Vizcarra

[AGENDA PAÍS] En el Perú estamos viviendo un ataque diario a la poca institucionalidad que nos queda. 

Por un lado, nuestro menú diario, de restaurante de lujo con 3 estrellas Michelin, se compone de una entradita de denuncias constitucionales con acusaciones cruzadas, una sopita de cacicazgos electorales, un segundo bien “taipá” de ministros cuestionados por sus competencias o por sus declaraciones, copiosamente acompañado de guarniciones de congresistas que deberían asistir a los plenos en traje a raya y esposados, y de postre, periodistas politizados y agremiados en cofradías de intereses económicos. 

Por el otro lado, los ciudadanos, con menúes menos opulentos a los cuales incluso, les es difícil de acceder, observan impávidos cómo se pasan los años, tan callando, sin poder ver una luz al final del túnel y maldiciendo a ese Dios peruano del que tanto se habla pero que poco o nunca aparece.

A ese copioso menú, maloliente e indigesto, se le ha sumado una serie de declaraciones, aparentemente coordinadas, para tildar al congreso de dictador, como si el congreso fuera una sola persona, un Nicolás Maduro, que a sola mano dicta acciones sin consulta ni voto parlamentario alguno.

La señora Patricia del Río, periodista de RPP, que hace un par de años viralizó un audio donde soltaba suspiros por Vizcarra, a la vez que reconocía una relación cercana y aceptaba lo corrupto que era ese individuo, ha dicho en una entrevista con su amigo Jaime Chincha, y muy suelta de huesos, que en el Perú vivimos una dictadura congresal.

El exgobernador Mesías Guevara, aquel que junto a otros personajes se infiltraron en Acción Popular, partido al cual casi destruyen, inaugura su flamante cargo de directivo del Partido Morado para también unirse al cargamontón diciendo que “nos están llevando a una dictadura congresal”.

El recién autodenominado candidato presidencial, el rector de la UNI Alfonso López Chau, ha sido más creativo, uniéndose a la manada e instituyendo un nuevo vocablo, el de la “tiranía electiva”.

Caray, lo que pueden hacer 130 congresistas dictadores es impresionante, ¡130! ¡Record Guiness para Perú! Aplausos por favor.

¿Cuántas veces hemos reclamado al ejecutivo y al legislativo que trabajen en conjunto para lograr un mínimo de gobernabilidad para poder generar confianza y un entorno favorable a la inversión pública y privada?

Recordemos que en la época del presidente Kuczynski (PPK) con Keiko Fujimori y sus 73 congresistas, a gritos pedíamos que se pongan de acuerdo y que trabajen en conjunto por el país. Gobernabilidad pedíamos y no pasó nada. 

Bueno, sí pasó… Renunció PPK, entró Vizcarra, vacaron a Vizcarra, entró Merino, renunció Merino, entró Sagasti, llegó Castillo y se vacó solito, dejando a Dina Boluarte en la Presidencia. Entre todo este laberinto, por no haber buscado gobernabilidad y estar pensando en intereses particulares y no en el país, hemos tenido 6 presidentes en 6 años. 

Ahora parece que queremos mantener el record de 1 presidente por año vacando a Boluarte, con lo que al 2026 tendríamos 8 presidentes en 8 años. ¡Otro record Guiness! ¡Vamos Perú!

Dejemos de atacar nuestra propia institucionalidad. Hay congresistas pésimos, sí y un montón. Algunos de ellos tienen más perfil para Piedras Gordas que para la Plaza Bolívar, también. Que el ejecutivo ha demostrado ineficiencia, poca coordinación e indiferencia ante los graves problemas por los que atraviesa el país, sin duda.

Pero por ellos votamos, y si nos equivocamos, no podemos ser tan caras duras de vociferar “dictadura congresal” cuando los parlamentarios y el ejecutivo encuentran consensos que no nos gustan y por el otro, criticarlos cuando no se ponen de acuerdo porque atenta contra la gobernabilidad. 

Solo espero que la campaña presidencial del 2026, que ya está empezando, enfoque a los políticos y a la prensa en los temas de estado que deberían importarnos para luchar contra la pobreza y la anemia, para pensar en nuevas políticas públicas que aseguren una educación y una atención de salud humanas y de excelencia, para que podamos pasear por nuestras bellas ciudades y encantadores pueblos originarios con la tranquilidad de vivir en seguridad, y para así lograr un clima de paz social que es la base para el desarrollo sostenible de nuestro país.

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Las críticas de Keiko Fujimori al gobierno de Dina Boluarte merecieron de la primera mandataria una respuesta modosa, tangencial, que bien valdría la pena, sin embargo, volver a retomar: la de adelantar elecciones, que el fujimorismo congresal se encargó de abortar.

No parece haber otra salida a la crisis. Algunos pensaban que lo mejor era esperar hasta el 2026, para fijar cierta estabilidad en el movedizo tablero político peruano o para que las fuerzas políticas nuevas tengan chance de inscribirse y expresar mejor el sentir ciudadano, que las actuales agrupaciones partidarias, pero la crisis política ha escalado y no solo no genera claridad respecto de su salida sino que sigue afectando enormemente a la actividad económica privada, que no suelta un dólar de inversión mientras subsista la precariedad política.

Un Ejecutivo inerte y un Congreso desmedido, son la fórmula perfecta para el desastre que hoy apreciamos, con ambos poderes del Estado desaprobados por la ciudadanía de manera abrumadora.

Con un adelanto de elecciones se produciría un “reseteo” político que, es verdad, podría llevarnos nuevamente al abismo castillista, pero también a la resurrección de una opción republicana liberal, de centroderecha, que corrija los entuertos que el Perú viene sufriendo desde el 2016, en materia política, y desde el 2000 en materia de reformas estructurales.

Cuando Martín Vizcarra, mucho antes de ser vacado, le ofreció al Congreso aprofujimorista de entonces que se vayan todos y se adelantasen las elecciones, era, claramente, la mejor opción y nos hubiera evitado todos los problemas posteriores (disolución del Congreso, vacancia de Vizcarra, etc.), pero el Legislativo se emperrechinó en sus curules y hoy vemos las consecuencias de ello.

Para ser sincera, la presidenta Boluarte debería no solo soltar una indirecta sino emprender una campaña política y mediática a favor del adelanto de elecciones generales, poner contra las cuerdas al Congreso (aún con los riesgos que eso implica) y que, con el aval mayoritario de la opinión pública -que en algún momento despertará de su letargo y la va a acompañar en ese propósito- logre obligar al poder de la plaza Bolívar a retomar el tema.

No se ve otra salida. El país no aguanta tres años más en esta zozobra sistémica. Es un error mayúsculo pensar que no hay crisis porque no hay convulsión social. El tejido social se está degradando hasta extremos que, mientras más dure el proceso, mayor será su explosión electoral.

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Entre la fujimorización política del régimen y su vizcarrización económica, el resultado final es fatal. No remonta la altísima desaprobación del gobierno (las últimas encuestas reflejan una fijación a tasas terriblemente bajas), y la inversión privada no fluye, a pesar de la aparente estabilidad política lograda, alcanzado así cuotas de crecimiento paupérrimas.

Alguien tiene que convencer a Dina Boluarte (y no parece que vaya a ser el premier Otárola), de que será infernal el camino que le tocará recorrer si hasta el 2026 insiste en esa fórmula de gobierno. Su precarización irá en aumento y el malestar ciudadano irá creciendo, llevándola a una situación límite de estabilidad, efecto contrario al que el inmovilismo -como parece creer- le permitirá obtener.

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Un día después del último debate electoral, lunes 31 de mayo, a seis días de la elección definitiva, el encargado del despacho presidencial decide convocar a la prensa. Su gobierno hace un anuncio sin novedades: El Perú supera los 180 000 muertos por covid-19. La cifra espeluznante ya la sabíamos pero el gobierno no la reconocía oficialmente sino hasta ese día, especialmente ese día.

Desde el año anterior, los números reales los venían mostrando incluso medios afines a las posturas del gobierno del vacado Vizcarra, con quien pasamos gran parte de la pandemia en el 2020. Se basaban en las estadísticas del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef) que siempre arrojaban una contabilidad distinta a la del Ministerio de Salud (Minsa). Así, el 31 de mayo, en medio de la competencia ajustada por la presidencia del país, el gobierno de Sagasti se anima a reconocer 180 764 fallecidos por el virus entre el 1 de marzo del 2020 y el 22 de mayo de este año. Hasta el domingo 30, día del debate, el Perú solo reconocía 66 471 muertos por covid-19, tres veces menos. De la noche a la mañana nos convertimos, entonces, en el quinto país a nivel mundial con más muertes registradas por coronavirus, detrás de Estados Unidos, con 594 468; Brasil con 461 931; India con 329 100, y México con 223 507, teniendo en cuenta los datos ofrecidos por la Universidad Johns Hopkins, recogidos por el diario Gestión.

¿Por qué el gobierno de Francisco Sagasti decidió actualizar las cifras faltando 6 días de la segunda vuelta y no mucho tiempo antes? La información que nos ofrecieron en aquella conferencia del 31 de mayo—ya lo dije— no era novedosa. Fue evidente la incapacidad de Martín Vizcarra y de sus ministros en el manejo de la pandemia. Y el Sinadef era el termómetro en todo este tiempo: mientras el Minsa vizcarrista «lamentaba» 3 muertes por covid, los sepultureros sellaban 10 tumbas. El exceso de defunciones siempre nos dijo que el gobierno mentía.

Recordemos. Lo que sucedió el domingo 30 de mayo, día del debate electoral —y un día antes de la conferencia del gobierno— fue que la candidata Keiko Fujimori ratificó su propuesta de campaña más emblemática: El Bono Oxígeno, que plantea la entrega de S/10 000 a todas las familias que han perdido integrantes como consecuencia de la pandemia. Una estrategia económica calculada por su equipo técnico sobre 66 471 defunciones. Sospechoso que al gobierno morado se le ocurriera hacer oficial la multiplicación por 3 de esa cifra especialmente en la última semana de campaña política.

Por supuesto, esto tuvo un efecto. Algunos colegas pensaron que el Bono Oxígeno se caía con las nuevas cifras de fallecidos dadas por el gobierno morado. Recuerdo que un conductor de televisión lanzó la pregunta a Fujimori: ¿Acaso su propuesta ahora será imposible de realizar? A lo que ella respondió que su equipo técnico siempre consideró el exceso de víctimas del covid que ni el gobierno de Vizcarra ni el de Sagasti se atrevían a revelar.

Francisco Sagasti ha entrado a la campaña desde un principio, la llamada por teléfono a Mario Vargas Llosa no ha sido su único intento de virar a la izquierda los destinos del país. Lo hizo, primero, al no renunciar a su candidatura a la vicepresidencia sino hasta que por presión mediática fuera excluido por las autoridades electorales; segundo, al exhibirse en actos públicos con corbatas moradas, el color de su partido en campaña; luego, con sus anuncios oficiales que influyeron en las promesas de campaña de Fuerza Popular; y, después, al jugar al filo de la ley pidiendo a un nobel que interceda para que Keiko Fujimori desista de sus reclamos contra las irregularidades descubiertas de esta elección. Reclamos que —muy probablemente— la mitad del país más 1 apoyamos.

15 DE JUNIO DEL 2021

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