Sin una reforma integral del Estado (lo que incluye, por supuesto, el proceso de regionalización), el Perú seguirá a la deriva con eventuales picos de crecimiento macroeconómico y reducción de la pobreza, si toca un gobierno proinversión en suerte, pero ya se ha visto que eso no basta. Sin un Estado que ecualice al mercado, y que asegure una digna provisión de servicios básicos, no hay viabilidad democrática duradera en el horizonte republicano del Perú.
Otra de las tácticas habituales del Posfacismo, es presentarse bajo un disfraz populista y antielitista, destinado a ganarse el apoyo de las clases medias y de los ciudadanos más necesitados. Tal ha sido la práctica de personajes como Trump, Bolsonaro y últimamente Santiago Abascal, fundador y líder de Vox, el ascendente partido español ultraderechista, ultranacionalista y ultraliberal, que sirve como modelo y guía al Posfacismo hispanoamericano, a través de la “Fundación Disenso” y el “Foro Madrid”. No pueden sorprendernos entonces, bajo esta perspectiva, las recientes declaraciones de López Aliaga, quien ha predicado a favor de la intervención del Estado en la economía, como buen socialcristiano que dice ser (compartimos la sonrisa descreída de Rosa María Palacios ante tal revelación), y ha despotricado contra la derecha peruana “aliada de la delincuencia de los capecos y confieps”, y de los grandes corruptos como Graña Miroquesada. De estar vivos, Carlos Malpica y Javier Diez Canseco lo habrían levantado en hombros. No señor Vladimir Cerrón, usted debe profundizar en sus estudios sobre el fascismo, el barco de “Porky” no se hunde, solo está cambiando de aparejos para navegar mejor. Tampoco nos sorprenden los dichos de Keiko Fujimori (invitada habitual de VOX) y de Miguel Torres, buscando desmarcarse de la “extrema derecha” encarnada en Renovación Popular y Avanza País. Sin duda, en Fuerza Popular cuentan con que, deshaciéndose de tales lastres, sumado a la ostensible pérdida de peso de su lideresa, el globo partidario alcanzará grandes alturas. No, estimado Juan Carlos Tafur, la ultraderecha no ha migrado ni un milímetro hacia su izquierda, y no habrá ningún bloque político sólido de centro derecha que los incluya. El Posfacismo peruano no se presentará bajo una única candidatura, porque sus intereses, proyectos y prácticas no son totalmente coincidentes, y por añadidura, los egos de sus líderes son tan grandes como el de Benito Mussolini.
Para José Vidaurre Arévalo, la historia con Movistar empezó a complicarse en el transcurso de año pasado cuando decidió mudarse al distrito de Surquillo. En su anterior domicilio, ubicado en San Borja, Vidaurre contaba con un dúo para internet y televisión y, cuando llegó la fecha de realizar la mudanza, optó por dar de baja a este servicio.
Los problemas comenzaron desde la primera llamada. Como hacen muchos usuarios de Movistar, José intentó realizar el trámite vía telefónica, pero no se lo permitían. «Para intentar cancelar la línea lo hice por teléfono, pero salía que no podían identificar mi DNI», explica. Ante este inconveniente debió pedir la baja de su dúo vía Whatsapp y un asesor le indicó que dicho procedimiento debía realizarlo en la aplicación de Movistar.
«Me apareció un pantallazo que había generado la orden con éxito y en veinticuatro horas se cancelaba», relata Vidaurre y agrega que no le aparecieron más indicaciones por lo que asumió que eso era suficiente para dar de baja el servicio. «El mensaje lo ponen como que no hay nada más por hacer», cuenta.
José pagó el recibo correspondiente al mes de julio y para agosto ya se encontraba en su nuevo domicilio. Pero, cuando llegó el recibo correspondiente a dicho mes, Vidaurre Arévalo se llevaría una sorpresa al encontrar que también le estaban cobrando por el servicio que creía haber dado de baja en julio. «Al inicio pensé que estaban equivocados y no le hice caso. Pero vi en el aplicativo y figuraba como si tuviese dos líneas», relata a Sudaca.
La historia se repitió en septiembre y para José era claro que no se trataba de un error. «Vuelvo a solicitar la baja del servicio y sale exactamente lo mismo que en veinticuatro horas estaba de baja», explica. Sin embargo, esta solicitud nunca existió según se lo hizo saber Movistar. «Me dicen que figura que nunca hice un trámite para dar de baja. Le muestro los pantallazos pero me responden que en el sistema no figura», cuenta Vidaurre.
Para el mes de noviembre, José seguía recibiendo recibos y, además, empezaba a recibir presiones para pagar la deuda acumulada. «Llega el recibo de noviembre y empiezan a llamarme algunas entidades de cobranza y estudios de abogados para que pague», cuenta el usuario y también revela que Movistar empezó a sugerirle que al menos pague el 20% del monto que debía para ese entonces.
Preocupado, José recurrió a las redes sociales para manifestar su molestia y fue gracias a esta publicación que pudo ponerse en contacto con Osiptel para recibir asesoramiento y encontrar una solución. No obstante, en sus diálogos con los representantes del Organismo Supervisor de la Inversión Privada en Telecomunicaciones se entera del extraño manejo que Movistar le había dado a su caso. «Me dijeron que cualquier cambio que haga con respecto al servicio la entidad envía ese reporte a Osiptel, pero ellos señalan que Movistar nunca les informó que había cancelado mi línea. Figura que nunca había hecho esa cancelación», manifiesta.
Con este apoyo, Vidaurre encontró una alternativa para afrontar el caso de los recibos fantasma que se seguían acumulando por un servicio que no consumía ni podía dar de baja. «Me dijeron que había una figura que me podía servir. Como presenté el reclamo y nunca recibí respuesta, podía aferrarme a la figura del silencio administrativo. Según esto, como ellos no dieron respuesta, yo tendría la razón», explica.
Finalmente, la figura del silencio administrativo sería la solución para el caso de José. Luego que Movistar se comunicara con él, las cuentas pendientes desaparecieron y dejaron de cobrarle por un servicio que había intentado de baja en innumerables oportunidades. «A los dos o tres días me comunica otra área de Movistar que recoge los módems viejos», cuenta.
Crisólogo Cáceres, especialista en derecho del consumidor y presidente de la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios (ASPEC), señala que el cobro por estos servicios cuando hay un reclamo en curso queda suspendido. «En el caso de los recibos, si ellos están presentando un reclamo, esos recibos no los tienen que pagar hasta que se resuelva en primera instancia Movistar y en segunda Osiptel», señala.
Sobre casos como el de José Vidaurre, quien era presionado para pagar los recibos, el titular de ASPEC señala que «son métodos de cobranza coercitivos y eso está prohibido por el código del consumidor y está prohibido por la ley». Además, agrega que el uso de bots para atender a los clientes en lugar de permitir que puedan comunicarse con una persona es un hecho que «ha sido comunicado a Osiptel».
Movistar sigue gozando de una posición dominante en el mercado peruano con servicios como línea telefónica, internet y televisión por cable, pero casos como el de Patricia y José podrían seguir manteniendo a esta empresa en una posición destacada en los rankings de clientes insatisfechos y número de reclamos al año. Sudaca intentó comunicarse con Movistar para obtener sus descargos, pero hasta el final de este informe no obtuvimos respuesta.
Las elecciones, además, tienen un efecto de desfogue infinitamente probado. Son una suerte de baño lustral, reinauguran procesos, limpian pasivos, estrenan expectativas, recubren de legitimidad a regímenes que adolecen de ella, atemperan ánimos de revuelta, los derivan hacia procesos políticos saludables, como el voto y las urnas. Ojalá se reagrupen las fuerzas partidarias del Congreso que están a favor del adelanto y procedan a ello cuanto antes.
Es menester repensar seriamente el proceso de regionalización. Ya hay masa crítica suficiente de muchos académicos o políticos lanzando ideas interesantes sobre cómo sobrellevar esas reformas. Sería interesante y propicio que el gobierno o el Congreso conformen una Comisión de alto nivel encargada de ese proceso y que al cabo de un tiempo sensato arroje propuestas a ser discutidas y, si es posible, aprobadas legislativamente.
No tienen parangón, por lo tanto, las marchas que se están produciendo desde diciembre en el Perú y desde enero de este año en Lima, pues en esta ocasión las han convocado indígenas y mestizos, urbanos y rurales de regiones del sur andino: apurimeños, puneños, ayacuchanos, arequipeños, cusqueños que han constatado durante la pandemia cómo el estado peruano se había desentendido de su salud, educación, transporte; cómo los grupos de poder fujimoristas asentados en Lima, se dedicaron a despreciar con discursos racistas al gobernante que habían elegido. Son los pueblos del sur ahora quienes demandan una asamblea constituyente que nos reintegre como nación. No obstante, la respuesta ha sido acusarlos de subversión y abrir fuego contra ellos. 60 vidas van, pero aún las protestas no consiguen que la presidenta reconozca que su renuncia es la punta del hilo que requerimos para salir del laberinto en el que la corrupción nos tiene secuestrados. Y parece cuestión de tiempo, pues ningún manifestante parece que se va a rendir.
No todo está perdido, la política necesita -por estos tiempos- de discurso y acción que otorgue mirada política y socioeconómica. El contexto algido lo exige. Fueron estos momentos que permitieron pensar a Hobbes en el leviatán.
Por eso no solo no tendremos elecciones el 2023, no unas que broten de la decisión parlamentaria, sino que tampoco hemos tenido reforma política los últimos 23 años, a pesar de que se pide a gritos. Porque esta tendría que ser aprobada por aquellos que serían los primeros en ser reemplazados por una clase política profesional, como consecuencia directa de la reforma política, la de los partidos y la electoral.
De suerte que nos hemos convertido en una versión nacional de esa cárcel en forma de panóptico circular que estudió Michel Foucault, en la que nadie, desde su celda, podía verse ni hablar con nadie. Lo único que se puede observar, tras esas rejas, es ese mismo centro pétreo, que representa el poder, y que todos buscan con exacerbada abnegación.
Si la presidenta Boluarte solo está en capacidad de ofrecer al país confrontación y violencia debería renunciar. Según cifras oficiales, el estallido social ecuatoriano de 2019 causó 6 fallecidos; el de Chile ese mismo año 34; el de Colombia el 2021 produjo 29 muertos. El Perú, en seis semanas del gobierno, cuenta 55 fallecidos sin que se asuma responsabilidad política por ello.
Esto constituye un fracaso gubernamental, pero, además, resulta inaceptable en una democracia. Contra toda evidencia, el gobierno insiste en los métodos menos políticos para enfrentar una crisis que es, ante todo, política”.
