El embarazo infantil es una forma de violencia que pone en grave riesgo la salud física y mental de las víctimas. En el Perú, miles de niñas, adolescentes y mujeres son forzadas a enfrentar embarazos no deseados como consecuencia de una violación sexual, exponiéndolas a sufrimientos equiparables a la tortura.
Desde 2023 hasta la fecha, 2,554 niñas menores de 14 años han sido obligadas a continuar con gestaciones producto de la violencia. A pesar de las alarmantes cifras, el Estado no ha implementado medidas suficientes para prevenir tanto la violencia sexual como la desprotección en la que quedan las víctimas de este crimen.
El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y el Comité de los derechos del niño (CDN), ha instado al Estado peruano a tomar medidas urgentes para proteger a esta población, incluida la despenalización del aborto en casos de violación sexual. Sin embargo, a pesar de algunos avances, se presentan retrocesos peligrosos, especialmente en lo que respecta al aborto terapéutico, un derecho reconocido por el Código Penal desde 1924, pero que no siempre se garantiza en la práctica.
Una niña de 13 años violentada que intentó suicidarse quedó atrapada entre el conservadurismo y la indolencia. LC necesitaba una operación con urgencia para evitar más daños en su salud, pero la operación no podían realizarla porque estaba gestando. Su madre solicitó la interrupción terapéutica del embarazo, pero esta le fue negada. LC quedó parapléjica para siempre.
Otra niña de 13 años, Camila, quien quedó embarazada producto de los constantes ataques sexuales de su padre, sufría dolores físicos y crisis emocionales. La madre solicitó el aborto terapéutico y este le fue negado. Posteriormente perdió naturalmente la gestación y fue criminalizada por autoaborto. Extendiendo con ello su sufrimiento y el de su madre.
Ambos son casos emblemáticos por haber sido litigados en instancias internacionales y encontrar al Estado Peruano responsable de la vulneración de derechos a estas niñas.
A pesar de esta realidad, las cifras de miles de niñas en situaciones similares parecen no importar a las autoridades actuales. Ni al Ejecutivo ni al Legislativo. Por el contrario, se viene hostilizando a los médicos y presionando para retroceder en la implementación de este derecho. Las autoridades niegan o pretenden desconocer que una gestación en una niña menor de 14 años pone en gravísimo riesgo su salud física y por supuesto la mental.
De hecho, las cifras de mortalidad de materna son mayores en esta población, pues sus cuerpos no están preparados para una gestación. Obligarlas es un acto cruel y muchas veces un asesinato. El año pasado, una niña de 13 años falleció durante el parto. Responsables todos.
El aborto terapéutico es un derecho humano, y negárselo a las niñas violentadas sexualmente es vulnerar su integridad. El Congreso de la República debe cumplir su rol de fiscalización, pero no debe usar esta facultad para amedrentar y hostilizar a quienes en cumplimiento de su función defienden los derechos y la salud de las niñas.
Lamentablemente el rol del Ministerio de Salud es indolente. Por ejemplo, se conoce que altos funcionarios del MINSA, están presionando a las autoridades del Instituto Nacional Materno Perinatal para que cambien la Guía de práctica clínica y de procedimiento para la atención del aborto terapéutico, aprobada en el 2024 y que busca clarificar la Guía Nacional aprobada en el 2014.
Es decir, las autoridades indolentes frente a la realidad y solo preocupados por sus alianzas y negociaciones políticas, plantean retrocesos que no les afectan, pero que si precarizan y ponen en riesgo la vida de cientos de pequeñas que tienen que sufrir su irresponsabilidad y ambición.
Como ciudadanos y ciudadanas, podemos mitigar esto, exigiendo a las autoridades proteger la vida de las niñas.
Son niñas, no madres.
