[EL CORAZON DE LAS TINIEBLAS] La aprobación presidencial y la del congreso no pasan del 3%. Estos niveles constituyen un récord en América Latina. Sin embargo, la baja aprobación de nuestros gobernantes no se manifiesta en las calles, a través de grandes estallidos de protesta. Pero estamos en el siglo XXI: las corrientes de opinión y los centros de decisión no se generan como hace 30 años.
Bastó una mediana protesta juvenil en las calles, pero nutrida en las redes sociales, para que los partidos políticos que impulsaron la onerosa ley de Las AFPs diesen marcha atrás, quitasen el cuerpo, súbitamente pasasen a criticarla y a proponer su modificación y hasta su derogatoria. La conclusión se cae de madura: puede que las fuerzas políticas que nos gobiernan no le teman a la calle -veremos qué pasa este fin de semana- pero sí le temen a la opinión pública, sí le temen al voto, y le temerán más conforme se aproximen más las próximas justas electorales de 2026.
Desde algunos sectores políticos se ha dicho que la cuestión por resolver el próximo año no trata de derechas vs izquierdas, sino de decentes vs. indecentes. La dicotomía no podría ser más maniquea pero es muy posible -tras varias legislaturas aprobando leyes a favor del crimen, a favor de lobbies legales e ilegales y en contra del bien común -esto es del bolsillo de la gran mayoría de peruanos- que grandes masas busquen en abril del próximo año a aquel candidato o partido que finalmente defienda sus intereses.
#Porestosno es una campaña hasta ahora bastante exitosa pero que, al final de cuentas, no garantiza mucho. El problema: hay otras variables en juego. Un número importante de peruanos votará sí o sí por la agenda conservadora, que es una agenda mundial vinculada a las posturas políticas e ideológicas de Donald Trump, Javier Milei, el partido Vox y el recientemente asesinado activista Charlie Kirk. En el Perú, el apadrinado parece ser Rafael López Aliaga. Sin embargo, la también conservadora Keiko Fujimori cuenta con el voto del núcleo duro fujimorista y ante la singular dispersión generada por 39 candidatos a la presidencia es muy probable que uno de los dos pase a segunda vuelta. Tal vez ambos, lo que garantizaría la continuidad del actual orden de cosas el próximo quinquenio.
Al otro extremo, el de los llamados “decentes”, y coloco las comillas como clara advertencia de que estoy refiriendo una mirada de sentido común política y no una conclusión científica. Aunque sus enemigos tildan a Martín Vizcarra desde corrupto hasta genocida, lo cierto es que un sector importante del electorado peruano -la primera minoría- lo sigue porque entiende que enfrentó al sector que hoy gobierna en contra de los grandes intereses nacionales y populares. Martín no será candidato, al menos al estado de cosas el día de hoy, pero sí podría serlo su hermano Mario y parece claro que sí le endosará parte de su votación. ¿Le alcanzaría para la segunda vuelta? El programa de Vizcarra o de El Perú primero nunca estuvo muy claro, se sitúa en la centro derecha y su apuesta política siempre fue el populismo, la aplicación de medidas a favor de las mayorías como la obligación a las farmacéuticas a ofrecer medicamentos genéricos y su propio carisma personal.
Seguidamente tenemos a Alfonso López Chau, candidato del novel partido AHORA NACIÓN. Los ahoranacionistas representan lo contrario a los vizcarristas. Son un partido de jóvenes liderados por un hombre mayor, profesional y académico, son un partido claramente definido como de centro izquierda democrática y que viene desarrollando un programa entorno a la idea original de la socialdemocracia popular. La apuesta parece pertinente pues vivimos tiempos globales de cambios ideológicos en los que se busca alternativas más sociales, tanto a los excesos del neoliberalismo como a la polarización protagonizada por conservadores y progresistas enconados en la batalla cultural. La propuesta de AHORA NACIÓN no descarta la posibilidad de una Nueva Constitución pero se inclina más por una opción gradualista.
AHORA NACIÓN apuesta por la recuperación del Estado para ponerlo al servicio de las grandes mayorías a través de su modernización y ofrece empoderar a las regiones vinculándolas con los mercados mundiales. El partido cuenta con cuadros técnicos importantes y podría constituirse en la opción seria en medio de tanta improvisación. Distinto es que un electorado acostumbrado al populismo y el clientelismo sepa identificar una opción con estas características. Ahí radica el gran desafío.
Al extremo de la izquierda, Guillermo Bermejo se perfila como candidato de Nuevo Perú, el partido de Verónica Mendoza, al que se suma el suyo propio: Voces del Pueblo. Bermejo tiene carisma y ductilidad ante cámaras. Es ameno y podría revertir la imagen de izquierdista radical de la que viene precedido así como de algunas acusaciones que lo vinculan con sectores de MOVADEF. El programa de NP propone una nueva Constitución, la modificación sustancial del capítulo económico de la actual y la priorización de agendas culturales, la defensa poblaciones vulnerables y pueblos originarios.
Entre el centroizquierdista Alfonso López Chau, el centroderechista Mario Vizcarra y el izquierdista Guillermo Bermejo podría encontrarse el otro candidato que pase a segunda vuelta pero es preciso señalar que es muy distinto representar para los electores la tan anhelada alternativa de cambio y de decencia, que llegar efectivamente a serlo. El maniqueísmo derecha-malo vs izquierda-bueno representa ya muy poco en el imaginario de los peruanos y menos tras la muy cuestionada y desastrosa gestión municipal de Susana Villarán.
¿Quiénes son los indignados? Indignados podríamos ser todos o casi todos. Distinto es establecer qué bolsones electorales estarían dispuestos a votar por una opción de cambio real. En primer lugar tenemos al siempre rebelde sur peruano que sin duda abrazará una de las tres opciones antes mencionada o repartirá sus preferencias entre ellas. Luego tenemos el nada despreciable electorado del expresidente Pedro Castillo cuyo gobierno, casi patético y con visibles indicios de corrupción, no justifica una carcelería con evidentes matices políticos. Los jóvenes, sin duda alguna, serán una fuerza en sí misma, probablemente la más consciente y la del voto más reflexivo y, por último, las clases medias intelectuales -caviares que les llaman algunos- que apostarán también por una de las opciones que apunten a salir de la peripatética situación en la que nos encontramos.
Ante nosotros una carrera de obstáculos. El primero colocar en segunda vuelta a uno de los candidatos que podría representar un cambio real en la conducción del país. El segundo: que efectivamente gane la segunda vuelta. Y el tercero: que realmente encarne un gobierno de decencia, de recuperación de las instituciones del Estado para ponerlas al servicio del país y del bienestar y desarrollo de todos los peruanos.
En el mapa latinoamericano del network marketing, el nombre de David Novoa aparece ligado a una fórmula simple y obsesiva: producto competitivo, relato potente y una escuela comercial que evangeliza a diario. Fuera del ruido de las oficinas, su vocación ha sido poner la marca Teoma en el centro de una comunidad de bienestar, primero en Perú y luego en mercados vecinos. La historia oficial lo ubica como fundador y rostro que presenta anuncios, metas y nuevas plazas.
El creador detrás de cada fórmula
Más allá de la dirección empresarial, Novoa se ha consolidado como el creador de todos los productos de Teoma, fórmulas propias y patentadas a nivel global que hoy superan las 150 referencias entre nutracéuticos, cosmecéuticos y bebidas funcionales. Su papel como formulador no solo respalda la innovación constante de la marca, sino que también legitima a Teoma como un referente científico y comercial de la industria en América Latina.
De la Amazonía a las vitrinas del continente
El discurso de Novoa se apoya en un portafolio amplio de productos que reivindican ingredientes andinos y amazónicos. La compañía ha comunicado en repetidas ocasiones su presencia regional —Perú, México, Costa Rica, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina y Colombia— y su estrategia de crecimiento con tienda y logística propia.
El salto cualitativo de la narrativa de marca
Organizar convenciones masivas, giras de entrenamiento y crear “momentos” que cohesionen a la red ha sido parte del ADN de la firma. Eventos como Teomorfosis y campañas de reconocimiento a su base comercial han servido para alinear mensaje y cultura, mientras la dirección habla de nuevos mercados —incluida la entrada a Europa— y de reforzar locales en los países donde ya operan.
Productos en el centro del negocio
Aunque la retórica de Novoa suele enfocarse en propósito y comunidad, el corazón es el producto. Ese músculo comercial, afirman medios del rubro, es lo que ha permitido a Teoma sostener su expansión y profesionalizar la cadena de suministro, respaldado siempre por la visión y capacidad formuladora de su fundador.
Reconocimientos y legitimidad social
El relato de expansión vino acompañado de premios y condecoraciones al liderazgo emprendedor de Novoa en distintos escenarios internacionales. Para la comunidad, estos hitos funcionan como sellos de confianza que refuerzan la promesa de progreso económico y movilidad social asociada al negocio.
Nuevas líneas para un nuevo rumbo
Actualmente, David Novoa y su equipo preparan el lanzamiento de nuevas líneas que, según adelantan, marcarán un nuevo rumbo para Teoma y para toda la industria de redes de mercadeo en América Latina. Con ello, la compañía busca reafirmar su papel como referente regional y dar el siguiente paso en su expansión internacional.
Un pionero hecho a pulso
En un sector donde las compañías nacen y desaparecen con rapidez, David Novoa Guibovich ha construido una marca de largo aliento. Ha sabido contar una historia —bienestar, superación, orgullo peruano— y convertirla en arquitectura empresarial: productos de alta rotación, eventos que fidelizan, compras que aceleran y una expansión que ya mira a Norteamérica y Europa. Esa es, hoy, la promesa de su liderazgo: ser el empresario y mejor formulador de productos de América Latina, poner a Teoma en la conversación global del bienestar hecho en la región y demostrar que desde Lima también se pueden escribir manuales de crecimiento en la industria de la venta directa.
[EL CORAZON DE LAS TINIEBLAS] Recién Santiago Abascal, líder de VOX, movimiento político español ultraconservador, ha señalado que habría que confiscar y hundir ese barco de negreros. Se refería al OPEN ARMS, embarcación perteneciente a la organización del mismo nombre que se dedica a rescatar de las aguas del Mar Mediterráneo a miles de inmigrantes africanos que arriesgan sus vidas para llegar a Europa persiguiendo el sueño de un mejor futuro.
Las maneras de Abascal son brutales, como las de Donald Trump o Javier Milei. Desde la mirada de un historiador, las palabras del líder de VOX conectan directamente con los barcos negreros del periodo colonial que era como se denominaba a las embarcaciones que traían esclavos desde el África a América en las condiciones más inhumanas imaginables. Para los empresarios dedicados a tan cruel emprendimiento era un riesgo calculado perder alrededor del 20% de estos seres humanos reducidos a la condición de mercancías, debido al hacinamiento y las degradantes condiciones de salubridad con los que se realizaba la larga y penosa travesía transcontinental.
Pero Abascal, Trump y Milei no están solos. La moneda tiene su reverso. Agustín Muñoz, fue un adolescente argentino que debería seguir entre nosotros. Ya no lo hace porque, en 2018, su amiga Angie lo denunció en sus redes sociales por acoso sexual. Después vino el escrache, el ciberbulling, la cancelación absoluta del joven, la destrucción de su reputación, de su imagen, de su vida y, finalmente, su trágico suicidio. Angie se disculpó en las mismas redes antes de que Agustín tomase tan dramática decisión, pero la rectificación no tuvo mayor efecto: él ya estaba marcado por las redes sociales, la sentencia social ya había sido pronunciada. Poco antes de dejarnos, Agustín le confesó a su madre: me han arruinado la vida.
¿Qué tienen que ver dos temas aparentemente ajenos y distantes? Tienen todo que ver. Expresan como nos han polarizado el mundo. Aunque los escraches, las cancelaciones y las acusaciones falsas continúan hasta el día de hoy, no es casualidad que la desgracia que refiero se haya producido en 2018 y que las declaraciones de Abascal recién hace uno o dos días. Ese es el orden de los factores.
Tras la caída del socialismo real soviético, muro de Berlín incluido en 1989, la democracia, sin oponentes a la vista, les supo a poco a diversas colectividades identitarias, universitarias, culturales y políticas, y así, sin reparar en daños, se pasaron la línea de los derechos fundamentales. Al honor, a la presunción de inocencia, a la legítima defensa.
Y luego quisieron reinventar la teoría de los derechos, toda la teoría de los derechos. Y quisieron reinventar el mundo, ya no desde la aspiración a la igualdad y a la felicidad, como en la lucha de Martin Luther King por los derechos civiles en los Estados Unidos en la década de 1960, ni tampoco desde el derecho al trabajo igualitario y la revolución sexual de las feministas de la década siguiente. En el siglo XXI se trataba de ajustar cuentas con la historia y de encontrar a quien endilgarle la responsabilidad, en suma: hegemonismo y supremacía.
Si buscas hegemonismo y la supremacía no dialogas. Estos se imponen por la fuerza. Y entonces se advinieron los aciagos tiempos de la batalla cultural y a estas alturas, la verdad, me importa muy poco cual de los dos extremos en conflicto haya acuñado el concepto. Quien lo hizo acertó, en todo caso.
Mientras a gritos, escraches y derribo de esculturas se le impuso al mundo el nuevo orden progresista, la derecha no terminaba de reaccionar hasta que comprendió que debía reagruparse y contraatacar. Más fácil: a la guerra solo le combate con la guerra, y entonces recién Santiago Abascal ha llamado a hundir el barco negrero y solo le ha faltado decir que si está cargado de pobladores africanos que buscan una mejor vida, tanto mejor. De eso va la reacción en estos tiempos.
Voy a lo semiótico, a lo narrativo, a los términos, absolutamente extremistas en los que se presenta el debate. “Somos malas, podemos ser peores” reza una popular diatriba feminista. Y en las actuales circunstancias, la batalla se decanta por el bando conservador. Donald Trump ha barrido el año pasado a Kamala Harris en las presidenciales norteamericanas.
Quién lo diría, un hombre antipático, agresivo y arrogante, que en circunstancias normales produciría un natural rechazo resulta adorado por los sectores populares y trabajadores del hegemón del norte. Estos consideran que el inefable multimillonario cautela mejor sus intereses que la amable y progresista candidata demócrata.
¿El mundo al revés? No, lo que pasa es que las mayorías trabajadoras que realmente sufren el embate de las políticas económicas neoliberales les importa menos que dos cominos las agendas culturales de los progresismos. Por cierto, el alegato de la interseccionalidad resulta absolutamente insuficiente pues lo que buscan los sectores populares es que las agendas sociales, que suponen la elevación de la calidad de vida, se coloquen a la vanguardia de la plataforma política de la izquierda o de quien fuere, hasta el mismísimo Trump, como se ha visto.
Pero ya hay reacción. Chile siempre da la hora. Primero Gabriel Boric con su autocrítica tras la categórica derrota de la constitución de género de 2022, ahora Jeannette Jara, del Partido Comunista, nada menos, volcada a una agenda social, popular, de los pobres del país, pero en democracia. La dictadura del proletariado es historia. Hoy el debate demócrata en USA es análogo y las posturas socialdemócratas populares avanzan en diversos países de Europa, entre ellos Alemania. La ola ultraconservadora no ha concluido aún su radio de expansión pero la siguiente, la de las reformas sociales en democracia, ya comienza a elevarse.
En el Perú parece el único camino. Somos un país conservador que no elegirá ni a palos una propuesta proaborto o promatrimonio LGBTI+ y hay que decirlo: si quieres perder las elecciones de 2026 entonces flamea esas banderas durante tu campaña política.
Luego el Estado está todo corrompido y además se cae a pedazos. Hay que arrebatárselo a las mafias y ponerlo al servicio de las grandes mayorías. Nuestro Estado tiene con qué ofrecerles, a todos los peruanos, aceptables servicios de educación y de salud. Además, estos resultan imprescindibles si pretendemos el desarrollo económico en el mediano plazo. Les sigue la infraestructura, unir al país más rápido y mejor, desarrollar la capacidad de producir lo que ahora no producimos porque no tenemos ni la ciencia, ni la tecnología.
Uno de cada tres peruanos es pobre y la cifra podría resultar engañosa, algunos se esfuerzan día a día para no caer en la pobreza sin reconocer que hace tiempo se han sumergido en ella. Y tenemos la mejor macroeconomía de América Latina. No parece justo pues que cuatro piratas saqueen el erario público, ni que quienes deberían prodigar el bien común divaguen abstraídos, inmersos en agendas ultimadamente elitistas, que le hacen el juego al status quo y le ofrecen la ocasión de crecer y multiplicarse.
Socialdemocracia popular está bien. Está bien como punto de partida, como concepto por desarrollar y como lumbre. Implicará recuperar derechos fundamentales y reivindicaciones sociales olvidadas y sumarlas a otras nuevas, tan nuevas como estos tiempos de guerra cultural, oscuridad e incertidumbre.
[INFORME] A puertas cerradas y con la complicidad del silencio institucional, la Policía Nacional del Perú (PNP) avanza un proceso de contratación que, lejos de garantizar transparencia y eficiencia, pondría en evidencia uno de los casos más graves de direccionamiento técnico y simulación de competencia en el sistema de compras públicas durante este gobierno.
El Concurso Público CP-SM-2-2025-DIRECFIN-PNP-1, convocado para contratar un servicio estratégico (la red privada de datos, seguridad gestionada y acceso a internet de toda la infraestructura policial a nivel nacional) estaría siendo direccionado para que vuelva a ganar un postor que no garantiza la ciberseguridad del sistema, poniendo en riesgo todos los datos de denuncias ciudadanas entre 2019 y 2025. Se trata de un servicio que, por su naturaleza crítica, debería estar blindado de cualquier sombra de irregularidad. Pero los hechos demuestran todo lo contrario.
SUDACA tuvo acceso a documentación interna —que incluye cartas a Contraloría, pronunciamientos legales, informes técnicos y publicaciones de prensa especializada— que revelarían una serie de prácticas que configuran una arquitectura de contratación dirigida, construida para beneficiar a determinados actores y excluir al resto. (toda la documentación va al final de este reportaje).
La contratación directa del 2024
Nuestras fuentes relatan que, en 2023, la Policía Nacional del Perú comenzó a preparar el reemplazo de su servicio de telecomunicaciones, sabiendo que el contrato vigente con Telefónica del Perú (TDP) vencía en noviembre de 2024. El escenario ya estaba condicionado: TDP se encontraba inhabilitado para contratar con el Estado, lo que eliminaba cualquier posibilidad de prórroga o contratación adicional con ellos.
La lógica indicaba que un nuevo proceso debía iniciarse con la debida anticipación para evitar riesgos de desabastecimiento. Los actos preparatorios, sin embargo, se desplegaron de forma llamativamente lenta. El estudio de mercado, clave para definir el valor referencial y la viabilidad del concurso se prolongó casi seis meses, un plazo atípico para este tipo de contrataciones.
Durante este tiempo, la operadora Claro (uno de los pocos proveedores con capacidad de red para atender a la PNP a nivel nacional) envió múltiples consultas y observaciones técnicas. Muchas de ellas no fueron atendidas o recibieron respuestas parciales que no resolvían las inquietudes de fondo.
El retraso no era inocuo. Cada mes que pasaba reducía la ventana de tiempo para convocar el proceso. Un concurso abierto en abril o mayo de 2024 habría enfrentado tiempos ajustados para la recepción de ofertas, absolución de consultas, elevaciones de observaciones e incluso eventuales apelaciones. Esto habría puesto a la PNP en riesgo de quedar sin servicio contratado al vencimiento del contrato de TDP en noviembre.
En este mercado específico, solo tres operadores tenían la capacidad real para brindar el servicio a la PNP: TDP (inhabilitado), Claro (con capacidad, pero marginado por la no atención de sus consultas) y Bitel (Viettel Perú). Al dejar las consultas de Claro sin respuesta efectiva, el proceso quedó, de facto, con Bitel como único jugador viable.
La combinación de un estudio de mercado prolongado y la inminencia del vencimiento del contrato con TDP creó el escenario perfecto para declarar la urgencia y justificar una contratación directa. Con TDP fuera de carrera y Claro reducido a un rol testimonial, la PNP tenía frente a sí un único proveedor en condiciones de recibir el contrato: Bitel.
Con TDP fuera y Claro bloqueada en la práctica, Bitel quedó como único proveedor viable. El resultado: una contratación directa que instaló un modelo técnico cerrado, con marcas predefinidas y sin competencia real. Este sería el molde que, un año después, se replicaría casi intacto y sería replicado en el nuevo proceso CP-SM-2-2025.
Sobrecosto a la vista
En 2020, la PNP adjudicó a Telefónica del Perú (TDP) un contrato para la provisión de servicios de telecomunicaciones por un monto inicial de S/.182´060,887.84[1]. Posteriormente, este monto fue reducido en un 3.94%, lo que dejó el costo total en aproximadamente S/.174´892,156.84[2] por 36 meses de servicio[3].
Al ser consultados nuestros expertos en contratación pública[4], indicaron que, si distribuimos ese monto a lo largo de todo el periodo, el costo mensual efectivo con TDP fue de S/.4´858,115.47 por mes (S/.174´892,156.84 en 36 meses).
En 2024, mediante contratación directa, la PNP adjudicó a Bitel (Viettel Perú) un contrato por S/.202´168,668.88[5], pero solo por 19 meses de servicio[6]. Esto arroja un costo mensual efectivo con Bitel de S/.10´640,456.26 por mes (S/.202´168,668.88 en 19 meses).
Las matemáticas no cierran. Una simple comparación de costos mensuales salta a la vista con un sobrecosto de 119% que beneficiaría a Bitel.
TDP (2020 – 2023) → S/.4.86 millones/mes
Bitel (2024 – 2026) → S/.10.64 millones/mes
¿Cuál sería el sustento de este incremento? El servicio con Bitel cuesta más del doble por mes que el contrato previo con TDP, pese a que el alcance técnico no se amplió de manera proporcional y sin evidencia de mejoras sustanciales que justifiquen este salto.
Esta diferencia no es un simple ajuste inflacionario, ni una mejora tecnológica extraordinaria: es un sobreprecio mensual evidente que se disparó precisamente en el marco de un proceso sin competencia real, donde Bitel quedó como único proveedor viable tras la exclusión práctica de Claro y la inhabilitación de TDP.
En términos anuales, si ambos contratos se compararan a igual número de meses (19), la diferencia anualizada del gasto acumulada superaría los S/ 109.8 millones, un margen que en contratación pública suele encender todas las alarmas de sobrevaloración y direccionamiento, pero sorprendentemente se mantuvo en silencio pese a la opinión de OSCE[7] y algunas notas[8] que denunciaron el hecho en prensa especializada[9].
Bitel, el gran beneficiado
El 15 de abril, la PNP convocó el nuevo proceso de contratación apenas seis días antes de la entrada en vigor de la Ley de Contrataciones del Estado y su reglamento actualizado (21 de abril).
La fecha no fue casual. Con el nuevo marco legal, las entidades estarían obligadas a sostener reuniones formales y documentadas con todos los posibles proveedores durante la etapa de estudio de mercado, así como atender y responder sus consultas. En este caso, esa obligación habría significado reunirse con Claro, el único competidor real de Bitel tras la inhabilitación de TDP, y responder a las observaciones técnicas y comerciales que la operadora había presentado. Al mantener el proceso bajo la Ley antigua, se evitó esa interacción obligatoria y se preservó el esquema de mínima competencia que caracterizó la contratación directa previa.
Desde el inicio, las bases técnicas del concurso encendieron alertas entre expertos[10] en contratación pública y ciberseguridad. Los Términos de Referencia no solo definían funciones y características. Delimitaban prácticamente el catálogo de los fabricantes que podían cumplirlas.
Los expertos consultados[11] por SUDACA indican que “el patrón es claro. En lugar de abrir la competencia, las especificaciones consolidan un cerco tecnológico que favorece a quienes ya controlan la infraestructura, contraviniendo el principio de libre concurrencia previsto en la Ley de Contrataciones del Estado”.
El estudio de mercado cerró entonces con apenas dos cotizaciones[12]: Una de Bitel, actual proveedor, y otra empresa llamada GLOBAL FIBER. Esta última fue incluida a pesar de que no cuenta con la red nacional de fibra óptica que exigen las bases, y cuya presencia se limita a Lima, Iquitos y Huancayo[13]. Esta última fue aceptada como “postor válido” a pesar de que no posee infraestructura estratégica crítica para el servicio, como lo exigen las bases. Según su propia web, su oferta está enfocada a servicios residenciales y pymes. No a soluciones críticas de alcance nacional. Global Fiber declaró falsamente cumplir con los requisitos habilitantes, presentando información inexacta que indujo a error a la administración. Esto permitió “fabricar” un segundo postor y simular competencia, cuando en la práctica solo quedaba en carrera el proveedor actual.
La inclusión de Global Fiber, pese a su evidente incumplimiento de requisitos, resultó clave para cerrar el estudio de mercado y cumplir formalmente con la “pluralidad” exigida por Ley. Su participación habría servido únicamente para simular una pluralidad de postores, cuando en la práctica no tenía capacidad técnica ni operativa. Esto no solo resultaría irregular. Se trataría de un fraude en contratación pública, según el artículo 397-A del Código Penal, señalan los expertos consultados.
Lo más grave es que los Términos de Referencia fueron redactados con especificaciones que calzan exclusivamente con marcas como F5, Arbor e Imperva, en un acto tan burdo de direccionamiento que, hasta el OSCE[14] –en su pronunciamiento de 2024– cuestionó la legalidad del contrato anterior con Bitel, por ser adjudicado sin sustento técnico ni económico, y habría reutilizado incluso equipos que ni siquiera eran propiedad del nuevo proveedor. El mismo modelo de direccionamiento anterior estaría replicándose en el proceso en marcha, con el único objetivo de adjudicarlo nuevamente a este postor.
Al igual que en el caso de la Directa en 2024 (como un copia y pega), la DIRTIC y la PNP nunca respondieron las consultas de Claro para que esta pueda cotizar. ¿Qué raro no? Las áreas responsables (Logística, Administración y Tecnología de la PNP) convalidaron la admisión de un postor que no cumplía requisitos básicos y no observaron el direccionamiento técnico en las bases.
Fuentes internas de la PNP señalaron a SUDACA que no habría dudas respecto a que este proceso está viciado. Indicaron que basta con observar el tratamiento que los encargados de logística y administración de la entidad contratante estarían dando al proceso de absolución de consultas, las cuales fueron reprogramadas hasta en 23 ocasiones, dando una señal inequívoca de improvisación, presiones internas o la simple incapacidad de justificar legal y técnicamente lo indefendible.
Juristas consultados por SUDACA[15] revelaron que los delitos presuntamente cometidos aquí no son menores: colusión agravada por omisión funcional, falsedad documental, negociación incompatible y dirección ilícita del procedimiento, al favorecer indirectamente a un proveedor o fabricante mediante la inacción. ¿Dónde están los controles internos? ¿Por qué la Oficina de Control Institucional y la Dirección de Tecnología guardan silencio tras meses de advertencias? ¿Por qué la Contraloría aún no actúa con firmeza?
Luego de revisar toda la documentación a la que tuvo acceso SUDACA, estos mismos expertos en contrataciones públicas opinaron que éstas no pueden seguir siendo botines ni escenarios de favoritismo técnico disfrazado. “La PNP debería rendir cuentas. Este proceso debe detenerse y los responsables (funcionarios, técnicos y postores) deben responder ante la justicia y ante el país. Si la conectividad nacional de nuestra Policía se construye sobre la base del engaño, el sobrecosto y la exclusión, no hablamos solo de corrupción: hablamos de una traición a la seguridad del Estado”, concluyeron.
Sospechosas coincidencias
Desde febrero del 2025 ingresó a trabajar a Bitel, Miguel Eduardo Vasquez Neira, para liderar el área de contrataciones con el Estado, un personaje controversial[16]. Este personaje es quien se encuentra a cargo de atender directamente el servicio PNP. Su ingreso coincide con la deficiente solución que hoy tiene contratada con Bitel, como parte de la Contratación Directa – Contrato Nº 025-2024-DIRECFIN-PNP, contratación que tiene un 245% de sobrevaloración con respecto al anterior proveedor. Hoy, ese deficiente diseño y direccionamiento con determinadas marcas se viene repitiendo en el CP-SM-2-2025-DIRECFIN-PNP-1.
El CP-SM-2-2025 no es una licitación nueva, sino la reedición —casi calco— de una estrategia que el 2024 ya había asegurado un contrato millonario sin competencia efectiva. La diferencia es que ahora la PNP enfrenta el antecedente reciente de un ciberataque masivo que puso en jaque la integridad de sus sistemas.
Gatito FBI NZ
En agosto de 2025, un incidente puso en evidencia la fragilidad de la infraestructura montada bajo el contrato de 2024. Un hacker que se identificó como “Gatito FBI NZ” vulneró el Sistema de Denuncias Policiales (SIDPOL), extrayendo y publicando 88 gigabytes de información interna, incluyendo datos sensibles de ciudadanos y policías. Los datos, ahora disponibles en foros clandestinos, se ofrecen por sumas que alcanzan los 1,500 dólares. Esto puso en riesgo la información de denuncias ciudadanas entre 2019 y 2025, revelando nombres, direcciones y teléfonos de los denunciantes y los oficiales a cargo de las investigaciones en todo el Perú.
Lo más preocupante no es solo el robo de datos, sino la forma en que ocurrió. El atacante utilizó credenciales válidas y los sistemas de monitoreo y bloqueo no detectaron la intrusión. No se generaron alertas tempranas ni se activaron protocolos automáticos de respuesta. Esta falla estructural, ligada a la arquitectura y proveedores definidos en 2024, y cuyo contratista es Bitel, no motivó cambios en el diseño del CP-SM-2-2025. Las mismas marcas, configuraciones y proveedores siguieron en carrera.
Ciberseguridad PNP en alto riesgo
Lo cierto es que el próximo gran contrato tecnológico de la Policía Nacional del Perú (PNP), a través del Concurso Público CP-SM-2-2025-DIRECFIN-PNP-1, nació con la promesa de modernizar la red privada policial, blindar sus sistemas contra ciberataques y garantizar un acceso seguro a internet para todas sus unidades a nivel nacional.
Los documentos internos a los que SUDACA tuvo acceso y según expertos consultados al respecto[17] (cartas remitidas a las más altas autoridades de la PNP y denuncias formales ante la Contraloría General de la República) cuentan otra historia: la de un proceso con claros indicios de direccionamiento hacia marcas específicas, participación de postores sin capacidad técnica, un estudio de mercado simulado y la repetición de un diseño técnico inseguro que demostró su alta vulnerabilidad en el hackeo masivo más grave en la historia reciente de la institución.
La misma fórmula se repite en ambos casos de contratación: controlar el mercado, acortar los plazos, excluir competidores y blindar a un solo proveedor. Y en ambos casos, el costo lo pagará no solo el erario, sino la seguridad de todos los peruanos.
Ricardo Elías concluye en que “es fundamental investigar quiénes se encuentran detrás de las filtraciones de información confidencial, puesto que la Policía Nacional tiene la obligación de garantizar su resguardo y preservar la confianza ciudadana en las instituciones. En tal sentido, resulta indispensable determinar si algún funcionario pudiera estar implicado en dichas conductas e, incluso, integrar la organización criminal responsable. De lo contrario, se configura un grave escenario de vulnerabilidad en el que cualquier ciudadano que presente una denuncia se expone a que sus datos sean indebidamente difundidos, convirtiendo las brechas de seguridad en una práctica cotidiana que daña el sistema de justicia y la protección de derechos fundamentales”.
[1]Contrato N° 41-2020-DIRECFIN-PNP. Concurso Público N° 001-2020-DIRECFIN PNP “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS EN BANDA ANCHA, PLATAFORMA DIGITAL INTERCONECTADA PARA SERVICIOS DE RED DE DATOS E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA GESTIONADA PARA LAS UNIDADES POLICIALES A NIVEL NACIONAL”[2] Resolución Jefatural N° 11-2021-DIRADM [3] CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN [4] Renzo Zárate Miranda. https://www.zaratefirma.com/socio-fundador [5] Contrato N° 025-2024-DIRECFIN-PNP. CONTRATACIÓN DIRECTA N° 01-2024-DIRECFIN-PNP, “CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE CONECTIVIDAD DE DATOS EN BANDA ANCHA, PLATAFORMA DIGITAL INTERCONECTADA PARA SERVICIOS DE RED DE DATOS E INTEGRACIÓN TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA GESTIONADA PARA LAS UNIDADES POLICIALES A NIVEL NACIONAL” [6]CLAUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DEL SERVICIO. Inicio del Servicio. [7] DICTAMEN CD N° 508-2024/DGR-SIRE [8] https://panamericana.pe/locales/430501-servicios-conectividad-pnp-peligro-millonario-contrato-presentaria-irregularidades [9] https://www.americasistemas.com.pe/millonario-negociado-en-la-pnp/ [10] https://www.americasistemas.com.pe/adjudicacion-dirigida-en-la-pnp/ [11] Renzo Zárate Miranda. https://www.zaratefirma.com/socio-fundador [12]Oficio N° 655-2025-DIRADM-PNP/DIVLOG-DEPABA-SAP [13] https://globalfiber.com.pe/ [14]Dictamen CD No 508-2024/DGR-SIRE [15] Renzo Zárate Miranda. https://www.zaratefirma.com/socio-fundador [16] https://peru21.pe/politica/dictan-18-meses-de-prision-preventiva-contra-director-de-la-aviacion-policial-coronavirus-en-peru-noticia/ [17] Ricardo Elías Puelles. https://eliaspuelles.com/
[INFORME] La tensión diplomática entre Perú y Colombia ha escalado en las últimas semanas por la isla de Santa Rosa, un territorio ubicado en el río Amazonas que, según las autoridades peruanas, forma parte del país desde hace décadas. El origen del problema se remonta a la década de 1970, cuando la isla emergió como parte de la isla Chinería, ya reconocida como peruana en la delimitación de 1929. Sin embargo, el gobierno colombiano sostiene que este nuevo territorio no fue contemplado en los tratados y que su soberanía debe resolverse por consenso bilateral.
La controversia se intensificó cuando el Ejecutivo peruano oficializó la creación del distrito de Isla Santa Rosa, en Loreto. Desde Bogotá, el presidente Gustavo Petro afirmó que esta decisión viola el tratado de límites de 1934 y acusó a Perú de apropiarse de tierras generadas por el curso cambiante del río. La declaración fue respaldada por sectores políticos colombianos que demandan la apertura de un proceso de revisión territorial.
La respuesta peruana no se hizo esperar. La Cancillería reiteró que no existe disputa alguna sobre la isla y que la soberanía nacional sobre ese territorio es incuestionable. El Congreso aprobó una moción multipartidaria en respaldo a la posición del Ejecutivo, mientras se reforzó la presencia militar y policial en la zona.
Paralelamente, una serie de incidentes aumentó la tensión. Un avión militar colombiano sobrevoló Santa Rosa sin autorización, lo que motivó una queja formal del gobierno peruano. Semanas después, un contingente policial colombiano intentó ingresar al territorio y fue impedido por las fuerzas del orden. En otro episodio, dos topógrafos colombianos que realizaban mediciones fueron retenidos y puestos a disposición de las autoridades. El propio Petro calificó estos actos como un “secuestro”, intensificando el cruce de acusaciones.
Incluso el conflicto ha tenido gestos simbólicos con alto contenido político. Un dirigente colombiano izó la bandera nacional en la isla, acción que fue interpretada como una provocación y que tuvo amplia difusión mediática. El hecho se produjo en pleno contexto de campañas electorales en Colombia, lo que ha llevado a analistas a considerar que el diferendo territorial también está siendo usado como herramienta de presión interna.
Más allá del choque diplomático, existe un problema de fondo que amenaza a la región: el avance de la sedimentación en el río Amazonas. Estudios científicos indican que, en las últimas tres décadas, el cauce que conecta a la ciudad colombiana de Leticia con el río principal se ha reducido de forma alarmante. De continuar esta tendencia, el puerto podría quedar prácticamente desconectado hacia 2030, con graves consecuencias económicas. Este escenario plantea un reto ambiental que exigiría cooperación entre ambos países, aunque las actuales tensiones políticas parecen postergar cualquier diálogo técnico.
El conflicto por Santa Rosa revive recuerdos del enfrentamiento armado de 1932 y de las negociaciones que llevaron a los tratados de límites. Pero también expone problemas contemporáneos: fronteras naturales en constante transformación, intereses políticos que se imponen sobre el diálogo y la ausencia de mecanismos eficaces para resolver disputas antes de que escalen. Lo que está en juego no es únicamente un pedazo de tierra, sino la capacidad de dos países vecinos para gestionar de forma conjunta un territorio vital para su gente y para el equilibrio ambiental de toda la región amazónica.
La disputa por la isla Santa Rosa no solo revela las fisuras diplomáticas entre Perú y Colombia, sino que también refleja la fragilidad de los acuerdos internacionales frente a los cambios geográficos y las presiones políticas internas. Mientras ambas naciones se aferran a sus argumentos históricos y jurídicos, la región amazónica —compartida y vulnerable— queda expuesta a la falta de cooperación. Resolver este diferendo requerirá más que gestos militares o declaraciones altisonantes: demandará voluntad política real para priorizar el bienestar de las comunidades fronterizas y la protección de un ecosistema que trasciende cualquier límite trazado en un mapa.
[INFORME] En menos de dos meses, el nombre de Industrias Argüelles y su fundador, Aniceto Argüelles Loayza, pasó de moverse entre expedientes y contratos municipales a ocupar un lugar fijo en la agenda pública. El punto de quiebre fue el 7 de junio de 2025, cuando un reportaje reveló maniobras y presiones alrededor de un predio comunal en Canta. Desde entonces, lo que parecía un caso aislado empezó a mostrar un entramado de favores oficiales, sentencias, viajes compartidos con funcionarios y un caudal de contratos con municipios de Lima y Callao.
El episodio que prendió la mecha ocurrió en Quipán. De acuerdo con la reconstrucción periodística, representantes comunales denunciaron a Aniceto Argüelles por haber organizado, junto con el entonces presidente de la comunidad, Abel Mosquera, la adquisición de un terreno comunal por S/600 mil, pese a que su valor real superaría los S/5 millones. El objetivo final, según la nota, era que una jueza validara la transacción mediante la absolución de Mosquera. En esa ruta apareció un dato sensible: la gerente general de Industrias Argüelles, Karen Pasco Flores, fue condenada por facilitar la operación con documentos falsos. El 14 de junio, el Poder Judicial ratificó la condena de cuatro años de pena suspendida contra Pasco por falsedad ideológica. Días antes, el 7 de junio, se consignó además la admisión de un intento de soborno a la jueza del caso. Son piezas que, colocadas en secuencia, iluminan cómo una compraventa irregular terminó con responsabilidades penales y abrió la puerta a sospechas mayores.
El caso Quipán se volvió todavía más oscuro por un hecho irreparable: el 1 de abril de 2024, el dirigente comunal Santiago Guardamino Gonzáles, quien había emprendido los juicios contra la empresa y sus ejecutivos, fue asesinado por sicarios. Aun con ese antecedente, el tribunal de Canta dictó sentencia contra Pasco ese mismo año y los procesos civiles por la propiedad comunal siguieron su curso. La dimensión humana —un dirigente asesinado en medio de una disputa por tierras— se convirtió en telón de fondo de una trama que ya no solo hablaba de papeles.
Mientras tanto, en paralelo a la controversia judicial, la empresa siguió acumulando contratos con gobiernos locales. Entre enero y mayo de 2025, Industrias Argüelles obtuvo once adjudicaciones por S/72,1 millones para prestar servicios de limpieza y residuos en el Callao y en distritos como Surco, Miraflores, La Molina, Surquillo, Comas, Independencia, La Victoria, Lince, Los Olivos y Santa Anita, de acuerdo con el registro de proveedores del Estado citado en una nota de investigación. Este flujo de contratos —en un rubro tradicionalmente sensible a la captura política y las licitaciones a medida— reforzó la necesidad de revisar con lupa la relación de la compañía con autoridades y decisores públicos.
Ahí aparece otra veta: el vínculo de la compañía con el entonces viceministro de Gestión Ambiental, Edgar Romero La Puente. La República acreditó que Romero trabajó siete años en Industrias Argüelles y que, ya como alto funcionario, suscribió diecisiete resoluciones que beneficiaron a la misma empresa. La pieza periodística añadió un dato que agrava el conflicto de intereses: la directora de la empresa es Karen Pasco Flores, exesposa de Romero, vínculo que él no transparentó en su Declaración Jurada de Intereses. La secuencia de publicaciones llevó a que, el 2 de agosto, el exviceministro presentara su renuncia. En los días previos, se habían difundido además viajes al exterior que Romero realizó con una ejecutiva de la contratista. El propio funcionario intentó desactivar el escándalo sosteniendo que se trataba de “resoluciones estándar”, pero la evidencia documental y la omisión declarativa dejaron su posición insostenible.
Las revelaciones no se quedaron en el papel. El 13 de junio, La República denunció que su reportera de la Unidad de Investigación, Rosmery Tapara, recibió amenazas, sufrió el hackeo de cuentas personales y el bloqueo de sus líneas telefónicas tras publicar el reportaje sobre Argüelles. La Sociedad Interamericana de Prensa y organizaciones de libertad de expresión replicaron la alarma por lo que consideraron un nuevo episodio de hostigamiento contra la prensa en el país. El caso expone hasta qué punto los intereses en juego pueden traducirse en intentos de silenciar el seguimiento periodístico de contratos, fallos judiciales y relaciones con funcionarios.
Un repaso cronológico permite entender el cuadro completo. El 1 de abril de 2024, Guardamino fue asesinado. El 6 de noviembre de ese año, el Juzgado Penal Unipersonal Transitorio de Canta condenó a Pasco a cuatro años de pena suspendida por falsedad ideológica; la sentencia sería confirmada en segunda instancia en junio de 2025. El 7 de junio de 2025, un empresario admitió haber intentado sobornar a una jueza ligada al caso del terreno comunal. Una semana después, el 13 de junio, se denunció el hostigamiento a la periodista que había revelado la historia. En paralelo, entre enero y mayo, la empresa sumó más de S/72 millones en adjudicaciones municipales. En julio, se documentaron los diecisiete actos administrativos firmados por el viceministro Romero que beneficiaron a la compañía, así como viajes compartidos con una ejecutiva; y el 2 de agosto, tras la presión pública, presentó su dimisión. La concatenación de hechos dibuja una constante: los hilos privados y públicos de una misma empresa enlazados a decisiones estatales.
Más allá de la ruta judicial pendiente y de las investigaciones administrativas que correspondan, las historias que salieron a la luz dejan preguntas de interés público: ¿qué barreras reales existen para evitar que exejecutivos de proveedores del Estado firmen resoluciones que favorezcan a sus antiguas compañías? ¿cómo se rastrea y sanciona el uso de documentación falsa en operaciones que afectan a comunidades enteras? ¿de qué manera se protege a los periodistas que investigan contratos municipales y conflictos de interés? La evidencia publicada hasta ahora apunta a un ecosistema donde los mecanismos de control fallan si no hay escrutinio externo y presión ciudadana. Ese es, precisamente, el valor de las investigaciones que empujaron estas renuncias, reacciones institucionales y alertas internacionales.
En definitiva, el caso Argüelles ha dejado de ser un expediente más en los archivos judiciales. Hoy es un espejo incómodo que refleja la fragilidad de los mecanismos de control en el Estado, la permeabilidad de las licitaciones públicas a intereses privados y el alto costo que puede tener para las comunidades la falta de transparencia. Las tierras en disputa, los contratos millonarios, los vínculos con funcionarios y las amenazas a quienes investigan conforman un rompecabezas que revela mucho más que un conflicto puntual: expone un sistema donde las coincidencias rara vez son inocentes y donde el silencio, para algunos, sigue siendo la mejor inversión.
[EL CORAZÓN DE LAS TINIEBLAS] Tras el “Nuevo Orden Mundial” impuesto por George Bush padre, que se erigió luego de la paradigmática caída del muro de Berlín en 1989, asistimos a una década democrática que hasta Jürgen Habermas celebró en su “Más Allá del Estado Nacional”. Para el filósofo alemán, los tiempos de la nación y del nacionalismo habían pasado y recuperábamos, por fin, los del ciudadano y sus derechos.
Al final, la proyección de Habermas no resultó ser más que una ilusión, el nuevo milenio vino para tirarse abajo lo poco que quedó en pie del viejo mundo de la Guerra Fría. Más sencillo, cuando cayó el muro de Berlín no solo se acabó el socialismo real, también se acabó la democracia.
He disertado más de una vez sobre los excesos del progresismo, que comenzaron en Norte América y del que surgieron las teorías decoloniales o poscoloniales -que básicamente dividen a los seres humanos en tribus y atentan en lo fundamental contra la universalidad de los derechos humanos- así como las posturas radicales feministas, que pasaron de la búsqueda de la igualdad a la del hegemonismo a través de praxis políticas tan punibles como la cancelación y el escrache. Es evidente que existen muchas mujeres víctimas del patriarcado, tanto como es evidente que existen cada vez más varones víctimas de un contraataque irracional que, según algunos, ha iniciado ya un irreversible retroceso, ¿será? Luego está la otra cancelación, la del “pasado vergonzoso” y que felizmente encontró en el disclaimer la racionalidad que había perdido absolutamente. No se trata de vandalizar obras de arte que representan personajes que, a los ojos del presente, pudiesen resultar cuestionables, se trata de resignificar el pasado, de obtener una lección de él.
La derecha, la ultraderecha, también lo he dicho, reaccionó de manera análoga a tanta irracionalidad, al punto que he llegado a escuchar de algunos referentes conservadores retomar la teoría terraplanista que niega la redondez del planeta Tierra. Felizmente, el ridículo montaje solo se mantuvo algunos meses en pie. Pero hay más, Si el progresismo pisoteó derechos, el conservadurismo no quiso ser menos, hay que figurárselo, tras una larga tradición autoritaria. Es la guerra: contra el inmigrante, con muros que atraviesan los Estados Unidos de América, contra cualquiera que se ve diferente o habla diferente, o profesa una fe diferente, o tiene un origen diferente y mucho más si se trata de personas LGTBI+.
Es el nacionalismo europeísta encarnado de manera brillante en la cinta francesa “Je Suis Karl” (2021), que narra el drama de una joven cuya familia perece en un atentado terrorista islámico y que se ve atraída por un contemporáneo que milita en un movimiento nacionalista radical cuyas prácticas violentas son análogas y que finalmente se inmola para obtener adeptos. Mientras tanto, el fantasma de Hitler, dando vueltas por Europa, se instala en el parlamento alemán pero también en el de la Unión Europea.
Puerto a tierra, en el Perú la izquierda no se pone de acuerdo para formar una alianza a pocas semanas del cierre del plazo para hacerlo y a mí me gusta relacionar los procesos peruanos con los procesos mundiales. En realidad, han tenido relación desde que Francisco Pizarro ejecutó a Atahualpa un aciago 26 de julio de 1533 en la plaza de Cajamarca. Las izquierdas y derechas de ayer son los progresistas y conservadores de hoy, los nuevos se parecen un poco a los antiguos pero me da la impresión de que, en ambos casos, son rotundamente distintos.
Pero nuestra izquierda no se pone de acuerdo y me parece normal que no lo haga pues la encuentro dividida en tres sectores que tienen muy poco en común. Al primero le llamo “trasnochado” y admito la carga peyorativa que lleva mi definición: contiene atisbos del marxismo-leninismo clásico, al que se le suma una dosis del conservadurismo peruano y más del andino -y lo señalo con el mayor de los respetos- con lo cual adopta sin mayores problemas posturas ofensivamente misóginas y homófobas. A esto se le suma una visión clientelista tradicional de la política que no le hace ascos a la corrupción y el patrimonialismo sino todo lo contrario.
Luego tenemos a nuestra izquierda progresista, que agrupa a los sectores alineados con las agendas culturales que describimos al comienzo de esta nota. Cuando Verónica Mendoza postuló a la presidencia en 2016 ese pudo ser el discurso más moderno y reivindicador de la izquierda. ¿Pero lo será hoy? El mundo está cambiando muy rápido. Escuché recién a Carlos León Moya dirigirse a esa izquierda, de la que él mismo fue parte, y exclamar: ¡Donald Trump ha sido elegido nuevamente, viene corregido y aumentado, no podemos seguir con los mismos discursos! Yo mismo, en una pasada columna, señalé que Trump era el “engendro del progresismo”, con esto quise decir, que los excesos teóricos y de praxis política de dicho progresismo propiciaron la intensa contraofensiva conservadora a la que hoy estamos sometidos. Total, la democracia se murió. Conservadores y progresistas la asesinaron a golpes.
Recientemente se produjo en redes un contrapunto entre dos importantes representantes de nuestra izquierda. El primero, asociado a Nuevo Perú, intentó responsabilizar a Ahora Nación por la falta de unidad en la izquierda, el segundo, vocero de este novel partido, lo retrucó con una bastante sustentada reflexión sobre el actual proceso de alianzas en la izquierda, en virtud de lo que se requiere en las circunstancias presentes.
En simultáneo, el líder ahoranacionista Alfonso López Chau ha escrito recién sobre el flamante acuerdo China-Brasil para construir un ferrocarril hasta Chancay, denuncia que el Perú no haya sido consultado y reclama pensar nuestra política internacional apuntando hacia un liderazgo regional que nos permita emprender la vía del desarrollo. Me llaman la atención esta y otras declaraciones que le he escuchado a López Chau porque los líderes de la izquierda peruana no suelen hablar en estos términos. Los unos se pierden en sus devaneos congresales con sectores de la derecha y los otros siguen viendo al Perú como bandos en disputa y se manifiestan adversos a apuntar en dirección a un tema no menor en las actuales circunstancias: el electorado peruano.
No se trata de imperativos, pero sí de prioridades, y hoy la agenda del desarrollo es prioritaria porque traerá consigo la justicia social y la igualdad de oportunidades, promovidas desde el Estado, a través de sus servicios y políticas, o al menos esa es la lectura de la gran mayoría de los peruanos. Quienes hoy entienden a la izquierda así han logrado comprender lo que pide a gritos la tercera década del siglo XXI.
Cierro. Siempre pensé que la alianza Ahora Nación – Nuevo Perú era “un puente demasiado lejos”, como en la célebre película épica de Richard Attenborough estrenada en 1977 y que contó con un reparto excepcional, desde Laurence Olivier hasta un juvenil Robert Redford. En el Perú de hoy hay tres izquierdas, una trasnochada, una decantada por la agenda progresista que no alcanza a articular un discurso más contemporáneo, y una más alineada con la opción socialdemócrata, con la izquierda democrática que busca el desarrollo y la justicia social, lo que implica también progresismo, pero no a la inversa.
No es un drama que la izquierda no se una, las tres que he reseñado tienen, entre ellas, más diferencias que temas en común. No es un drama limitar tus alianzas a quienes realmente entienden el proyecto de país en el que estas pensando. Y es una absoluta falacia creer que por aliarte con voces que, como diría Phillipe Juttard, “nos vienen del pasado”, y que el país identifica perfectamente bien, se incrementan tus posibilidades de llegar a Palacio de Gobierno.
Más de dos años después de la publicación del reportaje “Una candidata de Renovación Popular denunciada por estafa”, la señora Isabel Rodríguez, ex candidata a la alcaldía de Breña por el partido Renovación Popular, envió una carta notarial para solicitar la rectificación y el retiro del mencionado artículo, al considerar que constituye una «abierta difamación» contra su persona. Sudaca cumple con publicar la carta en su totalidad, como corresponde. Sin embargo, consideramos necesario precisar que no existe contenido inexacto en el reportaje original ni razón alguna para rectificarlo. A continuación, respondemos a las observaciones realizadas por la señora Rodríguez.
En primer lugar, el reportaje no incurre en difamación ni atribuye hechos falsos. Si bien Rodríguez afirma actualmente no tener investigaciones en curso, en 2022 este medio informó que, en ese momento, la entonces candidata municipal se encontraba involucrada en una denuncia penal vigente por el presunto delito de estafa.
En segundo lugar, Rodríguez sostiene que nunca ha “realizado pedido alguno ni dádivas a la sra. Virginia Velarde”. No obstante, Sudaca tuvo acceso a la denuncia interpuesta en 2022, así como a las pruebas adjuntas: vouchers ymensajes de WhatsApp en los que Rodríguez le pide a Virginia Velarde una “cuota de 25 mil dólares” para sumarla a su lista de regidores. Todo este material fue revisado cuidadosamente antes de la publicación del reportaje.
En tercer lugar, la ex candidata también señala que Virginia Velarde cuenta con una sentencia condenatoria del 30 de junio de 2022. Esta información fue incluida de manera transparente en el reportaje original publicado por Sudaca hace más de dos años. Tal como se informó en su momento, Velarde presentó inicialmente una denuncia penal contra Isabel Rodríguez por el presunto delito de estafa. Sin embargo, debido a su desconocimiento de los procedimientos legales, decidió desistir del proceso y, al no presentar pruebas, la denuncia fue archivada.
En respuesta, Rodríguez la demandó por difamación y solicitó S/750,000 de reparación civil. La Corte falló a su favor, señalando que Velarde la llamó “estafadora” sin pruebas, y usó como sustento el archivamiento de la denuncia original. Velarde fue sentenciada a un año de prisión suspendida y un pago de S/5,000. Posterior a ello, Velarde decidió retomar el proceso y volvió a denunciar penalmente a Rodríguez, esta vez presentando las pruebas documentales que Sudaca revisó en detalle.
Por todo lo expresado, nos reafirmamos en que no hay motivos para rectificar o eliminar el reportaje.
Nota de Redacción: esta respuesta ha sido elaborada por la propia autora de la nota, Alba Ñaupas, quien entonces se desempeñaba como reportera de Sudaca y hoy labora en otro medio de comunicación. Le agradecemos la entereza de reafirmarse en su publicación.
FlixBus no opera buses. Su negocio es vender pasajes con su marca, delegando la operación de transporte a terceras empresas que afilia con condiciones contractuales también engañosas. El usuario cree que va a viajar con un empresa llamada FlixBus, que no existe como empresa de transporte, el consumidor aborda un bus de otra empresa que de otra forma no elegiría.
Este modelo comercial es engañoso porque genera una falsa percepción de garantía. Ante un accidente, quién debe asumir la responsabilidad es la empresa de transporte desconocida por el consumidor pues la multinacional para eso, solo «gestiona la plataforma».
Además, distorsiona también la competencia. Los operadores tradicionales que cumplen normativas, tienen infraestructura propia y tributan correctamente deben enfrentar una competencia desleal, porque FlixBus es una «startup» con gran capacidad económica que utiliza para desplazar a la competencia a través de precios predatorios imposibles de igualar,
Seguridad sacrificada por el precio bajo
Las carreteras peruanas son peligrosas, con escasa fiscalización y controles técnicos laxos, por ello predomina la informalidad. Ofrecer pasajes a precios extremadamente bajos plantea una pregunta obvia: ¿cómo se financia un viaje de 14 horas por menos de 30 soles? Cuando lo hace un informal, el público puede percibir que asume un riesgo por un precio barato; en este caso, piensa que es bueno y barato y no es así.
La consecuencia muy probable es alarmante: Se reducen mantenimientos, se contratan conductores con menores exigencias, se extienden jornadas laborales y se utilizan buses antiguos. En suma, se sacrifica la seguridad y aunque FlixBus no lo muestra, quien asume el riesgo es el pasajero.
Una coartada perfecta para el lavado de activos
El modelo FlixBus puede servir como vehículo para el lavado de dinero. El transporte terrestre —por su manejo de efectivo, facilidad para justificar ingresos y baja fiscalización— es un canal históricamente infiltrado por redes criminales para el lavado de activos.
El Perú enfrenta múltiples formas de crimen organizado que generan enormes volúmenes de dinero ilegal. Este modelo permitirá que pseudo empresarios operen flotas a pérdida bajo el aval de una marca internacional que solo actúa como intermediaria. Esto es muy funcional para ese tipo criminal. Mediante esta modalidad, se puede lavar dinero justificando pérdidas operativas, todo bajo la justificación de ser «socio operador» de FlixBus.
Conclusión: amenaza disfrazada de modernidad
La llegada de FlixBus al Perú representa una alerta sobre cómo un modelo aparentemente moderno puede ocultar riesgo para los pasajeros, el transporte formal y la seguridad nacional. No se trata de rechazar la innovación, sino de exigir transparencia y regulación clara para resguardar al público y la sociedad del perjuicio de un modelo depredador aplicado a un servicio público, que debe ser económico, pero también seguro y eficiente.
La verdadera pregunta no es si FlixBus es sostenible, sino cuánto daño causará antes de que las autoridades reaccionen.
