En relación a la ciberseguridad, la Asociación de Bancos del Perú también integra una mesa de trabajo de confianza digital liderada por la Secretaría de Gobierno y Transformación Digital de la PCM. Desde este espacio se busca promover e impulsar medidas que protejan a los usuarios del fraude cibernético y aumenten la confianza digital de la ciudadanía. Asimismo, cabe señalar que Giovanni Pichling Zolezzi, gerente de seguridad estratégica y experto en ciberseguridad de ASBANC, fue nombrado presidente del Comité Latinoamericano de Seguridad Bancaria de la Federación Latinoamericana de Bancos. Desde esa posición, Pichlingliderará la estrategia de integración, intercambio de experiencias y buenas prácticas sobre ciberseguridad entre las principales asociaciones de entidades financieras de la región.
¿Su temor, entonces, es que en esa mesa se tomen decisiones que afecten a Pomalca?
Esta mesa está siendo manipulada por intereses policos. Nosotros, repito, no vamos a renunciar a nuestra estabilidad. Sería una locura. Esto afectaría directamente a 2,300 trabajadores y unas 10 mil familias. Y, en un contexto de crisis alimentaria, también podría terminar afectando el suministro de un producto de primera necesidad.
¿Hace cuánto tiempo solicitaron ser incorporados a la mesa de diálogo?
Presentamos la documentación hace un mes y medio. Seguimos esperando que nos convoquen. Otros representantes de las azucareras sí participan, pero nosotros estamos luchando para que se escuche a todos los trabajadores activos, no solo de Pomalca, sino de todas las empresas. Nos quedaremos aquí [en Lima] y seguiremos protestando hasta que nos incorporen.
Por último, el informe periodístico no adolece de rigor periodístico, como ha señalado el alcalde Molina, ya que se realizó utilizando como fuentes documentos oficiales del Tribunal de Contrataciones del Estado, Sunarp y la propia municipalidad de Miraflores. Además, Sudaca recurrió a dos especialistas y estos coincidieron en que hubo irregularidades.
Por los motivos expresados, consideramos que no corresponde realizar una rectificación por el informe que este medio presentó.
“Lo que ha pasado debilita la confianza de la población en la vacunación. Esto no es un problema de seguridad de vacunas, sino en la decisión de cómo aplicar las dosis. Me preocupa que esto sea aprovechado por los antivacunas para irse en contra de la campaña de vacunación. La vacunación era una de las pocas islas de excelencias dentro del Minsa. Desde que entró Condori, ha venido cuesta abajo” opina al respecto Percy Mayta Tristán.
En primer lugar, en este portal no nos hemos sumado a una supuesta campaña promovida por Gianfranco Paredes, exbrazo derecho de Walter Ríos, expresidente de la Corte del Callao. El informe se centraba en el nulo o poco interés de los fiscales del equipo Cuellos Blancos en investigar al remitente de la carta, personaje que hoy ha alcanzado notoriedad por los millonarios contratos que ha ganado en este gobierno.
Si bien inicialmente se le atribuyó al fiscal del caso Cuellos Blancos,Jesús Fernández, la frase “nos va a complicar”, esta fue quitada de inmediato de la publicación. No obstante, la corrección de aquel dato no alteró la esencia del reportaje: que los fiscales no se muestran interesados en investigar al empresario Samir Abudayeh. El informe no se basa únicamente en el audio.
En ningún momento se ha dicho, como señala la carta notarial, que el señor Abudayeh tenga procesos en el Callao, que el señor Sandro Herrera sea su abogado o socio ni que tenga terrenos o empresas en El Agustino. Lo que sí se recogió fue la declaración de Gianfranco Paredes en la que acusa al señor Abudayeh de otra cosa: agasajar a Ríos para que lo ayude en “procesos judiciales a futuro”.
Este testimonio debe ser motivo –precisamente– para que los fiscales del caso Cuellos Blancos inicien una investigación que llegue al fondo del asunto. Por estos hechos, además, el señor Abudayeh ya había sentado posición y dejado claro su descargo en un comunicado publicado meses atrás, el cual citamos en el informe escrupulosamente. Es lo mismo que reitera en esta carta.
Respecto a la veracidad de las comunicaciones entre el remitente y Walter Ríos, una de ellos es dada por válida por la fiscal Magaly Quiroz, en una resolución del 22 de febrero. En el documento la fiscal dice: “[…] Walter Ríos se comunica con Samir Abudayeh [en marzo del 2018] con la finalidad de indicarle que estaban almorzando con Sandro Herrera y que está a disposición y a sus órdenes Y, en respuesta, Samir le dice que ‘para hacer algo la otra semanita, pues’; respondiéndole Walter Ríos: ‘lo que tú me digas’”.
Llama la atención, en ese sentido, que la fiscal Quiroz no abra investigación a Abudayeh o lo cite como testigo, en el documento del 22 de febrero pasado, en el caso sobre la supuesta coima pagada por el empresario Sandro Herrera a Walter Ríos.
El rubro textil también pasó las de Caín el día de ayer. Las fábricas de TopiTop, por ejemplo, estuvieron desiertas. Ni qué decir de sus 27 tiendas ubicadas en la capital. “Son más de 3.000 trabajadores en las tres fábricas de Lima. Nosotros producimos 50.000 prendas al día. Imagínese. Lo más crítico para nosotros es el incumplimiento con los clientes del exterior y la mala imagen de inestabilidad del país”, asegura Gustavo López, gerente general de la división industrial de esta compañía.
Lo más complicado, asegura, es tener que explicarle los vaivenes políticos a sus clientes extranjeros. “Tratamos de no entrar mucho en detalle. Darles esperanza de que esto se va a resolver. Si esto se extiende, será complicado no sólo para los textiles, sino para todos los exportadores. En los próximos días empezarán las dudas de si seguir [invirtiendo] en un país con tanto conflicto político”, se lamenta López.
En Gamarra cerraron los ingresos al emporio comercial incluso desde el lunes por temor a saqueos. Foto: Twitter.
“Detenernos un día significa una pérdida de S/20 millones”, señala con preocupación Susana Saldaña, presidenta de la Asociación Empresarial Gamarra Perú. El inopinado anuncio del presidente Pedro Castillo decretando la inmovilización para Lima y Callao afectó la jornada laboral de las más de 100.000 familias que tienen a alguien trabajando en el emporio, y encima en pleno periodo de producción para la campaña otoño-invierno.
Saldaña advierte que en Gamarra no permanecerán sumisos ante otra decisión similar por parte del Ejecutivo. “Los empresarios de Gamarra no vamos a aceptar más medidas restrictivas que no son legítimas y que no tienen el mayor sustento. Somos respetuosos de las normas y las autoridades, pero no podemos permitir abusos”, remarca la empresaria.
DEL JOCKEY A LAS MALVINAS
A la Asociación de Centros Comerciales del Perú (ACCEP), la medida del gobierno también le generó un millonario dolor de cabeza. “Un día perdido representa el 12% de la venta semanal. Estamos perdiendo S/70 millones en ventas”, afirma Juan José Calle, presidente de esta asociación que incluye 50 centros comerciales, como el Jockey Plaza y Plaza Norte.
Para Calle, decretar un toque de queda en estos momentos es un absurdo. “Nosotros generamos 180.000 empleos a nivel nacional e impedir que trabajen en una zona como Lima, en un momento donde la economía familiar es golpeada por todos los efectos que conocemos, es contraproducente”, señala.
Centros comerciales como Plaza Norte lucieron cerrados con rejas ante el desconcierto de la gente que pasaba por la zona. Foto: La República.
A las grandes galerías ubicadas en la capital, donde convive el comercio formal con el informal, la decisión del jefe de Estado también les pasó factura. César Vásquez, por ejemplo, es secretario de imagen institucional del Frente Empresarial Las Malvinas. “[El centro comercial] Las Malvinas genera alrededor de 150.000 puestos de trabajo de manera directa e indirecta”, señala. Las restricciones del martes, asegura, representan pérdidas de entre S/30 y S/35 millones.
“Es una medida espantosa. Es el colmo clausurar Lima por un día. La gente está buscando recuperar su economía, pero el gobierno no deja de generar inestabilidad. Justo ahora, que todo ha subido, se les priva de trabajar”, sostiene Juan Infante, director de la Escuela Fábrica de Empresarios.
El empresario también señala que la incertidumbre de este tipo de medidas no sólo influye en los inversionistas. “Los consumidores actúan de manera prudente, reprimen su gasto. Eso, que pasa en las familias, también ocurre en las empresas: se contrata e invierte menos. Eso genera escasez de productos. Es una espiral fatídica”, comenta. Una espiral en la que el gobierno del lápiz se enroló solo. Y que, en total, podría costarnos S/1500 millones del PBI por un día.
En su carta, Anafocat señala que sus agremiados no representan la informalidad ni son insolventes. En Sudaca no dudamos que en el país existan asociaciones que cumplan con todas sus obligaciones. Pero también es una realidad, como puede comprobar cualquier ciudadano, que son varias las que han perdido su licencia de funcionamiento. Van 14, según la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), y casi todas por problemas de solvencia económica o faltas administrativas que van en contra de su propio reglamento. Otras cuatro figuran con resolución de caducidad.
Finalmente, respecto a las versiones incluidas de corredores de seguros citados en el informe, debemos precisar que estas corresponden a las opiniones personales de representantes de la Asociación de Corredores de Seguros (Ascorse) y la Asociación Peruana de Empresas de Seguros (Apeseg). Estas declaraciones fueron buscadas como parte del ejercicio periodístico de tener opiniones informadas de personas que conozcan el sector de seguros vehiculares nacionales.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. Hoy nuestro episodio número 330.
Luego de la publicación, el pasado 11 de febrero, del reportaje “Presidenta bamba”, el apoderado judicial de la Universidad San Marcos, Abelardo Rojas, envió una carta notarial para reclamar por supuestos “comentarios inexactos”. Sudaca cumple con publicarla en su totalidad, pero antes aclara que no hay contenido «inexacto» ni nada que rectificar. Aquí respondemos a las observaciones.
En primer lugar, en la carta se menciona que “de lo que se ha tratado es solo de la tramitación de una recomposición de miembros del Comité Directivo de la Asociación Nacional de Universidades Públicas y nada más, sin que haya existido dolo de ningún tipo”. Lo que Rojas omite es que se intentó realizar esta tramitación ante los Registros Públicos con documentos falsos y sobre una asamblea que carece de testigos.
Increíblemente, Rojas adjunta el acta donde supuestamente se acredita que el 4 de agosto de 2021 se llevó a cabo una asamblea en la que participaron 22 rectores; entre ellos, Jerí Ramón. Este documento fue, precisamente, desmentido en la nota con una serie de testimonios. Sudaca consultó con varios rectores que negaron haber asistido a dicha asamblea y pudo revisar los chats grupales donde muestran su total sorpresa, dado que nunca fueron informados de la reunión porque esta nunca existió.
En segundo lugar, sobre la carta de Roberto Supo, exvicepresidente de la ANUPP, el apoderado judicial de la San Marcos menciona que resulta “poco creíble la versión de que él firmó y no sabía lo que firmaba […] lo cual se puede inferir que es falso debido a que estamos hablando de un exrector”. En el informe consignamos la carta de Supo tal cual él la presentó a los otros rectores miembros de la ANUPP. Aquí cuenta cómo Abelardo Rojas lo hizo firmar con engaños los documentos que acreditaban la veracidad de la asamblea inexistente y que la rectora Jerí Ramón lo llamó para convencerlo de que firme. Sudaca se comunicó con Jerí Ramón y el mismo Abelardo Rojas varias veces por llamadas y mensajes, en los cuales se preguntó por el contenido de la carta de Roberto Supo. Nunca obtuvimos respuesta.
Tercero, en ninguna parte del informe se menciona que Jerí Ramón o Abelardo Rojas hayan firmado documento alguno. Así que no hay nada que aclarar al respecto.
El apoderado judicial de la San Marcos también afirma que lo que se produjo fue “un error involuntario entre las fechas consignadas de dichos documentos”. ¿Qué significa eso? ¿Que la reunión sí se llevó a cabo? ¿En qué fecha? El rector de la UNI, que es la universidad donde supuestamente se realizó la asamblea, dijo que no tenía conocimiento de que haya habido actividad alguna. Edith Luis Vasquez, exrectora de la Universidad Daniel Alcides Carrión que aparece en la lista, desmiente también que haya asistido “ni el 4 de agosto ni otro día”. Los demás asistentes consultados por este medio también negaron haber participado de reunión alguna, independientemente de la fecha.
Cuarto, el apoderado judicial de la San Marcos resalta nuevamente que no se pudo regularizar el trámite de recomposición porque el nombre de Roberto Supo no estaba inscrito en los Registros Públicos. Sudaca explicó este punto en la nota.
Por último, Abelardo Rojas menciona que Roberto Supo firmó una declaración jurada en donde se “certifica y da fe” de la validez de la reunión. Este dato ya fue mencionado en el informe “Presidenta bamba”, no es información nueva. Lo que parece grave -volvemos a recalcarlo- es que se omita el hecho de que la asamblea en realidad no se realizó, a decir de las autoridades que debieron estar presentes y no estuvieron. A pesar de eso, se ingresaron documentos a la Sunarp haciendo creer lo contrario.
Por todo lo expresado, nos reafirmamos en que no hay ningún “comentario inexacto” que merezca rectificación alguna.
