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La toma de San Marcos

El gobierno de Dina Boluarte gana nuevas críticas tras el cuestionable operativo policial en la Universidad San Marcos. Sudaca ha conversado con algunos de los que siguieron de cerca las detenciones en el campus universitario y relatan las irregularidades, maltratos y horas de tensión vividas durante el último sábado.

«No me voy a cansar de llamarlos al buen diálogo», señaló la presidenta Dina Boluarte cuando se dirigió al país la noche del jueves. Las protestas, que no se detuvieron desde el día en que Boluarte asumió la presidencia, habían llegado ese día a su punto más álgido durante la manifestación en Lima, el principal bastión de la exvicepresidenta de Pedro Castillo, que convocó a cientos de peruanos que se trasladaron de diferentes regiones hacia la capital. Sin embargo, esta invocación al diálogo realizada por el gobierno quedó lejos de ser vista por los manifestantes como un pedido sincero tras los hechos ocurridos durante la mañana del sábado. 

Luego de dos días de protestas en Lima, algunas de las delegaciones provenientes de otras regiones se encontraban alojadas en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos gracias a las gestiones de los alumnos de dicha casa de estudios. Pero la calma que se vivía en el campus universitario dicha mañana se vería interrumpida por un inesperado operativo policial que ha puesto en el ojo de la tormenta a las autoridades universitarias, a la policía y al gobierno. 

UN OPERATIVO CUESTIONABLE

Con la ayuda de una tanqueta para derribar la puerta, un numeroso grupo de policías ingresó rápidamente a la institución educativa y se dispusieron a detener a todo aquel que era considerado como parte del grupo de manifestantes. «Han ingresado a la residencia universitaria y han tirado puertas», relata Leslie Flores, estudiante universitaria, sobre lo ocurrido esa mañana y agrega que el objetivo de la policía era buscar «libros y banderolas para decir que somos un grupo terrorista».

«Han maltratado a los compañeros», denuncia la joven estudiante y detalla que incluso «a un compañero lo tuvieron por más de siete horas en su cuarto». En las imágenes, que no tardaron en propagarse en redes sociales, se podía observar a los manifestantes boca abajo tras ser detenidos por la policía y también el caos desatado cuando las fuerzas del orden ingresaron a la residencia universitaria. 

Aunque algunas versiones señalaban que estos inquilinos de San Marcos estaban causando daños en la universidad, Leslie Flores desmiente estas versiones y explica que «los compañeros que han llegado de provincia han pernoctado en los espacios comunes, como las áreas verdes. Para nada han hecho mal uso de la infraestructura». 

«No hubo ningún tema de agresiones», aclara Víctor Ochoa, quien también es estudiante sanmarquino, sobre los rumores de actos violentos de los manifestantes contra el personal de la universidad. «Los que se hospedaron se estaban quedando en la parte de afuera en el pasto en las entradas de las facultades», cuenta ante la versión de daños a la infraestructura universitaria. 

«Es para poder criminalizar la solidaridad que hemos tenido como sanmarquinos», comenta la estudiante Pamela Osorio sobre el proceder de las fuerzas del orden durante el operativo del sábado. Osorio denunica que, además de la violencia con que fueron tratados los manifestantes, la policía «no permitió la entrada de sus abogados». Sobre posibles daños a la universidad, indica que fueron los propios alumnos quienes se encargaron de cuidar que eso no ocurra. “La Federación Universitaria se ha organizado siempre cuidando la infraestructura de la universidad”, explica.

«Hubo una mesa de diálogo hace unos días y se acordó que podían permanecer de manera pacífica respetando la infraestructura y sin atentar contra los bienes de la universidad. Ese acuerdo se estaba cumpliendo. Se había convertido en un espacio para la solidaridad con quienes protestaban», explica Marcel Velázquez Castro, profesor principal de la histórica universidad nacional. 

El docente universitario considera que “se ha actuado con extrema violencia injustificada” contra los manifestantes y estudiantes que se encontraban en el campus en la mañana del sábado. Además, resalta la participación de la rectora, Jeri Ramón, en los hechos que tuvieron lugar la mañana del sábado. “La señora rectora ha dado la luz verde para el ingreso de la policía. Es la responsable del maltrato a la universidad y la humillación de estudiantes y ocupantes de la universidad”, reclama Velázquez.

La presencia de los manifestantes en el campus desató numerosos cuestionamientos sobre el uso que se le estaba dando a una universidad pública. Al respecto, Velázquez Castro señala que “históricamente San Marcos ha sido una universidad vinculada con las luchas del pueblo y muy solidaria. Personalmente lo veo como un acto de solidaridad”. 

“Una abogada ha sido agredida violentamente por la espalda, no se ha permitido el ingreso de abogados y no se ha permitido el ingreso de la fiscalía al inicio. Se ha vejado a las personas detenidas porque se les ha colocado con la cara contra el suelo esposados como si fuesen criminales de suma peligrosidad”, expone Marcel con indignación sobre lo vivido el día sábado por la comunidad universitaria ante un operativo que ve innecesario al tener en cuenta que “la presencia de los manifestantes en la universidad era temporal. No había una vocación de perpetuidad”.

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Natali Durand Guevara también es docente sanmarquina y acudió al campus en la mañana del sábado al ser alertada por sus alumnos que uno de sus compañeros estaba siendo detenido por policías que habían irrumpido en su centro de estudios. “Me comenzaron a escribir porque un alumno había sido detenido al igual que varios estudiantes universitarios en esta entrada de los policías. Cuando fui no dejaban entrar a nadie”, relató a Sudaca.

 

“Empujaban a cualquier persona que se quería acercar”, cuenta Durand sobre las acciones de las fuerzas del orden y explica que tampoco dejaban entrar personal de salud, abogados e incluso a congresistas como Isabel Cortez, Ruth Luque y Sigrid Bazán.  “Como docente debería poder ingresar a mi casa de estudios y no pude”, reclama.

“Estábamos preocupados porque veíamos salir a los buses y no sabíamos a dónde los llevaban”, cuenta Durand Guevara. “La policía no decía nada. No brindaba información”, cuestiona la docente universitaria, que recién pudo conocer el destino de los detenidos al seguir uno de los buses que salió de la universidad y llegó a la sede de la Dirincri.

DERECHOS NEGADOS

Pero la peor parte de la historia para manifestantes y estudiantes no terminaría con lo ocurrido dentro del campus y que denunciaron sus compañeros de estudio y docentes. Tras abandonar la sede universitaria, los detenidos fueron trasladados en buses a la Dirincri. Ahí se dirigió la abogada Renata Bregaglio Lazarte, junto a otros colegas que estaban dispuestos a brindar asistencia legal a los detenidos.

“En la Dirincri se han presentado situaciones complejas”, cuenta la abogada sobre lo que vio en el transcurso del sábado. “Había una señora mayor a quien le subió la presión y se sentía muy mal. Prácticamente no hablaba castellano y se le tuvo todo el día en una silla. La señora estaba descompuesta vomitando. Estuvo en una banca hasta las dos de la mañana”, expone Bregaglio.

“En el piso que yo estaba había una mujer embarazada de dos meses y la señora ha estado sentada todo el día en una silla de madera. Otra mujer estaba muy descompuesta, menstruando y en ningún momento se le ofreció la posibilidad de poder recostarse”, agrega.

Sin embargo, en la sede de Dirincri se vivirían episodios más cuestionables con el paso de las horas. “Las personas detenidas señalaban que la policía los presionó para firmar los documentos”, revela a Sudaca la abogada Bregaglio Lazarte y aclara que entre estos documentos se encontraban constancias de no haber sido maltratados por la policía durante el operativo para detenerlos.

Un episodio que tendría como agravante el hecho de no haber contado con traductores para un importante número de detenido que no hablaba español con fluidez. “Empezaría diciendo que la interpretación de lengua originaria en el marco del sistema de justicia es un derecho. La persona tiene derecho a elegir en qué idioma prefiere comunicarse”, señala Bregaglio.

La abogada también comenta que, cuando se exigía que asistan intérpretes, inicialmente las autoridades señalaban que esto “no era necesario”. “Cuando no había intérprete respondían con sí o no porque no podían formular ideas más complejas y se explayaban muchísimo cuando lo hacían con el intérprete”, cuenta Renata.

Durante la noche del sábado se conocieron documentos con los que se intentaba justificar el accionar de la policía y el trato a los detenidos. Sin embargo, los argumentos, como el hallazgo de pancartas y telas con frases como “no matarás ni con hambre ni con balas”, terminaron por resultar poco convincentes.

 

 

Ante los cuestionamientos de docentes y alumnos de la propia universidad, la Universidad Nacional Mayor de San Marcos publicó un comunicado durante la tarde del domingo rechazando la intervención de la DIRCOTE, cuestionando el trato de la policía a quienes se encontraban en el campus y aclarando que la universidad únicamente había solicitado que se liberen las puertas.

 

Durante la noche del domingo se terminaron de liberar a los casi doscientos detenidos en el operativo del sábado. Sin embargo, este operativo que inicialmente fue celebrado por integrantes del gobierno, como el premier Alberto Otárola, ha tenido un desenlace que deja muy comprometido al Ejecutivo y Policía Nacional del Perú, y parece haber empezado a debilitar la imagen del gobierno en Lima, el que hasta ahora era uno de los puntos de respaldo que le quedaban.

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Dina Boluarte, Universidad San Marcos

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