Las elecciones generales del 2021 encontraban al país en un inusual clima de incertidumbre. Los partidos tradicionales habían perdido credibilidad y la crisis parecía abrirle la puerta a nuevos rostros y fuerzas políticas. La izquierda peruana sabía que, tras haberse erguido como los principales críticos de los partidos protagonistas del descontento popular, podían ilusionarse con la posibilidad de una elección exitosa. Sin embargo, esa oportunidad histórica terminaría con un nuevo quiebre de la izquierda nacional.
UN PACTO NECESARIO
Verónika Mendoza, quien fue candidata presidencial con Frente Amplio en 2016, se mostraba como una de las cartas fuertes de la izquierda. Sin embargo, su agrupación política, Nuevo Perú, no estaba en condiciones de encarar el proceso electoral por su cuenta y requería de un aliado. Juntos Por el Perú, partido que presumía tener una visión progresista y representar a la izquierda moderna, se postulaba como el socio ideal para Nuevo Perú y, finalmente, se terminaría por concretar esta alianza política.
Si bien Nuevo Perú y Juntos Por el Perú parecían estar de acuerdo en los principales puntos de su agenda, el 12 de septiembre del 2020 firmaron un acuerdo político en el cual detallaban varios puntos que le darían solidez al proyecto político que ambas agrupaciones estaban por emprender. Verónika Mendoza y Roberto Sánchez Palomino, presidentes de Nuevo Perú y Juntos Por el Perú, fueron los encargados de firmar este documento.
En el acuerdo que consolidaba esta nueva coalición política se detallaban algunas de las que se convertirían en las principales propuestas que defendería la candidata Verónika Mendoza. Pero, además, se abordaban temas claves como el manejo de los recursos económicos durante la campaña y el destino del dinero correspondiente al financiamiento público que se entrega luego del proceso electoral.
Fue en este punto, el noveno, donde se originaría el conflicto entre estas dos fuerzas de izquierda. Según el acuerdo firmado por Mendoza y Sánchez Palomino, el dinero que recibirían por el financiamiento público se distribuiría de forma equitativa y de común acuerdo entre Juntos Por el Perú y Nuevo Perú.
Este financiamiento público, según detalla la propia ONPE, son «recursos que obtienen del Estado para financiar sus actividades ordinarias y aquellas orientadas a la formación, capacitación e investigación, así como las referidas a la difusión de sus propuestas, planteamientos y programas de gobierno».
Por este concepto, la alianza política de Juntos Por el Perú y Nuevo Perú recibirá el monto de S/ 687 321.48 para el primer semestre del 2023, del mismo modo que ocurrirá durante los cinco años que dura el periodo para que tendrán representación en el Congreso, y fue este el inicio del conflicto en esta historia.
EL DIVORCIO DE LA IZQUIERDA
El inicio del fin de esta coalición política empezó en julio del 2021, según detallaron a Sudaca fuentes que han preferido mantenerse en reserva. Por aquella época, con Pedro Castillo como presidente electo y con Juntos Por el Perú presente con una bancada en el Congreso, el diálogo entre las agrupaciones de Verónika Mendoza y Roberto Sánchez Palomino se quebró y los intentos por mantener vigente el acuerdo firmado en septiembre del 2020 eran ignorados.
En septiembre del 2021, un año después que Roberto Sánchez Palomino y Verónika Mendoza firmaran el acuerdo político, Nuevo Perú le mandaba una carta a la agrupación política del entonces titular del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. Sin embargo, esta nueva invitación para retomar el trabajo conjunto no fue escuchado por Juntos Por el Perú.
Por el contrario, en la interna de Juntos Por el Perú el clima parecía de máxima hostilidad con quienes pocos meses atrás habían sido sus aliados en su intento de llegar a la presidencia del Perú. Ni la bancada que compartían en el hemiciclo y fue producto del trabajo de ambas agrupaciones pudo unirlos para desarrollar una agenda conjunta.
Sudaca accedió a la conversación de un grupo de Whatsapp en el que participa Raúl Del Castillo, quien era el encargado designado por el partido de Sánchez Palomino para implementar el acuerdo firmado en 2020, y en el que se leen frases como “Los de NP (Nuevo Perú) deben morder el polvo de la derrota” y se califica a los integrantes de Nuevo Perú como soberbios.
Fuentes que dialogaron con Sudaca señalaron que una de las razones por las que el partido de Sánchez Palomino habría marcado distancia de Nuevo Perú sería debido a que el exministro de Comercio Exterior y Turismo no se sintió respaldado por la agrupación de Verónika Mendoza cuando, tras la primera vuelta, se encontraba luchando por asegurar un lugar en el Congreso.
No obstante, fuentes confiables señalan que Nuevo Perú, quienes se convirtieron en un aliado importante para la candidatura de Pedro Castillo en la segunda vuelta electoral, incluso respaldaron a Sánchez Palomino para que pueda ser parte del gabinete pese a que Roger Najar, uno de los hombres de confianza de Castillo Terrones, prefería no tenerlo cerca al gobierno que por ese entonces estaba por iniciar funciones. Sudaca intentó comunicarse con Roberto Sánchez Palomino. Sin embargo, hasta el cierre de este informe, el exministro no respondió la invitación para brindar su descargo.
Hoy el adelanto de elecciones parece inevitable. Pero también parece un hecho que, si hay una candidatura de izquierda, difícilmente será con una candidatura que vuelva a unir a las agrupaciones de Roberto Sánchez Palomino y Verónika Mendoza, quienes hasta la fecha no han retomado el diálogo para continuar con los acuerdos que firmaron en 2020.
