9 de enero de 2019. Frank Chávez Sotelo, entonces abogado de nueve comunidades campesinas que se ubican en la zona de influencia del proyecto minero Las Bambas, envía un mensaje a un contacto que ha guardado en su celular como ‘Luis PJ’. Le pregunta cómo va su “tema”. “Se encuentra en conversación, pero está que se hace el duro”, le responden. Chávez insiste con una oferta: “Hijo, ofrécele 100 grandes. Dejo en prenda mi camioneta”. El contacto le envía otro mensaje: “Ok, cumpa, hablaré ese tema y capaz viajamos el sábado y cerramos eso”.
La Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado ha identificado a ‘Luis PJ’ como Luis Alberto Rojas Vargas, quien por entonces trabajaba como asistente del juzgado mixto de Cotabambas, en Apurímac, una instancia que ha visto y sigue viendo varias de las demandas y contrademandas entre las comunidades campesinas y MMG Las Bambas. Frank Chávez Sotelo y su hermano Jorge, ambos abogados de los manifestantes aquel año, estaban dispuestos a exprimir a sus contactos en los pasillos del Poder Judicial. Esto lo revelan las comunicaciones que el Ministerio Público les atribuye.
El 10 de enero de ese año, ante la falta de respuesta de Luis Rojas, Frank Chávez subió la oferta inicial de los ‘100 grandes’. “Luis, por favor, hijo, tenme buenas noticias, te lo voy a pedir por favor. Si tienes que ofrecerle más dinerito al juez, hazlo hermano. Mi tope es 140 grandes, pero, por favor, es todo lo que puedo conseguir. Que lo haga el tío Avelino, está en sus manos”, escribió.
En el juzgado mixto de Cotabambas existe un Avelino. En realidad es un Abelino, con b. Se trata del juez Andrés Abelino Flores Aguilar. El caso concreto por el cual los hermanos Chávez buscaron su ayuda es aún materia de investigación. Pero la hipótesis fiscal apunta a que los abogados instruían a los comuneros para que realicen millonarias demandas contra MMG Las Bambas por conceptos de indemnizaciones, servidumbre de paso, entre otros. Si lograban que la empresa desembolse la plata, el 30% o 40% iría al bolsillo de los abogados.
Cuando la compañía se negaba, los Chávez Sotelo promovían protestas y bloqueos de carretera. Por eso, desde el 2016, la Policía y el Ministerio Público los venían investigando por extorsión. Además –y esto se conoce recién ahora– habían armado una red de funcionarios para ganar los casos que llegaban a judicializar. “Con ellos coordinan la expedición de resoluciones favorables en los procesos seguidos contra la minera y así ejercer un mecanismo de presión para que esta acceda al pago de beneficios económicos, lo que constituye en definitiva actos extorsivos”, se lee en la resolución judicial que ordenó el allanamiento de sus viviendas la madrugada del lunes de la semana pasada.
A pesar de las conversaciones que acá citamos y de los detalles que veremos líneas más abajo, el magistrado Álvaro Espinoza Villalobos, de la Corte Superior de Apurímac, negó el pedido de detención y solo permitió el allanamiento de los domicilios de siete investigados.
ABELINO Y UN JUGOSO FALLO
A mediados del 2019, los hermanos Chávez Sotelo fueron capturados, precisamente en el marco de una primera parte de esta investigación en su contra. La fiscalía aún no conocía que tenían jueces a su disposición, pero contaba con elementos que apuntaban a los actos de extorsión ya descritos.
La buena fortuna de los Chávez Sotelo con los jueces, sin embargo, se haría notar. Luego de algunos días detenidos, el Poder Judicial ordenó que afronten sus procesos en libertad. Abandonaron entonces sus asesorías a los dirigentes del corredor minero. Fue una ruptura que acabó mal, con disputas millonarias.
El 2021, una de las empresas de los hermanos, Consultores y Ejecutores Yaku, consiguió que un juzgado ordenara embargar a su favor las cuentas de la comunidad campesina de Arcospampa Congota por más de S/2 millones. ¿El motivo? Un supuesto incumplimiento de contrato.
Como contó La República en su momento, el 2017 la empresa de Chávez Sotelo había firmado un contrato de locación de servicios con dicha comunidad. «Los asesorarían legalmente para lograr un resarcimiento económico de MMG Las Bambas. A cambio de esos servicios, la comunidad les abonaría el 40% de lo que le se arranque a la minera», se lee en la nota del diario.
Los comuneros venían acusando al Ministerio de Transportes de convertir el corredor minero en vía nacional. En 2019, el MTC pagó S/5 millones 800 mil a la comunidad de Arcospampa por sus terrenos. Esto no obedecía a ninguna gestión de los abogados, pero parte de ese dinero fue reclamado por los Chávez Sotelo y lograron que el Poder Judicial lo embargue. ¿El autor del fallo que lo permitió? El ya mencionado Andrés Abelino Flores.
“Esta negociación se hizo con el Estado, no fue con la empresa (Las Bambas). El MTC nos ha pagado por usar nuestros terrenos, ¿que tenían que hacer los abogados aquí? Acá nuestros hermanos del campo están llorando y el anterior dirigente tendrá que responder si hizo o no algo”, declaró el presidente de la comunidad, Efraín Sotelo.
MÁS PREBENDAS
A inicios de este mes, la Fiscalía Especializada contra el Crimen Organizado pidió nuevamente la detención preliminar de los hermanos Chávez Sotelo, del actual dirigente de la comunidad campesina de Huancahuire, Javier Ochoa Núñez, y de cuatro funcionarios del Poder Judicial de Apurímac, entre ellos el ya mencionado Luis Rojas. Esta vez las investigaciones apuntaban a un caso de corrupción de funcionarios del Poder Judicial.
La fiscalía tuvo acceso a escuchas legales, conversaciones de WhatsApp y mensajes de texto que revelaban que los hermanos Chávez habían reclutado a personal administrativo de la Corte Superior de Apurímac. Las comunicaciones, sin embargo, apuntan a que estos últimos solo eran el nexo con los jueces. El ejemplo de Luis Rojas, protagonista de la conversación citada al inicio de este reportaje, parece dejarlo bastante claro.
La fiscalía cuenta con una comunicación adicional entre este funcionario y Frank Chávez, donde aluden a un favor que se llegó a concretar. Se trata de una serie de mensajes fechados entre el 11 y el 28 de diciembre del 2018. Frank Chávez le preguntó a Luis por una solicitud que había hecho. El trabajador judicial le responde “que había hablado con el tío y que le había dado la buena pro”. Se refería, claramente, a un funcionario que se encontraba jerárquicamente por encima de él.
Además de Rojas, se menciona a Karyn León Martínez, secretaria de la Sala Mixta de Abancay, acusada de direccionar y agilizar los expedientes. Entre agosto del 2018 y enero del 2019, esta funcionaria mantuvo comunicaciones con Jorge Chávez. “Entre esas fechas hay conversaciones referentes a transferencias de dinero que se realizan a esta persona por montos de 100, 200 soles y otros, entregados de manera directa o a su cuenta del banco de la nación”, se lee en la resolución.
El documento añade otras prebendas, además del dinero. “En las conversaciones también se precisa la compra de unas botas de gamuza color negro, talla 38 taco alto de la tienda Platanitos de Real Plaza”, se señala.
El secretario de la Sala Mixta de Abancay, Ebert de la Vega Chirinos, también está en la mira del Ministerio Público. Este funcionario mantuvo decenas de comunicaciones con Jorge Chávez Sotelo en 2019. Los investigadores tienen información de que recibió dinero de los abogados a través de su colega Karin León, mencionada líneas arriba.
El trato era similar con Alan Velasquez Huillca, secretario del Juzgado Mixto Grau-Chuquibambilla, de Apurimac. Jorge Chávez lo tenía registrado como ‘Alan’ en su teléfono. Ambos sostuvieron conversaciones entre noviembre del 2018 y febrero del 2019. Según el documento judicial que ordena el allanamiento de su casa, en estos mensajes “se habla de temas referentes a transferencias de dinero que se realizan al secretario judicial a través de una cuenta de ahorros del Banco de la Nación a su nombre”.
La información que maneja la fiscalía es que ese dinero fue entregado por Julio Paniura Moscoso, trabajador de Chávez, “en contraprestación a la agilización de la expedición de resoluciones judiciales favorables en los casos patrocinados por Chávez que se siguen contra Las Bambas”.
De hecho, el 20 de diciembre del 2018, Jorge Chávez exhortó a Velásquez a que haga lo posible para que se emita un fallo favorable a uno de sus patrocinados, nada menos que Javier Ochoa Núñez, actual presidente de la comunidad de Huancahuire. Le dice “que le iba a reconocer ese trabajo”. Según la fiscalía, ese mismo día se expidió la primera resolución del expediente 124-2018 que admitía la demanda.
Nos comunicamos al teléfono de Frank Chávez Sotelo, para buscar su versión de los hechos aquí narrados, pero al cierre de este informe no hubo respuesta. En los números de las empresas relacionadas a los hermanos nadie responde.
UN PERSONAJE VIGENTE
Precisamente, los investigadores también descubrieron que Javier Ochoa, el presidente de la comunidad de Huancahuire, le transfirió S/260,000 a Frank Chávez. Así se lee en la documentación judicial revisada por Sudaca. La hipótesis es que esa plata era el pago para los operadores de justicia. Su casa fue allanada esta semana.
Núñez sigue ocupando el cargo hasta hoy y ha sido protagonista de las últimas acciones de su comunidad contra la empresa. En mayo pasado, Ochoa demandó dejar sin efecto el estado de emergencia como condición para participar en la mesa de diálogo con representantes del Gobierno y de la minera.
La acusación fiscal en su contra agrava el conflicto entre las comunidades y la minera, y no permite ver con claridad las demandas justas de las comunidades. Los pobladores de Huancahuire vienen reclamando en estos momentos por la ampliación de las operaciones de Las Bambas. Denuncian que la empresa opera en el lugar inconsultamente y que contamina el medio ambiente. Sin embargo, desde el 2013, Huancahuire ha recibido más de S/170 millones justamente por la cesión de sus tierras. Intentamos comunicarnos con el dirigente y su abogado, pero no hubo respuesta. Esperemos que en esta nueva parte del conflicto asesores corruptos y dirigentes cómplices no se roben el protagonismo.
**Fotoportada por Darlen Leonardo
