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De espaldas a los expertos: el pobre balance de la Comisión de Economía del Congreso

A lo largo del período parlamentario que acaba de concluir, el grupo de trabajo que debe proponer y debatir propuestas legislativas en materia económica ni siquiera se pudo poner de acuerdo para formar un comité consultivo de expertos. No sorprende por ello que hayan pasado por ahí una serie de propuestas carentes de sustento técnico e incluso contrarias a la Constitución. Algunas de ellas incluso han llegado a convertirse en ley.

Un balance del trabajo de la Comisión de Economía del Congreso que acaba de terminar sus funciones no puede dejar de mencionar la cantidad de proyectos de ley que se han presentado y discutido sin el adecuado sustento técnico y con la opinión desfavorable de las entidades expertas en el tema. Algunos, encima, han llegado a convertirse en ley. Es el caso de la norma aprobada por el pleno el pasado 14 de julio, que establece una reducción temporal (al 8%) del IGV para restaurantes, hoteles y alojamientos turísticos. De nada sirvió que el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) haya expresado por escrito su desacuerdo con la norma, en un documento enviado a la comisión, y que luego emitiera un comunicado público en el mismo sentido.

La norma, propuesta por el congresista fujimorista Hernando Guerra-García, pretende servir como un incentivo para la reactivación económica de uno de los sectores más golpeados en los últimos años, y en especial para las micro y pequeñas empresas dedicadas al turismo. Sin embargo, el MEF considera que los riesgos superan a los supuestos beneficios. “Una tasa reducida del IGV distorsiona y dificulta su aplicación, hace más complicado el sistema tributario e incentiva el ‘enanismo’ empresarial y la informalidad”, señaló en su comunicado del 8 de julio. El ministerio insistió también en la necesidad de mantener la responsabilidad en el manejo fiscal, pero el Congreso optó por seguir adelante con el proyecto, con pocos cambios.

La opinión en contrario del MEF hizo que se elimine un artículo y se reajusten algunos aspectos del proyecto de ley, como una delimitación más precisa de los beneficiados. Pero, incluso así, la ley sigue generando críticas: “Para estas empresas se debe fomentar la competencia y la productividad, no incentivar el consumo [a través de la reducción del IGV]. Este tipo de leyes solo le dan unos meses más de vida a estas mypes, que ya tienen una fecha de cierre”, considera el economista Nicolás Fuentes.

Guerra Garcia
El congresista Guerra García posando con un representante del sector gastronómico luego de aprobarse su proyecto de ley de la reducción temporal del IGV (foto: Hernando Guerra García)

El parlamentario y economista Carlos Anderson también se opuso a este proyecto. En su opinión, la ley “tiene incentivos perversos” y puede favorecer a grupos que no lo necesitan. “[En la nueva delimitación de los beneficiados] se ha usado un decreto supremo del 2013, que se refiere a empresas con ventas anuales de más de 7 millones. Incluso, si se toma a un extremo [considerando también a las medianas empresas señaladas en el decreto], podrían entrar también las que tienen ventas anuales de 10 millones y medio. ¿Cuántos restaurantes pequeños venden esa cantidad?”, cuestiona el congresista. 

No es la única norma elaborada en la Comisión de Economía que ha encendido las alarmas. Al término de la legislatura, Sudaca ha podido encontrar al menos dos proyectos más que ya han recibido opiniones desafavorables de entidades como el MEF, la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS) y el Banco Central de Reserva (BCR), gremios y expertos en materia económica. Los calificativos van desde “populista” (lo más suave) hasta “inconstitucional”. Estos proyectos seguramente serán vistos por la nueva Comisión de Economía que se debe conformar en agosto. Cabe señalar que la que acaba de concluir sus funciones ni siquiera pudo constituir un comité consultivo de expertos, como sí ocurrió con otras comisiones parlamentarias.

El “buen pagador”: una propuesta de doble filo

Entre esas propuestas de corte populista, resalta el proyecto de ley 731, propuesto por la parlamentaria Noelia Herrera, de Renovación Popular. Este buscaba agregar a la Ley General del Sistema Financiero la categoría del “Buen Pagador”, para aquellas personas que cumplen con pagar a tiempo las cuotas de sus créditos durante seis meses consecutivos. Según lo que planteaba inicialmente el proyecto, las entidades financieras debían mejorar la calificación crediticia (o, dicho de otra forma, reducir su “nivel de riesgo”) de las personas que recibieran esta calificación. Y esto debía llevar, necesariamente, a una reducción en la tasa de sus préstamos.

Al debate, que se llevó a cabo en junio, asistió la Superintendencia de Banca y Seguros (SBS), la cual meses atrás ya había mandado un oficio a la presidenta de la Comisión en el que manifestaba su rechazo al proyecto de ley, ya que no consideraba que era necesario ni conveniente. La SBS argumentó que el proyecto dejaba de lado otros factores importantes para establecer un perfil de riesgo para la calificación crediticia (como el cumplimiento en otras líneas crediticias, sector económico del deudor, ingresos y volatilidad, etc.) y lo reducía solamente a dicho cumplimiento de pago de seis meses. Algo, que, ciertamente, incluso se puede lograr ‘ruleteando’ (es decir, tomando deuda para pagar otras deudas).

El Banco Central de Reserva (BCR) también opinó en contra de este proyecto, por similares razones. En un oficio enviado a la Comisión en enero de este año, Julio Velarde señaló que el cumplimiento de las últimas seis cuotas, por sí solo, no permitiría identificar a los deudores que pueden “incumplir sus cuotas luego de obtener el beneficio”. “Esto, a su vez, afectaría la seguridad de los depósitos de sus clientes”, agregó.

BCR y SBS
El Banco Central de Reserva y la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP han mostrado opiniones desfavorables por el proyecto de ley del “buen pagador” (fotos: Agencia Andina)

Cabe resaltar que la ley ya estipula una reclasificación del riesgo crediticio ligado al cumplimiento de pagos del deudor, pero de una manera distinta: se produce en caso no presente un atraso mayor a 8 días en el pago de todas sus cuotas, tanto en esa empresa como en las otras en las que está. Además, las entidades financieras también cuentan con criterios internos adicionales para evaluar permanentemente el nivel de riesgo de sus clientes. “Hay algunas que identifican el comportamiento de pago del cliente en otras entidades y, en base a eso, lo pueden poner en mejores condiciones. Pero el cliente tiene que ganársela. No se puede establecer el criterio de buen pagador basándose solo en un comportamiento de pago de seis meses consecutivos”, afirma John Sarmiento, gerente de servicios corporativos de la Federación Peruana de Cajas Municipales de Ahorro y Crédito (FEPCMAC). “Es una propuesta sin sustento técnico, que linda con lo populista”, opina.

Sarmiento también menciona que la Comisión de Economía no convocó a la FEPCMAC para que dé su opinión sobre el proyecto: “hay gremios a los que nos impacta la propuesta que no hemos sido consultados”, precisa, aunque también reconoce que para otras ocasiones sí han sido llamados. 

Para el economista Nicolás Fuentes se está “normando sobre la norma” con esta propuesta, pues el sistema financiero ya cuenta con sus mecanismos para premiar a un buen pagador. Una norma como la propuesta generaría riesgos que las entidades financieras no necesariamente querrán asumir. “Aquí no se trata si estás a favor de las entidades financieras o no. Se trata de que estas son lo que sostiene a los emprendedores en el país. Esto puede generar que contraigan el crédito”, señala 

Las críticas y opiniones en contra, en este caso, al parecer hicieron efecto: según la presidenta de la comisión, el dictamen aprobado ha dejado de lado todas las implicancias cuestionadas. “Ya no va a implicar ninguna tasa de rebaja. La categoría del “Buen Pagador” será solo para motivar. No podíamos ir en contra de la SBS ni el BCR”, reconoce Silvia Monteza. Pero el proyecto, supuestamente reducido a casi una declaración de buenas intenciones, aún está pendiente de ser visto por el pleno.

Noelia Herrera, la parlamentaria que planteó este Proyecto de Ley, acepta la postura de la SBS, pero sostiene que su propuesta iba más enfocada al corto plazo para los emprendedores nuevos en el sistema crediticio. “Después de esta situación de pandemia, consideramos necesarios estos criterios de inclusión para hablar verdaderamente de reactivación económica. El sistema financiero debe ser empático, que no se espere los 5 años o 3 años de financiamiento o demostración de pago para considerarlos dentro de este beneficio.” afirma. Sin embargo, la SBS aclara que, actualmente, las reducciones de la tasa de interés pueden darse en cualquier momento y no requieren esperar años, como afirma la parlamentaria

Otra vez los fondos de pensiones

Los proyectos de ley que han buscado el retiro de fondos de la AFP han sido frecuentes en los últimos meses. La necesidad económica de un sector de la población, agudizada sobre todo por la pandemia, se suma a la mala fama que se han ganado las cuatro empresas encargadas de la gestión de fondos privados. El caso más reciente es del proyecto de ley 2065, de Luis Kamiche, congresista de la nueva bancada Perú Democrático (la cual congrega a disidentes de Perú Libre, Acción Popular y Renovación Popular). 

En mayo de este año, Kamiche propuso que los aportantes y exaportantes de las AFP que tengan más de 40 años puedan retirar el 100% de sus fondos del sistema de pensiones. Esta medida desnaturaliza el fin de las pensiones (el cual es generar ahorro para que el aportante pueda tener ciertos ingresos luego de su jubilación) y, además, tiene un alto riesgo de generar gastos futuros al Estado, de acuerdo con un nuevo pronunciamiento de la SBS. 

En un oficio enviado a la presidenta Silvia Monteza, la superintendencia enfatiza que esta medida contraviene tres artículos de la Constitución y añade que dejaría “a más personas sin recursos suficientes para su vejez”, lo que ocasionaría que el Estado utilice mayores recursos para su protección futura.

Informe SBS
Parte de las conclusiones del informe de la SBS, donde muestra su desacuerdo con el proyecto de ley del retiro de 100% de fondos de la AFP

“Si es que el proyecto se aprueba, habría un grupo de peruanos sin una jubilación digna que terminarán siendo una carga estatal. Se termina incrementando la cartera de beneficiarios de programas sociales (como Pensión 65) u otros programas complementarios. Hay una responsabilidad del Estado también en cuidar el tema de las jubilaciones”, considera Nicolás Fuentes.

Los especialistas consultados coinciden en que el sistema de las AFP ha presentado grandes falencias y que debe reformarse lo antes que se pueda. Incluso esto ha sido reconocido por Aldo Ferrini, cabeza de AFP Integra. Sin embargo, los entrevistados consideran que la propuesta del parlamentario no ataca a ese punto (por más que lo usa como fundamento) y carece de sustento.

Por ejemplo, en el análisis costo-beneficio del proyecto, Kamiche asegura que la iniciativa no causará “costo alguno al Estado ni vulnera principios, disposiciones o políticas de disciplina fiscal y presupuestaria”, por más que la SBS y el economista Nicolás Fuentes señalan totalmente lo contrario.

“Si no pueden prever un simple impacto fiscal como que a futuro un grupo no va a tener una jubilación decente y va a pasar a ser carga estatal a través de los programas sociales, dejan mucho que desear de los proyectos de ley que se generan”, considera Fuentes. 

Cabe resaltar que este proyecto aún no ha sido revisado por esta comisión de Economía porque faltaban opiniones, según la presidenta Monteza. Tendrá que ser debatido en la próxima legislatura.

“No hay discusión en la Comisión” 

Las críticas a estos tres proyectos de ley tienen el mismo punto de partida: hay carencia de sustento técnico en algunos (o muchos) de sus puntos. Cabe resaltar que la Comisión de Economía no formó un Consejo Consultivo (expertos que, ad honorem, son invitados a las sesiones para que den su punto de vista de las propuestas), por más que tenían la posibilidad de hacerlo.

“Cuando se instaló la comisión, se pensó hacer y se hizo algunas consultas, pero fue imposible porque cada bancada quería poner a ciertos profesionales y, sobre todo, en Perú Libre no estaban de acuerdo con algunas propuestas”, revela Silvia Monteza, la presidenta de la comisión. 

El congresista Carlos Anderson, que integra la comisión, considera que es importante que haya un grupo permanente de expertos “para que no haya el tipo de propuestas que a veces uno ve ahí en la Comisión de Economía, que no tienen ni pies ni cabeza, que pueden responder a un buen sentimiento, pero que se chocan con la realidad”.

Monteza y Anderson
Izquierda: Silvia Monteza, presidenta de la comisión de Economía. Derecha: Carlos Anderson, secretario de la comisión de Economía. (fotos: Agencia Andina)

Anderson también asegura que no hay mayor debate o discusión dentro de la Comisión y que muchas veces se vota por inercia. La presidenta, por su lado, sí considera que han logrado avanzar pese a todos los obstáculos. “Si no, no hubieras podido sacar AFP, Fonavi”, se defiende Monteza. 

Intentamos comunicarnos con Hernando Guerra García y Luis Kamiche, autores de dos proyectos de ley que han sido mencionados en este reportaje. Queríamos consignar sus opiniones respecto a los cuestionamientos planteados. No obstante, al cierre de este reportaje, no obtuvimos respuestas de ellos.

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Congreso, Gobierno, Pedro Castillo

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