https://cruxnow.com/church-in-the-americas/2021/11/peruvian-ex-nuns-report-abuses-of-power-conscience-inside-order

Traducción del inglés por Martin Scheuch.

“Una Sierva es recia. Quien obedece nunca se equivoca. La voz de tu superior es la voz de Dios. Cuestionar a tu superior es cuestionar a Dios. Nunca debes confiar en nadie fuera de la comunidad. Tu familia es una tentación del demonio”.

Estas son algunas de las frases inculcadas en las mentes de las jóvenes que forman parte de las Siervas del Plan de Dios (SPD), conocidas coloquialmente como las Siervas. Se trata de un grupo de mujeres consagradas fundado en el Perú en 1998 por el laico Luis Fernando Figari.

Figari es también el fundador de otras comunidades laicas: una de varones, el Sodalitium Christianae Vitae (SCV); y otra de mujeres, la Fraternidad Mariana de la Reconciliación (FMR).

Las tres son sociedades de vida apostólica de laicos consagrados. Sin embargo, a diferencia del SCV y de la FMR, las Siervas -conocidas en las medios sociales por sus videos interpretando música- visten el hábito tradicional y tienen un carisma particular de servir a los pobres y necesitados.

En el 2015, los periodistas peruanos Paola Ugaz y Pedro Salinas publicaron el best seller ‘Mitad monjes, mitad soldados’, que incluía los testimonios de numerosos exmiembros del SCV acusando a Figari de diversas formas de abuso físico, psicológico y sexual, incluso contra menores. Así como abusos de poder, de autoridad y de conciencia.

Los miembros denunciaban la cultura interna tóxica y militante en que la autoridad era incuestionable. Los miembros eran sometidos rutinariamente a crítica, humillados públicamente y empujados a sus límites físicos y mentales con el fin de ser “suficientemente recios” para asumir los retos de responder al llamado de Dios.

Figari fue sancionado por el Vaticano en el 2017 y tiene prohibido cualquier contacto con las comunidades que fundó. Mientras tanto, el SCV está pasando por un profundo proceso de reforma que incluye la revisión de sus constituciones bajo la guía de tres delegados nombrados por el Vaticano.

Las ramas femeninas del SCV han estado largo tiempo fuera de los reflectores no obstante las numerosas denuncias de abusos similares dentro de estas comunidades.

Entre 2016 y julio de este año, cerca de 30 exintegrantes de las Siervas, algunas de las cuales dejaron la comunidad en tiempos tan recientes como el 2020, han presentado denuncias ante las autoridades eclesiásticas en Perú, Chile y el Vaticano.

Crux ha podido acceder a varias de estas denuncias.

Entre aquellas que han denunciado están Ángela Cardona, que pasó 16 años dentro de la comunidad; Paola Mattos, que estuvo 17 años; Melanie Taylor, que estuvo 6; Verónica Avilés, que estuvo 7; y Delia Avilés, que estuvo 8 años.

 

UNA HISTORIA DE ABUSOS

Fundadas con el carisma de servir a los pobres y a los más necesitados, el mantra de las Siervas siempre ha sido: “Si estás cansada, no lo muestres. Muestra siempre una dulce y tierna sonrisa como Santa María”.

Pero según las exintegrantes, esta dulce sonrisa no siempre era sincera y, con frecuencia, fue usada como una máscara para ocultar las consecuencias físicas y emocionales de los abusos de poder y autoridad que fueron moneda corriente dentro de la comunidad.

Muchas de las exintegrantes que denunciaron abusos en las SPD se quejaron de los ejercicios excesivos que las empujaron más allá de sus límites físicos, que causaron en algunos casos lesiones permanentes, con un énfasis excesivo en dietas y en la apariencia física.

Según las exintegrantes, sólo las chicas más bonitas y las que pertenecían a las familias más adineradas le eran presentadas a Figari cuando visitaba sus comunidades y se pasaban semanas ensayando sus platos favoritos antes de que él viniera.

A las mujeres más rollizas les decían cosas como “a Dios no le gusta que seamos gordas” o “la que es gorda no es apostólica” y eran puestas a dietas estrictas sin consultar a un nutricionista. Algunas aseguran que fueron obligadas a hacer ejercicios adicionales o fueron testigos de que se les exigió eso a otras chicas, ocasionando en algunas una serie de problemas de salud, incluyendo anemia.

Una exintegrante que prefirió guardar anonimato por miedo a repercusiones dijo que a las integrantes de la comunidad en Chosica se les exigía anualmente trepar un cerro rocoso para que pudieran rezar en la cima.

No había ningún camino hacia la cima, de modo que a las hermanas se les obligaba a trepar por las rocas con simples zapatos formales de color negro, en lugar de calzado deportivo o botas de excursionismo, y sin ninguna otra forma de protección.

Una vez que alcanzaban la cima, tenían tiempo para la oración, la reflexión y la meditación.

En una ocasión, como cuenta una exintegrante, resbaló y se cayó encima de un cactus, pero aun así se le exigió finalizar la ascensión. Cuando regresaron a la casa de comunidad, su espalda estaba llagada y sangraba.

La hermana dijo que, en todos los años que vivió en la casa de comunidad en Chosica, ni una sola vez la superiora participó de la ascensión. En lugar de eso, con frecuencia, se quedaba en la cama en pijama hasta bien avanzada la mañana.

Las exintegrantes dijeron que fueron reprendidas o recibieron correcciones humillantes delante de toda la comunidad, con la superiora gritando o arrojando objetos. Muchas denunciaron haber sido objeto de abuso verbal, habiéndoseles dicho cosas como “usa la única neurona que tienes” cuando cometían un error.

Otras denunciaron, además, que hubo manipulación de sus procesos de discernimiento y que se les dijo que manifestar dudas sobre su vocación era equivalente a ceder a las tentaciones del demonio.

Ciertas integrantes también contaron de problemas que tuvieron durante sus años de formación, los cuales, en vez de enfocarse en el estudio y el discernimiento, transcurrieron para ellas como sirvientas personales de la superiora, haciendo de todo: desde limpiar habitaciones hasta planchar velos y lavar ropa interior.

Muchas exhermanas señalaron en sus denuncias el número significativo de integrantes de la congregación que recibían alguna forma de tratamiento psicológico, el cual se inició para la mayoría apenas ingresaron a la comunidad, incluyendo varias que fueron medicadas. Muchas dejaron la comunidad con desórdenes de ansiedad y algunas desarrollaron síndrome de estrés postraumático.

También denunciaron el presunto mal uso de recursos. Señalaron que el dinero destinado a sostener proyectos para los pobres fue, en cambio, invertido en la comunidad. Esto mientras que los hogares de ancianos pasaban meses sin reparaciones básicas y se les proveía solo con los materiales más elementales y baratos.

 

LEALTAD A FIGARI

No obstante los rumores públicos sobre las inconductas de Figari e incluso las sanciones que le impuso el Vaticano el 2017, las exintegrantes de las SPD señalaron que seguía siendo idolatrado por la comunidad.

Paola Mattos, quien denuncia haber sufrido diversos abusos psicológicos, abusos de autoridad y acciones en perjuicio de su salud física mientras vivía en la comunidad, relató que cuando se estaba preparando para una operación quirúrgica -la cual se efectuó aproximadamente al mismo tiempo en que estaban saliendo a la luz las acusaciones contra Figari- se le dijo que este estaba siendo “injustamente perseguido” y que debía ofrecer sus sufrimientos por él.

De manera similar, una vez que las acusaciones fueron públicas y quedó claro que el Vaticano probablemente tomaría acciones contra Figari, Delia Avilés les preguntó a sus superioras si debía deshacerse de la colección de libros de Figari que había en la casa de comunidad.

Como respuesta se le dijo: “Hay que guardarlos, quizás en este tiempo en Roma él se santifique y sea santo. Eso no lo sabemos nosotros”. El diálogo se dio cuando Figari había sido enviado a vivir en Roma en el momento en que los rumores sobre su conducta habían comenzado a circular en el Perú.

Otras exintegrantes denuncian haber oído a hermanas defendiendo a Figari y señalan que las superioras de las Siervas imitaban su estilo autoritario de liderazgo, incluso después de haber sido sancionado.

 

UNA VISITA APOSTÓLICA Y DENUNCIAS REALIZADAS

En el 2016, la primera denuncia contra las Siervas por diversos abusos ingresó en la Oficina Pastoral de Denuncias (OPADE) en Chile. Fue hecha por una excandidata a las SPD.

Un año más tarde apareció un informe en un periódico chileno, El Mostrador, escrito por una excandidata a las SPD, haciendo un recuento terrorífico de relatos de abusos dentro de la comunidad. Se daban a conocer así estas acusaciones a la opinión pública.

En mayo de 2018, cinco exintegrantes de las Siervas hicieron llegar sus denuncias a Monseñor José Rodríguez Carballo, Secretario de la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, haciendo un recuento de sus historias de abusos. Aún no han recibido una respuesta.

En ese momento estas cinco mujeres también informaron a las SPD que habían hecho la denuncia, pero no les revelaron su contenido. Sin embargo, trascurrido un año sin ninguna respuesta, les enviaron el informe completo el 2019. Las SPD respondieron, pero no hubo ningún cambio o investigación.

Varios meses después de la denuncia hecha por las cinco exintegrantes el 2018, varias mujeres pertenecientes a la comunidad en ese entonces -hoy ya no- le escribieron al arzobispo de Lima, el Cardenal Juan Luis Cipriani, sobre su creciente preocupación por las conductas dentro de las SPD.

En diciembre de 2018, Cipriani puso en marcha una visita canónica a las SPD, requiriéndoles no mantener ninguna comunicación externa mientras la visita tuviera lugar. A las integrantes se les dijo que, si hablaban de la visita con alguien fuera de la comunidad, incluyendo sus familias, era una violación de su promesa de obediencia.

Los primeros delegados que llevaron a cabo la visita fueron el sacerdote peruano Jose Taminez y la monja peruana María Elena Camones. Sin embargo, Cipriani dejó su cargo cuando la visita no había aún terminado y ahora el obispo auxiliar de Lima, Mons. José Salaverry, es el encargado de llevar adelante la visita junto con la Hna. Camones.

En ese entonces se le dijo a la comunidad que cada una de sus integrantes sería entrevistada como parte de la visita. Sin embargo, las exintegrantes denuncian que este no fue el caso y que a muchas de ellas se les impidió hablar con los delegados, incluyendo a varias que habían confiado los abusos a sus superioras.

La visita terminó abruptamente sin concluir su trabajo poco después de que el nuevo arzobispo de Lima, Mons. Carlos Castillo, asumiera su cargo en marzo de 2019 y a las hermanas se les dijo que la razón de esto estaba en el cambio de autoridad eclesiástica en Lima. Sin embargo, algunas exintegrantes dijeron que algunos funcionarios de la Iglesia en Lima les comunicaron que otro motivo fue la falta de transparencia de las integrantes y autoridades de las SPD durante las entrevistas.

Algunos meses después, en agosto de 2019, un grupo de 20 exintegrantes de las SPD enviaron un dosier a Mons. Castillo, reseñando testimonios y denuncias de varios abusos. Este dosier fue posteriormente presentado a Mons. Salaverry, que es ahora delegado del arzobispado de Lima para la vida consagrada.

Mons. Salaverry no ha respondido al pedido de comentarios por parte de Crux sobre los resultados de la visita y el estado actual de las SPD.

En junio de 2021, un grupo aparte de siete exintegrantes hizo llegar una denuncia formal a la Oficina Pastoral de Denuncias de Chile y en julio sus denuncias fueron enviadas al Vaticano, a la Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica, a través del subsecretario del dicasterio, Pier Luigi Nava.

Muchas de las denuncias involucraban a Andrea García, quien ha dejado la comunidad, pero que estuvo a cargo de la formación de las SPD entre 1998 y 2017. Fue Superiora General de la comunidad de 1998 a 2005 y parte del Consejo Superior de 1998 a 2018.

Las ex integrantes también acusan a las Hnas. Carmen Cárdenas, Claudia Duque y Elizabeth Sánchez de diversos abusos dentro de la comunidad.

La misma Hna. Cárdenas fue Superiora General de las SPD desde 2005 hasta enero de 2020. Ambas, ella y la Hna. García, fueron designadas por Figari. La actual Superiora General de las SPD, Natalia Sánchez, fue la primera en ser elegida por las mismas integrantes de la comunidad en el año 2020.

En sus comentarios a Crux, la Hna. Natalia Sánchez, actual Superiora General de las SPD, dijo que desde hace algunos años la comunidad está pasando por “un proceso de reflexión y renovación”.

Parte de este proceso, según ella, fue la primera Asamblea General de las SPD, que tuvo lugar a fines del año 2019.

Durante la asamblea “hemos podido elegir a nuestras nuevas autoridades y replantear nuestro camino en comunidad al servicio de la Iglesia. Reconocemos que es un camino largo en el que aún hay más por profundizar y aprender”, dijo.

Sánchez dijo que la comunidad está promoviendo actualmente varias actividades orientadas a una reforma, incluyendo cursos de entrenamiento sobre varios temas; encuentros y conversaciones con especialistas; desarrollo de protocolos para la prevención e identificación de abusos, según las normas de la Iglesia; un plan revisado de formación, incluyendo la formación de aquellas que ejercen de superioras en las casas de comunidad y de las hermanos a su cargo.

Todos estos pasos, dijo Sánchez, “son necesarios para la práctica saludable del discernimiento comunitario que promueva la participación de las hermanas y la vida fraterna”.

Dio fe de la de la “total disposición” de las SPD para cooperar con las autoridades competentes, “para que se esclarezca cualquier hecho que sea materia de denuncia y se tomen las medidas pertinentes y así prime y se garantice la verdad y justicia que tanto necesitan las personas que hayan sido afectadas y nuestra Iglesia”.

Sánchez no reveló si se ha iniciado una investigación sobre las Hnas. Cárdenas, Duque y Sánchez.

A día de hoy, Delia es la única que ha oído algo del Vaticano después de enviar una denuncia personal al Cardenal Luis Ladaria, Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, mediante un correo electrónico de diciembre de 2020.

Precisamente en este mes en curso, casi un año después de contactar a Mons. Ladaria, Delia recibió un correo de un funcionario de la así llamada Congregación para Religiosos solicitando una dirección a la cual poder enviar una carta formal del dicasterio.

En la carta, firmada por la Hna. Carmen Ros Nortes, subsecretaria de la Congregación para Religiosos, se le informa a Delia que su denuncia de diciembre de 2020 había sido recibida y que “ha sido objeto de un análisis detenido y llevado a la autoridad competente para solicitar una respuesta al respecto”.

“Por el bien de todos y de la Iglesia, se ha pedido a las mismas autoridades que actúen, superen y corrijan los aspectos impropios e incorrectos que se encontraron en el gobierno, en la formación y en la constatación de eventuales actos de abuso de poder, de violencia psicológica o de manipulación de la conciencia”, decía la Hna. Ros Nortes en la carta.

La Congregación para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica rechazó un pedido de Crux solicitando comentarios sobre el estado de las SPD y si se ha abierto una investigación.

El 16 de noviembre, las SPD anunciaron en su página de Facebook que a inicios de este mes tuvieron un encuentro virtual con todas sus integrantes en el mundo para poner en marcha el protocolo de prevención de abuso, en el contexto del “tiempo institucional de revisión, reflexión y renovación”.

Pero para las ex integrantes, muchas de las cuales dejaron la comunidad en los últimos cinco años, gestos como estos son demasiado tardíos y existen dudas sobre si puede tener lugar una reforma significativa cuando el liderazgo de la comunidad aún está compuesto por integrantes de la “vieja guardia” formadas en tiempos de Figari.

Dado que muchas de las exintegrantes han dejado la comunidad en época muy reciente, esto significa que los abusos que experimentaron dentro de la comunidad seguían ocurriendo incluso después de que Benedicto XVI y el Papa Francisco intentaron reformar la vida consagrada, y después de que se hicieran públicos los escándalos que involucraban a Figari y a varios otros fundadores de movimientos eclesiales.

Actualmente hay una presión enorme dentro del Perú para disolver el SCV y toda la Familia Sodálite. 

Aún ha de verse lo que sucederá con estas comunidades, pero una cosa es cierta: que independientemente de su destino, son un ejemplo notorio del trabajo que aún necesita hacerse en el arduo y progresivo esfuerzo de reformar la vida consagrada en la Iglesia católica.

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Presidente de la SNI sobre mineras sancionadas: “Lo que pasa es que son las más fiscalizadas, ¿pero sabes cuántas hay en el Perú informales?”

Por: 29.11.2021

 

Por Cristian Rebosio

Usted ha sostenido varios encuentros con el presidente Pedro Castillo, ¿cómo se ha desarrollado este vínculo?

Cuando hemos conversado, que han sido cuatro o cinco veces, fue en relación a la creación de empleo y la visión que él debe tener para que se pueda crear de manera más rápida. Hay una apertura que me parece lógica, porque él viene de otro sector de la sociedad y encontrarse con empresarios y ver el mundo empresarial es algo totalmente nuevo.

 

Entonces, ¿la SNI mantiene una buena relación con el gobierno?

No solo la SNI. El relacionamiento es con varios gremios y también con diferentes personalidades empresariales que conozco. Más que nada hablamos con ellos porque hay muchos problemas y no nos quedamos callados. Nosotros hemos hablado acerca del tema de la Asamblea Constituyente, con la que no estamos de acuerdo, y el día lunes toda la pequeña y micro empresa le manifestó su rechazo sobre este tema.

¿Observó predisposición para realizar los cambios y atender las inquietudes que le plantean?

El problema viene del entorno. No entiendo por qué no toman una manera más científica de contratar a la gente. Para nosotros, los empresarios, cuando queremos contratar cargos altos tenemos que mandar a un grupo de empresas a que califiquen y certifiquen el conocimiento de esa persona.

¿No cree que Pedro Castillo hará cambios entonces?

En este caso específico, no. También entiendo que hay compromisos políticos. En la última designación de la PCM, respecto al secretario de territorialidad parece que estamos en lo mismo [se refiere al viceministro de gobernanza territorial, Pablo Sánchez, exdirector de la ONG Grufides]. Necesitamos que se ponga gente más capacitada.

Cuando el Gabinete de Mirtha Vásquez obtuvo el voto de confianza, usted dijo que ahora se vería la estrategia económica, ¿ha podido ver esa estrategia que esperaba?

Ha cometido un gravísimo error que lo está corrigiendo. Pero ahora me llaman otros gremios, como Confiep y Adex, porque hay otros problemas. La verdad es que no vemos que haya esa visión de trabajar para producir de una manera más eficiente.

Recientemente declaró que no está de acuerdo con la vacancia, pero tampoco dejará “que se destruya al país”, en referencia a la Asamblea Constituyente. ¿Es igual de perjudicial una vacancia presidencial como un cambio de Constitución?

Tenemos que decir que siempre hemos sido críticos de lo que no nos parece correcto y atenta contra el país. Hemos sido de los primeros gremios en pronunciarnos enfáticamente en contra de la Asamblea Constituyente, el gabinete Bellido y el reciente cierre de minas. El tema de la constituyente es un tema político y quienes deben decidirlo son las autoridades correspondientes. Lo que nos preocupa es que genera una gran inestabilidad que atenta contra la reactivación económica, la generación de empleo y el desarrollo del país. 

Cuando dice “no vamos a dejar que se destruya al país”, ¿a qué acciones concretas de parte de la SNI se refiere?

Hemos dicho eso porque somos conscientes de lo que está pasando y saldremos con avisos y solicitudes al Ejecutivo y Legislativo para defender nuestras posiciones que están dentro de la Constitución. Estamos vigilantes de nuestra democracia y no dejaremos de estarlo.

¿Estaría de acuerdo con los sectores de izquierda que proponen que sea la población la que decida mediante un referéndum?

Eso de dejar que el pueblo decida es porque no saben que alguien que quiere invertir deja de hacerlo. Anoche estuve con más de quince empresas mineras en Arequipa y todas quieren invertir, pero quieren ver más estabilidad. Además, los mecanismos para cambiar la Constitución están dentro de la actual. Por eso, la iniciativa de una congresista de Fuerza Popular para ver cuáles son los artículos que se pueden modificar es buena, pero deben convocar constitucionalistas fuera del Congreso para que la población acepte este tipo de cambios.

Si se insiste con la nueva Constitución, ¿estaría de acuerdo con la vacancia?

Es un tema netamente político. Nosotros, como empresarios, lo que decimos es que nos preocupa más la estabilidad. 

¿El Congreso ha hecho un buen trabajo?

El Congreso está trabajando, pero necesita trabajar más con los gremios. Porque en todos los gremios hay muchas iniciativas que no están siendo atendidas y son el freno para la creación de empleo. 

Cuestionó el cierre de minas y la postura del gobierno al respecto, ¿pero no hubo un descuido del sector minero por el cuidado del medio ambiente y que da lugar a los reclamos actuales?

Estoy seguro que el tema ambiental se da en empresas que no son formales. Las grandes corporaciones que hay en el Perú, y están en la bolsa de Nueva York, no pueden estar sin cumplir los mandatos y protocolos medioambientales. Hay que ver casos específicos, pero lo que nosotros hemos visto es que el gobierno debe hacer un seguimiento para que de esa manera se pueda invertir más en la minería.

El portal Ojo Público hizo una investigación en la cual se reveló que, entre las diez empresas más sancionadas por daños ambientales, la mayoría eran mineras formales. ¿Eso no prueba que estas empresas han descuidado el tema ambiental?

Lo que pasa es que son las más fiscalizadas. Ayer estuve con quince mineras, que son las más grandes en el sur, y todos están fiscalizadas. ¿Pero sabes cuántas hay en el Perú informales? El OEFA [Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental] tiene que hacer su trabajo y los empresarios tienen que cumplir más estrictamente lo que es el tema medioambiental, pero ahí nos preguntamos por qué siempre son los mismos [los fiscalizados].

¿Por qué cree que no se atendió el problema antes de las sanciones?

Si han puesto multas es porque han cometido errores y lo que tienen que hacer es corregirlos. No por un error van a cerrar la mina. Tiene que haber una actitud tanto de la empresa minera privada hacia al medio ambiente como de su entorno, para que la empresa siga abarcando no solo el desarrollo alrededor de la mina sino de toda la región.

¿El gobierno manejó de forma correcta los recientes conflictos mineros?

La señora primera ministra Mirtha Vásquez sabe lo que hace porque es abogada ambientalista. Ella conoce este tema. Pero tiene que haber una mirada al futuro. Entiendo que hay problemas que han demorado tiempo, pero de esas cuatro minas hay dos que cotizan en bolsa y si cotizas tienes que estar A1. No hay vuelta que darle.

¿Mirtha Vásquez debería enfocarse más en el tema económico?

Debe haber más diálogo y una visión en que sin minería el futuro del Perú sería más difícil para la población que vive en estas zonas. En esas cuatro minas hay más de 40.000 trabajadores y no es fácil crear un puesto de trabajo. No hay que descuidar el medio ambiente, pero el gobierno debe ver que las inversiones son necesarias.

Una de las propuestas para evitar estos conflictos es que se realice un referéndum en la zona donde se desarrollará el proyecto minero y sea la población la que decida. ¿La considera una buena solución?

Lo que tienen que darse cuenta es que es un terreno que le pertenece a todos los peruanos y no solo a las comunidades. Si bien es cierto que las comunidades tienen que ser las principales beneficiadas con el desarrollo de estas minas, también está el resto del país. Es una industria que tiene que crecer. No podemos dejar pasar la oportunidad en el resto del mundo con los metales. Varios países quisieran tener lo que tenemos nosotros.

Pero si se sostiene que los principales beneficiados viven en la zona, ¿por qué no confiar en ese referéndum?

Porque también hay política. Hay personas que, conceptualmente, creen que la minería es dañina. 

Una investigación del portal El Foco reveló un chat en el que miembros de la Sociedad Nacional de Industrias coordinaban estrategias para desestabilizar al gobierno, ¿los involucrados fueron sancionados?

Es un grupo privado del que no tenía conocimiento ni participé. Lo que hemos hecho es tomar acciones internas y sancionar. Nos ha creado un problema interno, pero lo hemos hecho. El motivo es bien simple, el que es director de la SNI no puede participar en política más que la presidencia y el comité ejecutivo. Así está en los estatutos. 

¿Cuáles han sido las sanciones?

Ha habido sanciones. Tenemos una presión grande en ese sentido, pero no quiero hablar más del tema porque es interno. Tengo problemas porque no es fácil en un ente privado ese tipo de sanciones.

¿Ha recibido presiones para apoyar la vacancia?

Nosotros no recibimos influencias de nadie. Somos un comité ejecutivo que se va para el cuarto año y nosotros decidimos. Aquí hay grandes empresas, como minas, supermercados, químicas, medicina, alimentos, cervezas, etc., y todas esos son comités, pero nosotros tomamos nuestra decisión. Tenemos protocolos internos y por eso podemos hablar.

(*) Foto de portada: Andina.

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Minería, Pedro Castillo, Ricardo Márquez, SNI

Confiep: “Comparado con el primer Gabinete, el de Mirtha Vásquez generó un alivio”

Por: 9.11.2021
Por Cristian Rebosio

El presidente del BCR, Julio Velarde, dijo en octubre que se podría llegar a recuperar la producción perdida por la pandemia. ¿Esto podría ser interpretado como resultado de un manejo responsable de la economía por parte del gobierno?

Lo que estamos viviendo es un efecto rebote. Todo lo que ha caído la economía, se perdió poco más del 11% del PBI el año 2020 comparado con el 2019, posiblemente lo recuperemos en el agregado en una cifra similar. Un rebote no quiere decir que hayan muchas políticas que lleven a eso. Por otro lado, hay un efecto importante del sector minero y agroexportador con crecimiento por encima de este rebote que, a su vez, están compensando el sector servicios, sobre todo en turismo y restaurantes, que cerrará el año sin señales claras de cuándo se va a recuperar. El empleo todavía no ha llegado a niveles pre pandemia. El problema es que el empleo se ha precarizado. Alrededor de dos millones de puestos de trabajo han dejado el empleo por uno de menos tiempo y menos ingreso.

¿Cuál es el panorama de la inversión privada para el 2022?

Todavía no sentimos que estemos con un clima de estabilidad y confianza como para que las inversiones importantes se puedan retomar y, dentro del factor de confianza, uno que genera bastante inestabilidad y no permite tener predictibilidad es el riesgo de una Asamblea Constituyente que no está dentro de la Constitución actual. Genera incertidumbre porque, al no tener visibilidad de cuales van a ser las reglas de juego, las inversiones más grandes difícilmente se van a ver concretadas. Por ahora el BCR estima que la inversión no va a crecer. Otras previsiones de analistas financieros dicen que podría decrecer entre 8% y 10%, lo que es muy grave pensando en salir de esta crisis.

Según el INEI, la economía peruana ha tenido importantes periodos de crecimiento durante este siglo. ¿Usted diría que esta época de bonanza económica se ha reflejado en la calidad de vida de la mayoría de peruanos?

Sí, pero no lo suficiente. En los últimos 30 años hemos sido uno de los países que más ha crecido y ha sido gracias a la Constitución y el modelo de desarrollo que ha generado crecimiento. Sin embargo, el problema se ha dado en el proceso de descentralización que no se ha acompañado de un desarrollo de capacidades, control de presupuestos y obras y capacidad de gestión. El otro factor ha sido los actos de corrupción. A veces le queremos echar la culpa a Lima, la Constitución y hasta a los mismos empresarios, pero la principal causa por la que no hemos podido hacer que este crecimiento sea inclusivo no ha sido porque los empresarios no paguemos nuestros impuestos. Que lo hacemos y financiamos más del 60% del presupuesto anual.

¿El sector empresarial actuó de forma responsable durante la pandemia?

En términos generales, diría que sí. En primer lugar, el sistema de salud en más del 95% es manejado por el Estado. Entonces, cuando colapsó ese 95%, nadie estaba preparado para manejar la pandemia y se voltearon a ver al sistema privado. Aquí lo que ha fallado es que no hubo los convenios para que las personas cubiertas por el sistema estatal puedan ser atendidas en las clínicas. El otro aspecto que no se supo manejar fue el tema del precio de los medicamentos en las farmacias. Lo que pasó ahí es que las compras estatales fallaron: había un desabastecimiento en las farmacias que maneja el Estado y toda esa demanda se dirigió a las farmacias privadas que no contaban con los genéricos y tenían que ofrecer los de marca. Estos eventos causaron ruido y una percepción de que el sector empresarial quiso lucrar con la pandemia. Yo diría que el sector empresarial mostró un nivel de solidaridad sin precedentes ante un país en emergencia y un Estado que no tenía la capacidad de respuesta. En Confiep hemos hecho un levantamiento parcial y todo lo que se contribuyó está valorizado en más de U$233 millones.

No obstante, una investigación del portal Ojo Público reveló que subsidiarias del Grupo Intercorp, que pertenece a Carlos Rodriguez Pastor (el hombre más rico del Perú), recibieron más de S/152 millones de Reactiva Perú. ¿El sector empresarial no debió mostrar su solidaridad dejando este programa para las empresas más pequeñas?

Así estaba diseñado el Reactiva Perú. No solamente era para empresas pequeñas. Hubo empresas que perdieron el 100% de sus ingresos por más de un año. Entonces, ¿queremos que las empresas quiebren? Si hay mecanismos como Reactiva Perú que estaban disponibles a las empresas a tasas de interés bajas, se pide el préstamo y se paga. Simplemente es usar los recursos que da el gobierno para paliar la crisis. Creo que a veces no se entiende que son justamente empresas grandes que generan el 58% del empleo formal y pagan el 82% de los impuestos.

Uno de los propósitos del programa Reactiva Perú era que no se rompan las cadenas de pago. Sin embargo, las empresas grandes que recibieron más de S/3.000.000 fueron las que más aplicaron la suspensión perfecta a sus trabajadores. ¿Por qué recibir el préstamo si se va a suspender a los trabajadores?

Reactiva Perú tenía una serie de controles. No tengo esos detalles. Las empresas grandes no queremos quebrar. Nosotros tenemos una PEA ocupada que sobrepasa los 17 millones. Las empresas grandes empleamos al 58% del empleo formal que es 3,7 millones. Cada persona o puesto suspendido afecta y es algo que no se quisiera hacer, pero es una situación en donde o la empresa quiebra y después no puede volver a contratar o tiene que tomar una medida extrema. Cuando no hay ingresos, hay que buscar medidas para salvar la viabilidad de la empresa.

En una entrevista para Perú21 mencionaba la importancia del dinero que deja la minería en el Perú. ¿Considera que los conflictos relacionados con la minería podrían deberse a que se está encarando la situación únicamente pensando en lo económico y dejando de lado los problemas ambientales?

Siempre que he hablado del tema, se ha mencionado la minería responsable y que no dañe el medio ambiente. Hoy en día, todas las empresas mineras son serias y de primer nivel. Pero no estamos minimizando. Parte del sector minero, y en general el sector empresarial, está empleando altos estándares de sostenibilidad. Eso está por descontando. La preocupación es que somos jugadores globales y las inversiones son miles de millones de soles. Si perdemos competitividad, vamos a estar sacrificando el futuro.

Entre las empresas más sancionadas por infracciones ambientales, siete de las más multadas se dedican a la minería. ¿Eso no contradice que se hable de sostenibilidad?

Si vamos a tener algún tema ambiental, lo más probable es que sea del sector extractivo. Pero se debe sobreentender que esos casos serán del sector extractivo minero por el tipo de trabajo que se hace. Ojala que vaya disminuyendo con el tiempo.

Tuvo la oportunidad de reunirse con el presidente Pedro Castillo, ¿observó predisposición para una mejor dinámica entre el sector privado y el gobierno?

La reunión fue hace dos meses. Fue una reunión protocolar para presentarnos y contar el compromiso del sector privado con la generación de empleo, generar un impacto positivo en el país y apoyar en el proceso de vacunación, que es una continuidad de lo que veníamos haciendo en el gobierno de Sagasti. Podemos ver que ha habido pocos mensajes con respecto a la inversión privada como motor de desarrollo. No ha sido hasta el viaje a Estados Unidos que, de una manera más explícita, el presidente ha reconocido la importancia. Sin embargo, luego estuvo acompañado de algunos anuncios que preocuparon al sector privado y los inversionistas, como Camisea y la expropiación o nacionalización, y hasta ahora no hay tanta claridad de qué es lo que se busca.

¿El nuevo Gabinete genera mayor confianza?

El Gabinete de Bellido nos sometió a niveles de tensión que nunca antes habíamos visto. Comparado con el primer Gabinete y el señor Bellido que provocaba y lo sigue haciendo, el Gabinete de Mirtha Vásquez generó un alivio al ser una persona que fue presidenta del Congreso y cree en la institucionalidad. Aunque se mantuvieron algunos nombramientos de personas cuestionables. Finalmente, este es un gobierno de coalición de izquierda y parece que la primera prioridad es mantener esos acuerdos políticos y creemos que es para promover la agenda política.

¿La reforma tributaria planteada por el ministro Pedro Francke será positiva para el país?

Debemos ser uno de los países con mayor informalidad en el mundo y debe haber empeorado con la pandemia. Tenemos prácticamente a ocho de cada diez trabajadores sin contrato. Hay como 10,3 millones de contribuyentes y de esos 0,15% son las grandes empresas que generamos el 58% del empleo formal. Mira la gran concentración que hay en la parte de arriba. La presión tributaria de los pocos que pagan impuestos es altísima. En este momento que salimos de una crisis con niveles de desconfianza y fuga de capitales, no es oportuno.

¿Confiep debió tener un rol de mayor protagonismo durante las elecciones?

Nosotros tomamos la decisión de ser absolutamente neutrales en el proceso electoral. Hasta fuimos criticados por sectores empresariales, pero el consejo directivo que me honra presidir tuvo esta conversación a la luz de antecedentes del pasado que se interpretaron como apoyo a candidatos. Cualquier cosa que hubiéramos dicho se hubiera interpretado como apoyo a uno o a otro. Creemos que esta decisión fue correcta.

¿Estas críticas vinieron de personas que pertenecen a Confiep?

Es un tema que lo discutimos internamente en su momento dentro de la gobernanza de la Confiep y lo acordamos por unanimidad y consenso. Lo mantuvimos en primera y segunda vuelta. Somos 22 gremios con 32 directivos y son ellos los que toman la decisión. No la tenemos que tomar para lo más amplio del sector empresarial, sino en representación de los 22 gremios que nosotros representamos.

Para mejorar la imagen del sector privado, ¿sería bueno que se pida disculpas por los aportes a las campañas de candidatos cuestionados?

Estos son temas específicos de ciertos empresarios. Cada uno deberá manejar su caso particular. Todos hemos aprendido del pasado. Había formas de hacer las cosas y leyes que las definían de manera diferente. Esa era la forma de financiarse en su momento y ya conocemos los resultados y consecuencias de ello.

¿Le preocupa un avance de ultraderecha en la política peruana?

Me preocupan los extremos, porque con cualquier extremo es difícil de buscar el diálogo y consensos para trabajar. Ningún extremo es positivo. Creo que es un fenómeno global y uno empieza a radicalizarse y aislarse. No quiere decir que uno no quiera convivir con izquierda o derecha, pero creo que ninguno de los dos extremos es positivo.

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