Congreso

Más allá de la DBA y los caviares

Por: 14.09.2023

En esta pugna ya no sorda entre caviares y DBA se cometen tropelías éticas y brulotes procesales de ambos lados, con fruición y desparpajo. A propósito del conflicto por la permanencia o sanción de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia, hemos visto desfilar declaraciones absurdas y cometer dislates de ambas partes, sin contención alguna. Desde los que hablan, con exageración, de que se está perpetrando un golpe de Estado, hasta quienes quieren verlo simplemente como un reajuste administrativo absolutamente normal en una democracia.

El problema mayor, sin embargo, es que la mayoría del país político (lo que incluye no solo a los líderes sino a los ciudadanos interesados en ella), no sintoniza con ninguna de las dos posturas y ve con asombro que se desaten pasiones sin límite y se cometan exabruptos que exceden, inclusive, el ámbito local (como este desatinado pronunciamiento de un funcionario de tercer nivel de la ONU).

Es hora de que se marque la agenda que realmente importa al país más allá de esta pugna que atraviesa diversas instituciones (el Ministerio Público es hoy, por ejemplo, un campo de batalla abierto entre ambos bandos), pero que involucra a dos sectores minoritarios del país. La DBA y los caviares son influyentes, tienen redes de sustento, son bullangeros, pero no son la mayoría del país, ciudadanía que quiere un desarrollo democrático y liberal, ajeno a las bataholas de las que somos testigos en estos días.

Pedir que los partidos políticos comprometidos en el Congreso con los bandos en pugna, se morigeren, es una cuestión innecesaria. Ya es una batalla perdida. Lo que se espera es una renovación del discurso general, fuera del Legislativo, con miras al próximo proceso electoral.

Lo de la JNJ va a pasar -ojalá que en términos democráticos-, pero lo que no puede quedar incólume es la puesta en escena de una guerra política e ideológica que no recoge los reales sentimientos ciudadanos mayoritarios, que andan preocupados por agendas más concretas: seguridad, corrupción, salud y educación públicas, frente a las cuales, la clase política dividida en los bandos señalados, no aporta idea suelta alguna.

 

 

 

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caviares, Congreso, DBA, Junta Nacional de Justicia, ONU

Razzias contra la democracia

Por: 8.09.2023

Hemos sido críticos de la Junta Nacional de Justicia en algunas de sus decisiones, en particular en su protección a la exfiscal suprema Zoraida Avalos, pero ni aún ese yerro tremendo puede justificar la salvajada institucional que se pretende perpetrar en el Congreso, al buscar, sumariamente, la remoción de la JNJ en base a argumentos baladíes y que no disimulan los afanes autoritarios de un poder del Estado desatado y sin control.

Porque no estamos ante una vigilancia selectiva, como eventualmente correspondería, sino ante un manotazo que lo que busca es que el Congreso, en base a la mayoría hechiza que ha obtenido, y que ha descubierto el inmenso poder que administra, vaya poco a poco capturando todas las instituciones a su alcance. Lo intenta ahora con la JNJ, lo hará después con los organismos electorales y sabe dios qué otras caerán en sus garras posteriormente.

El Congreso tiene la potestad de sancionar a los integrantes de otros poderes del Estado (puede hasta vacar al Presidente), pero tiene que administrar ese poder con mesura y tino democráticos, sin avasallamientos ni excesos (como, dicho sea de paso, el que se iba a cometer al querer vacar a Pedro Pablo Kuczynski, y que, a la postre, desencadenó su renuncia, o como el que se cometió, también, al vacar al impresentable, pero legítimo mandatario Martín Vizcarra).

Zoraida Ávalos estuvo bien inhabilitada. ¿Cometió una ligereza la JNJ al salir en su defensa? Sí. ¿Pero es eso razón suficiente para que el Congreso remueva a todos sus integrantes? Es claramente un exceso institucional que pone en entredicho la justa separación de entidades democráticas y pondría al Perú al filo de ser una democracia fallida.

En un Estado democrático y en sus instituciones principales deben coexistir distintas líneas de pensamiento y admitirse, inclusive, su disputa. Emprender una razzia, aprovechando el poder alcanzado en el Legislativo (con la sorprendente complicidad de bancadas de izquierda), constituye un abuso sobre el que la ciudadanía debe estar alerta. Hay ocasiones en que la vigilancia ciudadana debe activarse. Esta es una de ellas.

 

 

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Ciudadanos por las reformas

Por: 27.08.2023

Propongo una iniciativa cívica Ciudadanos por las reformas, que empuje a las autoridades a hacer algo respecto de la urgencia de reformas de segunda y tercera generación, que permitan que el país salga del entrampamiento económico en el que se encuentra.

Los ministros del sector económico y productivo y los titulares de las comisiones respectivas del Congreso deben sentir la voz de la calle exigiendo que retorne la espiral de inversiones privadas, la única capaz de dinamizar la economía, el empleo y la reducción de la pobreza.

Hay mucho por hacer en pesca, minería, agricultura, industria, construcción, turismo, servicios. Y mal que bien se ha abierto una ventana de oportunidad con la perspectiva de que el gobierno dure hasta el 2026 y con la confluencia de autoridades que, a pesar de la mediocridad de muchos, por lo menos están alineados en una mirada promercado y proinversión.

Según la última encuesta de Ipsos, el 54% de la población considera que su ingreso familiar ha disminuido y 39% que sigue igual. Un 72% considera que la posibilidad de encontrar trabajo está peor hoy respecto de hace un año. Por ello, la reducción de la pobreza es la tercera de las preocupaciones principales (con 28%) solo por debajo de la inseguridad ciudadana y la corrupción.

Se requiere en el país un remezón institucional que reforme la salud y la educación públicas (y las mafias que allí funcionan, enquistadas hace décadas), la seguridad ciudadana, la corrupción, entre otros temas de ese perfil, pero hoy por hoy, lo que urge es que haya un shock de inversiones privadas, capaz de movilizar capitales y salir de la trampa recesiva que nos acecha. Es un tema de agenda nacional.

Como la clase política afincada en el Ejecutivo y el Legislativo no reacciona, tendrá que ser la ciudadanía activa -y desde este humilde espacio periodístico nos sumaremos- la que promueva, aliente y empuje a que las mismas se desplieguen.

El país productivo y empresarial que apuesta por el Perú quiere seguir haciéndolo, pero deben darse las normas y tomarse las decisiones políticas que favorezcan que ello ocurra. A esa causa nos plegaremos.

–La del estribo: ameno, entretenido e informativo el último libro de Christopher Acosta, periodista de investigación, Presidentes por accidente, publicado por Aguilar, donde se llega a conocer mejor la personalidad política y hasta psicológica de los dos principales protagonistas de la historia política reciente: Pedro Castillo y Dina Boluarte.

 

 

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Proyectos de ley sin mujeres

Por: 25.08.2023

[CARTAS A MANUELA SÁENZ] Querida Manuela,

El lunes me acorde de tÍ y de tu amado Simón Bolívar porque me invitaron al Congreso de la República. Para llegar al Congreso, la referencia siempre es la Plaza Bolívar, ubicada delante del Congreso en los Barrios Altos, centro histórico de Lima. Tu la conociste como la Plaza de las Tres Virtudes Cardinales​ o, más comúnmente, como Plaza de la Inquisición. En 1822 fue rebautizada por Bernardo de Monteagudo como Plaza de la Constitución, ya que reubicaron la universidad y el mercado para que en su lugar se establezca el Congreso. Dato curioso, en 1825 el Congreso modificó su decisión al disponer que en dicha plaza se ubicara un monumento en honor del libertador José de San Martín a favor de uno en honor de Simón Bolívar. Así nace la Plaza Bolívar.

A lo largo de mi carrera he ido al Congreso por diversos motivos referentes a opiniones técnicas para sustentar proyectos de ley. El lunes fui a pedido de la congresista Susel Paredes a dar mi opinión técnica respecto del Proyecto de Ley N° 5633/2023-PE, que crea la Policía de Orden y Seguridad.

Como te he comentado en las últimas cartas, la preocupación por la inseguridad cada vez es más aguda, se necesitan acciones a corto plazo, para ayer, soluciones certeras. No basta con modificaciones normativas. Ahora, si estas se van a proponer, que sean de acuerdo a la constitución, las leyes y las políticas públicas que son de obligatorio cumplimiento. El Estado moderno debe regirse por sus normas, muchas vienen de acuerdos internacionales que dan metas para toda la humanidad, como los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de Naciones Unidas como parte de la agenda 2030 (Objetivo 5: Igualdad de Género).

Te quisiera compartir mis observaciones con respecto de ese Proyecto de Ley que podría constituir una oportunidad de mejora a largo o mediano plazo, si se ve de manera sistémica con dos pilares importantes anticorrupción e igualdad de oportunidades para jóvenes mujeres. En resumen, se propone la creación de la Policía de Orden y Seguridad que en 2025 estaría compuesta por 8000 agentes. Para 2024 se captarían 6000 jóvenes, 3000 aspirantes de convocatoria abierta quienes estudiarían 12 meses académicos y otros 3000 aspirantes licenciados de las Fuerzas Armadas que estudiarían por seis meses. Estos últimos estudiarían en dos grupos de 1500 estudiantes por seis meses cada grupo. Tendrían contratos de hasta tres años con una remuneración mensual de S/ 2153.83 y posibilidades de ingreso directo a la Carrera Policial. Los costos proyectados de la formación de estos jóvenes serían de S/ 6295.08 por aspirante para vestuario, gastos de admisión y enseñanza. Costo total de formación por año para 6000 policías de Orden y Seguridad es de S/ 49.2 millones.

Es una fuerte inversión en capacitación y puestos de trabajo para jóvenes a nivel nacional. De las muchas observaciones técnicas, quisiera darle un enfoque diferente, el de género. La violencia contra la mujer no se resuelve llenando las cárceles de hombres violentos, sino con educación y trabajo para las mujeres. Actualmente hay brechas entre hombres y mujeres peruanas en acceso a la educación, trabajo y esas diferencias son una forma de violencia contra las mujeres y adolescentes. En la medida en que las mujeres podamos tener independencia económica, oportunidades y acceso y control sobre sus vidas, evitarén caer en los círculos de violencia. Sabes a lo que me refiero, luego de que murió Bolivar, tuviste que vivir en la miseria, expulsada de Colombia, prohibida de ingresar a Ecuador para reclamar la herencia de tu madre. Felizmente pudiste sobrevivir en Paita gracias tus conocimientos en inglés, costura y repostería. Una mujer sola tiene retos sociales que superar hasta la fecha.

Los estados modernos están para evitar discriminaciones y promulgar la igualdad. Por ello, en la exposición de motivos no se menciona este componente, por el contrario, favorece a los licenciados del Ejército Peruano, compuesto mayoritariamente por varones. Ahí hay una discriminación clara. Te pregunto, porqué se tendría que facilitar a esta población masculina el ingreso a la esta policía comunitaria y preventiva.

En el Ejército Peruano solo el 11% son mujeres y en la Policía Nacional del Perú son el 17.84%. Si bien el texto no ha excluido expresamente a las mujeres, tampoco se promueven de manera paritaria los puestos, ya que los requisitos son bastante generales (edad, nacionalidad y certificado de colegio). Por el contrario, al facilitar el ingreso a los licenciados de las Fuerzas Armadas, la mayoría hombres, hay un grupo muy reducido de mujeres, casi nada significativo con respecto a la cantidad de reservistas varones. Esto determinaría la incorporación de hombres a la Policía, aumentando la brecha y la desigualdad, haciendo que esta norma sea inconstitucional.

No solo debemos ver la convocatoria, sino el impacto de esta nueva población sobre el desarrollo de las mujeres policías. Las Fuerzas Armadas y policiales tienen porcentajes de personal femenino bastante menores a los propuestos en la Política Nacional de Igualdad, así como las estadísticas de la Autoridad Nacional del Servicio Civil – Servir. Este porcentaje varía según la categoría, jerarquía y grado que ostentan. Mientras las funciones del personal policial femenino se acerquen más al desarrollo de labores de vinculadas a los cuidados y la prevención del delito la participación de las mujeres es mayor, y es menor en tanto las funciones están asociadas a funciones operativas y de comando. El personal policial femenino se encarga de familia, participación vecinal, tránsito y turismo. Cómo se van a relacionar con esta Policía de Orden y Seguridad que vienen a desempeñar casi las mismas funciones.

Si bien las mujeres han alcanzado los grados máximos en las categorías de oficiales de servicios, suboficiales de servicios y suboficiales de armas, el grueso es muy joven, cómo se va a proteger y garantizar la no violencia contra ellas por parte de esta Policía del Orden y Seguridad si no están dentro de las leyes policiales de disciplina y jerarquia. Va a ingresar un grupo joven que no son parte de la carrera policial Ley No 1267, cómo se va a evitar la violencia, teniendo en cuenta que estos jóvenes van a poder portar armas con una capacitación corta y en algunos casos militar.

Las leyes actuales deben tener una motivación clara, para qué se necesitan y este proyecto levanta cuestionamientos por varios frentes, en mi caso desde la igualdad de género y de oportunidades para las mujeres peruanas. En la década de 1980, debido a los constantes ataques terroristas que se dieron en el país y con la finalidad de evitar atentados en el local del Congreso, la Plaza Bolívar fue enrejada y cercada y su acceso fue restringido. Actualmente no se puede cruzar ni ingresar a la plaza, una metáfora de lo que es hoy el Congreso: un lugar ajeno al ciudadano. Es la Plaza San Martín el espacio de las marchas y reclamos políticos. ¿Que opinarían ellos?

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Congreso, igualdad de género, mujeres, Policía de Orden y Seguridad, Policía Nacional del Perú

Un código penal adefesiero e injusto

Por: 25.08.2023

Se requiere una reforma urgente del Código Penal. El que existe es un disparate que permite que a un excongresista como Michael Urtecho, por mochar sueldos, le claven 22 años de prisión.

Producto del populismo penal de nuestros anteriores Congresos, poco a poco se ha ido incrementando penas para supuestamente disuadir a los delincuentes, pero en la práctica eso no ha resuelto absolutamente nada.

Haría bien el Congreso actual en formar una comisión revisora de dicho instrumento legal y proceder a dar penas más justas por delitos que no son graves, como sí lo son, en cambio, la violación de menores, la pedofilia, el asesinato, la corrupción grande, etc.

Los fiscales y jueces, aunque también ponen su granito de arena exagerando los cargos, no pueden, en la práctica, hacer mucho si la ley les manda imponer esas penas absurdas.

Lo que corresponde es ajustar e invertir en establecimientos penitenciarios (ya el 2025 colapsan y no pueden recibir un preso más), activar las unidades de flagrancia, acelerar los plazos judiciales, devolverle a la policía la capacidad de investigación, evitar la impunidad para delitos menores, ya que sancionándolos se evita la gran delincuencia.

Las penas altas no son disuasivas, deben ser justas simplemente y apartar de la sociedad a los delincuentes. La mejor demostración de ello es lo ocurrido con Pedro Castillo. Está Fujimori en prisión por corrupción, entre otros delitos, está Toledo, luego de una persecución judicial internacional, han pasado meses en la cárcel Keiko Fujimori, Ollanta Humala y Nadine Heredia, y llega un señor de Chota y desde el primer día se dedica a asaltar el erario público (se calcula que debe haber robado cien millones de soles en el corto periodo en el que fue Presidente).

Incrementar penas con afán disuasorio no solo no funciona sino que altera el sentido de una pena, que debe ser justa por sí misma, sin fines subalternos o colaterales.

El caso de Urtecho debería dar pie, como señalamos, a una comisión revisora del código penal, el mismo que ya tiene tal cantidad de perforaciones y alteraciones que se ha convertido en un cajón de sastre, medieval y anticuado, además de injusto y desproporcionado.

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código penal, comisión revisora, Congreso, Michael Urtecho

¡Ay el fujimorismo!

Por: 24.08.2023

En un solo día, el fujimorismo ha sido capaz de mostrarnos que su rostro político es el mismo que el de hace décadas. Primero aparece una publicación del Fondo Editorial del Congreso -a cargo de Fuerza Popular- en el que se publica un mamotreto casi justificando el golpe de  Estado del 5 de abril del 92. Segundo, aparece el primer vicepresidente del Congreso respaldando al impresentable titular del Legislativo, quien ya hace días debería haber renunciado al cargo o ser censurado por la propia mayoría que lo colocó allí, por un asomo de dignidad política.

El fujimorismo debe ser uno de los pocos movimientos políticos que, lejos de evolucionar, camina al revés, va en retroceso. Similares ejemplos al suyo han sido el franquismo y el pinochetismo. Y en ambos casos, la derecha española y chilena supieron hacer del pasado un pasivo crítico sobre el cual poder empinarse y construir opciones democráticas modernas y tolerantes.

El fujimorismo pudo haber hecho propósito de enmienda, más aún estando ausente su padre fundador, y construir una opción basada en la perspectiva vital de la heredera, Keiko Fujimori. En las tres campañas que ha participado, y ha perdido, dio aparentes muestras de ello, pero luego, su conducta política, sobre todo la congresal, ha terminado por generar la impresión de que sus discursos electorales han sido un sainete y poco o nada ha cambiado del fujimorismo auroral.

Es una lástima, porque tiene arraigo transversal en la sociedad peruana -cosa que ningún partido de derecha alcanza-, pero su ideología conservadora y autoritaria socava sus enormes potencialidades.

Va camino a protagonizar, si Keiko insiste, como parece ser el caso, en postular el 2026, una nueva derrota, que ya para entonces ojalá la convenza de que lo suyo no es la definición electoral y que debe abocarse a otros menesteres profesionales distintos a la política.

Y así, de paso, lo positivo es que le abriría terreno a la posibilidad de que surjan otras derechas populares, que sean capaces de competir con la cada vez más predominante narrativa izquierdista.

El fujimorismo es refractario al cambio y nos pone en entredicho, inclusive, a quienes vimos en Keiko al mal menor de las últimas elecciones. Qué difícil es seguir sosteniendo que a pesar de todo, ella era mejor opción que el nefasto Pedro Castillo. No se pudo dar el caso para demostrarlo, pero en las últimas horas, quien más ha hecho por socavar esa idea, es el propio fujimorismo, con sus destemplanzas y falta de la menor sindéresis política.

 

 

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Soto sembrará los Milei de izquierda

Por: 18.08.2023

No puede pasar un día más Alejandro Soto, de las filas de Alianza para el Progreso, como presidente del Congreso. Sus inconductas y delitos son de tal envergadura que desacreditan ya no solo a su persona y sus potencialidades para ocupar tan alta magistratura sino que ensucian al propio poder del Estado que preside.

Parte esencial de la tarea de sostenibilidad del statu quo vigente (de “estabilidad mediocre” que nos rige), pasa porque los poderes del Estado no sigan la espiral de deterioro en la que se han embarcado en los últimos meses, particularmente el Congreso de la República, cuyo pacto tácito con el Ejecutivo (así lo percibe al menos la población), termina por salpicar al gobierno central y embarcarlo en el descrédito general.

Los principales partidos del Congreso (empezando por el fujimorismo) tienen que entender que a los únicos que conviene este deterioro institucional es a las fuerzas radicales disruptivas que asoman en el horizonte electoral para el 2026. Son los Milei de izquierda los que van a cosechar de la crisis institucional que asola al Ejecutivo y al Congreso, ese “pacto derechista” que la narrativa de izquierda ya ha logrado imponer en vastos sectores de la población.

El sur andino del país representa casi el 20% del electorado nacional. Bastará que vote en primera vuelta como lo hizo en la segunda vuelta del 2021 (con más del 80% a favor de Pedro Castillo) para que un candidato de izquierda asegure su pase a la jornada definitoria y eventualmente, si sumamos el voto del resto del país -también irritado con el establishment- pueda darse el caso de una final de dos candidatos de izquierda.

Para que ello no ocurra, aparte de una labor política intensa de las fuerzas de centroderecha en el sur andino, hace falta que los poderes del Estado no se sigan deteriorando ni desacreditando al ritmo vertiginoso en el que lo vienen haciendo, a punta de denuncias de mochasueldos, viajes suntuarios, denuncias penales (como las del presidente Soto), y encubrimientos punibles (como el que benefició a los Niños de Acción Popular).

Hay antecedentes de repunte en las encuestas del poder Legislativo. Daniel Salaverry, cuando ocupó la presidencia del Congreso, el gobierno anterior, duplicó en semanas la aprobación de ese poder del Estado, con un liderazgo que rompió las ataduras con Fuerza Popular.

Eso es lo que se necesita: un presidente del Congreso que ejerza un liderazgo político claro y potente ante el país. Eso no lo va a poder hacer un parlamentario acosado por mentiras y trastadas del pasado, además de denuncias vigentes que se han actualizado.

 

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Alejandro Soto, Congreso, Javier Milei, mochasueldos, statu quo

Sin partidos no hay paraíso democrático

Por: 16.08.2023

No es posible, dadas las características de los jóvenes de hoy, reproducir los esquemas partidarios de antaño, jerarquizados, con comandos centrales unificados, con uniformidad ideológica y doctrinaria, con fajas de transmisión indiscutibles de arriba hacia abajo. Esos tiempos, de partidos cuasi leninistas, ya no volverán.

Pero tampoco debiera ser una verdad irremediable que ello nos condene a que las nuevas agrupaciones políticas sean “coaliciones de independientes”, sin ningún orden ni concierto, y fronteras absolutamente relajadas respecto de los criterios mínimos de una organización, sea de la naturaleza que sea.

Un partido no es una empresa, pero tampoco es un club social. Es una institución esencial para el buen funcionamiento de la democracia y en esa medida debe cumplir algunos requisitos mínimos: consistencia ideológica, lealtades partidarias, cuadros tecnocráticos preparados para gobernar, etc.

Lo que no puede suceder es que se repita un fenómeno político deleznable, como el que apreciamos hoy en el Congreso, con partidos infames como Acción Popular, llenos de perforaciones como Alianza para el Progreso o inconsistentes como Perú Libre (que ha perdido más de la mitad de sus congresistas), con parlamentarios que se van de un lado para otro como feria de transeúntes sin ninguna cortapisa ideológica o moral.

Con un Parlamento así, es imposible que un gobierno estructure un plan mínimo de reformas, que requiere voluntad al unísono y compromiso inquebrantable. A lo más conseguirá, como parece haber conseguido el régimen de Boluarte, que lo dejen gobernar en paz, pero punto, nada más que eso. Sin partidos políticos en su ley, no hay gobernabilidad democrática transformadora ni capaz de construir Estado más allá de la mera formalidad democrática.

Otro ejemplo a no seguir es el del partido Morado, que se la pasó años armando cuadros, organizando eventos, afinando su inscripción (cuando era infernal hacerlo), pero amarrado todo a la figura y conveniencia de su líder, Julio Guzmán, quien, caído en desgracia, arrastró al partido a su destino actual, que es el de ser un fantasma inexistente en el panorama político nacional.

Los nuevos partidos que están surgiendo en el espectro de la centroderecha liberal deberían tomar estas reflexiones, como guía a tener en cuenta respecto de qué camino no seguir y qué ruta sí emprender, sobre todo bajo la presunción de que no son aves de un solo vuelo que solo aspiran a las elecciones del 2026, para luego desaparecer tal como aparecieron.

 

 

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Como para salir corriendo

Por: 12.08.2023

El juicio de la historia deberá ser muy severo con los gobiernos de la transición democrática, especialmente los de Toledo, García y Humala, quienes gozaron de la resaca del crecimiento económico sembrado por las reformas estructurales de los 90, de Fujimori, y a pesar de la bonanza fiscal que disfrutaron fueron incapaces de emprender alguna reforma institucional seria en ningún aspecto de la vida nacional.

Hoy, el resultado lo vemos a la vista. El año pasado se han ido del país más de 400 mil peruanos, en su mayoría jóvenes, porque no ven futuro promisorio en el Perú. Y eso que no han pasado por la crisis de los 80, con hiperinflación y terrorismo, cuando la diáspora fue mayor y más justificada.

Uno podría pensar que las nuevas generaciones tienen menos resiliencia y capacidad de resistir la adversidad, pero el problema que más alarma a los nuevos emigrantes es la sensación de que nada mejora en el país, sino que todo va cuesta abajo, peor ahora de que se acabó la prosperidad económica y la crisis vuelve a asomarse por estos lares.

Si uno analiza en detalle, los problemas e instituciones del país, comprenderá el desánimo. La salud pública es un desastre, que funciona hoy peor que hace dos décadas. La educación pública lo mismo y lo único bueno que se había hecho -la reforma universitaria- se la han tirado abajo unos cuantos mercaderes de la educación y una pandilla de congresistas aceitados, sumados a un Ejecutivo indolente. La seguridad ciudadana ya es un problema vital y cotidiano para las inmensas mayorías del país y la policía se ha vuelto un antro de corrupción, sin que ningún gobierno le ponga el cascabel al gato. El tránsito infernal es una calamidad que cada día que pasa toma más porciones de las principales ciudades del país.

A nivel político, el Congreso se ha vuelto un nido impresentable de sinvergüenzas y corruptos, de donde, salvo honrosas excepciones, no hay nada bueno que esperar. El Ejecutivo es un desierto tecnocrático por culpa del segundo gobierno de García que puso límites a los sueldos de la tecnocracia y la espantó, perdiéndose más de una década de mejoramiento sustantivo del funcionamiento del Estado. Los gobiernos locales y regionales son una lágrima de ineficiencia, donde también, salvo aisladas excepciones, se han vuelto antros de corrupción (casi todos los alcaldes y gobernadores terminan millonarios luego de sus gestiones). Y ni qué decir de jueces y fiscales cooptados por la corrupción.

Y mientras eso ocurre, las mafias ilegales, el narcotráfico, la trata de personas, el contrabando, la minería ilegal, los traficantes de terrenos, las pandillas extorsivas, los madereros informales prosperan y crecen capturando porciones de la sociedad. Es, efectivamente, como para salir corriendo.

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Congreso, Crisis económica, Crisis política, Migración
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