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Procesar un adelanto acelerado, precipitado y, además, inconstitucional, como quieren las huestes radicales del castillismo dolido y, por supuesto, el antaurismo, tiene claramente un objetivo: que nuevamente la izquierda radical antiestablishmentse haga del poder dada la fragmentación precaria de la centroderecha y la aún superviviente irritación ciudadana por el calamitoso estado social en que deja el país el Atila chotano.

Dina Boluarte, sea que busque completar el mandato hasta el 2026 o sea que, leyendo el pulso ciudadano, proceda a un adelanto de elecciones consensuado con el Congreso, debe hacerlo con inteligencia y mesura, sin apresuramientos ni improvisaciones.

Hay mucho en juego todavía en el país, como para que sigamos reeditando la inefable desprolijidad del antecesor presidencial, hoy felizmente fuera del poder y afrontando los juicios penales que le corresponden, como gran lección democrática para el país.

Y dependerá mucho también de la clase política, que deberá entender que lo que corresponde en estas horas es un gobierno de consensos, donde mucho de lo que cada sector quisiera ver plasmado en el Ejecutivo, no se podrá llevar cabo justamente para lograr los consensos mínimos para salir de esta crisis desatada por un sujeto improvisado y corrupto que infelizmente llegó a estar en Palacio de Gobierno más de un año.

Creemos que lo que corresponde es un gabinete de ancha base y un compromiso de adelanto de elecciones. Sería lo ideal, pero si Boluarte logra enderezar el rumbo de la nave estatal, quizás sea factible evaluar su permanencia. Ello se verá con los días. Por ahora hay que celebrar el triunfo de la democracia y la derrota de la mediocre corrupción que se había arraigado, con uñas y dientes, en las entrañas del poder.

¿Lo hará el gobierno? ¿Estaría dispuesto a ello? Por supuesto que no. Está en el ADN palaciego el modo de gobernar que ha desplegado desde el 28 de julio del 2021. No va a cambiar si no es para peor. No hay, en consecuencia, nada que dialogar. No tiene sentido y desgastaría una formalidad política que en circunstancias reales de compromiso democrático puede ayudar a salir de una situación de entrampamiento.

Pero aquí la responsabilidad principal de la crisis recae en el Ejecutivo, no en el Congreso. Por el contrario, si éste peca de algo es de obsecuencia, no de obstruccionismo. Es la oposición ideal para un gobierno mediocre y corrupto como el de Castillo. De un diálogo en las alturas entre ambos poderes no va a salir nada bueno mientras el Ejecutivo no corrija sus entuertos.

Se partiría de cero y allí, lo más probable es que resulte un Congreso más opositor y cuya primera tarea deberá ser vacar al presidente por haber cerrado el Congreso inconstitucionalmente, causal contenida en la Carta Magna.

Le puede suceder a Castillo lo mismo que a Vizcarra, quien disolvió un Congreso fastidioso y terminó siendo vacado por el siguiente. Y Castillo juega con fuego por gusto, porque, si no hiciese lo descrito, tiene casi asegurada su permanencia hasta el 2026, con sus propios votos, sumados a los de los congresistas cooptados con malas artes y que se suman al blindaje palaciego.

Lo que podrían ser tres años y medio más de mandato se podrían reducir a uno, si ocurre el escenario detallado, por torpeza de un régimen que solo hace lo que está haciendo porque cree que con ello sube en las encuestas y porque pone un paréntesis en la denuncia constitucional presentada por la Fiscal de la Nación y que compromete al propio presidente en un círculo de corrupción y de delitos penales.