[INFORME] La justicia peruana vuelve a mancharse ante una insólita demora para sancionar a una magistrada que mantuvo reuniones con un empresario que, mediante sobornos, buscó torcer sus decisiones a su favor en un caso que involucra una venta fraudulenta y varias reuniones con los involucrados.
Meses atrás, Sudaca dio a conocer los detalles del caso que involucraba al empresario Aniceto Argüelles en los cuales se exponía que el fundador de Industrias Argüelles había reconocido ante la justicia que intentó sobornar a una jueza luego que se complicara su situación legal debido a que su empresa adquirió un terreno de diez mil hectáreas con documentos falsos.
Sin embargo, hasta la fecha y pese a que la propia División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) realizó un cuidadoso seguimiento a las reuniones de Argüelles y sus allegados con esta jueza, la sanción todavía no llega y se despiertan justificadas sospechas y críticas a la justicia.
PRUEBAS CONTUNDENTES
Roxana Becerra Urbina es el nombre de la magistrada que, según la investigación llevada a cabo por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC), se reunió en más de una oportunidad con el empresario Aniceto Argüelles cuando este buscó torcer su decisión a su favor en el caso que lo involucraba.
Los datos que se pudieron recabar en estas investigaciones expusieron que Becerra Urbina se reunía con Argüelles en un restaurante ubicado en el distrito de San Martín de Porres en el año 2019. Pero también sostenía encuentros con una persona identificada como Silvio Muñoz Villanueva, quien fue considerado en este caso como un operador de Aniceto Argüelles.
El tema a tratar en estos encuentros habría sido la compra de terrenos que le pertenecían a la magistrada y su familia por precios inflados, acorde a lo señalado por la propia Fiscalía. Una de estas compras tuvo lugar en noviembre del año 2019 cuando Becerra le vente a una persona cercana a Argüelles las acciones y derechos de un terreno ubicado en Canta por el monto de S/ 533,703.09.
A esta compra le siguió otra en noviembre del 2019 cuando Silvio Muñoz Villanueva adquiere una propiedad que también se ubicaba en Canta y le pertenecía al entorno de la jueza. En el medio, se seguían llevando a cabo nuevos encuentros en el restaurante de San Martín de Porres y en otro local ubicado en el Centro de Lima.
Por este caso de sobornos, que el propio Aniceto Argüelles confesó, el empresario fue condenado. Sin embargo, hasta la fecha, no se podría decir que se encontró justicia en su totalidad debido a que la magistrada Becerra sigue sin recibir sanción por parte de la Junta Nacional de Justicia.
[INFORME] El Ministerio de Justicia tiene como nueva viceministra a una exasesora del congresista José Luna. Valdez Tejada también fue aportante de Podemos Perú y contrató para su despacho a otro exintegrante del partido de Luna Gálvez.
El gobierno de José Jerí parece estar afrontando un inicio marcado por la estabilidad. No sólo ha logrado que un porcentaje considerable de la población le otorgue, tal como reflejan diversas encuestas, un voto de confianza sino que también goza del respaldo de la mayoría de sus antiguos colegas del hemiciclo para conducir los destinos del país hasta el mes de julio del próximo año.
Sin embargo, pese a que esta aprobación inicial marca una importante diferencia con la situación en que vivía a diario el gobierno de Dina Boluarte, la nueva gestión presidencial también parece haber caído en algunos de los vicios de sus predecesores al momento de designar personal para sus ministerios.
Sudaca pudo revisar algunas de las designaciones que se realizaron en estas últimas semanas y se pudo encontrar que el actual gobierno le abrió las puertas a personajes estrechamente vinculados con algunos de los partidos más importantes del Congreso y hasta con la propia Dina Boluarte.
¡QUÉ TAL ASCENSO!
El pasado miércoles 12 de noviembre, en un documento que lleva las firmas del presidente José Jerí y el ministro Walter Martínez, el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos hizo oficial la designación de Shadia Elizabeth Valdez Tejada en el cargo de viceministra de este sector.
Shadia Valdez no era un nombre muy conocido en el ambiente de la política peruana. Sin embargo, sí había estado relacionada con el poder. Nueve días antes de llegar al Ministerio de Justicia, Valdez Tejada presentó su renuncia al Congreso, lugar donde por más de un año fue designada en un cargo de confianza.
Lo extraño de esta designación es que colocó a Shadia Valdez, quien es abogada de profesión, en el cargo de jefa del Área de Servicio de Información, Traducción y Lenguas Originarias. No obstante, su llegada al Legislativo arrastraba una historia todavía más interesante y que involucra a una de las bancadas.
Para las elecciones del año 2021, Shadia Valdez había intentado convertirse en congresista de la mano del partido Podemos Perú. Si bien no lo logró, el partido de José Luna no la dejó de lado y, poco tiempo después, la convirtió en asesora de su despacho donde recibía un sueldo de más de trece mil soles.
Pero esta insistencia por acercar a Valdez Tejada al Congreso, como parlamentaria, jefa o asesora, podría ser una forma de agradecimiento. Una investigación del portal Ojo Público reveló en febrero del 2024 que esta abogada figuraba en la lista de aportantes al partido de José Luna Gálvez.
Cuando se publicó dicha información, Valdez sólo se había desempeñado como asesora del congresista y líder de Podemos, pero meses después se convertiría en jefa de una de las áreas del Congreso y, con el nuevo gobierno de uno de los integrantes del hemiciclo, ha pasado a ocupar el cargo de viceministra.
AL FONDO HAY SITIO
Pero la suerte no sólo parece haberle sonreído a esta exasesora y aportante del partido de José Luna. El lunes 17 de noviembre, a menos de una semana de su designación como viceministra, Valdez Tejada nombró en el cargo de confianza de asesor de su despacho a Celso Alfredo Saavedra Sobrados.
Saavedra Sobrados no sería un desconocido para la nueva viceministra y tampoco para el congresista José Luna. Estos personajes guardan un vínculo desde los tiempos en los que eran parte del partido Solidaridad Nacional, en donde Luna Gálvez se desempeñaba como secretario general y tanto Valdez como Saavedra ocupaban el cargo de regidores durante la gestión de Luis Castañeda Lossio, y la llegada de Valdez al cargo de viceministra también le abrió la puerta a su antiguo colega.
LOS SOBREVIVIENTES DE DINA
Aunque el gobierno de José Jerí intenta proyectar una imagen muy distinta a la de su predecesora, en las designaciones de la gestión actual todavía se pueden encontrar nombre que dieron que hablar en el pasado. Este sería el caso de César Augusto Borda Gonzales, quien la semana pasada fue designado por el ministro de Justicia como director general de la Dirección General de Desarrollo Normativo y Calidad Regulatoria.
Borda Gonzales eran apellidos que habían ocupado las líneas de más de un portal de noticias cuando, durante el año pasado, el portal El Foco lo incluyera en la lista de los costosos asesores en los cuales el gobierno de Boluarte había gastado más de un millón de soles en el primer semestre del 2024.
Pese a que una característica innegable de la presidenta y quienes formaban parte del Ejecutivo fue la falta de aciertos ante las necesidades del Perú, asesores como César Borda habían facturado más de noventa mil soles en pocos meses.
En poco más de un mes de gestión, el presidente Jerí ha logrado una mirada benevolente por parte de la mayoría de peruanos. Sin embargo, si la prioridad en la repartición de cargos la tendrán los conocidos de los congresistas, las falencias del Ejecutivo no tardarán en hacerse más notorias y la historia se podría repetir.
[INFORME] Las labores del Ejército del Perú y la integridad de sus integrantes podría estar en riesgo luego del inexplicable contrato con una empresa para realizarle mantenimiento a sus helicópteros pese a que no contaba con la autorización necesaria.
La vida de los miembros del Ejército del Perú podría estar en riesgo. Pero esta vez no es un enemigo externo ni una guerra la que pone en peligro su integridad. En esta oportunidad, serían los altos mandos del ejército peruano quienes han tomado decisiones tan inexplicables como irresponsables para generar esa alarmante situación.
Como dio a conocer Sudaca en un informe periodístico, el Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE) estuvo a cargo de la elaboración de los documentos en los cuales se establecían los requisitos innegociables para brindar el servicio de reparación mayor de los helicópteros modelo Mi-8MTV-1. Sin embargo, para elaborar estos requerimientos se ignoraron las recomendaciones del propio fabricante y los lineamientos nacionales para estos procedimientos.
En esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a nuevos documentos que exponen en detalle este sospechoso y peligroso accionar por parte del Ejército del Perú que podría poner en riesgo tanto a sus integrantes como las labores que involucran a estas aeronaves cuya vida útil se intentó prolongar.
UN RIESGO ABSURDO
Tal como se relató en el informe publicado la semana pasada, el Ejército del Perú debía recurrir al fabricante y el intermediario designado por este (la empresa National Aviation Service Company) para las labores de mantenimiento mayor de los helicópteros rusos modelo MI-8MTB-1 cuya vida útil se pretendía extender.
Sin embargo, en un inexplicable e imprudente cambio de eventos, el Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE), desempeñando funciones que no le correspondían, elaboró los documentos para la contratación de este servicio dejando de lado los requerimientos que correspondían.
El siguiente evento en esta cadena de decisiones desafortunadas fue la invitación a la empresa Helicentro Perú S.A.C. para una contratación directa. En la siguiente imagen se puede observar la oferta técnica y económica enviada por la empresa Helicentro Perú S.A.C. por el servicio de reparación integral de estos cuatro helicópteros. Según este documento, la inversión en este servicio de mantenimiento mayor superaría los noventa y seis millones de soles.
En este punto es pertinente señalar que si bien Helicentro Perú S.A.C. contaba con autorización por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC), como se había exigido en los términos de referencia del servicio, dicha autorización no era para el mantenimiento de los helicópteros rusos que ahora tendría bajo su responsabilidad.
En los documentos de la Contraloría que Sudaca pudo revisar se puede leer que, como lo indica la propia Dirección General de Aeronáutica Civil, la empresa Helicentro Perú no estaba autorizada para darle mantenimiento a helicópteros de uso militar debido a que la autorización con la que contaban únicamente se aplicaba para aeronaves de uso civil.
El panorama se vuelve más desconcertante al tener en cuenta que, cuando fue consultado concretamente por el caso de Helicentro Perú, la empresa National Aviation Service Company, quienes actúan como intermediarios de la Federación Rusa, aseguró que “no ha delegado atribuciones ni funciones y no ha autorizado ni ha facultado a la empresa Helicentro Perú”.
Esta empresa peruana que tendría a su cargo el mantenimiento necesario para extender la vida útil de estas aeronaves no contaba con tecnologías, boletines o información técnica para mantenimiento y reparación de estos modelos de helicópteros, según lo especificado por el propio fabricante.
Para lograr que esta contratación directa pueda seguir su curso resultó necesario encontrar una justificación y, por ello, se ampararon en el estado de emergencia decretado a raíz de las intensas lluvias que azotaban diversas zonas del país para que este proceso que costaría casi cien millones de soles siga en marcha.
A esto se le suma otro dato alarmante debido a que la empresa Helicentro Perú, como organización de mantenimiento aprobada, no estaba habilitada para llevar a cabo el servicio de peso y balance del helicóptero, una tarea clave para garantizar la seguridad tanto de la aeronave como la de sus tripulantes.
La lista de irregularidades continúa con otro grave descubrimiento. Según la información recopilada por la Contraloría que Sudaca pudo revisar, Helicentro Perú recurrió a los servicios de terceros y, una vez más, se dejó de lado la participación del fabricante. En los documentos se puede leer que el mantenimiento de los extintores y tratamiento anticorrosivo no contó con la presencia de un representante del diseñador de la aeronave tal como estaba estipulado.
Como si lo expuesto hasta ahora fuese poco, a este caso incluso se le sumó un retraso en las fechas pactadas con la empresa Helicentro Perú que, como se establece en los contratos con el Estado, debía culminar en el cobro de una penalidad. Sin embargo, este monto que superaba los ocho millones de soles no fue aplicada.
LOS RESPONSABLES
Por supuesto, esta serie de decisiones desafortunadas han tenido nombre propio. Uno de ellos es el teniente Víctor Guevara Naupari. En su condición de jefe del órgano encargado de la contrataciones del servicio de material de guerra del Ejército fue quien invitó a la empresa Helicentro Perú a participar de la contratación directa pese a que no contaba con la autorización del fabricante.
A Guevara Naupari se le suman Carlos Monsalve y William Lozano, quienes como jefe del departamento de abastecimiento del servicio de material de guerra y jefe del servicio de material de guerra respectivamente emitieron el informe técnico que avalaba la contratación directa con la excusa del estado de emergencia por las lluvias.
En esta lista también figura el nombre de David Ojeda Parra. Según información que la Contraloría pudo constatar, el comandante general del Ejército del Perú había recibido una comunicación en la cual se especificaba que para extender la vida útil de los helicópteros era necesaria la participación del diseñador.
El documento de la Contraloría concluye señalando que esta inversión de casi cien millones de soles no asegura la ampliación de la vida útil de los helicópteros debido a las irregularidades que se observaron en este proceso desde el inicio y también se hace mención a la penalidad que inexplicablemente no se aplicó.
Esta historia marcada por la irresponsabilidad y los peligros a los que quedan expuestos sus integrantes demuestra que, contrario a lo que muchos piensan, quienes más daño le pueden hacer al Ejército del Perú son justamente quienes actualmente están involucrados en su labor diaria.
Se llama Renzo Martín Vassallo Zagal, y prometía transformar el viejo taller de mecánica familiar en un edificio moderno, elegante, rentable. Para los Aquino Deza, propietarios de ese inmueble desde hacía más de cuarenta años, la oferta sonó a oportunidad. Sin embargo, para ellos, como para cientos de familias más, fue el inicio de una pesadilla que aún no termina. Así lo revela una investigación periodística del programa Contra Corriente, quien descubrió una modalidad de estafa hasta en tres modalidades y donde una alimenta a la otra, engañando al mismísimo Estado peruano con este engaño sistemático.
Así comienza la historia de la gran estafa inmobiliaria, una operación que se extendió por toda Lima y tiene como protagonistas a tres hermanos peruanos, dos de ellos nacidos en el Paraguay —Renzo Martín, Franco Alfonso y Arturo Javier Vassallo Zagal— que han construido un imperio ficticio a través de promesas, contratos, redes sociales y un arsenal de apariencias.
Arturo, Renzo y Franco Vassallo Zagal.
Esta es una trágica historia contada por quienes perdieron todo, y que hoy emerge como una de las estafas inmobiliarias más audaces y dolorosas de los últimos años en Lima.
LA CONFIANZA COMO PUERTA DE ENTRADA
Sus víctimas coinciden en señalar que la estrategia de Renzo Vassallo siempre comenzaba igual: cercanía, simpatía, religiosidad y una narrativa de supuesto éxito empresarial que se repetía en TikTok y YouTube, donde aseguraba haber levantado 12 proyectos inmobiliarios en cinco años.
Los testimonios recogidos lo describen como un joven de discurso fluido, confiado, capaz de ganarse la fe de cualquiera en una sola visita. “Nos dijo que era devoto del Señor de los Milagros”, recuerda una de las afectadas. “Eso me dio confianza”, confiesa otra, que más adelante perdería un millón de soles.
El guion de los hermanos Vassallo Zagal estaba preparado: hablar de progreso, de sueños, del futuro. Asegurar que el departamento propio estaba a la vuelta de la esquina. Mostrarse como emprendedores en ascenso, respaldados por la empresa Corporación Revaza y la inmobiliaria Desarrolla Más, marcas que inundaban redes sociales con videos de maquetas digitales y presentaciones impecables. Y así, con esa mezcla de juventud y aparente prosperidad, los Vassallo se presentaban ante familias enteras que solo querían asegurar un techo para sus hijos.
Renzo no actuaba solo. Sus hermanos, Franco y Arturo Javier completaban el trío que llevaría el fraude a niveles inesperados. Tres jóvenes que viajaban por el mundo, publicaban fotos de lujo y celebraban “avances” de construcciones que nunca se iban a ejecutar.
Todo esto mientras captaban dinero de familias que confiaban ciegamente en la palabra del promotor. Para ellos el sueño del departamento propio se ha convertido en una interminable pesadilla de la cual no pueden despertar en medio de una horrible sensación de impunidad.
EL CASO QUE DESTAPÓ EL ENGAÑO
La historia de los Aquino Deza condensa el primer nivel de esta gran estafa. Cuando aceptaron negociar con Renzo Vassallo, acordaron entregar su terreno valorizado en 1 millón 95 mil soles a cambio de ocho inmuebles en el nuevo edificio: tres departamentos, cinco cocheras y dos almacenes. El contrato llevaba la firma de un notario y parecía impecablemente legal. Incluso pidieron un préstamo para entregar el predio saneado, confiando en que recibirían lo prometido en octubre de 2022, dos años y medio después de haber formalizado el trato. Cinco años después, nada de eso ocurrió.
Martha Deza – Raúl Aquino – Terreno en Miraflores.
Mientras la construcción avanzaba lentamente, los acreedores comenzaron a reclamar deudas millonarias. “Corporación Revaza”, la compañía que los hermanos Vassallo Zegal habían inscrito en 2021, con un capital social de apenas mil soles, no podía cubrir los gastos. El edificio terminó siendo rematado, y los nuevos propietarios no reconocieron ningún compromiso previo.Los esposos, que por muchos años vivieron de su taller de mecánica instalado en el terreno que entregaron a los Vassallo, quedaron sin terreno, sin departamentos y sin ahorros. Y, lo más preocupante para ellos y sus descendientes, sin el taller de mecánica que por mucho tiempo fue el sustento de la familia. El daño emocional fue devastador. “Me indignó tanto que me dio un infarto en los dos ojos… pensé en mi vejez”, dice Martha, conteniendo las lágrimas.
Todo lo que habían trabajado en cuatro décadas se fue en cuestión de meses. Hoy se sienten impotentes porque los abogados consultados han descubierto que el edificio que logró construirse en su terreno ya nos les pertenece a las empresas de los hermanos Vassallo Zegal. Otros propietarios, supuestos acreedores que ejecutaron las garantías, ahora desconocen los contratos y los derechos no solo de la pareja que dio el terreno, también de los que adquirieron en planos los departamentos que se construyeron.
III. LA MISMA HISTORIA, OTRA DIRECCIÓN
En Magdalena, en la calle Inclán, otra familia cayó en la misma trampa. Los Suárez entregaron la casa de sus padres a cambio de ocho departamentos. El terreno fue demolido hace tres años, pero la obra nunca comenzó. Los departamentos, aun así, ya estaban completamente vendidos.
Hermanos Suárez – Terreno en Magdalena del Mar.
El patrón se repetía: terreno entregado, casa demolida, promesa de departamentos, venta anticipada, redes sociales inundadas de maquetas, retrasos injustificados, exigencias de paciencia y, finalmente, abandono total.
Marilú Escobar – Venta de departamento en San Miguel.
“La empresa se paralizó”, cuenta Marilú Escobar, una de los afectadas. Lo que nadie sabía entonces era que el proyecto nunca tuvo la intención de avanzar. “Era un contrato criminal”, denuncia la abogada Eloísa Jara, que defiende a algunos de las decenas de agraviados de esta estafa inmobiliaria en serie y millonaria. Según la abogada solo buscaban tener el proyecto armado para atraer a más personas y seguir ruleteando los proyectos en un perverso carrusel que está arrastrando a muchas familias.
EL SEGUNDO NIVEL: LOS PROYECTOS FANTASMA
La estafa no se limitaba a intercambiar terrenos por departamentos inexistentes. También incluía una agresiva campaña de preventas que se extendió por varios distritos. Los hermanos Renzo, Franco y Arturo Vassallo Zagal ofrecían proyectos de lujo a precios accesibles: departamentos desde 9500 soles en preventa al “Affinity” en La Perla; 11 200 soles en la calle Pilcomayo, en Breña; 18 100 soles en Aquarela, Magdalena; 23 000 soles en Inclán Park; 15 000 soles en Zentrico, Pueblo Libre. Siete proyectos distintos, casi todos vendidos al 100% en planos, pero cero con ejecución real. Los depósitos desaparecían. Las oficinas cerraban. Las páginas web se desactivaban. Los teléfonos dejaban de contestar.
Vicente Castillo – Victima de la venta de departamentos fantasmas.
Familia Pum Fernández – Victima de la venta de departamentos fantasmas.Familia Cruz Príncipe – Victima de la venta de departamentos fantasmas.
Cuando las víctimas comenzaron a organizarse y exigir devoluciones, los Vassallo Zagal intentaron maniobras aún más desfachatadas: ofrecer departamentos de otros proyectos, desplazar a propietarios originales, reorganizar supuestas listas de entrega.
El objetivo era siempre el mismo: ganar tiempo, seguir captando dinero y multiplicar la estafa en cadena. El carrusel de estafas les funcionaba.
EL TERCER NIVEL: LA INCURSIÓN EN EL ESTADO
Pero quizás lo más sorprendente —y escandaloso— ocurrió en el tercer nivel de operaciones. Los hermanos Vassallo Zegal no solo engañaron a familias enteras: con el dinero recaudado se lanzaron a licitar con el Estado peruano.
En enero de 2024 inscribieron una nueva empresa: Perú Investment SAC.
Con ella lograron ganar dos licitaciones con Provías Nacional, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones:
FICHA RUC PERU INVESTMENT S.A.C.
Una por 164 millones de soles, para el mejoramiento de carreteras en Celendín, Cajamarca. Y otra por más de 143 millones para la conservación vial de una carretera de penetración que une la provincia de Concepción y Puerto Ocopa en la región Junín (https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/ficha/20608595849).
Más de 300 millones de soles en contratos públicos basados en un espejismo: una solvencia económica falsa, construida con los ahorros que cientos de peruanos habían confiado a una inmobiliaria que nunca tuvo la capacidad real de ejecutar una sola obra (https://apps.osce.gob.pe/perfilprov-ui/ficha/20608595849/contratos).
Las carreteras adjudicadas hoy están abandonadas. Los proveedores denuncian falta de pago de la nueva fachada empresarial de los Vassallo Zegal. Y mientras tanto, estos hermanos, con mucha ambición y pocos escrúpulos, continúan viajando por el mundo, como muestran los registros migratorios obtenidos por esta investigación.
EL ROSTRO HUMANO DE LA ESTAFA
Detrás de los números y documentos hay vidas destrozadas. Personas que confiaron en que un departamento sería el legado para sus hijos. Padres que creyeron haber asegurado su retiro. Familias enteras que vendieron propiedades, pidieron préstamos, hipotecaron terrenos, solo para descubrir que habían sido víctimas de un fraude perfectamente diseñado. Y el propio Ministerio de Transportes y Comunicaciones que firmó contratos, entregó adelantos y también lo estafaron.
Una mujer entregó un millón de soles. Otra familia vendió su casa por 800 mil dólares y quedó con las manos vacías. Los compradores que ingresaron en las preventas perdieron ahorros que les tomó décadas reunir.
Familias estafadas por los hermanos Vassallo Zagal.
Cada uno tiene una historia distinta, pero un sentimiento común: vergüenza, impotencia, rabia. “Nos engañaron completamente”, dicen. “Destruyeron nuestro futuro”, gritan.
VII. LA ESTÉTICA DEL ENGAÑO
La maquinaria de los hermanos Vassallo funcionaba gracias a una fachada cuidadosamente construida. Todo entraba por los ojos:
– Videos profesionales en YouTube.
– TikToks mostrando avances inexistentes.
– Maquetas virtuales, oficinas con pantallas gigantes.
– Publicidad llamativa.
– Ferias inmobiliarias donde prometían entregas en menos de dos años.
Cada detalle contribuía a generar credibilidad.
El discurso era siempre el mismo: modernidad, eficiencia, innovación. Las redes sociales mostraban celebraciones, brindis en edificios que no existían, recorridos por departamentos aún no construidos.
Hermanos Vassallo Zagal.Viaje de los hermanos Vassallo Zagal con el dinero de la estafa.
La realidad era otra: terrenos abandonados, mallas azules cubriendo ruinas, estructuras paralizadas, deudas millonarias con constructoras. Y nuevas empresas o acreedores que aparecen como propietarios de los terrenos o el único edificio que lograron construir en Miraflores porque los Vassallo también incumplieron con pagarles. Es decir, los estafados no tienen de dónde cobrarse lo que les deben.
VIII. LOS AFECTADOS LEVANTAN LA VOZ
El punto de quiebre llegó cuando los afectados, al ver que ningún proyecto avanzaba, comenzaron a investigar por su cuenta. Descubrieron que los números no cuadraban. Las oficinas estaban vacías. Las razones sociales eran múltiples, pero las personas responsables eran siempre las mismas.
Intentaron conciliar, pero la inmobiliaria ofrecía soluciones absurdas: “podemos darle un departamento de otro proyecto”, decían. Pero ese otro proyecto tampoco existía.
Cuando la historia empezó a hacerse pública, Renzo Vassallo prometió dar la cara. “No reconozco ninguna estafa”, dijo en una breve llamada. Nunca volvió a responder.
Desde entonces, tanto él como sus hermanos permanecen en silencio, mientras los afectados acumulan denuncias y exigen justicia.
LO QUE VIENE AHORA
La gran pregunta es: ¿cómo una estafa de esta magnitud pudo operar durante tantos años sin ser detenida? Los documentos muestran un esquema sofisticado, en el que se usaba un proyecto para financiar otro, y así sucesivamente. La técnica no es nueva, pero este clan la perfeccionó al combinarla con la estética digital: redes sociales, marketing, preventas, influencers, promesas, contratos bien escritos.
Hoy, la historia está en manos de abogados, fiscalías y víctimas que se organizan para recuperar, aunque sea, una parte de lo perdido. Pero mientras tanto, los proyectos siguen paralizados, los terrenos siguen abandonados y las familias continúan sin respuestas.
EPÍLOGO: UNA HERIDA ABIERTA
“Renzo… no tenemos nada”, dice Martha Deza de Aquino con voz quebrada. Su frase resume lo que cientos de personas sienten en este momento: que todo su esfuerzo se esfumó en manos de un grupo de jóvenes que supo explotar el sueño más legítimo de cualquier familia: tener su propio hogar.
La estafa de los hermanos Vassallo Zegal no solo es un fraude empresarial. Es una historia de confianza traicionada, proyectos truncos, vidas afectadas y un Estado engañado.
Una historia donde los culpables aún no rinden cuentas, donde las víctimas siguen esperando justicia, y donde cada terreno vacío es un recordatorio del daño causado. Una historia que recién empieza a revelarse. La gran estafa inmobiliaria empieza a descubrirse.
Es de notar que los hermanos Vassallo Zagal contraron a TMF Fiduperú S.A. para que administre los fideicomisos de las obras con el estado que debían ejecutar con su empresa Perú Investment S.A.C. Curiosamente, TMF Fiduperú S.A. es la misma empresa fiduciaria que administra fideicomisos de otros controvertidos personajes, como Wilfredo Oscorima y Agustín Lozano, quienes están involucrados en investigaciones penales por delitos de corrupción, colusión, organización criminal, y lavado de activos.
[INFORME] Dejando de lado las advertencias del propio fabricante y las directivas que ellos mismos establecieron, el Ejército del Perú buscó alargar la vida útil de sus helicópteros recurriendo a proveedores no autorizados.
Aunque el ámbito militar es, para muchos peruanos, la representación del patriotismo y su vocación es considerada una de las mayores muestras de compromiso con el país, las Fuerzas Armadas no han logrado permanecer a salvo de la improvisación e irresponsabilidad que afecta a tantos sectores del país.
En esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a reveladores documentos que exponen graves irregularidades por parte del Ejército del Perú en la contratación de un servicio de mantenimiento a helicópteros militares. Desde labores encargadas a sectores ajeno a esas funciones hasta el desinterés por escuchar las advertencias del fabricante han formado parte de este escandaloso caso.
A QUIEN LE CORRESPONDA
En el mes de mayo del año 2023, el jefe de servicio de material de guerra del Ejército, William Lozano Flores, solicitó a Luis Carranza Vilahur, Comandante General de la Aviación del Ejército, que se elaboren los términos de referencia, un documento clave para los contratos en los cuales se especifican las exigencias del que brinda el servicio y el contratante, para que se realice el mantenimiento de helicópteros. Dicha tarea recaería en el Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE).
Fue en esta instancia cuando ocurrieron las primeras irregularidades. Tal como se señala en el siguiente documento al que Sudaca tuvo acceso, el Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE) tenía entre sus responsabilidades el planificar los requerimientos de insumos, repuestos y otras actividades que involucran lo que se considera como mantenimiento menor de las aeronaves.
Esto no significa otra cosa que la primera gran equivocación en esta historia. Pese a que las actividades de mantenimiento mayor no le correspondían al Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE), el comandante general Carranza Vilahur le encargó al BEMAE elaborar los documentos para la reparación general de cuatro helicópteros militares.
Los problemas no tardaron en aparecer y, aunque en los términos de referencia elaborados por el BEMAE se debía establecer que quien se encargue de este servicio de mantenimiento exhaustivo debía contar con un certificado emitido por el fabricante que los autorice a llevar a cabo dicha labor, esto sería algo que no terminaría ocurriendo.
Incluso, en los documentos que están en poder de la Contraloría, se puede leer que estos helicópteros modelo Mi-8MTV-1 debían recurrir a la National Aviation Service Company para el respectivo servicio de mantenimiento. Esto es señalado por el propio acuerdo de la Federación de Rusia con los estados extranjeros que adquirieron los helicópteros en cuestión.
LA VOZ AUTORIZADA
La propia National Aviation Service Company comunicó en mayo del 2023 al Comandante General del Ejército del Perú, David Ojeda Parra, que ellos eran los autorizados para realizar el servicio de mantenimiento postventa de estos helicópteros de fabricación rusa. Pero, además, aclaran que ninguna empresa peruana ha recibido permiso para llevar a cabo esta labor.
La comunicación proveniente de Rusia incluso va más allá y aclara que los fabricantes de estos helicópteros modelo Mi-8MTV-1 no tienen previsto otorgar permiso, autorización o certificado para que el mantenimiento a empresas peruana o de otros países para que puedan reparaciones o lo que se considera como mantenimiento mayor de los helicópteros.
Pese a estas advertencias realizadas por el propio fabricante y que las directivas nacionales exigen certificación por parte del fabricante, el Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE) decidió ignorarlas y en los términos de referencia para el mantenimiento de los helicópteros se limitó a exigir que quien brinde el servicio cuente con habilitación vigente por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
La decisión final del Batallón Especializado de Mantenimiento Aeronáutico (BEMAE) fue elaborar los términos de referencia para el mantenimiento mayor helicópteros Mi-8MTV-1 ignorando las recomendaciones nacionales e internacionales pese a que este servicio tenía como objetivo lograr que la vida útil de estos helicópteros militares se extienda por ocho años más.
Esta serie de decisiones que se tomaron pese a las contundentes advertencias de los principales involucrados no sólo despiertan dudas sobre las motivaciones detrás de un proceder irresponsable sino que ponen en alerta al personal del Ejército del Perú cuyas vidas podrían estar en riesgo por un trabajo que no se hizo de la manera que correspondía.
[INFORME] Un empresario que fue condenado reconoció haberla sobornado para obtener una sentencia favorable y evidencias conseguidas por la DIVIAC la comprometen seriamente. Sin embargo, hasta la fecha, la jueza Roxana Becerra sigue sin sanción alguna.
En las últimas semanas, Sudaca dio a conocer impactantes detalles sobre el caso de Aniceto Argüelles y su empresa Industrias Argüelles que han expuesto las estrategias que algunos personajes condenados pueden utilizar para intentar evadir los filtros creados para evitar que quienes han incurrido en un delito puedan acceder a contratos con el sector público.
Sin embargo, esta historia tiene más de un protagonista y no todos están respondiendo por sus acciones al margen de la ley. En este informe, Sudaca ha podido enfocarse en la participación de una persona que debería defender la justicia y, por el contrario, estuvo pactando para posicionarse en favor de ciertos intereses.
EL CASO ARGÜELLES
Como se ha contado anteriormente, Aniceto Argüelles fue un nombre que saltó a diversos titulares periodísticos este año cuando confesó, como parte de una estrategia legal que buscaba salvarlo de una condena mayor, que había intentado sobornar a una jueza para que accione en favor de sus intereses.
Este caso que involucraba una documentos falsificados para concretar la venta de terrenos comunales a Industrias Argüelles culminó este año 2025 con el empresario siendo condenado a cuatro años y dos meses de prisión suspendida y obligado a pagar una reparación civil de veinte mil soles.
No obstante, hay una persona más que, por ahora, parece haber escapado de la justicia pese a que tuvo un rol muy comprometido en esta historia y que existen pruebas contundentes sobre su participación en este intento de dejar de lado el objetivo que debería perseguir la justicia y ponerle un precio a su decisión.
MAGISTRADA BECERRA
La protagonista de este capítulo es la jueza Roxana Elizabeth Becerra Urbina, quien se ha venido desempeñando en el Juzgado Mixto de la provincia de Canta, Corte Superior de Justicia de Lima Norte.
Becerra Urbina es la pieza de la historia que, por ahora, había pasado desapercibida en el caso Argüelles. Según fuentes consultadas por Sudaca, el intento de Argüelles por comprar a la justicia encontró en Roxana Becerra a una representante de la justicia dispuesta a colaborar con sus intereses.
Acorde a la confesión del propio Argüelles, el empresario había coordinado con una persona de su entera confianza, que fue identificada como Silvio Muñoz, para que, a cambio de una sentencia favorable, este le compre terrenos que le pertenecían a ella y su familia a precios inflados.
La información que se ha podido conocer expone que la primera compra se produjo en el año 2019 por el monto de S/ 533,703.09. Previamente, la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) pudo hacerle seguimiento a numerosos encuentros en restaurantes entre la jueza Becerra, Argüelles y personas de su círculo de confianza en los cuales se habrían acordado estas compras irregulares.
Sin embargo, pese a que estos hechos tuvieron lugar en el año 2019 y la investigación preparatoria terminó en marzo de este año, hasta la fecha, la jueza Becerra Urbina ha permanecido impune en este caso que la involucra y, recién a finales de septiembre, se ha conocido que la Junta Nacional de Justicia inició una investigación que podría culminar con su destitución.
Una frase conocida en el ambiente de los abogados señala que «nada se parece tanto a la injusticia como la justicia tardía» y que el caso de la magistrada Roxana Becerra permanezca como un asunto pendiente sólo refuerza la sensación que existe una falta de interés por sancionar a aquellos miembros que le ponen la justicia al servicio de quienes más dinero tienen.
[INFORME] Pese a que no lo pudo lograr mediante un proceso electoral, la renuncia de Rafael López Aliaga le permitió a Renzo Reggiardo cumplir su viejo anhelo de ser alcalde de Lima. Sin embargo, en sus primeros días de gestión parece haber priorizado darle trabajo a sus conocidos.
Aunque tiempo atrás había descartado la posibilidad, el deseo de Rafael López Aliaga de llegar a Palacio de Gobierno terminó pesando más y, en las primeras semanas del pasado mes de octubre, el burgomaestre oficializó su salida de la alcaldía para poder enfocarse a tiempo completo en su campaña política con miras a las elecciones del 2026.
Esta salida prematura, aunque podía ser cuestionable, no estaba fuera de lo permitido y, por lo tanto, se sabía que el sillón municipal tenía un sucesor. Esta persona sería Renzo Andrés Reggiardo Barreto, quien se venía desempeñando como teniente alcalde del ahora candidato presidencial de Renovación Popular y había intentado sin éxito llegar a la alcaldía en elecciones pasadas.
Sin embargo, pareciera que, así como Rafael López Aliaga fue severamente cuestionado por sus acciones como alcalde, el nuevo ocupante del Palacio Municipal estaría utilizando su turno para seguir dándole trabajo a personajes de su círculo personal. Sudaca pudo revisar algunas de las primeras designaciones de Reggiardo Barreto como alcalde y encontró algunos nombres interesantes.
SOCIOS DE LA VIDA
Renzo Reggiardo parece haber llegado a la alcaldía de Lima con una agenda propia, aunque esta tendría algunos beneficiados muy particulares. En las últimas semanas del mes pasado, el actual encargado del despacho municipal designó a Juan Carlos Valderrama Cueva como el nuevo presidente del directorio de la Sociedad de Beneficencia de Lima Metropolitana.
Juan Valderrama puede ser un nombre desconocido para la mayoría de peruanos, pero registra un pasado muy cercano al alcalde Reggiardo. Según la información que pudo revisar Sudaca, este personaje, que ha sido una de las primeras designaciones de Reggiardo en su nuevo cargo, estuvo afiliado a Perú Patria Segura, el partido que manejaba el teniente alcalde de López Aliaga.
La cercanía entre Renzo Reggiardo y Juan Carlos Valderrama fue tal que este último no sólo fue un afiliado de su agrupación política sino que también actuó como representante de la asociación Liga Peruana de Lucha Contra el Crimen, la ONG que fundó el actual alcalde de Lima y que también se relaciona con su programa de televisión “Alto al Crimen”.
QUÉ TALES ANTECEDENTES
Con tan sólo unos días en el cargo, más precisamente el 22 de octubre, el nuevo alcalde de Lima designó al vicepresidente del comité directivo del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET). Renzo Reggiardo optó por Pedro Martín Sagástegui Bardales para ocupar dicho cargo.
Esta designación no sería noticia de no ser porque Sagastegui Bardales no es un simple funcionario de la Municipalidad de Lima sino que se trataría de un personaje muy cercano al círculo personal del ahora alcalde Reggiardo. La siguiente imagen se muestra al nuevo vicepresidente del Fondo Metropolitano de Inversiones (INVERMET) compartiendo con el nuevo burgomaestre limeño.
Esta cercanía no sólo le habría permitido acercarse a la actual gestión a cargo de la Municipalidad de Lima sino que podría haber servido para que se pase por alto un grave episodio en el que estuvo involucrado anteriormente Pedro Sagastegui. En junio del año 2023, el portal Lima Gris sacó a la luz un grave caso de atropello y abandono de víctima que tenía como protagonista a la flamante designación hecha por Reggiardo.
En el documento que se expuso, el nombre de Pedro Sagastegui no sólo figura como responsable de haber atropellado y abandonado el lugar del accidente sino que también detalla que este personaje fue condenado a cinco años de pena privativa de la libertad por sus acciones.
Al ser consultado por este caso, Rafael López Aliaga, quien había intentado incluir a Sagastegui Bardales desde el primer día que llegó a la Municipalidad de Lima y también con un cargo en el Fondo Metropolitano de Inversiones, había señalado que esta persona había renunciado al cargo.
Pero esta no fue el único hecho cuestionable que tiene como protagonista a Pedro Martín Sagastegui Bardales. A inicios de año 2024, Sudaca publicó un informe titulado UNA REALIDAD QUE SUPERA LOS HORRORES DE UNA HISTORIA DE TERROR en el cual se detalla el dramático caso de una mujer de más de ochenta años que se vio en la disputa de una propiedad con su hija.
En este caso, Pedro Sagastegui actuó como abogado de esta mujer pese a que existía un evidente conflicto de intereses debido a que su estudio de abogados también estaba representando a la otra parte que estaba en disputa y terminó siendo favorecida. “He estado muchos años confiando en ese abogado Pedro Martín Sagástegui Bardales, pero también fue otro arreglo mafioso”, declaró María Victoria Márquez Alcalde a Sudaca en enero del 2024 y agregó “el estudio del señor Sagastegui, que supuestamente me defendió, me sacó como cincuenta mil soles”.
Sin embargo, con la llegada al poder de Reggiardo Barreto, las puertas de la Municipalidad de Lima se volvieron a abrir para Pedro Sagastegui Bardales. Cabe señalar que, tal como ocurrió en el caso de Valderrama Cueva, Sagastegui también estuvo afiliado a Perú Patria Segura, el partido que le pertenecía al actual alcalde de Lima.
La gestión de Renzo Reggiardo lleva pocos días en funciones. Sin embargo, este tipo de designaciones invita a creer que este paso por la Municipalidad de Lima priorizará a los amigos del burgomaestre en lugar de ir en búsqueda de las personas idóneas para una ciudad de Lima que parece cada vez más distante de esa promesa de ser potencial mundial.
[INFORME] Este año, Aniceto Argüelles reconoció su intento de sobornar a una jueza para que favorezca sus intereses. Sudaca pudo conocer los detalles detrás de su ilícito accionar.
Aunque Industrias Argüelles y su fundador intentaron mediante todas las estrategias posibles ocultar el capítulo más polémico de sus historia para poder seguir participando de millonarias licitaciones públicas, ese reprochable accionar del pasado los sigue persiguiendo y los casos en los que se vieron involucrados siguen en desarrollo.
Sudaca pudo revisar los detalles que figuran en el historial de este caso que, sorprendentemente, sigue esperando que se realice la acusación pese a que la investigación preparatoria culminó en el mes de marzo del presente año y hasta la fecha esto no ha ocurrido.
LA HISTORIA DEL SOBORNO
Para entender este caso es necesario regresar a un hecho que ocurrió aproximadamente diez años atrás cuando Abel Cruz Mosquera Ortiz, quien se desempeñaba como presidente de la Comunidad Campesina de Quipán, recibió una grave acusación por la venta fraudulenta de diez mil hectáreas de terrenos comunales a la empresa de Aniceto Elvis Argüelles Loayza.
En esta venta, que claramente no se había concretado haciendo uso de los procedimientos lícitos, se hizo uso de un acta de asamblea comunal falsificada y fue por ello que Abel Cruz Mosquera Ortiz vio su nombre en una denuncia penal ante el Juzgado Mixto de Canta por la jueza Roxana Becerra.
Al encontrarse ante esta situación, Aniceto Argüelles Loayza intentó ayudar a Mosquera Ortiz en el problema que lo involucraba. Sin embargo, esta ayuda tampoco iría por el camino de lo legal sino que intentaría, como el propio Argüelles confeso, sobornar a la jueza Roxana Becerra para obtener una sentencia favorable.
Los sobornos se terminarían realizando mediante la compra de terrenos que le pertenecían a Becerra a cambio de cifras que estaban muy por encima del precio del mercado y, como se señaló en la sentencia a Argüelles, estas operaciones incluyeron a varias personas que actuaron como testaferros.
LA RUTA DEL DINERO DE ARGÜELLES
El testimonio del propio Aniceto Elvis Argüelles Loayza detalla que la estrategia para sobornar a la jueza involucraba la compra de terrenos que le pertenecían a Becerra y su familia. Por supuesto, estas compras también incluían pagos que evidenciaban un caso de precios muy inflados.
Una de estas compras ocurre en noviembre del año 2019. En aquella oportunidad, Becerra le vente a un familiar de Argüelles acciones y derechos de un terreno ubicado en Canta por el monto de S/ 533,703.09, una cantidad de dinero que la Fiscalía terminaría catalogando como “muy superior al valor real”.
Pero esta no sería la única operación que involucra a Argüelles y su entorno con la jueza Becerra. También durante el mes de noviembre del 2019, Silvio Muñoz Villanueva, quien es considerado en este caso como un operador de Aniceto Argüelles, adquiere una propiedad que también se ubicaba en Canta y le pertenecía al entorno de la jueza.
Estas situaciones fueron descubiertas durante un cuidadoso operativo realizado por la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (DIVIAC) a lo largo de varios meses. En él se descubrió que a finales de abril del 2019 se registró una reunión que tuvo lugar en un restaurante de San Martín de Porres entre la jueza Becerra, una persona cercana a ella identificada como Ricardo Quispe Medrano, Aniceto Argüelles y su operador Silvio Muñoz.
Mientras que, durante julio del mismo año, se llevaron a cabo nuevos encuentros en el mismo restaurante de San Martín de Porres y en otro local ubicado en el Centro de Lima. En esta oportunidad, las reuniones no involucraban directamente a Aniceto Argüelles pero sí a quien fue señalado como su operador, Silvio Muñoz, a la jueza Becerra y a Quispe Medrano.
A ello se le han sumado llamadas a las que tuvieron acceso las autoridades y ponen al descubierto los vínculos entre Becerra y el entorno de Argüelles. Sin embargo, pese a lo contundente de estas pruebas, hasta la fecha no se ha procedido con la acusación correspondiente.
[INFORME] La vapuleada imagen del Congreso de la República ha sufrido un nuevo revés tras las escandalosas imágenes de la congresista Lucinda Vásquez. La noche del domingo, el dominical “Cuarto Poder” sacó a luz material gráfico en el cual se observa que la parlamentaria utiliza a uno de sus asesores para que le corte las uñas de los pies en su despacho parlamentario.
No conforme con ello, Vásquez, quien obtuvo su lugar en el hemiciclo de la mano de Perú Libre, también estaría utilizando a los asesores, cuyos salarios salen del erario público, para que realicen tareas ajenas a la labor parlamentaria, como cocinar en la vivienda de la congresista.
La congresista Lucinda Vásquez fue captada mientras su asesor, identificado como su sobrino nieto, le cortaba las uñas de los pies en su despacho parlamentario. Juristas advierten un posible delito de peculado
“Espero que la Comisión de Ética tome todas las medidas del caso para sancionar a esta congresista. Es una humillación para trabajadores del Congreso ser empleados en este tipo de menesteres”, indicó esta mañana Fernando Rospigliosi ante los medios de comunicación al ser consultado por el caso de su colega. El titular de la Mesa Directiva también catalogó como “repudiable” y “digno de muchas críticas” el accionar de la parlamentaria.
Rospigliosi califica de “repudiable” caso Lucinda Vásquez: Espero que Ética tome las medidas para sancionarhttps://t.co/K1XNWUC0Ae
Por otro lado, el parlamentario Roberto Sánchez, quien integra junto a Lucinda Vásquez la bancada formada por Juntos por el Perú, Voces del Pueblo y el Bloque Magisterial, solicitó que se realice una investigación al respecto para determinar “cuándo y cómo ocurrieron” las situaciones observadas en las imágenes.
No obstante, el congresista catalogó la situación como “indefendible” y, aunque señaló que Vásquez requiere asistencia por un tema relacionado con su salud, indicó que “eso debe mantenerse en el ámbito privado” y no involucrando a quienes trabajan en su despacho debido a que su funciones son otras.
EXTRAÑAS REPERCUSIONES
Otro de los congresistas que se pronunció ante este caso fue Alfredo Azurín, quien pidió que sea sancionada Vásquez por estas acciones. “Tengo vergüenza ajena. Pido disculpas por lo que viene pasando en el Congreso. Tenemos que asumir nuestro perfil como congresistas”, indicó el congresista a Canal N.
Pero el integrante de la bancada de Somos Perú causó sorpresa al pedir que Lucinda Vásquez no sea la única sancionada por la situación que el programa periodístico dio a conocer. El parlamentario Azurín comentó este lunes que los asesores también debían ser sancionados por “permitir que pase eso”.
Con un Congreso cuya aprobación se mantiene en niveles extremadamente bajos, el caso de Lucinda Vásquez ha llevado a que también existas posturas que intentan evitar que las acciones de esta legisladora impacten negativamente en la imagen del Legislativo y todos sus integrantes.
Por ello, mediante sus redes sociales, el congresista Alejandro Muñante señaló que criticar al Congreso por esta situación es “un análisis flojo” y “deliberadamente malintencionado”. El integrante de Renovación Popular también señaló que “la verdadera decadencia” es de la izquierda.
Culpar a todo el Congreso por lo que hace una congresista izquierdista no solo es un análisis flojo, sino deliberadamente malintencionado. Digamos las cosas como son: la verdadera decadencia es de la izquierda hipócrita que dice luchar por los pobres, pero q al final solo los usa https://t.co/8zfZSYu149
Al ser consultada por el equipo periodístico de “Cuarto Poder” por qué razón obligaba a sus asesores a realizar estas labores, la congresista Vásquez negó la imágnes, dijo no poder contestar y, ante la insistencia del periodista, sólo atinó a responder “¿cómo sabe que los obligo”.
