Ha ido perdiendo peso en la agenda inicial maximalista de la protesta el pedido de liberación de Pedro Castillo, no se sabe si por conciencia de su inviabilidad o porque se ha ido produciendo un desapego paulatino de la figura del expresidente.
Lo cierto, sin embargo, es que no es casualidad que el núcleo mayor de la revuelta esté afincado en aquellas regiones donde Castillo obtuvo mayor votación, donde mayor aprobación mantuvo y donde mayor cantidad de gente miró positivamente su intento de golpe de Estado (en Puno, el 52% estuvo de acuerdo con el autogolpe).
Sería bueno recordar el inmenso desastre gubernativo de Castillo, destruyó la tecnocracia estatal en buena parte del aparato público, infiltró de incompetentes sectores claves, y se dedicó al pillaje, que no era menor, ya que en algunos casos hablamos de procesos de contratación medianos y hasta grandes impregnados de intentos de corrupción. El de Castillo fue un gobierno corrupto desde sus inicios.
No generó una sola política pública decente, ninguna institución del Estado mejoró sus estándares durante su corto mandato y, muy por el contrario, fueron devastadas por la incompetencia y corrupción castillista.
Por si fuera poco, terminó su gestión mostrando un talante autoritario (causante principal del deterioro calificativo de la medición del The Economist), al pretender dar un golpe de Estado, cerrando el Congreso, interviniendo todos los poderes del Estado y apresando a funcionarios públicos como la Fiscal de la Nación e, inclusive, periodistas.
Eso fue Castillo. No fue un hombre del pueblo maltratado por las élites dominantes, víctima de esa emboscada, doliente de la obstaculización que le impidió gobernar. Tuvo, más bien, carta libre, todos sus gabinetes obtuvieron la confianza del Congreso, y si no pudo gobernar cabalmente fue por incompetente y corrupto, sin duda el peor gobernante que ha tenido el Perú en las últimas décadas.
Eso es bueno recordarlo, haría bien el gobierno en subrayarlo, lo mismo quienes fueron opositores a su gestión, la derecha mediática y política. No se puede permitir que predomine la narrativa victimizadora de un truhán aterrizado en Palacio por los azares de la política electoral peruana. No se puede soslayar el inmenso daño que Castillo le ha hecho y le sigue haciendo a la democracia peruana, ordenando ahora a sus huestes radicales, que dinamiten la transición constitucional.
