Uno de los temas más álgidos en la defensa de los derechos de las mujeres es la lucha por la autonomía sexual y reproductiva. Esta dimensión, a pesar de los avances, siempre ha estado en disputa. El patriarcado, como sistema de opresión que se combina con otros, ha cuidado celosamente de no perder el control del cuerpo de las personas, especialmente de las mujeres, estableciendo el mandato de la heterosexualidad, oprimiendo el derecho al placer e imponiendo barreras (castigos) a quienes deseen ver con libertad la dimensión reproductiva. Tal como lo han teorizado muchas feministas, el patriarcado determinó un contrato social, sexual y político (Millet1969, Pateman 1988, Segato 2013).
A nivel global, el ejercicio de los derechos sexuales y reproductivos es el campo donde se condensan los mayores desafíos. En el Perú, en las últimas tres décadas, se han logrado importantes avances; sin embargo, el contexto de crecimiento de los fundamentalismos y conservadurismos ha hecho que las barreras se profundicen.
Contar con una adecuada educación sexual integral, poder decidir libremente cuántos hijos e hijas tener, acceder a información de calidad sobre la sexualidad, disponer de servicios dignos para proteger la salud sexual y reproductiva, acceder a métodos anticonceptivos y vivir libres de violencia en el ámbito de la sexualidad y la reproducción son dimensiones específicas de los derechos sexuales y reproductivos.
Lamentablemente, en nuestro país, las cifras nos muestran que estos derechos aún no se encuentran garantizados. Según la ENDES (2023), el embarazo adolescente llega al 8.3%. La situación se agrava en las zonas más empobrecidas y alejadas del país. Amazonas presenta una prevalencia del 21.8% de embarazos adolescentes, seguido por Ucayali con el 21.7%, Loreto con el 18.1% y Junín con el 12.2%.
Asimismo, en 2023 se registraron 1,353 niñas obligadas a continuar con gestaciones producto de una violación sexual. De igual manera, hasta la quincena de septiembre de 2024, la cifra alcanza los 672 casos (MINSA, 2024).
En la semana de la prevención del embarazo adolescente y días previos al 28S (fecha de la agenda feminista en la que se recuerda la demanda de despenalización del aborto en América Latina), debemos recordar que los desafíos que enfrentamos como sociedad en este campo son muy amplios. Una sociedad democrática que promueve el respeto y la igualdad no permite que sus niñas y adolescentes sean víctimas del patriarcado. Debe permitir la crítica y dar pasos firmes para construir un mejor futuro, sin violencias, sin embarazos no deseados o forzados en adolescentes.
Esta semana es clave para recordar a las autoridades que los derechos sexuales y reproductivos de las niñas, adolescentes y mujeres son derechos humanos. Es su obligación aprobar el nuevo Plan para la Prevención del Embarazo Adolescente, garantizar la educación sexual integral, informar a la población sobre los métodos anticonceptivos sin estereotipos ni mitos y asegurar la disponibilidad de estos en los establecimientos de salud.
También es deber de las autoridades informar a las madres y tutores de niñas violentadas sexualmente que pueden solicitar un aborto terapéutico por esta causa, el cual es legal desde hace cien años (1924). Ninguna niña debe ser madre.
Sin embargo, como las autoridades han perdido el rumbo y muchas se encuentran atrapadas en pactos oscurantistas y de poder, es necesario apelar a la ciudadanía para que, con sentido de justicia y crítica hacia estas taras patriarcales, exija un mejor país y un mejor futuro para las niñas, las adolescentes y para todas las personas que sufren la opresión de otros.
