El usar rituales y fraseos religiosos ha sido el recurso más notorio en la cadenciosa retórica de Keiko Fujimori en toda su campaña. Pero tras los resultados de la segunda vuelta ha llegado al punto de dejar de lado la realidad y pasar a un mundo regido sólo por creencias. Una creencia es una forma de conducta adecuada a la satisfacción de las propias necesidades tal como el mundo es percibido y no a la verdad. Las religiones y algunas ideologías sustentan sus creencias en dogmas, es decir, en afirmaciones innegables solo por ser sagradas, como la perpetua virginidad de María.

Apelar en el Perú a ese discurso no es para nada una novedad, en tanto su población ha intentado ser conquistada, sometida y engañada durante siglos por discursos basados en una palabra divina emitida por la clásica trilogía de Clorinda Matto de Turner: la del juez, el sacerdote y el hacendado. Tres figuras que comunicaban distorsionadamente los marcos jurídicos, territoriales y morales para explotar campesinas y campesinos mediante el dominio y control del castellano y de la escritura, dos herramientas fundamentales de la escuela, ausente hasta la reforma agraria. Lo sorprendente es que la vigencia de estos dogmas haya salido a la luz en un amplio sector de las clases medias y altas: aún cree que el campesino pertenece a una raza sometida por la suya, que solo pueden ser noticias aquellas que les son convenientes, que la justicia debe satisfacer hasta su despecho, y que toda norma del Estado que contradiga los puntos anteriores será ejemplo de su ineficacia.

Como el triunfo del maestro rural Pedro Castillo ha ido contra esos dogmas, el sector social que Keiko representa ha reaccionado, despechado, con la sacralización y ritualización como bandera, el medio más apropiado por tratarse de un reclamo basado solo en sus creencias. Ni el desconcierto nacional e internacional ha sido suficiente para detener sus reacciones. Su racismo se concentró en burlas al castellano rural y a la supuesta incapacidad de Castillo para poder ejercer el cargo de Presidente de la República. Lo mismo ocurrió con la tergiversación del rol de las rondas campesinas, reconocida y respetada forma de autoorganización para la protección del ganado y resolución de conflictos locales. Que portaran machetes como equivalentes a la espada, a la usanza formal de cualquier guardia, sirvió para negar el deslinde que ya Castillo había dejado en claro respecto de cualquier vínculo con Sendero Luminoso. Por todos los medios de señal abierta, los fieles de Fujimori acusaron a los ronderos que habían vencido a SL en todo el país, de ser “terrucos”, tal y como actuó el Estado peruano durante el conflicto armado, cuando no podía distinguir entre campesinos y terroristas, y optó perversamente por masacrar. Estas reacciones se vieron respaldadas por lo que el Tribunal de Ética del Consejo de la Prensa Peruana ha considerado como una falta de los medios de comunicación contra el derecho a una información en las campañas electorales: titulares que tergiversaban los hechos ocurridos, la invitación a especialistas en programas políticos que daban opinión interesada presentada como correcta e imparcial, y la desigual cobertura de ambos candidatos en los medios, pese a  que algunas actividades de Castillo eran incluso más trascendentes a nivel nacional e internacional.

Pero el dogma más gravemente afectado parece haber sido el de la justicia hecha para sí. Cuando debiéramos vivir como un acto de justicia con la población campesina, históricamente excluida de la ciudadanía, el que un maestro rural, hijo de campesinos analfabetos pueda alcanzar el cargo más alto del país, los fieles de Fujimori se enfurecen. Es algo inconcebible. Más aún cuando resulta amenazante porque de perder Keiko Fujimori no podrá protegerse de inmunidad presidencial mientras ella y varios protagonistas de su campaña se encuentran con un proceso de investigación judicial abierto por corrupción. Su argumentación basada en creencias para anular las elecciones rompe no solo con todo el marco jurídico electoral, sino con un principio básico del Derecho y la Justicia: no se puede acusar sin ninguna prueba sólo porque se cree. Lo terrible es que el círculo se cierra al volver al racismo, pues de los de los 945 pedidos de nulidad presentados para inventar las pruebas, más del 60% se realizó en 164 distritos con territorios indígenas. En un absurdo mayor, tras amenazas de marinos y militares retirados vinculados con Vladimiro Montesinos, anunciando un posible golpe de Estado, se culpa al Estado de no querer presentar las pruebas para que ellos acusen a nuestras instituciones electorales de no haberle dado el triunfo.

En el Perú, siempre se ha sostenido con desprecio que en las zonas rurales prima un pensamiento inferior, que debe ser erradicado, el pensamiento mágico religioso. Pues en las zonas urbanas, particularmente en Lima, existe un pensamiento mucho más peligroso, violento y vinculado directamente con el poder de la corrupción política y mediática que estoicamente estamos derrotando. Cual fiera herida, este pensamiento político religioso lanza como último recurso desfiles con banderas monárquicas que cantan la muerte de los terrucos. Sus fieles se niegan fanáticamente a aceptar que su poder ya nunca más nos va a engañar, que hasta en comunidades alejadas se sabe leer y escribir, que hay medios de comunicación alternativos y que, la mayoría digna del país siempre se guiará por la justa verdad de los hechos.

30 de junio de 2021

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