Una pesquisa me condujo a un libro que, a pesar de su importancia, pasó inadvertido por la crítica de los medios y los streamings culturales. Es un volumen dirigido por la historiadora Claudia Rosas, titulado “Nosotros también somos peruanos”. La marginación en la historia del Perú, siglos XVI a XXI. A lo largo de sus casi 600 páginas y desde distintas perspectivas de la historia cultural, examina asuntos acuciantes y dramáticos de ese enorme mosaico humano y social que es el Perú. 

Un abordaje riguroso y detallado destaca en los artículos, escritos con estilo libre y fluido por la mayoría de sus participantes, entre ellos la propia Claudia Rosas, Nelson Manrique, Jesús Cosamalón, Antonio Zapata, Karen Spalding, Jorge Lossio, Carlos Pardo-Figueroa, María Eugenia Ulfe, el desaparecido Jeffrey Klaiber, entre otros. 

El libro apareció bajo el marco de una valiosa colaboración realizada en 2024 entre los fondos editoriales del Jurado Nacional de Elecciones, que lidera Enrique Hulerig, y de la PUCP, que tiene al frente a Patricia Arévalo. No se puede obviar el apoyo de los archivos fotográficos tanto del MALI como del Centro Bartolomé de las Casas, que cedieron valiosas fotografías (datadas entre 1865 y 1930) que ilustran el volumen. Entre ellas, causa particular asombro la fotografía de una de las sobrevivientes canacas polinesias secuestradas de su isla en 1862 por la Marina mercante peruana para realizar trabajos agrícolas con los culíes chinos, o desempeñar labores domésticas en casonas limeñas (p. 285).

El tema que recorre todo el libro, como bien dicta su título, es el del origen de la marginación en el Perú. Uno de los primeros artículos, “Los justos títulos de la guerra. De Ginés de Sepúlveda a los ppkausas”, Nelson Manrique (p. 67) identifica el comienzo de este fenómeno en la conquista. Ello se hace evidente durante el debate de Valladolid entre Las Casas y Sepúlveda, en el contexto de la formación de una sociedad colonial de castas que, tres siglos después, se consolidaría incluso en el ámbito académico, a través de las posturas racializantes de la República (Herrera, Deústua o Palma), que consagran esta visión de país en permanente estado de eugenesia, balcanizado en grupos cerrados, tal como en su momento sucedió bajo borbones y Austrias. Independencia en lo administrativo, no en la mentalidad.

Siguiendo el hilo de la historia cultural, uno de los ensayos más interesantes es justamente el de Claudia Rosas Lauro, antologadora del volumen, “Vagos, ociosos y malentretenidos. La idea de pobreza en el Perú del siglo XVIII”. Ella advierte (p. 235) que va “a estudiar en primer lugar la visión de la pobreza y los pobres en el discurso ilustrado peruano, identificando a los autores de la élite ilustrada que desarrollaron tanto temas de pobreza, como de vagancia y ociosidad, en función de los valores ilustrados de trabajo, utilidad y orden. (…) nuestras fuentes estarían constituidas por textos escritos por la élite ilustrada peruana, en la que participaron destacados miembros de la burocracia virreinal, de la Iglesia y de la intelectualidad. Estos textos aparecieron publicados en periódicos como el Mercurio Peruano o bajo el formato de libro, como Reforma del Perú [1783]”. 

Sirva aclarar que este último fue escrito por Alonso Carrió de la Vandera (Concolorcorvo) diez años más tarde de la publicación de su picaresca cumbre, El lazarillo de los ciegos caminantes (1773), y que, gracias al ensayo de Rosas Lauro, podemos conocer en una faceta novedosa para el público literario: la del funcionario de Estado. El artículo estudia la aparición del concepto de plebe y la creación de toda una forma de vida, dentro de la élite limeña, gestada en oposición a esa naciente y desconcertante morralla marginal. La sociedad limeña, así, revela que se ha estructurado a partir de un racionalismo que otorgaba valor a las personas según su funcionalidad o su falta de ella. Se crea pues un discurso desde el poder para etiquetar a los sectores sin oficio ni beneficio, lo cual singularmente es objeto de debate desde las páginas del Mercurio Peruano, faro del pensamiento postcolonial y prerrepublicano.

Por último, sin restar méritos a los ensayos de Cosamalón acerca del nacimiento del servicio doméstico en Lima, con ese conocido contrapunto entre africanos e indígenas, o los textos de Spalding, Aguilar y Vergara sobre sectores vulnerables en la Colonia, en particular niños y mujeres, llama la atención el ensayo de Antonio Zapata sobre la gestación de la comunidad y posterior distrito de Villa El Salvador como modelo de ciudad autogestionaria, donde se puedan unir los conceptos de centro de trabajo y pobladodormitorio, ideado como un experimento vecinal desde Sinamos pero pronto llevado adelante por la fuerza viva de los propios trabajadores-vecinos, al punto de que sobreviviese las arremetidas de los gobiernos posteriores a Velasco y lograse consolidarse como un distrito pujante que aún hoy conserva su parque industrial. En suma, un libro pleno de artículos de interés que refuerza enormemente la imagen de una institución como el JNE vista como controversial por algunos, en colaboración con una de las universidades más importantes de América Latina. Es de esperar que,  en vista de los recientes cambios de gestión en el JNE, se mantenga el espacio editorial que se ha convertido ya en referente de la promoción de investigación, reflexión y cultura sobre nuestra democracia e historia política. 

Claudia Rosas Lauro (Editora). “Nosotros también somos peruanos”. La marginación en el Perú, siglos XVI al XXI. Segunda edición. Lima: Jurado Nacional de Elecciones y Fondo Editorial de la PUCP, 2024.

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Ha hecho bien el PPC en suspender la militancia y cancelar la precandidatura de Fernando Cillóniz luego de conocerse que el mencionado era director de las empresas vinculadas a Novonor, el nuevo nombre de la corrupta Odebrecht, en el controvertido proyecto Olmos.

Luego de ello, el propio Cillóniz, quien es un hombre honesto, renunció a seguir haciendo política ratificando que, según su criterio, la empresa se había reinventado y hoy funcionaba con criterios de gobernanza radicalmente distintos y supervisados.

El problema es que en política, y más ahora en el Perú plagado de corrupción que hoy vemos, donde pululan los medianos empresarios corruptos que han reemplazado a las brasileñas y al Club de la Construcción, es menester actuar con inmaculada pulcritud.

Eso se espera no solo del PPC sino de cualquier partido que quiera aspirar a gobernar el país del 2026 en adelante, que haga una purga radical de sus candidatos, que no haya en sus listas prontuariados, abusadores, violadores, denunciados por corrupción, etc. El país va a ver con buenos ojos un partido limpio de toda sospecha capaz de tomar decisiones radicales a la mínima suspicacia o mancha.

La derecha tiene varios desafíos. Ir en alianzas es fundamental, aunque la experiencia indica que la fortuna electoral no le ha solido sonreír a pactos de ese tipo (que yo recuerde solo el APRA-SODE funcionó en 1985). Segundo, establecer un plan de gobierno detallado en aspectos claves, como el de la inseguridad ciudadana. Y tercero, presentar listas impolutas.

Esos tres requisitos son esenciales si se quiere aspirar en serio a competir contra los extremos populistas que desde la izquierda y la derecha quieren cosechar de la desazón ciudadana. Hay espacio para opciones moderadas, democráticas y pluralistas, pero tienen que hacer una tarea especial que los antisistema no están obligados a cumplir porque cosechan de territorios ciudadanosa los que esos aspectos no les interesan.

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En un contexto de creciente preocupación, el Consejo Internacional de Archivos (ICA) y la Asociación Latinoamericana de Archivos (ALA) han alzado la voz sobre la crítica situación del Archivo General de la Nación del Perú (AGN). Este valioso repositorio documental, que ha sido un bastión de la memoria histórica del país durante 163 años, enfrenta la inminente amenaza de desalojo de su sede histórica, ubicada en el Palacio de Justicia.

La posible pérdida de este espacio sin los procesos archivísticos adecuados plantea un grave riesgo para la conservación de sus fondos documentales, que son esenciales no solo para Perú, sino también para el estudio de las relaciones históricas con la Península Ibérica y otros territorios del Pacífico. La urgencia de esta situación se ve reflejada en la creciente inquietud de académicos, archiveros y conservadores de Iberoamérica, quienes reconocen el AGN como un patrimonio cultural invaluable.

El ICA, fundado en 1948 bajo el auspicio de la UNESCO, ha enfatizado la importancia de la preservación y el uso del patrimonio archivístico mundial. En este sentido, instan a las autoridades peruanas a suspender el desalojo y priorizar la construcción de una sede propia y adecuada para el AGN. Esta nueva sede no solo debe ser un espacio físico, sino también un entorno diseñado específicamente para garantizar la conservación y el acceso de investigadores y usuarios a un patrimonio documental de incalculable valor.

A pesar del tiempo transcurrido desde su fundación, la necesidad de contar con un edificio construido especialmente para el AGN es más apremiante que nunca. La construcción de un inmueble adecuado asegurará la protección de sus fondos documentales y facilitará el acceso al público, permitiendo así que las futuras generaciones puedan seguir explorando y comprendiendo su rica herencia cultural.

El Consejo Internacional de Archivos ha manifestado su compromiso de seguir de cerca esta situación y exhorta a las autoridades peruanas a tomar medidas inmediatas. La conservación del patrimonio documental del AGN es una responsabilidad que trasciende fronteras, y su salvaguarda debe ser una prioridad absoluta. La historia del Perú y su legado cultural dependen de decisiones que se tomen ahora para asegurar un futuro sostenible para el Archivo General de la Nación.

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AGN, Ica, Perú

[Agenda País] Hace pocos días, el ministro de Economía y Finanzas (MEF), José Salardi, manifestó que su portafolio está incrementando el objetivo de crecimiento del PBI este 2025 de 3.1% a 4%. También señaló que hará todo lo necesario para respetar la regla fiscal que fija un tope de 2.2% del PBI, así como no endeudar al estado por más del 33% del PBI.

También, recientemente la ministra de Comercio Exterior y Turismo (MINCETUR) expresó que en el 2024 el desempeño de nuestras exportaciones batió récord, con crecimientos en los sectores metalúrgico (+36%), pesquero (+24%), agropecuario (+22%), minero (+16%) y químico (+8%). El sector agro-exportador también estuvo a la altura llegando a US$ 12 784 millones, un incremento de 22,1% en el 2024.

Ambos ministros nos han dado buenas noticias, sin duda, pero, ¿se puede lograr o sobrepasar esos objetivos sin una política de gobierno e instituciones que generen confianza en la ciudadanía y principalmente, en el empresariado y en el emprendedor?

Por muchos años hemos escuchado a los principales actores políticos y a parte de la academia asegurar que la economía debe ir por cuerdas separadas de la política. Bajo esa premisa, no importaría cuánto se desgasten las instituciones en enfrentamientos inútiles, si las políticas públicas son inefectivas, si el gasto público aumenta pero no mejoran los servicios de salud, si el sicariato mata al bodeguero por 50 soles, si se cae un puente que nos lleva al flamante puerto de Chancay o si el acceso al nuevo terminal del aeropuerto Jorge Chavez se hace a través de puentes modulares, como los que se usaron en la segunda guerra mundial.

No. No es suficiente que un entorno internacional sea favorable al Perú con precios récords de oro y cobre, si el precio del petróleo tiene una tendencia decreciente y que a pesar de las turbulencias que siempre ocurren en el planeta, la demanda por nuestros productos agroindustriales continua en alza.

Es más, no nos estamos beneficiando completamente de este ciclo internacional virtuoso para el Perú, que, en circunstancias similares, nos hicieron crecer a tasas mayores al 6% durante el segundo gobierno de Alan García, que si bien, tampoco aprovechó plenamente del entorno mundial de ese entonces, al menos fomentó una política gubernamental que generó confianza para que el sector privado acompañe con inversión y la ciudadanía con gasto en esa coyuntura.

¿Cuánto más podríamos crecer con carreteras modernas, puentes seguros, leyes laborales flexibles, seguridad ciudadana, simplificación administrativa y tributaria que llevaría a una menor corrupción, así como un apoyo decidido a las inversiones mineras sostenibles? ¿Cuántos más turistas podríamos atraer con infraestructura, conectividad y seguridad? 

Estos son temas de política pública que van de la mano con el manejo macroeconómico para aprovechar los ciclos económicos positivos y que, de ser consistentes en el tiempo, aseguran una protección, una amortiguación ante momentos no tan favorables. 

La economía tiene que, necesariamente, ir de la mano con políticas públicas claras y efectivas, con un ejecutivo decidido pero conciliador y con instituciones como el congreso, el ministerio público y el poder judicial, que jueguen en equipo y no llevados por intereses particulares que al final, generan desconfianza en la ciudadanía.

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Congreso, Economía, Exportaciones, MEF, MINCETUR, Perú, Política

El Perú atraviesa una profunda crisis democrática. Parte de esta se refleja no solo en la falta de separación de poderes, sino en el ataque a la pluralidad de voces y a las garantías normativas para que las organizaciones de sociedad civil ejerzan su trabajo de vigilancia y critica frente al gobierno y otros actores del Estado. 

Todo autoritarismo teme a las organizaciones sociales, a la protesta y a cualquier expresión o actor que se atreva a levantar cuestionamientos o críticas al poder.

Deshacerse de las organizaciones que incomodan, es parte del plan de todo gobierno autoritario. Experiencias similares se han vivido en Venezuela y Nicaragua. Hacía dichos modelos si garantías nos están orillando. 

Para lograr el objetivo de anular la critica y seguir afianzando elcampo de impunidad que están construyendo tienen que debilitar el Estado de derecho, además de difamar, potenciar odios autoritarios y patriarcales en la población y poner en riesgo la seguridad jurídica de sus detractores. 

La propuesta normativa de modificación de la Ley del APCI (Agencia Peruana de Cooperación Internacional), que plantea medidas arbitrarias y desproporcionadas busca – precisamente-  generar un contexto de inseguridad jurídica para las ONGs,  allanando el camino para cerrar y censurar a aquellas incómodas a los intereses del gobierno y sus aliados. 

Antes de esta propuesta, el campo fue preparado mediante campañas para deslegitimar el principio de igualdad, y , en general los derechos humanos. Por ejemplo, la campaña “Con Mis hijos no te metas” , que por su llegada a tanta población y nivel de publicidad debe haber tenido una gran inversión; estaba orientada a promover odio y miedo a las defensoras de derechos y las feministas, basándose en la tergiversación de la información. La era de la post verdad. Miente, miente, que algo queda. 

Ahora vemos diversos medios de comunicación y cuentas  deredes sociales que destilan odio contra todo lo que tenga que ver con bienestar. Difaman, inventan y hostilizan. El objetivo es claro, dejar a las organizaciones sociales, especialmente a las de derechos humanos y las feministas como corruptas y nocivas, quedando el escenario político y social libre, para que los reales corruptos sigan haciendo sus negocios y consolidando un país inseguro, machista, individualista y sin ningún tipo de bienestar para la ciudadanía. 

Muchos de los medios que dedican programas enteros  a sacar información sobre el financiamiento a las ONGs como grandes investigaciones, omiten la verdad. La información del financiamiento de las ONGs la tienen porque estas, especialmente las que están hostilizando, tienen una práctica permanente de rendición de cuentas y son transparentes. 

Es decir, obtener el detalle de la vida económica, los balances y las auditorias de las ONGs es fácil. Todo ya está en el APCI. Todo se rinde anualmente. Las organizaciones de sociedad civil no solo rinden cuentas al Estado, a través de los mecanismos ya establecidos, lo hacen a cada fuente cooperante de acuerdo a los formatos y procedimientos internacionales de transparencia. 

Por lo tanto, ¿le tienen miedo las ONGs de derechos humanos y feministas a la fiscalización?. No, por supuesto que no. Estas son fiscalizadas por APCI, por la SUNAT , por SUNAFIL y también por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). 

La oposición a esta norma no tiene que ver con una resistencia a la rendición de cuentas, sino con el rechazo a medidas abusivas y prácticas autoritarias que ponen en mayor riesgo la débil democracia que tenemos, a través de la censura y de la persecución. 

No es gratuito que pocos días la presidenta haya salido públicamente a manifestarse contra las organizaciones y de paso, contra la igualdad. No es casualidad lo poderosa que se siente, como no es casual la protección que tiene del Congreso auncuando su nivel de ilegitimidad alcanza porcentajes vergonzosos. 

A la presidenta y al Congreso les importa más ocupar su tiempo en esta persecución tendenciosa que en actuar contra la inseguridad ciudadana y la criminalidad, la corrupción, los desastres ambientales, la violencia contra las mujeres y niñas, la impunidad y la informalidad en las construcciones del país (que se caen). 

Lo que le importa a este Gobierno y al Congreso, es continuar en el poder y para ello están preparando hace mucho el escenario. Eliminar la oposición es parte. 

Le toca a la ciudadanía, poner un alto y defender la débil democracia que nos queda. 

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NoNosCallarán

El mundo ha tenido muchos cambios, no es una novedad, los países que “ordenan”, el mundo, van gestando nuevas miradas políticas y van transformando las sociedades, los discursos políticos no solo rastrean y miden los beneficios económicos, sino que también comienzan a atribuir algunas debilidades a los comportamientos sociales, que tienen como característica a las diversidades culturales afincadas en las nuevas sociedades, tras grandes movilidades humanas a nivel mundial, se reconfiguran los espacios, y muchas veces los discursos se hermetizan y cargan los problemas a un desorden que no existe. Muy fácil el discurso que ataca y culpa a las migraciones, pues es algo normal y natural.

Somos una sociedad global de consumo, en un mundo acelerado donde es muy necesario aprender a convivir y a tolerar, teniendo la necesidad obligada de ir planteando nuevos enfoques, los países deben comprender que el enfoque intercultural es la base para los futuros crecimientos y desarrollo de sus territorios, por ende, con el enfoque migratorio en segundo orden se afianzan los mecanismos que pueden surgir para cambiar la mirada de lo que nos rodea. El mundo se ha transformado y contribuye a cambiar las percepciones de la sociedad en general y a promover una nueva mirada para atender los efectos del cambio. 

Las sociedades en el mundo ya no son homogéneas como siempre y erróneamente se pensó, es una constante que muchos países comiencen a descubrir que en sus territorios existen bloques culturales muy marcados y que no solo contribuyen económicamente, sino también en lo político y también en lo social.

En el Perú, este tema no es ajeno, nuestro pais está en un momento crucial de ordenamiento social, de convivencia cultural y de la aceptación de una diversidad cultural que traspasó y desbordó en su momento los espacios, pero con el paso de los años, de manera natural se va ordenando poco a poco. El famoso paso del campo a la ciudad, que motivó tantos estudios ha llegado a momentos de “integración de hecho”, donde se puede decir que la nueva cultura popular urbana o cultura peruana, se va armando y sosteniendo en el tiempo. He ahí que el enfoque intercultural, con la definición que aún se va construyendo cae con mayor importancia. La migración interna nos permitió fortalecer la experiencia de que los cambios van de la mano con la integración social. El Perú sabe de eso.

Sumado a este fenómeno social peruano, tenemos hace algunos años, por diversas razones, otro tipo de migración humana, una movilidad que viene del otro lado de nuestro vasto territorio, Latinoamérica se moviliza y ve a nuestro pais como un pais de acogida, como un espacio receptor, hace algunos años nosotros, los peruanos teníamos esa mirada hacia afuera, la seguimos teniendo, pero en menor grado. Lo cierto es que estas nuevas migraciones desde el extranjero, nos obliga también a generar otro enfoque de tratamiento social, del político y de una nueva mirada para los beneficios económicos.  

Considerar estos enfoques y asumirlos pienso que es tarea obligada sobre todo para el Estado quien debería tomar con seriedad el enfoque intercultural y también el enfoque migratorio, poniéndose a la vanguardia, sobre todo a nivel de las instituciones que comandan los cambios sociales. Es necesario que no se piense que la necesidad es solo teórica o académica, sino muy por el contrario, la realidad actual en nuestro país está enfrentando un reto donde ha acogido, de diversas formas, sean las correctas o las erradas un gran contingente de ciudadanos de otros territorios, por ejemplo, el caso venezolano, que como ya se ha dicho vienen a nuestro territorio con todo un bolsón de particularidades culturales. Conocerlos seria provechoso para entenderlos y tolerarlos, ese es un principio básico de la interculturalidad como concepto. Las ciencias sociales, cuya misión no solo es definir la sociedad, sino avizorar los cambios que en ella ocurren, pueden ir advirtiendo que se darán más migraciones, más movilidad humana y se seguirá trastocando la economía, quizás la política y por ende las convivencias sociales. Tema que ya deberíamos ir previniendo. Los cambios en nuestra economía, por ejemplo, el norte chico, Chancay atraerá mucho visitante golondrino y estacionario, con el esperado HUB regional, en otro sentido, crisis económicas en países vecinos generan normalmente fugas poblacionales por pasos irregulares fronterizos, esa es una realidad que se va acercando, no será mucho el tiempo que pase y veamos esta movilidad.

Entonces, es preciso estar claro en que considerarnos un país intercultural, no solo aplica a una sociedad cambiante, sino a todo el conjunto que un país debe manejar, pues considerar el enfoque en estos términos permitiría manejar los mercados internos, evitar los conflictos, atender los programas sociales, generar empleabilidad, sectorizar las atenciones, construir comunidades migrantes, atender a las visitas sin descuidar a nuestra población. Es decir, integrar de manera inteligente y planificada. Es misión repito ya no solo de la academia sino del Estado y más aun de la institución que debe ser el eje del cambio de mirada, el ministerio que dirige y canaliza nuestro concepto de cultura. 

Tenemos un ministerio de Cultura, y uno de sus pilares es atender la interculturalidad, con seriedad trabajemos este enfoque, es vital para seguir armonizando políticas de cambio, no veamos lo intercultural o lo migrante como algo sin importancia. Fortalezcamos la institución de manera seria y que se comience a plantear la real tolerancia y la feliz convivencia. No seamos mediáticos. Somos más que eso.

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Cultura, Estado, Migración

[Tiempo de Millenials]  El papa Francisco padece una “insuficiencia renal inicial leve”, además de la grave enfermedad respiratoria que ha dejado al pontífice de 88 años en estado crítico en un hospital de Roma, dijo el Vaticano el domingo.

El protocolo en caso de defunción

La muerte de un papa es confirmada inmediatamente por el jefe del departamento de salud del Vaticano y el cardenal camarlengo de la Santa Iglesia Romana, quien se convierte en el administrador de facto del Vaticano. Él y otros funcionarios, junto con miembros de la familia del papa, se congregan en la capilla para una ceremonia. 

Tras la ceremonia, el camarlengo redacta un documento que valida el fallecimiento del papa, adjuntando el informe médico. 

El funeral y los cambios del papa Francisco

Desde el siglo XIII, los cuerpos de los papas han estado a la vista pública, embalsamados y colocados sobre un pedestal elevado. El papa Francisco ha eliminado este tipo de velatorio. En su lugar, se celebrará un velatorio público directamente en la basílica de San Pedro, pero su cuerpo permanecerá en el ataúd, que no estará sobre un pedestal elevado. 

El funeral y el entierro del papa deben tener lugar entre cuatro y seis días después de su muerte, y los ritos funerarios en varias iglesias de Roma durarán nueve días.

Los papas anteriores eran colocados en tres ataúdes, uno dentro de otro: uno de ciprés, otro de zinc y otro de olmo. Pero como parte del cambio de reglas del papa Francisco, decretó que sería enterrado en un solo ataúd, de madera y forrado de zinc.

Las nuevas normas también permiten que un papa sea enterrado en una iglesia distinta de la basílica de San Pedro. Francisco ha pedido, en cambio, ser enterrado en la basílica de Santa María la Mayor, una iglesia muy querida para él y que visitaba a menudo para rezar ante una imagen de la Virgen María.

El cónclave

Entre 15 y 20 días después de la muerte del papa, el decano del Colegio Cardenalicio, el cardenal Giovanni Battista Re, de 91 años, convocará a los cardenales en Roma para lo que se conoce como cónclave para elegir al sucesor. 

El periodo entre la muerte de un papa y la elección de uno nuevo se denomina sede vacante. Durante ese tiempo, el Colegio Cardenalicio mantiene la supervisión general de la Iglesia, pero no puede tomar decisiones importantes.

Los cardenales deben prestar juramento de secreto y votar en secreto. Solo pueden votar los cardenales menores de 80 años. 

El humo blanco

Los cardenales votan repetidamente hasta que se alcanza una mayoría de dos tercios. Después de cada votación, sale humo por una chimenea que puede verse desde la Plaza de San Pedro, donde suelen formarse multitudes para observar y esperar. Si una votación termina sin una mayoría de dos tercios, el humo es negro.

Cuando se alcanza una decisión, el humo es blanco.

Dentro del Vaticano, el decano del colegio pregunta al sucesor elegido si acepta el cargo. Tras obtener el sí, el decano le pregunta el nombre con el que desea ser llamado como papa.

En la sacristía de la capilla, el nuevo pontífice se viste con una sotana blanca. Tras saludar a los cardenales, se dirige a un balcón de la basílica de San Pedro, donde un cardenal de alto rango proclama, en latín, Habemus papam o “Tenemos un papa”.

Si algo faltaba para que cuaje el ánimo antiempresarial disruptivo en las elecciones del 2026, lo ha logrado la tragedia del Real Plaza de Trujillo, más aún bajo la consideración de que los centros comerciales en el Perú han reemplazado en el imaginario popular a las plazas de armas, son los centros públicos por excelencia de la vida cívica.

La tragedia del Real Plaza de Trujillo, que ha estremecido al país, puede ser interpretado no solo como una dolorosa cifra de víctimas, sino como un claro síntoma de la decadencia estructural que arrastra a la sociedad peruana. En su trágica magnitud, el colapso de la infraestructura del centro comercial no fue un evento aislado, y se va leer como el reflejo de la inoperancia de un sistema que ha puesto en manos de unos pocos, con intereses particulares, las riendas de una nación sumida en la corrupción, el descuido y la desidia. No es casualidad que, tras esta desgracia, resurjan voces disidentes, de aquellos que se identifican con el malestar popular, con los que no creen ni en el sistema ni en la clase política tradicional.

Lo que estamos presenciando, aunque parezca un fenómeno nuevo, es una manifestación recurrente de una sociedad que, ante la parálisis del Estado, se ve forzada a abrazar el descontento. Así, el accidente ha hecho saltar los cimientos de un sistema que se tambalea y va a empujar a los márgenes a sectores que ven en el caos y la protesta la única vía posible para la reconstrucción de una realidad mejor, aunque parezca utópico.

En este escenario, los candidatos antisistema se presentan como la alternativa que, en su exasperación, halla en el discurso populista y radical una respuesta al clamor de las masas, esas que hastiadas de promesas incumplidas, ven en ellos el último refugio ante el colapso.

Por ello, las elecciones del 2026 no solo serán el escenario de una confrontación política tradicional, sino también la oportunidad para que las ideologías radicales, nutridas por la rabia y el desencanto, den un paso más en su consolidación. No es de extrañar que el desastre de Trujillo se convierta en el caldo de cultivo para el ascenso de aquellos que se alimentan de la frustración popular, ofreciendo, tal vez, soluciones tan efímeras como el propio sistema que pretenden reemplazar.

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[La columna deca(n)dente] En los últimos años, ha ganado fuerza un discurso que promueve la reducción del Estado, argumentando que este es ineficiente y que su intervención limita el desarrollo individual y económico. Sin embargo, detrás de esta retórica anti-Estado, muchas veces se esconde un interés particular: el deseo de ciertos grupos de interés de operar sin regulaciones que frenen su ambición, su influencia y sus ganancias.

Este fenómeno no es nuevo, pero su impacto es cada vez más evidente. En el país, congresistas han impulsado normas que debilitan la capacidad del Estado para fiscalizar y sancionar, bajo la premisa de que la empresa privada es siempre más eficiente, También han propuesto normas, por ejemplo, para que las inspecciones a centros comerciales se realicen cada 10 años, como el proyecto de ley formulado por Maricarmen Alva y Adriana Tudela.

Sin embargo, la realidad ha demostrado que esta falta de control tiene consecuencias devastadoras. Por ejemplo, la tragedia en Trujillo, donde el colapso de un centro comercial dejó seis personas muertas y más de setenta heridas, evidencia lo que ocurre cuando se prioriza la desregulación sobre la seguridad pública. La erosión de los organismos reguladores, en nombre de la «libertad económica», ha permitido que se construyan infraestructuras inseguras, poniendo en riesgo la vida de las personas.

Hemos llegado a esta situación debido a la complicidad de quienes legislan. Muchos congresistas, influenciados por intereses privados, han promovido leyes que reducen la capacidad del Estado para fiscalizar y sancionar. Estas leyes, presentadas como medidas para «simplificar trámites» o «atraer inversiones», terminan siendo un bumerán para la sociedad. Al debilitar los organismos reguladores, se crea un vacío de poder que es aprovechado por aquellos que buscan operar sin rendir cuentas. El resultado es un Estado que no solo pierde su capacidad de proteger a los ciudadanos, sino que también se vuelve cómplice de las injusticias.

La narrativa de que el Estado es siempre ineficiente y la empresa privada siempre virtuosa ha calado hondo, pero es una simplificación peligrosa. Si bien es cierto que el Estado puede ser burocrático y lento, su papel como regulador y garante del bien común es insustituible. La desregulación no es sinónimo de progreso; en muchos casos, es la puerta de entrada a la impunidad y la desigualdad.

En este contexto, es urgente repensar el rol del Estado. No se trata de defender un aparato estatal obeso y autoritario, sino de garantizar que este cumpla su función esencial: proteger a los ciudadanos y asegurar que las reglas del juego sean respetadas por todos. Para ello, es necesario que los congresistas prioricen el interés público sobre los intereses privados, aunque hoy suene utópico, y que fortalezcan, en lugar de debilitar, las instituciones encargadas de la fiscalización. Solo así podremos evitar que más tragedias, como la de Trujillo, se repitan. El Estado no es perfecto, pero su desmantelamiento no es la solución; es, más bien, el problema.

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