El 11 de junio último, el ciudadano Marcelino Aguilar Mollinedo, gerente de la empresa Acuario Export, envió una carta al equipo de Sudaca solicitando la rectificación del artículo titulado “¡De Ripley!: así fue como el gobierno abandonó a la moribunda industria textil”, publicado en marzo con la firma del periodista Paolo Benza. Este medio cumple con difundir el documento enviado por Mollinedo, pero aclara que no hay nada que rectificar.
Aguilar Mollinedo pide que Sudaca se rectifique de “haber utilizado mi nombre y el nombre de mi empresa de forma tendenciosa”, en alusión al siguiente párrafo del artículo:
“A la elaboración del informe [preliminar del Indecopi] no solo se “apersonaron” Comex y sus agremiadas importadoras, con los argumentos que luego ha repetido el gobierno, sino también la Cámara de Comercio China para la Exportación de Textiles y una empresa con un pasado reciente particular: Acuario Export E.I.R.L, cuyo gerente es Marcelino Aguilar Mollinedo. El empresario figura entre los 16 detenidos en un megaoperativo realizado el pasado 17 de diciembre por la Fiscalía. Los presuntos delitos fueron el contrabando y la defraudación tributaria” (Corchetes agregados para contextualizar)
Al respecto, este medio responde que la información consignada en el citado párrafo es veraz, en tanto recoge la información publicada por la Fiscalía sobre un megaoperativo en el que se detuvo a 16 personas para desarticular la presunta banda criminal Los Tigres del Oriente. Se puede revisar la información en este enlace.
Los términos “defraudación tributaria” y “contrabando” son formas coloquiales, accesibles a lectores no especializados, de nombrar a los presuntos delitos de “defraudación de rentas de aduanas” y “tráfico de mercancías prohibidas o restringidas”, como también utiliza el portal especializado en derecho LP.
Aguilar Mollinedo aparece entre los 16 detenidos del megaoperativo -algo que no niega en su carta- y Sudaca consigna, como corresponde a la etapa del proceso informada por la Fiscalía, los delitos como “presuntos”. Es decir, no existe violación de la presunción de inocencia como alega el suscrito. Cabe agregar que Aguiler Mollinedo ha sido vinculado previamente a presuntos delitos de contrabando, sin que ello implique su culpabilidad.
El otro cuestionamiento del empresario es sobre la pertinencia de mencionar su nombre y su detención en un artículo que tiene que ver con salvaguardias a las importaciones textiles asiáticas. Al respecto, es un hecho comprobable -con la información del autor de la nota- que la empresa que gerencia Aguilar Mollinedo se “apersonó” al proceso de elaboración del informe preliminar del Indecopi que recomendó colocar las salvaguardias.
A su vez, esta gestión de intereses privados (conocida como ‘lobby’, término que no reviste ilegalidad en sí mismo) es de interés periodístico por las repercusiones que tiene en la industria textilera nacional. Por ende, la hoja de vida de las personas involucradas en dicha gestión -así sea a través de sus empresas- son de absoluto interés público. Más aún si se les acusa de presunto tráfico de mercadería.
Vale precisar, por último, que Sudaca no “utiliza” a Aguilar Mollinedo “como medio para tildar a las demás empresas apersonadas” al proceso “como parte de un grupo que actúa al margen de las normas”, según dice la carta del empresario. Para comprobarlo basta solo con leer la redacción del párrafo citado líneas arriba.
