Dos sucesos políticos importantes se le avecinan al gobierno: la Toma de Lima, convocada para el 19 de julio, y la elección de la nueva Mesa Directiva, para el 25 de julio. Son momentos que van a poner a prueba la sostenibilidad del statu quo del que viene disfrutando un gobierno precario y mediocre como el de Dina Boluarte.
Si la marcha no es lo multitudinaria que sus organizadores calculan y no se produce una respuesta represiva irracional -como en diciembre y enero-, y si, además, el centro y la derecha congresales actúan con sensatez y arman una lista que les permita asegurarse la Mesa Directiva para el siguiente periodo, impidiendo que la izquierda lo haga y se genere un polo de desestabilización, Dina Boluarte tiene el camino allanado por un tiempo más en Palacio.
El problema es que la estabilidad precaria a la que arribaríamos no generaría un efecto virtuoso ni en la aprobación ciudadana ni en la confianza inversora, porque este gobierno no hace nada para producir un upgrade político o económico.
Se espera, por ello, que el mensaje de Fiestas Patrias no se dedique tan solo a un listado de obras de infraestructura o a detallar las labores preventivas del Niño, sino que incorpore anuncios audaces respecto, por ejemplo, de la recuperación social de los proyectos mineros trabados por el conflicto social, hecho perpetrado, en muchos casos, por extorsionadores profesionales (esa sería una señal poderosa para los inversionistas) o que se diseñe un ajuste en las políticas sociales que permita que las cifras crecientes de pobreza disminuyan (no es posible que Juntos, por ejemplo, siga dando 200 soles bimensuales cuando la inflación ha casi duplicado los costos de la canasta básica de los sectores rurales pobres; según cálculos de Apoyo Consultoría, subirlo de 200 a 340 soles representaría apenas un gasto mayor equivalente a menos del 0.1% del PBI).
Este 28 de julio es la oportunidad de que el gobierno de Boluarte se reenganche con la ciudadanía. Debe hacer un mea culpa efectivo por los muertos de diciembre y enero (con sanciones a los responsables, reparaciones a las víctimas, etc.), promover la reactivación económica y generar una afinada estrategia de alivio de la pobreza. Si lo hace, con seguridad empezará a remontar las enormes tasas de desaprobación que muestra y le brindaría al país una estabilidad menos precaria de la existente.
