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Lo que pretende un grupo de aseguradoras privadas respecto de la no cobertura de medicamentos oncológicos aprobados científicamente en varios países, es un despropósito que ni el gobierno ni el Poder Judicial -adonde han acudido- pueden avalar ni tolerar.

Ya los seguros médicos privados en el país son inmensamente caros como para que encima pretendan librarse de dar cobertura plena -como sus contratos obligan- a la provisión farmacológica necesaria para curar el cáncer.

El Ministerio de Salud, luego de una denuncia referida a que sus funcionarios estaban de acuerdo con las aseguradoras y preparaban un cambio al reglamento de la ley contra el cáncer, ha salido a desmentir ello. Ojalá haya habido real reconvención.

En la precaria economía de mercado que funciona en el Perú quizás el mercado más salvaje y expoliador es el de las aseguradoras privadas, que hacen lo que les viene en gana, cobran copagos por medicinas infladas en sus precios (al final, más barato le saldría al paciente comprar las medicinas sin seguro en cualquier farmacia de la calle) y encima ahora pretenden excluirse de la cobertura que corresponde, no para tratamientos experimentales, como han insinuado, sino para tratamientos médicos con fármacos oleados y sacramentados por organismos internacionales que probadamente curan la enfermedad.

¿Cuál es el problema? Que son caros. Y bueno, pues, lo sentimos mucho, pero sus contratos señalan textualmente que se brindará cobertura en todos los ítems autorizados por oficinas internacionales, y es ese el caso de los medicamentos que quieren excluir de la lista de farmacología oncológica.

Esperamos que el poderoso lobby asegurador conformado por Pacífico, Rímac, La Positiva, Mapfre y Sanitas, no sea lo suficientemente avezado para seguir adelante con tamaña sinvergüencería. Y esperamos que los jueces ante los que han presentado la demanda no se arrodillen frente al poderoso caballero Don Dinero. Y, por supuesto, esperamos que el gobierno no se deje torcer la mano por este lobby infame.

 

Ya hay inscritos 30 partidos, de los cuales 20 son de centroderecha. Están en lista de espera veinte más, de los cuales por lo menos 10 también pertenecen a ese sector ideológico. En suma, lo más probable es que para el 2026 haya treinta candidatos de la centroderecha aspirando a llegar al poder.

Una vana ilusión. La fragmentación del voto, ante la ausencia de un líder aglutinador o superlativo respecto del resto, hará que el voto se divida. ¿A quién beneficia ello? A dos grupos políticos puntuales: la izquierda radical y el fujimorismo.

El autoritarismo que se vislumbra en las encuestas hará carne en estas elecciones gracias a la supina irresponsabilidad de quienes estaban llamados a armar frentes y coaligarse para presentar opciones sólidas, potentes, con capacidad de atracción popular lo suficientemente grande para asegurar, primero, el pase a la segunda vuelta con una buena representación parlamentaria y luego ganar las elecciones en la segunda vuelta, asegurando un lustro de estabilidad política.

Hoy se frotan las manos los desquiciados políticos de la izquierda (los Antauro, los Bellido y demás) y el entorno de Keiko Fujimori. Podrán repetir la fatalidad del 2021: el fujimorismo versus el radical antisistema, solo que esta vez pretenden que sea el padre, Alberto Fujimori -de dudosa posibilidad legal de poder hacerlo- quien sea el candidato y ya no la tres veces derrotada Keiko.

Quienes esperan que el 2026 se dé vuelta a la página a la crisis democrática que sufrimos desde el 2016, con mayor intensidad, se darán de bruces con la realidad: la derecha liberal o moderada ha cometido suicidio advertido al hacer que primen los egos individuales por encima de los intereses colectivos.

Es posible aún que se armen alianzas, pero las leyes desaniman ese propósito al exigir una valla más alta a tales agrupamientos, y, además, por lo que se ha visto, no hay el menor interés en casi ninguno de los candidatos de este sector en ceder a sus propias aspiraciones presidenciales.

A este paso, el país se encamina a un mayor debilitamiento de la democracia. Lo que hoy vemos con un Congreso destructor desatado será cosa de juegos respecto de lo que, en principio, se viene.

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candidatos 2026, elecciones 2026, Partidos políticos

Según la última encuesta del IEP, un 47% de la ciudadanía no apoya a la democracia. El 2022, el 19% se mostraba satisfecho o muy satisfecho con la democracia, este año ha caído a 13%. En sentido inverso, el 2022 el 81% se mostraba insatisfecho/muy insatisfecho, ahora lo está el 87%.

Asimismo, según la misma encuestadora, respecto de la posibilidad de un golpe militar -el caso extremo de violentamiento democrático-, mientras en mayo del 2022, el 43% -que ya era alto- lo justificaba, este año lo hace el 57%.

De otro lado, en otra pregunta del cuestionario, un 22% señala confiar mucho en las Fuerzas Armadas, mientras que solo el 4% lo hace en la Fiscalía de la Nación, 3% en el Poder Judicial y 2% en los partidos políticos.

Para seguir llenando el vaso, un 52% de la población dice no sentir ningún respeto por las instituciones políticas. Adicionalmente, ocho de cada diez personas señalan que sus derechos básicos no están protegidos por el sistema político. A la par, un 68% está poco o nada interesado en la política, la indiferencia letal que suele acompañar el “vaciamiento de la democracia”, concepto ampliamente estudiado en el recomendable libro Democracia Asaltada, que editan Rodrigo Barrenechea y Alberto Vergara.

Se cierra el círculo cuando se pregunta por la autoidentificación ideológica. Tanto en la derecha como en la izquierda predominan los extremos radicales por sobre las posturas moderadas.

No se puede culpar, por supuesto, a la ciudadanía de semejante brulote, porque la clase política peruana -si existe tal categoría en nuestro ecosistema- se ha encargado de demoler la confianza en la viabilidad democrática desde el 2016 en particular, pero también desde antes, cuando no había crisis políticas, pero la falta de reformas estructurales (salud, educación, justicia, seguridad, etc.) incubaron el enorme grado de insatisfacción con la supuestamente recuperada democracia después de la dictadura de los 90.

Lo que preocupa es el valor predictor que dicho estado de cosas puede tener sobre la contienda electoral del 2026, donde, de no cambiar las cosas, vamos a tener en auge candidaturas autoritarias, despectivas del Estado de Derecho democrático y que augurarán, de hacerse con el poder, un lustro complicado con la ya crítica institucionalidad democrática.

La del estribo: imperdible la obra Personas, lugares y cosas, del dramaturgo inglés Duncan Macmillan, bajo la dirección de Juan Carlos Fisher y la dirección adjunta de Diego Gargurevich, con un elenco de primera que encabeza Jimena Lindo. Va solo hasta el domingo 28 de julio en el Teatro La Plaza. Entradas en Joinnus.

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encuestas IEP

En reciente encuesta de Ipsos se le pregunta a la ciudadanía sobre el matrimonio igualitario. Aumenta la aprobación respecto del año pasado (sube de 25 a 30% la gente a favor), pero hay un sólido 66% que lo desaprueba (aunque disminuye del 69% que exhibía el 2023). Y es claramente en los sectores populares que hay mayor rechazo: en el A, 43% lo aprueba, en el E, apenas el 20%.

Respecto de que puedan adoptar niños, un 31% lo aprueba y un 63% lo desaprueba. Y todo ello en un contexto en el que, sin embargo, se admite que hay discriminación hacia la población homosexual, trans y bisexual. Un 41% considera que es muy discriminada.

He aquí una de las batallas contraculturales en la que los sectores liberales no deben cejar. Somos un país conservador y ha prendido la narrativa de la derecha radical en contra de los derechos civiles y sexuales (su campaña contra las políticas de género la han convertido en una guerra de vida o muerte, como parte de su arsenal ideológico contra los derechos humanos, la globalización, la multiculturalidad, etc., que libran acá, en la región y en el planeta).

Pero hace mal el sector liberal escamoteando el tema porque lo considera menor, que causa costos políticos o que puede afectar electoralmente pronunciarse a favor. Por el contrario, cuánto bien le haría a un candidato expresarse abiertamente a favor de un derecho a la igualdad, consustancial a un Estado laico y liberal.

No se puede ceder en esta batalla contracultural. Si la aspiración a ser un país moderno es válida y auténtica no se puede arriar en un tema que afecta a millones de personas (porque son millones los peruanos que pertenecen a la comunidad LGTBIQ+).

Corresponde a un Estado de Derecho laico, como el que cabe, establecer paridad normativa respecto de los matrimonios igualitarios y la posibilidad de adopción de niños, además de todos los derechos colaterales que ese reconocimiento implica.

La caverna reaccionaria que lidera, entusiasta, un sector de la derecha (e increíblemente también un sector de la izquierda radical), no puede terminar convirtiéndose en narrativa dominante y menos aún en política pública.

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adopcion liberal, LGTBIQ, matrimonio igualitario

Entre los dos líderes regionales que mayor expectativa generan, el ánimo ciudadano peruano se inclinará más por la figura del mandatario salvadoreño. El problema de la delincuencia y la corrupción es considerado el principal del país por encima de la crisis económica y ésta, a su vez, no se le asocia a un Estado intervencionista sino, lamentablemente, a las políticas “neoliberales” (una falacia, pero así es el sentido común).

Un 62% de peruanos considera que la delincuencia ha aumentado en su vecindario en los últimos doce meses y solo el 44% estima que la policía hará algo para remediarlo, según encuesta regional de Ipsos. De otro lado, un 71% desaprueba la labor del Poder Judicial y un 69% la labor de la Fiscalía. Junto con el Congreso son las entidades que la mayoría de la población considera que deben reformarse. No encuentro una encuesta sobre la policía en particular, pero debe tener altísima desaprobación y junto con el Poder Judicial y el Ministerio Público constituyen la tríada llamada a combatir el delito.

Lo preocupante es que el mensaje de mano dura y lucha contra la delincuencia es un mensaje más proclive a la derecha, pero hasta en eso se está dejando ganar la mano por la izquierda radical, en particular por Antauro Humala que promete fusilar corruptos y se llama a sí mismo como el Bukele peruano.

Sería una bandera más que la derecha se deja arrebatar por la izquierda. Ya ocurrió en los 80 con los derechos humanos, en los 90 con la democracia y el presente siglo con la lucha anticorrupción. Con una narrativa insistente y una proliferación de ONG izquierdistas que contribuyen a asentar narrativas, la derecha se ha ido arrinconando, por pasividad, en la sola defensa del modelo económico.

Para el 2026 es importante que la derecha sepa aquilatar la demanda ciudadana prioritaria por la seguridad ciudadana y elabore una propuesta seria y vendedora al respecto, si no quiere ser arrasada en las urnas, más aún cuando la pasmosa e irresponsable fragmentación de este sector ideológico marcha viento en popa sin ningún viso de reversión.

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Bukele, Milei.

El gobierno de Dina Boluarte, rehén absoluto de la extrema derecha congresal, no tolera el sistema interamericano de derechos humanos. Se mantiene en él porque es consciente del escándalo mayúsculo que implicaría un retiro del mismo, pero dado el tenor de la carta que han enviado en conjunto la presidenta de la república y el titular del Congreso en protesta por una resolución de la CIDH, queda más que claro que la postura oficial es refractaria a los considerandos mínimos del sistema.

Llama particularmente a pasmo, la referencia -en la carta mencionada- al rechazo por primera vez oficial del término jurídico “conflicto armado interno”, el mismo que no implica ningún beneficio valorativo al terrorismo senderista o emerretista, pero cuya narrativa en ese sentido los dos principales poderes del Estado hacen por primera vez suya.

Los abogados que suelen acompañar a los voceros de la extrema derecha peruana saben muy bien que ese término no excluye la barbarie terrorista ni contemporiza con ella y comprende perfectamente lo sucedido en el país durante las épocas de la subversión.

Lo que en el fondo está en juego -y va de la mano con la ley que prescribe los delitos de lesa humanidad cometidos en esos tiempos- es la cerrazón respecto de las violaciones a los derechos humanos que nuestras fuerzas armadas y policiales cometieron durante ese periodo, y que el país entero haría bien en no olvidar, porque la barbarie terrorista no la justificaba. Es más, cuando se cambió de política oficial antisubversiva -justamente en los tiempos fujimoristas- fue que se logró arrinconar y luego derrotar a Abimael Guzmán.

La carta firmada por Dina Boluarte y Alejandro Soto es vergonzosa. Constituye una falta de respeto a las víctimas de las tropelías oficiales -que no fueron pocas- y forma parte ya de la historia peruana de la infamia. El Perú, como sociedad democrática, debe hacer de la memoria un ejercicio cotidiano y recurrente. Sitios como el Lugar de la Memoria, El ojo que llora, documentos como el informe de la Comisión de la verdad o muestras como Yuyanapaq (que se puede visitar en el Ministerio de Cultura), no es casualidad que sean aborrecidos por quienes quieren negar la historia a su conveniencia y antojo. Lo que escandaliza es que la primera mandataria haga eco de esa visión macartista y negacionista de la que hace gala buena parte de la derecha peruana.

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Alejandro Soto, CIDH, comision interamericana de derechos humanos, derechos humanos, Lugar de la Memoria

Cualquiera que haya visto el espectáculo brindado por el fiscal José Domingo Pérez en la primera audiencia del juicio por el caso cocteles o haya leído la reveladora entrevista a Ricardo Briceño, expresidente de la Confiep, a quien el Ministerio Público viene sometiendo a un calvario abusivo e irracional, debe concluir que algo se pudre en el organismo de la avenida Abancay.

La Fiscalía se ha vuelto -salvo honrosas excepciones- en una máquina moledora de carne de los adversarios, políticos o mediáticos, y que aprovecha cualquier resquicio absurdo de la ley para provocar acusaciones, detenciones preliminares, prisiones preventivas, allanamientos y cuanta parafernalia punitiva exista en su arsenal de instrumentos coercitivos.

Y el eje interpretativo más pertinente es el político. No guía a los fiscales el derecho penal sino el interés político, como cada vez se demuestra con mayor claridad. Hemos sido engañados, todos estos años, por una aparente lucha radical anticorrupción de parte de la Fiscalía, cuando lo que ha habido es una trama de intereses ideológicos y políticos puestos en marcha para aplastar a los adversarios.

El Poder Judicial, felizmente, no está tan contaminado como el Ministerio Público y ya veremos cómo sabrá poner orden en los casos que la Fiscalía amaña, pero entre tanto, se hizo pasar a personas inocentes por años de zozobra, gastos abogadiles, incertidumbre vital y enorme daño reputacional. ¿Quién les va a devolver eso? ¿Quién nos va a devolver eso?

Al respecto, tiene enorme responsabilidad la Junta Nacional de Justicia que en sus varios años de existencia no ha sabido corregir los malos rumbos que el Ministerio Público ha seguido y le ha permitido actuar con impunidad absoluta, sin siquiera una amonestación.

Una de las tareas fundamentales del gobierno que ingrese el 2026 es emprender una reforma profunda del Ministerio Público. Bien meditada, no puede ser al caballazo -la historia reciente nos demuestra que esas reformas apuradas, a nada bueno conducen-, para volver a colocar la institución en el sitial de prestancia y neutralidad penal que corresponde a un Estado de Derecho.

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Domingo Perez, Fiscalía, Ministerio público

Lo sucedido recientemente en Bolivia debe ser una clarinada de alerta en la región respecto de los riesgos de un retorno del militarismo golpista. La insatisfacción con la democracia es tan alta, que una cúpula militar irresponsable puede pergeñar la idea de que una toma violenta del poder podría ser bien recibida por la ciudadanía.

En 1978 marcamos un récord, había catorce dictaduras simultáneas en la región. En Cuba (Fidel Castro), Nicaragua (Somoza), Paraguay (Stroessner), Guatemala (Lucas García), Argentina (Videla), Chile (Pinochet), Honduras (Junta Militar), Brasil (Junta Militar), Bolivia (Bánzer), Haití (Duvalier), Panamá (Torrijos), Uruguay (Aparicio Méndez), Ecuador (Junta Militar) y Perú (Morales Bermúdez). 

El siglo XXI nos agarró en medio de una primavera democrática, solo rota por Cuba y Nicaragua, pero las democracias le han fallado a las expectativas de la ciudadanía de una manera terrible. En el caso del Perú, cuando en 1980 salimos de la dictadura militar de Velasco y Morales Bermúdez, el país respiraba optimismo y se mostraba exultante respecto del futuro. Fue, sin embargo, esa década, la peor de la historia peruana reciente, en cuanto a crisis económica y desplome del Estado por la violencia terrorista.

En los 90, llega al poder Alberto Fujimori, como síntoma de la crisis y él mismo rompe la continuidad democrática al perpetrar el autogolpe de 1992, con una enorme cuota de popularidad. Hoy las encuestas ratifican que Alberto Fujimori sigue gozando de simpatías y que mucha gente vería con solaz que se produzca un golpe militar que ponga orden en la casa democrática alborotada, consecuencia de una transición fallida en reformas estructurales necesarias.

Abortó felizmente lo de Bolivia, pero ya la semilla está plantada y no faltará algún engalonado local que crea que es su momento de gloria y que puede imponer el peso de las armas sobre los votos y el sistema de contrapeso de poderes de la democracia, ya encima muy dañado por un Congreso abusivo y mediocre que está destruyendo la endeble institucionalidad democrática del país, reconstruida a trompicones desde principios de siglo.

Hay que estar alertas. Con todos sus inmensos defectos, la democracia representativa es la mejor compañera de un sistema capitalista competitivo. Su divorcio es siempre causa de males mayores que los que su difícil convivencia puede albergar.

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dictadura en bolivia, Golpe bolivia, tafur

Hacen bien los gremios empresariales en pronunciarse en contra de las tropelías del Congreso. Hoy es por temas políticos, pero mañana, sin duda, tendrán que hacerlo por temas económicos que les incumbirán directamente.

Es previsible que conforme se acentúe la desaprobación del Congreso y se aproximen las elecciones, desde los escaños surjan propuestas presuntamente de buena acogida popular. Ya ha habido algunas, como la rebaja del IGV a las peluquerías y el control de las comisiones por transferencias interbancarias. Con seguridad, van a venir más.

Y el problema es que asistiremos a una escalada de propuestas intervencionistas o sobreregulatorias provenientes no solo del sector de la centroderecha congresal, que al menos garantiza cierto acotamiento, sino que las mismas provendrán de la izquierda radical, con posibilidades de éxito en su aprobación en el Pleno.

Se ha instaurado un trueque mafioso entre las diversas bancadas del Congreso, que implica un trasiego de votos: yo te doy mis votos para tu proyecto a cambio de que tú me des los tuyos para el mío. Y sin importar qué tan bueno o malo sea el proyecto de marras termina aprobándose.

Si esto ocurre, además, en una situación en la que el MEF ha perdido toda capacidad de influencia o veto preliminar a tales iniciativas, y que el Ejecutivo en general se termina por allanar a lo aprobado en el Congreso, el panorama que se avecina es preocupante.

Nos esperan dos años de populismo económico desembozado. Las bancadas que van a buscar ser reelegidas para el Senado o Diputados, buscarán a toda costa subir sus índices de popularidad y echarán mano al recurso más manido: aprobar normas demagógicas, sin que les importe un pepino el daño que puedan ocasionar. Simplemente buscarán el supuesto contento del pueblo bajo la falaz idea de que eso les va a subir los bonos para el 2026.

Se espera que entonces, los gremios empresariales y la comunidad académica económica, sepan alzar la voz e impedir el desmadre populista que se avecina. Ya suficiente ha hecho el Parlamento con golpear severamente la institucionalidad democrática para que ahora la emprendan contra el modelo económico que, a pesar de todo, sigue funcionando y sosteniendo al país.

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Ministerio de Economía y Finanzas, Populismo, tafur
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