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Desacato en el Congreso

Con las firmas de Lady Camones (APP) y Enrique Wong (Podemos), ayer se promulgó la ley que vulnera la autonomía de la Sunedu. De esta manera, el Congreso hizo caso omiso a un fallo del Poder Judicial que había declarado nula la aprobación de esta norma. La batalla legal, sin embargo, está lejos de acabar: la jueza que emitió la resolución ha declarado esta ley inaplicable para la Sunedu, el Congreso ha apelado y los defensores de la reforma universitaria alistan una acción de inconstitucionalidad.

El Congreso de la República hizo caso omiso a una sentencia judicial que, en teoría, echaba por la borda sus planes de tumbarsese la reforma universitaria. El martes pasado, la Corte Superior de Justicia de Lima había declarado nula la aprobación de la ley que pretende restar ciertas facultades a la Sunedu, como licenciar y supervisar facultades, escuelas y programas de estudios, además de reestructurar su Consejo Directivo. En la edición de El Peruano de ayer, sin embargo, la norma fue promulgada.

El documento que oficializa la ley lleva la firma de Lady Camones (APP) y Enrique Wong (Podemos Perú), los dos vicepresidentes del parlamento y cuyos partidos son liderados por dueños de sendas casas de estudio superior. Según la consulta de expedientes judiciales, el procurador del Congreso fue notificado de la decisión del Poder Judicial el mismo día que se emitió el fallo, el 19 de julio. No había duda, por tanto, de que estaban desacatando una orden judicial.

Fecha de notificación al Congreso de la sentencia, de acuerdo a la Consulta de Expedientes del Poder Judicial.

“El artículo 139 inciso 2 de la Constitución señala que ninguna autoridad puede dejar sin efecto sentencias. Por lo tanto, los vicepresidentes [Maricarmen Alva se encontraba de viaje] han violado la Constitución y podrían ser denunciados por ello”, sostiene Javier La Rosa, abogado y exasesor del Congreso y de la PCM.

LA ESTOCADA

La sentencia del Poder Judicial había declarado fundada la demanda de amparo presentada por la Sunedu a inicios de año, la cual pedía frenar que se promulgue la norma. El fallo de la jueza Milagros Grajeda ordenaba que se envíe el proyecto nuevamente a comisión para que pueda ser reformulado. “Pero les pone dos parámetros: que no contravengan las sentencias del Tribunal Constitucional ya existentes y que lo hagan en pro de la calidad universitaria”, señala Mac Rodríguez, procurador de la Sunedu y autor de la demanda de amparo.

De hecho, la base que tuvo Grajeda al momento de emitir su fallo fueron tres sentencias previas del TC que, en resumen, desmontaban los principales argumentos del proyecto de ley. Una de estas, por ejemplo, determina que la Sunedu goza de autonomía pese a estar adscrita al Poder Ejecutivo. Otra, de mayor antigüedad, concluye que hubo un “impacto lesivo” en la etapa donde reinaba la Asamblea Nacional de Rectores, organismo a cuyas estructuras pretende asemejarse esta norma, ya que le da a los rectores la capacidad de elegir a tres representantes en el Consejo Directivo. Es decir, los regulados serían, al mismo tiempo, los reguladores.

“Cuando hay un tema que ya se ha visto en un proceso de inconstitucionalidad, este tema ya tiene cosa juzgada, no puede cambiarse. Eso pretendía hacer el Congreso”, señala el procurador Mac Rodríguez. La única manera de que el Poder Legislativo pueda modificar estos aspectos es si estos cambios se orientan a optimizar el derecho que buscan proteger. Este caso, para la jueza a cargo, no encajaba en dicho supuesto. Todo lo contrario.

“Se pretende emitir una norma que flexibiliza el control y supervisión que se ha exigido sobre las universidades para mejorar el servicio que actualmente prestan, lo que se traduce en una amenaza al derecho a la educación universitaria de calidad”, se lee al final de la sentencia.

La noche del 19 de julio, luego de conocerse el fallo, algunas parlamentarias empezaron a rebelarse ante la decisión. “No obedecemos a mandato imperativo!!”, tuiteó la congresista Martha Moyano, de Fuerza Popular. Su compañera de bancada y presidenta de la comisión de Constitución, Patricia Juárez, apuntó la artillería contra la jueza Grajeda, acusándola de pretender actuar como “la congresista 131”.

Tuit de la congresista Martha Moyano en desacuerdo a la sentencia.

La estocada final la dieron Erasmo Wong y Lady Camones, al firmar la promulgación de la ley la mañana de ayer. Lo insólito de este caso es que Camones pertenece al Bloque Parlamentario Pro Reforma Universitaria, una iniciativa multipartidaria formada en noviembre pasado que buscaba defender la reforma en este rubro. Además, Camones había votado en oposición al proyecto de ley.

“Estoy contrariada por ver su firma ahí. Le he escrito preguntándole las razones. Hemos quedado en conversar más tarde”, afirma Flor Pablo, congresista que pertenece al Bloque. Recordemos que Camones ya está en campaña para ser la nueva presidenta del Congreso.

DEFENSA DE SUNEDU

La desobediencia del Congreso era predecible para algunos de los demandantes, como el grupo de profesores de Derecho de la PUCP que se adhirieron a la demanda de amparo en mayo. De hecho, Luciano López, parte de este grupo, presentó dos solicitudes a la jueza Grajeda horas después de que fallara a favor de la Sunedu. López le pedía agregar en la sentencia que, en caso el Congreso insistiera con promulgar la ley -como terminó ocurriendo- esta no pueda surtir efecto. Anoche, esta solicitud fue aprobada por la jueza.

“Sabíamos que era una amenaza potencial que el Congreso pueda promulgar la ley [a pesar del fallo]. Si eso sucedía, debíamos buscar que no sea aplicable a la Sunedu. Al aprobarse nuestro pedido, la entidad no está obligada a aceptar ningún nombramiento de representantes ni cumplir ninguna de las normas modificadas», relata López. Dicha solicitud también había sido hecha por la Sunedu al momento de presentar el recurso.

Arriba: parte del petitorio de febrero donde el procurador de la Sunedu pide la inaplicación de la norma. Abajo: pedido de inaplicación que hizo Luciano López horas después de la sentencia.

Desde las curules que defienden la reforma, además, anuncian algunas acciones. Flor Pablo (Partido Morado) asegura, por ejemplo, que en el Pleno de la siguiente semana -donde se instalará la nueva Mesa Directiva- empezarán con la recolección de firmas para presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley. Esta medida ya estaba en los planes del Bloque Parlamentario Pro Reforma Universitaria desde mayo, pero recién se va a concretar debido a su promulgación. Necesitan 33 firmas del hemiciclo para que proceda esta acción. Pablo espera contar con, al menos, los 25 miembros del Bloque.

La decisión judicial de este caso no tenía precedentes, de acuerdo a los abogados consultados por Sudaca, pues lograba frenar un proyecto de ley por atentar contra derechos fundamentales. Pero si el fallo era inédito, no lo es la actitud del Congreso de arremeter contra lo que signifique un obstáculo a sus intereses. Esto es visto como un atentado al equilibrio de poderes.

“El proyecto de ley era una coartada. Lo de ‘restablecer la autonomía’ era una frase que suena bien en algunos sectores, pero la discusión de la autonomía ya se zanjó en el 2015; no con la opinión de alguien, sino con una sentencia del Tribunal Constitucional”, considera Jorge Mori, director del Centro para el Análisis de Políticas Públicas de Educación Superior, una organización sin fines de lucro. 

“Esto nos muestra la clase de congresistas que tenemos: gente que no cree en el estado constitucional, que no cree en el equilibrio de poderes”, detalla Luciano López.

Paralelamente a esta desobediencia, el Congreso también ha optado por la vía legal para revertir el fallo de la jueza: anoche la parte demandada presentó un recurso de apelación, según la consulta de expedientes del Poder Judicial.

Intentamos comunicarnos con Lady Camones, vicepresidenta del Congreso que firmó la promulgación de la ley. También con Esdras Medina, Martha Moyano y Patricia Juárez, congresistas que apoyaron el proyecto pese a los reparos del Poder Judicial. Al cierre de este informe, no obtuvimos respuesta por parte de ninguno de ellos. De lo que no hay duda es que la vieja ANR vuelve a sonreír.

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Congreso, reforma universitaria, SUNEDU

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