[Música Maestro] A lo largo de nuestras vidas, aprendemos de memoria algunas canciones que no tienen nada que ver con lo que escuchamos en la radio o en la televisión. Son melodías que, de una u otra manera, nos conectan con aspectos específicos de nuestra sensibilidad más íntima y, sin importar la etapa en la que nos encontremos -adolescencia palomilla/rebelde, juventud estudiosa/alienada, adultez (ir)responsable, ancianidad- basta con que sintamos sus primeros acordes para que, en cuestión de segundos, aparezcan imágenes del pasado, sentimientos y emociones que no forman parte de nuestra vida diaria.

La memoria humana, ese mecanismo fascinante, se nutre de una diversidad de estímulos que impactan directamente en nuestros sentidos -olores, sabores, texturas, imágenes, sonidos- y emociones -alegría, tristeza, ilusión, miedo, etc.- de una manera entrecruzada y compleja, que ninguna unidad de almacenamiento digital es capaz de igualar. A través de esa conexión mental y emocional, esas primeras composiciones ingresan a nuestro sistema y se quedan para siempre, en especial las relacionadas a aquellas experiencias que determinan los momentos iniciales de la construcción de nuestras personalidades.

Esas melodías primigenias son, por supuesto, los himnos. Definidos escuetamente por el Diccionario de la Real Academia Española como “composiciones musicales emblemáticas de una colectividad, que las identifica y que une entre sí a quienes las interpretan, que sirven para exaltar a una persona, celebrar una victoria u otro suceso memorable, expresar júbilo o entusiasmo”, los himnos aportan una de serie de aprendizajes múltiples que van del contacto con formas e instrumentos musicales de otras épocas a la experimentación de emociones como la identidad comunitaria y el sentido de pertenencia.

El primer himno que aprendemos es, desde luego, el que identifica a nuestro país de nacimiento. En el caso del Perú, la composición de 1821 de José Bernardo Alcedo (música) y José de la Torre Ugarte (letra) es el primer contacto sonoro que tenemos con la idea de amor a la patria y sus símbolos. Aun cuando no entendiéramos mucho sus versos, todos cantábamos a grito pelado el Himno Nacional del Perú en los patios de nuestros colegios o cada vez que la televisión transmitía los partidos de la selección de fútbol. Y también, cómo no, en todas las actividades relacionadas a las Fiestas Patrias, cada julio.

Como no tengo hijos, ignoro cómo será en estos tiempos tan pobres en cuanto a la formación de la memoria auditiva de los más pequeños. Pero, en mis épocas, algunos colegios enseñaban incluso la letra de la Marcha de Banderas que escribió en 1895, a pedido del presidente Nicolás de Piérola (1839-1913), el compositor y saxofonista filipino José Sabas Libornio (1858-1915). Y luego llegaban las solemnes canciones de iglesia. Cada domingo, esos salmos cantados y esas adaptaciones de canciones populares con letras que hablaban de la Santa Trinidad y sus diversos elementos, dogmas y personajes ingresaban a nuestro repertorio personal y fijaban, por repetición, su lugar en nuestras memorias, del cual resurgen como por arte de magia apenas suenan sus primeras notas, aun cuando hayamos perdido hace tiempo el hábito de ir a la iglesia.

Dependiendo de las actividades a las que se dedica un individuo durante su crecimiento, puede aprender varios himnos. Por ejemplo, para quienes decidieron hacer carrera en la Policía o las Fuerzas Armadas, en cualquiera de sus divisiones/armas, memorizar sus correspondientes loas musicalizadas es tarea obligatoria. En otros casos, los himnos pueden provenir de una colorida diversidad de instituciones, desde los Boy Scouts hasta equipos de fútbol, tunas, clubes departamentales o regionales, sectas religiosas, hermandades y partidos políticos, colegios profesionales y asociaciones civiles. Pero de todos esos no hay ninguno que posea mayor carga nostálgica y emotiva que los himnos escolares, por lo menos para aquellas personas que, como quien esto escribe, han pasado toda su formación básica en una sola institución educativa.

Para quienes fuimos adolescentes entre 1986 y 1990, en Lima, durante el primer alanato y sus desastres económicos y políticos, la época colegial ofrece recuerdos ambiguos. Por un lado, está la absoluta sensación de libertad al no tener más responsabilidades que las de hacer las tareas, comer toda tu comida y llegar a tiempo para jugar con tus amigos o ver tu programa favorito en la televisión local de cuatro canales. Y, por el otro, la incertidumbre provocada por la crisis económica de nuestras casas, el temor a las levas y los atentados terroristas con sus apagones y crípticos ajusticiamientos y, en el caso de quienes estudiábamos en el sector público, las constantes huelgas que extendían hasta el aburrimiento los recreos con esos recesos provocados por un sindicalismo que no entendíamos del todo bien.

Hace una semana, el sábado 24 de agosto, fue el aniversario 77 del Bartolomé Herrera, escuela pública fundada en 1947 durante el gobierno de José Luis Bustamante y Rivero (1945-1948), en la Av. Brasil y que pasó a su local definitivo, en la cuadra once de la sanmiguelina Av. La Marina, cinco años después, cuando fue incluida en el programa de ampliaciones durante el ochenio de Manuel A. Odría (1948-1956), convirtiéndose así en Gran Unidad Escolar (G.U.E.), denominación que mantuvo hasta que el segundo alanato, con más desastres y corruptelas, la convirtió en Institución Educativa Emblemática (I.E.E.), pomposo nombre para justificar un plan de necesarias remodelaciones que fueron coartada de múltiples irregularidades, en su momento investigadas y difundidas profundamente por todos los medios de comunicación. Y, como cada año, la asociación de ex alumnos organizó un almuerzo de camaradería para celebrar el cumpleaños de nuestro entrañable colegio, el Bartolo.

Organizadas por años, las promociones se van reencontrando en medio de risotadas, abrazos y fotos grupales en el amplio patio donde cada lunes hacíamos fila de uno para cantar el himno del colegio. Con el paso de las horas, es difícil escuchar a la orquesta de herrerianos que, sobre el escenario, demuestran enorme destreza para la salsa. En realidad, suenan mucho mejor que las destartaladas orquestas del Callao que destruyen los oídos con sus metales destemplados y sus desafinadísimos coros. De repente, dos notas de trompeta anuncian lo que todos esos señores, con vidas e intereses diferentes, de generaciones distintas, reconocemos de inmediato. Todos nos callamos y nos ponemos de pie. 

“Viril impulso, canción de forja, el herreriano paso escuchad…” dice el verso inicial del himno del Bartolomé Herrera, escrito a mediados de la década de los años cincuenta por José Antonio Lora Olivares (1904-1968), profesor de música y violinista chiclayano durante la gestión del educador Jorge Castro Harrison, quien fuera el primer director del colegio en su etapa de Gran Unidad Escolar. Lora Olivares era hermano menor de un personaje ilustre de la literatura norteña, el poeta y periodista Juan José Lora Olivares, integrante del legendario Grupo Norte, colectivo de intelectuales vanguardistas que incluyó, entre otros, al filósofo Antenor Orrego, al pintor Macedonio de la Torre, al poeta César Vallejo y al político Víctor Raúl Haya de la Torre, fundador del APRA.

Como todas las composiciones de esta naturaleza, se trata de una marcha de estilo militar que contagia entusiasmo y une a la congregación de individuos que la comparten en una catarsis que tiene de orgullo, nostalgia e inocultables deseos de volver a ser niños. Porque, siendo objetivos, los grandes conceptos que contienen generalmente las letras de estos himnos no son necesariamente los que mueven nuestra vida diaria, marcada por el cinismo de la adultez, las responsabilidades, los problemas. Pero esa colección de palabras e ideas positivas adquiere de inmediato un valor especial porque nos hace retroceder en el tiempo, hasta aquella época en que eran cantadas por un coro infantil y adolescente de voces agudas, más atentas a la hora del recreo que al cumplimiento de los mandatos imperativos de grandilocuentes frases que ponen por delante la disciplina, el amor por el estudio y por la patria.

La introducción del Himno Herreriano es una llamada desde la trompeta, que lanza un intervalo de dos tonos y medio en la escala de Fa mayor (Fa) y La sostenido (La#) que se resuelve nuevamente con un Fa mayor en la siguiente octava, da paso al coro y luego prosiguen dos estrofas escritas con una elegante pero sencilla pretensión poética. En líneas generales, todos los himnos se parecen entre sí, por el uso de instrumentaciones portentosas de raigambre europea y letras que tienen como finalidad inflamar los ánimos y generar emociones con esos mensajes que convocan a la defensa de una institución, realzar sus características y filosofías sobre las que basa su funcionamiento y objetivos frente a la comunidad. 

Una curiosidad musical: esas dos notas -Fa mayor y La sostenido- son las mismas que escuchamos en el tradicional toque del minuto de silencio, una melodía simple y sensible denominada Taps que surgió en el siglo XIX, durante la Guerra de Secesión en Estados Unidos (1861-1865), usada comúnmente en ceremonias oficiales, institucionales, deportivas o artísticas masivas para homenajear a personas fallecidas y que, casi cien años después, Jimi Hendrix incorporó en la electrizante interpretación del himno nacional norteamericano, The star-spangled banner (letra de Francis Scott Key, música de John Stafford Smith), que disparó desde su blanca Stratocaster la mañana del 18 de agosto de 1969, en la última jornada del Festival de Woodstock. 

Como he comentado ya en otras oportunidades en este espacio, el Perú no es particularmente cuidadoso en la conservación y sistematización de las obras musicales populares producidas en sus fronteras. Y los himnos escolares no son la excepción. El Himno Herreriano, composición de José Antonio Lora Olivares que identifica a la Institución Educativa Emblemática Bartolomé Herrera, se ha mantenido vigente porque cada promoción del colegio lo ha seguido cantando, en ese mismo patio, todos los lunes desde hace más de setenta años. Como seguramente ocurre con los himnos de miles de otros colegios en el país, si no fuera por la labor anónima de directores y arreglistas de las bandas escolares, profesores de música, alumnos y planas docentes, estas composiciones habrían quedado en el olvido hace mucho. 

Para el almuerzo de camaradería por el 77 aniversario del Bartolo, el sábado pasado, la orquesta de ex alumnos nos sorprendió a todos con un arreglo especial del Himno Herreriano en salsa, casi podría decirse que en latin-jazz, con evoluciones elegantes, solos de percusión y resoluciones muy bien pensadas. Y hace algunos años, un grupo de herrerianos publicó en las redes sociales Facebook y YouTube una simpática versión del himno de nuestro colegio, en ritmo de vals criollo, una demostración de lo que puede llegar a producirse cuando existe un elevado nivel de identificación y cariño por la institución educativa que, con todas sus carencias y altibajos, nos cobijó durante nuestra niñez y adolescencia.

La cultura musical de niños y adolescentes es un importante aspecto dentro de su formación integral que sensibiliza, educa las emociones y amplía las posibilidades de desarrollar la apreciación artística, en el ámbito de lo sonoro. Composiciones orquestales como los himnos escolares cumplen, en ese sentido, una importantísima función exponiendo a los más jóvenes a formas musicales y letras positivas que, al estar ligados a la experiencia escolar, quedarán grabados en sus memorias y servirán de subconsciente contención cuando comiencen a recibir el bombardeo de los géneros populares de moda que solo promueven el aturdimiento y la adicción a ritmos repetitivos y mensajes insulsos. 

Se ha presentado una demanda de amparo contra el Archivo General de la Nación (AGN), el Ministerio de Cultura y el Consorcio Transel. La acción legal tiene como objetivo detener el inminente traslado de valiosos documentos históricos desde la sede del AGN en el Palacio de Justicia a un almacén en el Callao, propiedad del consorcio.

Benjamín Zevallos

El 12 de agosto, la noticia del contrato entre el AGN y el consorcio Transel por más de 12 millones de soles, destinado a realizar un traslado «temporal» de tres a cinco años, despertó alarma entre académicos, historiadores y ciudadanos. La documentación afectada, que incluye registros notariales, expedientes judiciales, y otros documentos de vital importancia para la ciudadanía, está programada para ser trasladada a un depósito ubicado en una zona industrial del Callao.

Es importante mencionar que este material es consultado diariamente por cientos de personas, y su resguardo es esencial para mantener los derechos de propiedad, herencia, nacionalización, entre otros.

La demanda presentada señala que el local al cual se pretende trasladar el archivo no cumple con las condiciones adecuadas para albergar documentos históricos.

Un informe de inspección del Ministerio de Cultura del 21 de mayo de 2024 ya había alertado sobre las deficiencias del espacio, y un informe posterior de la Contraloría General de la República advirtió sobre los riesgos físicos y legales del traslado. Entre estos riesgos, se encuentran irregularidades en la firma del contrato y la falta de saneamiento legal del local, que además está hipotecado por más de 8 millones de dólares.

La demanda de amparo no solo denuncia la falta de condiciones adecuadas para el traslado, sino que también subraya la violación de varios derechos fundamentales reconocidos en la Constitución. Entre estos derechos se encuentran:

  • El Derecho a la Identidad Cultural de la Nación (Artículo 2.19): La pérdida o daño irreparable de estos documentos supondría un golpe notorio para la identidad cultural del Perú.
  • La Conservación del Patrimonio Cultural de la Nación (Artículo 21): Este artículo obliga al Estado a proteger el patrimonio documental, una obligación que, según los demandantes, se estaría incumpliendo con el traslado.
  • El Acceso a la Cultura y la Vida Cultural a través del Patrimonio Documental (Artículo 2.8, 2.17 y 21): Los demandantes argumentan que, de llevarse a cabo el traslado, no hay garantías de que los documentos sean accesibles al público en un futuro cercano, lo que afectaría los derechos de los ciudadanos a consultar archivos vitales para sus derechos civiles.
  • El petitorio de la demanda es claro: exige que se detenga inmediatamente el traslado, se anule el contrato de arrendamiento y se inicien las gestiones para la construcción de una sede definitiva para el AGN, que cumpla con todos los requisitos necesarios para la conservación del patrimonio documental del país.

Los documentos que custodia el Archivo General de la Nación no son solo papeles antiguos almacenados en cajas. Son el testimonio vivo de la historia del Perú, desde los registros notariales que establecen derechos de propiedad hasta los expedientes judiciales que documentan la evolución del sistema legal del país. Este acervo representa la memoria de la nación, un vínculo entre el pasado, el presente y el futuro de todos los peruanos.

Benjamín Zevallos

El traslado de estos documentos a un depósito industrial sin las condiciones adecuadas no es una mera cuestión logística. Es un acto que podría resultar en la pérdida irreversible de información vital sobre la identidad y la historia del país. Como señalan los demandantes, ¿quién en su sano juicio confiaría sus pertenencias más valiosas a un espacio que no cumple con los requisitos mínimos de seguridad y conservación?

Al cierre de este informe, se espera que haya respuestas definitivas sobre el AGN. El Perú se enfrenta a un momento crítico en la preservación de su memoria histórica. La demanda de amparo presentada el 12 de agosto no solo busca detener un traslado que pone en peligro el patrimonio documental del país, sino que también llama la atención sobre la responsabilidad del Estado en la protección de su historia. 

Es imperativo que el Poder Judicial, el Ministerio de Cultura y la ciudadanía en general reconozcan la gravedad de la situación y actúen en consecuencia para asegurar que el patrimonio documental del Perú no solo sea preservado, sino que también sea accesible para las generaciones futuras. En un país donde la historia y la identidad están tan intrínsecamente ligadas, proteger estos documentos es proteger a la nación misma.

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Hernando de Soto, en diálogo con Sudaca, señaló que “no aprobaba la idea de atacarlos y mandarlos al carajo” que han tenido los congresistas de Avanza País con sus adversarios. El economista se refirió a sus polémicas conversaciones son senadores estadounidenses y dio detalles sobre su nueva aventura política con el partido Progresemos.

En 2021 afrontó su primera incursión como candidato presidencial, ¿qué evaluación pudo hacer tras esta experiencia?

En primer lugar, no sólo es importante hacer una buena campaña y larga, cosa que no pude hacer ya que solamente tuve siete semanas de campaña, sino tener un buen equipo que está presente en mesas. Nosotros no lo teníamos y, cuando vino el momento del conteo de votos, no había gente. Salimos segundos, pero nos bajaron. Mi primera experiencia es que no solamente hay que tener un buen programa de gobierno y candidatos sino que también es importante tener un aparato de campaña que esté en mesa para el recuento de votos. 

¿Quiénes fueron los encargados de bajarlo de ese segundo lugar?

Cualquiera de mis contrincantes. Nosotros sabemos que Keiko Fujimori observó casi todas las mesas en las que estábamos. Pero también estaban los otros partidos. Es una vieja práctica, en cualquier país, el tratar de anular los votos de los otros donde uno no ha ganado. 

¿Qué le faltó para convencer a un mayor porcentaje del electorado?

Tomando en cuenta el poco tiempo que tuvimos, creo que cubrimos bastante bien el panorama. No era tanto lo que se decía, porque creo que los argumentos siguen vigentes, sino el hecho que no tuve tiempo de ir a todos los lugares que debía visitar y que el partido no se inscribió en cinco regiones. Esas fueron las mayores faltas. El programa y lo que se dijo estaba claro, pero hemos participado con 20% menos de presencia en el Perú que otros partidos.

¿Por qué no continuó con Avanza País?

No se cumplió con el acuerdo que consistía en que nosotros poníamos todos los candidatos preferenciales y que yo iba a dar una lista con quinientos candidatos que consideraba eran los mejores. Dijeron que las computadoras no habían funcionado y no fueron registrados. Además, había cinco regiones en las que no nos inscribieron por una falla en la campaña. Fue eso y que cuando habían llegado algunos miembros al Congreso dejaron de cumplir con un segundo acuerdo que firmamos, según el cual se creaba una comisión política para que los candidatos que habían llegado al Congreso sean gobernados acorde a los lineamientos acordados anteriormente con los que manejaban Avanza País. No honraron los contratos y yo no era responsable por todo lo que decía el partido ni tampoco tenía una maquinaria que me permitiese gobernar con disciplina en el Congreso.

¿No se siente representado por los congresistas de la bancada de Avanza País?

Definitivamente no. Lo dije claramente hace dos años cuando renuncié. Había nombrado a José Williams como mi representante para liderar la bancada, pero él decidió ir por otro rumbo y ya no había un sentido de identificación con ellos. Entre el partido por un lado con sus deficiencias y el del general Williams que, evidentemente, cambió de parecer en su pertenencia a Avanza País, yo ya no tenía un papel que jugar ahí.

¿Qué opinión tenía de Patricia Chirinos, que ha resultado ser una de las congresistas más controversiales, cuando compartieron partido?

Patricia Chirinos no entró como mi candidata. No se olvide que nosotros éramos dos partes: los que manejaban el partido administrativamente y el grupo que representaba yo y había formado con Miguel Vega. Ella fue candidata de Pedro Cenas y su partido. 

¿Se sentía cómodo con su forma de hacer política?

Nunca tuve la posibilidad de trabajar con ella. Entonces, no hubo un momento para poder decir que yo me sentí cómodo o no. Ni llegué al comienzo de un periodo con Patricia Chirinos. Había un respeto mutuo, pero su posición no fue la de ver cómo capturar o convencer a quien había elegido la mayoría de peruanos que las cosas hay que manejarlas de otra manera de lo que le están diciendo los que lo rodean. El ataque frontal que hizo ella, como otros miembros de Avanza País unidos con Renovación Popular, no me pareció el adecuado. Lo único que hacían con eso era empujarlo a extremos que de repente no eran necesarios. Yo no aprobaba la idea de atacarlos y mandarlos al carajo.

Al haber sido el candidato presidencial y la imagen principal del partido, ¿se siente responsable por el desempeño de la bancada de Avanza País?

Sí, por supuesto. No puedo negar que lo hubiese podido hacer mejor. No pude hacerlo porque me vetaron a trescientos candidatos. Con los que quedaban he podido hacer una mejor labor en el sentido de firmar ciertos compromisos y poner ciertos frenos a la posibilidad que se desviaran de la razón por la que fueron escogidos. De los que yo nombre como candidatos sólo entró una persona, quien es Diana Gonzales. A los otros yo no los escogí. 

¿Era posible convencer a Pedro Castillo de realizar un gobierno distinto al que tuvo?

No tengo la menor idea, pero era algo que había que ensayar. Pude tener una visita suya de media hora cuando estaba en Máncora y no hubo manera de averiguar si era posible hacer esa vuelta. Antes de eso le escribo una carta abierta diciéndole que tenga cuidado con seguir las direcciones del señor Cerrón y, luego que me reuní con él, saqué un comunicado en el que le dije que no le daba mi apoyo. En ningún momento lo apoyé, a diferencia de otros candidatos como López Aliaga, quien sale, justo después de la primera vuelta, y dice que lo respalda y que lo apoyaría en segunda vuelta por ser próvida y profamilia. Yo estaba opuesto al candidato Castillo, pero estaba dispuesto a conversar para ver si le cambiaba la manera de gobernar.

En una entrevista de 2021 dijo que había conversado con los senadores estadounidenses Ted Cruz y Bob Meléndez para que sea Estados Unidos quien determine si Perú tenía un gobierno legítimo, ¿diría que fue un error promover esto que incluso fue rechazado por la embajada norteamericana en nuestro país?

En este momento hay un movimiento en América Latina y el mundo para saber si el señor Maduro debería gobernar o no. Es bastante sencillo cuando se trata de la soberanía y legitimidad de un país, esta siempre es determinada por otros países. Se veía que Castillo estaba yendo contra una serie de normas que el país había suscrito y no las estaba cumpliendo. Lo que yo decía es que, al margen de lo que se puede hacer en el Perú, había que ver qué piensan los países que han contratado con nosotros. Quería mover opinión pública porque muchas de las clausulas básicas que permiten que el Perú pueda recibir más fondos provienen de tratados internacionales. Efectivamente, me llamó la embajadora porque habían salido noticias diciendo que se estaban preparando marines para venir. Pero el hecho que uno moviliza la opinión pública internacional para lograr un objetivo nacional es universal. Hasta el Papa y el Dalai Lama lo hacen. 

¿La situación de Perú era comparable con la de Venezuela?

No es la misma cosa. Yo hablo de las cosas que a mí me preocupaban. No hablaba del proceso electoral sino de los derechos de los peruanos que resultan de tratados internacionales. Cuando el Perú no honra ciertos acuerdos internacionales se le corta toda la ayuda. Eso ocurrió en 1992, hace el golpe el presidente Fujimori y le cortaron todas las fuentes financieras. Quien las reabrió fui yo y moví a los Estados Unidos y la comunidad internacional para que levanten las sanciones a Perú. Esto ocurre todos los días. 

¿Cuáles eran los tratados que incumplía Pedro Castillo y que justificaban a esta interferencia?

No era interferencia sino sanción. Eran doce tratados. Por ejemplo, el tratado sobre la socialización de la globalización. Eran tratados no vinculantes pero recogidos por trece convenios internacionales y todos los tratados bilaterales de inversión, libre comercio, regionales y sectoriales  que había firmado el país. Eso estaban violando y fui a verlo. Si en la prensa no están enterados de esos tratados es porque no están informados, pero yo no estoy desinformado.

¿Entonces por qué no se dieron las sanciones?

Porque yo tengo influencia, pero no mayor influencia. 

¿Qué lo sedujo del partido Progresemos?

Mis equipos conversaron con aproximadamente nueve partidos políticos de los nuevos, porque no queríamos entrar con los que estaban en el Congreso, y el partido de Paul Jaimes fue uno los que más sintonizaban con nosotros. Hicimos un acuerdo muy sólido y en base a ello creo que es la mejor opción. 

¿En qué aspectos lograron sintonizar?

La mayor parte de estos partidos no tienen la cobertura ideológica que tenemos nosotros. Tenemos ideas sobre narcotráfico, minería, agricultura, relaciones internacionales y todo ese tipo de cosas. Entonces nuestro programa es bastante amplio, pero no vimos nada en el animalismo y humanismo de Paul Jaimes que fuese contradictorio a lo nuestro. Nosotros llenamos más volumen. No era tanto que suscribíamos al otro partido sino que más bien ellos suscribían lo que nosotros habíamos predicado. No hubo ningún roce posible.

¿En Progresemos va a tener mayor injerencia en la elección de candidatos al Congreso?

Tenemos unos objetivos muy claros con relación a los congresistas que nos tocarían a nosotros. Estaríamos poniendo la mayoría de candidatos. Pero queremos ser socios leales y por supuesto Paul Jaimes va a estar muy presente en todas nuestras acciones. 

Ha hablado de la posibilidad de formar una alianza con otros partidos, ¿por qué considera necesario integrar una alianza?

Porque en el contexto de un partido, que es lo que aprendimos con Avanza País, uno puede firmar todos los acuerdos que quiera, pero si el partido no honra su palabra entonces es muy difícil hacérsela cumplir por ley. Mientras que, si uno forma una alianza, esta tiene su propia constitución y un compromiso que sí es fácil hacer cumplir por ley. Por eso se necesitan dos o tres partidos. Como estos partidos no tienen trayectoria, el hecho de poder formar alianzas nos va a permitir identificarnos en manera de vida y no necesariamente con el parecer de un solo socio. Por otro lado, es obvio que hay demasiados partidos y se necesitan alianzas. Hay lugares en el mundo, como Estados Unidos e Inglaterra en los que hay dos partidos, pero esos partidos son alianzas.

Sus seguidores lo consideran una persona a la vanguardia de temas económicos, ¿también se considera a la vanguardia así en temas progresistas como el matrimonio igualitario y el derecho al aborto?

Son problemas que son muy divisivos. A la gente no le gustan compromisos de derecho a la vida y derecho a la mujer. No creo que un jefe de estado deba manifestar sus preferencias. Lo que hay que hacer es la participación democrática para ver qué están dispuestos a aceptar los peruanos y no lo que quiero yo. En ese sentido, soy próvida, pero soy una persona que no va a tomar esa decisión solo. 

¿Eso significaría que aplicaría un referéndum sobre el aborto?

No necesariamente. Hay mil maneras de hacer la consulta popular y el debate. Este es un debate que es universal y no hay consensos. Entonces se comienzan a crear por partes y se trata de llegar a la mejor decisión posible. Yo soy próvida, pero no quiero imponer nada porque creo profundamente en que cuando están participando millones en cualquier proceso no hay manera de tener una sola verdad.

¿Considera lo mismo para el matrimonio igualitario?

Creo que ya tenemos la unión civil que parece estar funcionando en varios países del mundo. Se hace lo que la sociedad puede tolerar. Ha habido muchos progresos. Por ejemplo, se acaba de casar Carlos Bruce, parece muy feliz, todo el mundo está publicando su foto con su esposo y se está tolerando esto como no pasaba anteriormente. Pero es porque se va discutiendo y, progresivamente, comenzamos a ver qué funciona y qué no. 

¿No es injusto que, como en el ejemplo que menciona de Carlos Bruce, una persona homosexual tenga que irse a otro país para poder casarse?

Lo ideal sería poder hacerlo en su propio país. Pero si uno tiene un país como el nuestro, que ha votado cuarenta mil normas y es imposible implementarlas, hay una serie de cosas que se tienen que hacer afuera. Un informal es reconocido como productor de minerales en Estados Unidos  y Europa, pero no en el Perú. El problema no es si el Perú estaría de acuerdo o no sino con un Estado que no puede operar y no tiene como averiguar qué es lo correcto. Razón por la cual somos un grupo muy pequeño que trata de ponerse de acuerdo sobre si tiene el señor Bruce derecho a casarse. Pero, evidentemente, entre intelectuales no nos vamos a entender y por eso existe la democracia. Cuando uno se da cuenta que la corriente mayoritaria está a favor de una actitud más amable, por ejemplo, con la homosexualidad, ya lo que digamos nosotros importa muchísimo menos. 

En 2021 fue cuestionado por decir que el conductor de televisión Andrés Hurtado era su asesor y parte importante de su campaña, ¿será parte de su campaña para 2026?

Lo que ocurre es que él nos dio mucho apoyo en su programa de televisión. Él se ocupa mucho de la gente pobre. Me llamó y me dio una serie de datos útiles para comunicarme con una parte de la población y su manera de comprender las cosas con la que yo no estoy familiarizado. Fue muy útil para mí. Cuando dije que era un asesor, no era la mejor palabra. Era un punto de referencia. Cuando viene un conductor de televisión me resulta muy útil recibir su opinión. Él no era parte de la estructura de mi gobierno ni iba a ser congresista. Era una persona que me permitía identificar comportamientos. Yo converso con todo el mundo y uno de ellos es Chibolín.

¿De qué forma le ayudaba a comunicarse con la población?

Me daba datos que eran importantes. Me decía cómo tenía que presentarme en público. Por ejemplo, acabo de estar en puno y se me ha dicho que cuando viene la señora y me pide bailar la agarre con la mano derecha y diga esto, que no diga tal palabra y no hable de la marcha de Puno a Lima porque es mal visto. Es de la misma manera que cuando se solicita una visa para Estados Unidos y le dicen que se ponga un terno y una corbata. Uno necesita buenos consejos. 

La educación y la salud son derechos garantizados por la constitución vigente que, sin embargo, muestran notables falencias al momento de ser accesibles para la mayoría de peruanos, ¿cómo cambiar esto?

La primera cosa es tener un gobierno que administra bien los recursos. Durante el gobierno de Toledo se descentralizó y tenía sentido. Pero cuando Toledo comenzó dijo que lo haría en base a tres pilares. No solamente iba a descentralizar el presupuesto sino que iba a fiscalizar a las regiones para asegurarse que la corrupción que había en Lima no se reproduzca en otras regiones. Además, iba a formar en escuelas a los gobernantes regionales. Es lo mismo que pasó en China, donde contrataron servicios de extensión de los países desarrollados para formar y fiscalizar al margen de descentralizar. Pero lo que ocurrió en tiempos de Toledo es que se quedaron en la primera parte sin formar ni fiscalizar. Nosotros vamos a llevar a cabo esas partes que faltaron.

Hay una corriente política que señala al Estado como el enemigo del ciudadano de a pie, ¿comparte esta visión sobre el rol del Estado?

No soy un anarquista. Creo que la voluntad popular hay que gobernarla. Alguien tiene que administrar el contrato social que nace de un proceso político y eso es el Estado en todas partes del mundo. No conozco un país que no tenga Estado. Lo que ocurre es que hay posiciones libertarias que quieren limitar su acción. Lo que a nadie le gusta es un mal Estado.

Hay momentos históricos que hacen que las naciones requieran de un tipo de gobierno en particular, si alguno de derecha inclinado sobre todo a reforzar la marcha económica o si alguno de izquierda predispuesto más a construir un tejido institucional.

Hoy, el Perú necesita a gritos un régimen de derecha liberal, que ponga especial énfasis en romper el marasmo económico instalado en el país desde el 2011 cuando Ollanta Humala empezó a pervertir las fórmulas de mercado construidas desde la reforma de los 90.

Con ello, el Perú recuperará las tasas de crecimiento que permitieron la generación de una inmensa clase media (por primera vez en su historia el dibujo sociográfico de las clases sociales peruanas era un rombo), disminuir radicalmente la pobreza y aminorar las desigualdades.

De la mano con ello, con ese sostén sociológico prodemocracia, abocarse a hacer lo que los regímenes de la transición no hicieron, que es construir reformas institucionales en salud, educación, seguridad y justicia, pero desde un punto de vista liberal, no de izquierda, ni caviar (por años, la izquierda ha manejado estos sectores y los resultados saltan a la vista: millones en consultorías -que debieran ser investigadas- y cero resultados).

Lo único bueno que se hizo en materia institucional fue la reforma educativa dirigida por Jaime Saavedra, que solo quien no lo conoce puede tildar de izquierdista, caviar o estatista. Hay decenas de estudios de políticas públicas que, desde un punto de vista liberal, proponen fórmulas de arreglo de problemas seculares como la salud y la educación públicas, la justicia y la seguridad.  A ellos y sus tecnócratas hay que acudir.

Anticipo mi voto: lo haré por aquel candidato de derecha liberal que sepa ofrecer un programa de gobierno y un equipo tecnocrático capaz de empezar a hacer estar reformas estructurales desde el primer día. No votaré por la izquierda y mucho menos por la derecha populista y mercantilista que impera, por ejemplo, en el Congreso actual.

Se necesita una refundación republicana, pero rápida y acelerada, no gradual no timorata. La vorágine reformista de los 90 en materia económica debe ser replicada incluyendo en esta ocasión materias de institucionalidad democrática secularmente soslayadas en el Perú y que han generado la justificada irritación popular con el statu quo.

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El apaleo desmedido e injustificado que sufriera a manos de la policía, Lucio Castro Chipana, secretario general del Sutep, a propósito de los justificados reclamos que el gremio sindical está realizando por convenios incumplidos por este gobierno, lo lanza de lleno a la arena política.

Ya de por sí, Castro está registrado como parte del Partido de los Trabajadores y Emprendedores y busca, por ende, afianzar una opción política de izquierda para las elecciones del 2026. No ha tenido mejor lanzamiento que el que el gobierno, torpemente, le ha desplegado por la habitual conducta abusiva de las fuerzas represivas.

La historia política del país está plagada de hechos así, que luego escalan y se convierten en hitos fundacionales de líderes. Desde el manguerazo de Belaunde, el desplante de Alan García a Manuel Ulloa, el propio desempeño del radical y taimado Pedro Castillo en la huelga magisterial del 2017, sirvieron de catalizadores de la opinión pública.

En el caso particular de Lucio Castro, este gesto tiene un componente adicional. Sintoniza perfectamente con la irritación popular que este gobierno genera, que el statu quo produce, y que ya se expresa en diversas circunstancias por arrebatos de furia popular.

La educación y su mejora son un clamor ciudadano. Y el Sutep ha sabido ponerse del lado de la reforma magisterial. Sus reclamos tienen, por ello, una legitimidad mayor porque exige lo que la ciudadanía hace suyo: una mejor educación pública para todos los sectores populares.

En la izquierda ya hay varias candidaturas, pero ninguna tiene la base sindical organizada y galvanizada que tiene Lucio Castro. Más de 350 mil maestros alineados como un puño (se ha logrado derrotar al senderista sindicato de Castillo) son una fuerza política de arranque que permite avizorarle un futuro electoral promisorio.

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En las últimas semanas, los ciudadanos peruanos hemos estado esperando el anuncio presidencial de cuáles serían los ministerios a fusionarse olvidándonos un poco de los verdaderos problemas del país.

Si bien una reforma del ejecutivo es un tema altamente deseable, para un gobierno que se enfila a los últimos meses de su mandato, ésta no pareciera que debería ser una de sus prioridades.

Un reciente estudio de la FAO indica que el 51.7% de los peruanos se encuentra en situación de inseguridad alimentaria grave o moderada. Por otro lado, los niveles de anemia ascienden a 42.8% para la población menor a 36 meses de edad, según el propio MINSA. La primera prioridad de cualquier gobierno debe ser que ningún peruano pase hambre, estar subalimentado o sufrir de anemia.

El país continúa con niveles de inseguridad sin precedentes. Quizá lo más cercano para que los que pintamos algunas canas es la violencia terrorista que se vivió a fines de los 80’s y principios de los 90’s, pero era otro tipo de inseguridad. Estábamos bajo un ataque armado de subversivos que atentaban, sin miramientos y sin escrúpulos, la vida de pacíficos ciudadanos. 

Ahora, son los empresarios, grandes y pequeños, y el ciudadano común, los que son objeto constante de amenazas de bandas de extorsionadores, amenazas que se concretan a través de sicarios, terminando con la vida de quienes, con su sudor, dan empleo a muchos peruanos. La lucha contra la inseguridad ciudadana es otra prioridad, la segunda de la lista.

Sacar una cita para atenderse en algún hospital del estado es casi un imposible y si por mala suerte tienes un accidente, como una rotura de cadera que muchas mujeres adultas mayores sufren con frecuencia, te expones a esperar sentada por horas una cama, sí, sentada con fractura de cadera, y una vez en la cama de emergencia, rogar a que se libere una cama de cuarto, lo cual puede durar varios días. Tercera prioridad.

En marzo pasado, la Contraloría, luego de realizar inspecciones, alertó que en las instituciones educativas públicas (IIEE) existen “deficiencias de infraestructura, carencia de servicios básicos y necesidad de docentes lo que pone en riesgo la salud integridad de los estudiantes y la prestación del servicio educativo” . Si queremos elevar la calidad de la educación de forma integral, esta debería ser la cuarta prioridad.

Una manera de atacar sin piedad la subalimentación y la anemia es contando con un programa que podría llamarse Combo 365 donde a todo niño y niña en edad escolar se le ofrezca desayuno y almuerzo en sus locales escolares TODOS los días del año, incluyendo fines de semana y feriados. Esto implicaría que en paralelo el gobierno se concentre en mejorar de inmediato la infraestructura básica de los colegios.

Tenemos que ser implacables contra la extorsión y el sicariato dotando a la PNP de unidades motorizadas, personal y tecnología de punta, y decidir en conjunto, la mejor estrategia para que los delincuentes, una vez detenidos, no puedan ser fácilmente liberados. Queremos ver un Ministerio del Interior, Poder Judicial Fiscalía y PNP unidos y no en disputas que solo benefician a los malhechores. 

La reforma del nivel de atención de la salud pública lleva años dándole la espalda a los ciudadanos con evidente desidia y desinterés. Es prioritario que se implementen al 100% todos los centros y hospitales a la par que se profesionaliza la administración de los centros de salud para que los médicos se dediquen enteramente a su profesión.

Por último, si bien es plausible el énfasis en desarrollar colegios emblemáticos como las Escuelas Bicentenario, es urgente que TODOS nuestros escolares cuenten con baños con agua limpia, con desagües que encuentren al menos silos bien hechos y mantenidos, con todas las carpetas sillas e implementos para estudiar, y con un local noble donde nuestros escolares puedan soñar con un mañana mejor y tener las herramientas para lograr esos sueños.

Si el gobierno de la presidenta Boluarte se enfoca en estas 4 prioridades, asumiendo que los sectores productivos generadores de ingresos dinamizan la interacción con los respectivos ministerios, podríamos estar viendo no solamente resultados tangibles en cada una de ellas al final de este mandato presidencial, sino también, una mejora en el índice de pobreza multidimensional que toma en cuenta estos factores.

Faltan 23 meses para el cambio de gobierno y menos de 18 meses para la primera vuelta de las elecciones presidenciales del 2026. Siempre se puede repensar en las prioridades y actuar en consecuencia.

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[PIE DERECHO] En lugar de tener a un ministro del Interior arremetiendo en cuanta ocasión se le presenta en contra del Ministerio Público, deberíamos tenerlo abocado a tiempo completo a luchar contra la delincuencia y la criminalidad. Debería ser uno de los ministros a ser cambiado, pero, al parecer, el respaldo con aspavientos que ayer le ha dado la presidenta Boluarte, nos hará tener que soportarlo algunos meses en tan crucial cartera.

La inseguridad es terrible. Porque no se trata tan solo ya de los roba celulares o atracadores al paso. Hay redes de criminalidad organizada que extorsionan pequeños y microempresarios a punta de amenazas y balazos (véase el caso de la empresa de transportes El Chino), generando una profunda retracción de la economía, ya que esa red de millones de peruanos emprendedores pues simplemente deja de invertir por temor a que unos pillos le arrebaten sus ganancias a punta de pistolas.

Si uno tiene un puesto de emoliente y recibe una carta amenazadora, pues, o cierra, o se muda o deja de poner el segundo puesto que tanto anhelaba. Si a la peluquería la amenazan, pues lo propio. Y como hablamos de gente de medianos ingresos, en el peor de los casos se van del país, destruyendo un tejido social empresarial que tanto bien le hace al Perú, como trama de integración ciudadana.

En términos políticos, el daño es aún más grave. Se rompe el contrato social en su cláusula primera, que es la cesión al Estado del uso de la fuerza para combatir el delito. El daño democrático que un estado de indefensión genera es letal y corroe el apoyo a la democracia. Por eso el inmenso desprestigio del que goza en nuestra región (salvo, según el Latinobarómetro, en El Salvador, a pesar del autoritario Bukele que los gobierna).

Y estamos frente a un gobierno al que, literalmente, le importa un comino el tema. No hay un sol de inversión en infraestructura policial, no hay coordinaciones con el Ministerio Público, no hay reorganización seria en curso. Como sin ellos no fuera, olvidando que es su tarea básica y esencial.

Vamos a pagar esa factura. Los candidatos de talante autoritario van a cosechar a manos llenas del statu quo de inseguridad ciudadana, tanto de izquierda como de derecha. Y ello será plena responsabilidad del que, ya hemos dicho, es el peor gobierno republicano que hemos tenido, después del de Pedro Castillo.

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A Dina Boluarte, la primera presidenta del país, le importa poco los derechos de las mujeres. Las brechas de desigualdad que permanecen en el tiempo parecen ser un detalle para su gobierno.

Tal como dijo Simone de Beauvoir, las estructuras de dominación que han sostenido la sumisión de las mujeres se mantienen porque existen cómplices o vigilantes de dicho orden social, entre la misma población oprimida.

Estamos ante una presidenta que no hace nada por las mujeres de este país y tampoco le importa. Por el contrario, se suma a los sectores patriarcales que promueven la precarización de nuestras vidas.

De otra forma, no se explica que solo haya hecho mención a temas relacionados con la igualdad cuando ha tratado de defenderse y colocarse como “víctima”. Más de una vez ha pretendido afirmar que se le ataca por ser mujer.

Pero, ¿qué hizo ella por las niñas Awajún, violentadas sexualmente por años? ¿Qué ha hecho por la lucha contra la violencia de género? ¿Qué ha promovido para superar las brechas de desigualdad? Nada.

Por el contrario, es en este gobierno, completamente deslegitimado, que se está preparando uno de los mayores retrocesos en materia de derechos de las mujeres e igualdad.

El escenario de la fusión o absorción, disfrazado de eficiencia en el Estado, no solo es una amenaza sino una realidad que nos retrocede tres décadas, colocando los servicios de atención a la violencia en riesgo y las políticas de género en el abandono.

Esta medida no solo afectará dramáticamente al MIMP, el cual desaparecerá, quedando cualquier remedo de programa que no podrá impulsar los cambios estructurales que se necesitan para superar la exclusión interseccional en la que viven las mujeres de diferentes edades. También afectará al MIDIS, que tendrá una responsabilidad para la que no fue creado, afianzándose el modelo asistencial que ha prevalecido en el sector.

Estamos ante el fracaso de la idea de desarrollo humano y social. Se deja atrás la prioridad de promover calidad de vida y capacidades para priorizar el asistencialismo, que finalmente favorece una cultura clientelar que le hace mucho daño al país.

El Gobierno de Boluarte no solo afectará a las mujeres, sino a todas las poblaciones en situación de vulnerabilidad. Al desaparecer el MIMP, también se afectará el MIDIS.

Este gobierno, ya en su etapa final y con menos del 5% de aprobación, no solo no tiene la legitimidad para promover una reforma en el Estado, sino que claramente no cuenta con sustento técnico para hacerlo. Lo que están gestionando bajo la mesa no es una estrategia de eficiencia estatal, sino un acuerdo político del cual depende una alianza perversa, corrupta y clientelista.

Las repetidas recomendaciones de expertas y los comités de derechos humanos fueron fortalecer las instancias, los mecanismos y servicios para garantizar igualdad, no desaparecerlos. Erradicar lo avanzado es el peor error, el abismo al que nos lleva un gobierno cuestionado justamente por infringir los derechos humanos y por corrupción.

Los cambios que sabemos se están gestionando se manejan con extremo secretismo. Al punto que la misma titular del MIMP ha expresado que no hay nada definido y ella no tiene información sobre este proceso.

La presidenta tiene la obligación de rendir cuentas a la ciudadanía, por lo que debe pronunciarse con mayor claridad sobre este tema. ¿Será usted la responsable de generar el mayor retroceso en materia de igualdad de las últimas décadas? ¿Será usted la mujer que le quite a todas las mujeres el sector para defensa de sus derechos? ¿Será usted, en un país golpeado por los feminicidios, la violencia sexual, las desapariciones de niñas, la pobreza con rostro de mujer y el desempleo, quien dirija la desaparición del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables?.

Presidenta, deje la falta de transparencia, responda y asuma la responsabilidad de su cargo.

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El 24 de junio de 1969, cientos de campesinos de la costa y de la sierra peruanas tomaron los caminos y las carreteras del país para acompañar al jefe del gobierno militar y hacerle saber que, a partir de ese día, “el patrón ya no comería más de su pobreza”.

Con esa frase absolutamente demagógica, los propietarios de tierras carentes de valor, como las pampas desérticas de Cerro Prieto, en Lambayeque, se acostaron esa noche tan pobres como lo habían hecho durante varias generaciones. 

Y siguieron viviendo en condiciones precarias hasta que alguien decidió invertir en la irrigación de esas tierras eriazas, dándoles valor, capacidad hipotecaria y todo lo que se puede conseguir cuando se tiene dinero.

Conversamos con María Roca, asesora legal de Agrícola Cerro Prieto. 

“En el año 2000, nosotros compramos en licitación pública internacional unas tierras eriazas en el sur de Lambayeque, cerca a la frontera con La Libertad. Firmamos un compromiso de compra-venta, estipulado en un contrato que, además, tiene las características de un contrato-ley. Pagamos por esas tierras y por derechos de agua superficiales y subterráneas. Todas esas tierras eran propiedad del Estado y estaban inscritas en Registros Públicos a nombre del Estado. Antes de esa inscripción no había nada. Absolutamente nada. Entonces invertimos, construimos todo un sistema de conducción de agua, que no es un canal del punto A al punto Z; que está compuesto por canales de derivación, por bombas de inducción, por filtrados, por mangueras, por 14 Ítems que componen el sistema de conducción de agua.

Viviana Rodriguez

El agua viene de la represa Gallito Ciego, baja por el canal, punto denominado TP6, para recibir el agua en el TP6. Yo construí toda esa infraestructura hidráulica, que, como les dije, es un canal que lleva el agua hasta mis tierras; pero no solamente un canal, son una serie de elementos que componen un sistema de conducción hidráulica. Bombas de derivación, canales secundarios, mangueras, una serie de cosas, entonces, eso era de nosotros y nosotros empezamos a trabajar y a sembrar y a exportar. 

En el año 2009, de repente, nos encontramos que se habían borrado los asientos regístrales de dominio de Agrícola Cerro Prieto y todo le pertenecía a una empresa que se llamaba Aspíllaga Anderson Hermanos S.A. Nos encontramos dueños de nada, a pesar de haber comprado, como les repito, en licitación pública internacional, al Estado peruano. No se lo compré a Pedro, se lo compré al Estado peruano, al amparo de la fe registral. Todo estaba registrado a nombre del Estado en los registros públicos. Nos encontramos en 2009 que no éramos dueños de nada y habíamos invertido más o menos entre 200 y 300 millones de dólares en toda la infraestructura hidráulica, oficinas, siembra, ya le digo, exportábamos. Entonces, esta empresa, Aspillaga Anderson Hermanos, que quiero dejar clarísimo, era una empresa que fue declarada en quiebra en el año 1969, mediante el aviso judicial de quiebra que se publica en está en El Peruano, el juez del segundo juzgado civil de lima convoca a los acreedores y ordena la liquidación de la empresa esta empresa, al 2003, estamos hablando de 34 años de absoluta inmovilidad, no tenía empleados, nada, no pagaba impuestos, nada, lo que prueba que había sido liquidada.

Entonces, los hermanos Aspíllaga en 2003 inicia un juicio al Estado pidiendo que le devuelvan las tierras expropiadas en 1989 y no pagadas. El Estado no movió un dedo.  ¿Usted cree que el Estado dijo que Agrícola Cerro Prieto era parte, que le había vendido en licitación pública internacional 5.000 hectáreas de terreno? Mudos, en todos los idiomas de la tierra. Y Aspillaga tampoco dice que había con derechos registrales desde el 2000. Entonces, le devuelven a Aspillaga 29 000 hectáreas supuestamente expropiadas en 1989.  

Y no le expropia 29 mil y pico de hectáreas porque dice que revierten al Estado, precisamente por ser eriazas. Claro, no había nada. Cuando nosotros hemos comprado, eso un arenal, un desierto absoluto. Ellos en 2003 se dan cuenta de lo que habíamos hecho. No sé cómo se borren los asientos registrales del Estado y los nuestros, a pesar de estar protegidos por el artículo 2014 del Código Civil, logran que se borren.  No me pregunte cómo hicieron, porque la verdad es que no me queda, sino que hablar de corrupción. En 2011 logramos la primera sentencia del Tribunal Constitucional que me devolvía las tierras agrícolas. 

El tribunal dice que a Aspillaga Anderson procedieron en mala fe, que le ocultó información, que se le presentó partidas registrales incompletas, entonces la primera sentencia que tiene Cerro Pietro en 2012 ordena que se les devolviera esa tierra. 

Aspillaga hizo todo lo posible para impedir que eso quedara a nuestro favor. Regresamos, al Tribunal Constitucional cinco veces esta es la sexta. Porque ellos han hecho siempre lo posible para quedarse con todo. Por último, ya un día dijeron, no puedo recuperar mi tierra. Entonces, ¿qué hago? Le quito el agua. Que, para una agrícola, quitarle el agua es arruinarlo. Dicen que yo construí el canal en tierras de ellos. No, cuando yo construí el canal, eso no era su tierra. Eso era de Pejeza del Estado. Y a mí, en mi contrato, me permiten construir ese sistema. Toda esa infraestructura de riego que hoy día tengo, 13 reservorios construidos ahí. Con todo se quieren quedar, porque al mismo tiempo que le quitaron sus tierras de Cerro Prieto, recuperaron, acuérdense, 29.000 hectáreas que estaban dentro de esas, las tierras de Cerro Prieto, luego nos devuelven las 6 000 hectáreas. Y después las 2 000 que están en discusión, a los Aspíllaga le quedan 21 000 hectáreas de terreno ¿Usted cree que han hecho algo? No han sembrado ni un guarango, siguen siendo tan eriazas como era en el año 1969 que revirtieron al Estado. 

Hoy día si usted entra al registro público, dice partida cerrada, quiere visualizarla. No tienen un solo empleado, no pagan impuestos, son un cascarón.  Ellos han revivido solo para quedarse con las tierras de Agrícola Cerro Prieto. Esa es la verdad. O sea, solamente quieren el agua. Hoy día Cerro Prieto vale 500 millones de dólares. Entonces no pudieron quedarse con la tierra. Y dijeron, bueno, te quito el agua. Porque quitarte el agua es matarte. 

Hay dos sentencias del Tribunal Constitucional, una dictada en 2014 y otra en 2021. La del 2021 ratifica la del 2014. 

Cuadro comparativo de las sentencias del caso Cerro Prieto y como recogen todas el “área adyacente “

 

Viviana Rodriguez

Viviana Rodriguez

Viviana Rodriguez 

 

Fueron dos tribunales, dos plenos del Tribunal Constitucional conformados por distintas personas. Y le dan la razón a Cerro Prieto. Y esta vez, ¿por qué está eso ahí? Para que el tribunal respete la cosa juzgada. Aspíllaga ya tienen la indemnización, solamente que el Estado no se la paga porque ellos quieren que se la pague a valor de terreno agrícola, cuando ellos no han sembrado nada ahí. Las diferencias son 120 millones de soles entre una y otra. Y siguen insistiendo. Y uno de sus pedidos al tribunal fue ese, que le ordenara al ministerio que le pagara valor de terreno agrícola. Y el tribunal le contestó que esa no era su misión, que su misión era restitutoria y no resarcitoria. Entonces, por eso, cuando dice, no me han pagado un centavo, claro, porque el Estado dice, no, yo te pago valor de terreno, porque ahí, tú no has sembrado nada.  

Y esa controversia se refiere simplemente, el tribunal, en dos oportunidades se has pronunciado ordenando que se indemnice a día por el valor de la tierra que comprende el contrato de establecimiento de servidumbre, el terreno eriazo adyacente entre el canal y la propiedad agrícola Cerro Prieto. ¿Por qué? Porque ahí en ese terreno está toda la infraestructura hidráulica de Cerro Prieto. Reservorios, mangueras, bombas de inducción, todo, todo está en ese terreno.  Yo compré en licitación pública internacional, el señor Azpillaga ha dicho el otro día, licitación con trampa. ¿Qué trampa? Si creen que es con trampa, reclámale al Estado.   

Ellos quieren volver a ser ricos con el trabajo de Cerro Prieto. Y otra cosa terrible, es que se está poniendo en riesgo la estabilidad jurídica del país.  Entonces, no solo es eso, sino que ahora, ¿quién va a venir a invertir? Si sabe que cualquiera va al tribunal y dice, ah, no, es que esto era de mi tatarabuelo, y yo ahora tengo derecho a él, dámelo. Es decir, la estabilidad jurídica se terminó en el país. Las sentencias ya no pasan en calidad de cosas juzgadas, ya no son cosas decididas si el tribunal cambia su decisión. Y yo le digo, el Tribunal Constitucional en su sentencia del 2014, llama la atención de los abogados de Aspillaga por su inconducta profesional y su desacato a las sentencias expedidas por el tribunal. El tribunal se lo dice. Pocas veces el tribunal llama la atención. Esta vez lo ha hecho”.

Viviana Rodríguez
Sentencia donde se ordena incluir el área existente entre el canal y el lote.

La tierra es de quien la trabaja 

Desde que los hombres de ahora éramos niños, y los demagogos crecían como las sombras cuando cae la noche, hemos escuchado decir a los Benavides Correa, Breña Pantoja, Hugo Blanco y Genaro Ledesma que la tierra era de quien la trabajaba, nada de compartirla, de hipotecarla, de venderla, de prendarla o de canjearla. No, de ninguna manera.

Con esa negativa, la tierra no solamente se convierte en un título sin valor alguno, sino que es un lastre para quien la ocupa: más tierra tengo, más obligaciones me agobian.

Por tales razones, la llamada revolución verde es el mayor aporte conceptual al viejo problema de la tierra.

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Agrícola Cerro Pietro, Aspíllaga Anderson, Tribunal Constitucional
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