Boluarte tiene tiempo para hacer cosas relevantes hasta julio del 2024. Superado el estado de zozobra inicial y acallado el riesgo de una salida intempestiva del poder por la activación de millones de peruanos en las calles (no deben pasado de diez mil los que a nivel nacional se movilizaron ayer), es hora de tomar las riendas del Ejecutivo con más energía y claridad.
Se va a tener que buscar una fórmula que no implique recentralizar, porque eso detonaría un polvorín en las regiones, pero sí lograr que, más allá de la buena voluntad de las autoridades locales, se generen mecanismos eficientes de gasto público, libres de corrupción y despilfarro. Fernando Cillóniz ha propuesto la creación de organismos autónomos, con peso constitucional, que se encarguen de esos problemas, libres de los enjuagues políticos de los gobiernos locales, y libres, a la vez, de cualquier intromisión limeña en su manejo. Así como ésta, puede haber muchas ideas que ayuden a resolver un problema que está fracturando cada vez más el país y corresponde al Legislativo -o a una iniciativa del Ejecutivo tramitada hacia el Congreso- atender con sentido de urgencia.
Dina Boluarte tiene que ser muy enérgica y a la vez serena respecto de lo que se viene. No es broma. No es una protesta social normal. Hay una lógica desestabilizadora y política detrás de la ciudadanía que, más allá del pliego de reclamos, se suma a la protesta porque acumula décadas de resentimiento frente a las políticas públicas del Estado peruano.
Hay que desactivar con inteligencia política el nuevo golpe que el castillismo y sus cómplices en la izquierda quieren perpetrar contra la democracia. Porque esta es una protesta golpista y antidemocrática, por más razones sociológicas que, en muchos casos, pueda haber detrás.
Restaurar el orden con justa represión, sin comisión de excesos, es lo que se le debe exigir, como mínimo al Ejecutivo, pero claramente no basta ello para resolver el problema. Algún gesto adicional se tiene que desplegar y ese solo parece ser el de adelantar alguna parte del proceso electoral (o se anticipan mediante una votación congresal rápida antes del 31 de enero, que acaba la presente legislatura, o se realizan primarias que generen la sensación ciudadana de que efectivamente este es un gobierno que ya está de salida).
No la tiene fácil Dina Boluarte y necesitará mucho empaque y respaldo. Hoy lo tiene de parte de las Fuerzas Armadas y policiales, y del centro y la derecha congresales. ¿Le bastará con ello? Eso lo sabremos en las próximas horas.
Vargas Llosa no erró, como no lo hizo respaldando las candidaturas de derecha que en toda la región terminaron perdiendo contra sus adversarios de izquierda (Chile, Colombia, Argentina, Brasil y México, para citar los más sonados), porque lo suyo no es la apuesta electoral sino una postura de convicciones expresada aún a sabiendas de que, en algunos casos, jugaba la probable carta perdedora (en perspectiva, la realidad ha terminado por demostrar, también, que los pueblos citados se equivocaron al votar en sentido contrario a los consejos de nuestro novelista).
Solo cometió una falta de apreciación grave cuando se sumó, sin argumentos válidos, a las tesis fraudistas, mal informado por su entorno, pero luego corrigió la misma acallando su propia campaña internacional contra Castillo por ese motivo.
No hay razón válida para malherir y maltratar a un peruano que nos honra y que debería despertar unánime admiración, si no fuera porque somos el país que no perdona el éxito ni valora las trayectorias de quienes mantienen coherencia más allá de lo políticamente correcto o de lo que es popular en algunos momentos. Es Vargas Llosa un peruano universal que merece respeto y no iniquidad.
El 2023 es un año decisivo, en el que la sociedad civil democrática no puede bajar la guardia. Una actitud vigilante del gobierno y del Congreso debería encaminarnos hacia una pronta salida institucional del fatal impasse del castillismo, y si la justicia sigue actuando bajo los rigores que el Ministerio Público y el Poder Judicial han mostrado, pronto debiéramos tener buenas noticias respecto de la justa sanción a los delincuentes que tomaron el poder desde el 28 de julio del 2021.
Ellos no merecían ser expropiados o, en el peor de los casos, merecían un reconocimiento justo por el valor de sus papeles más los intereses generados en todo este tiempo (desde 1969), que, inclusive, debió haber sido otorgado en el momento, sin esperar ni tener que acogerse a fórmulas alternativas, como muchos hicieron para tratar de salvar algo del capital propio.
Hay mucho aún por escribir de la reforma agraria, sus causas, antecedentes y consecuencias. Sería un acto de memoria histórica y de justa reivindicación moral, más allá de los fallos legales como los que ahora comentamos, que algo semejante sea acometido por algún historiador. En todo caso, la verdad parece estar a medio camino entre la narrativa de ejemplares empresarios capitalistas víctimas del abuso de un militar patán, y la del campesino romántico que, organizado, recibió justicia y luego explotó racionalmente aquello que gratuitamente se le concedió.
Ya es hora de que la centroderecha peruana se libere del fujimorismo como referente político e ideológico, y empiece a encontrar fórmulas novedosas, disruptivas, modernas, liberales, como corresponden a un país como el Perú que ya ha logrado éxitos superlativos en materia de avances económicos en las últimas décadas y requiere dar un salto cualitativo pronto.
Lo que es inverosímil es ver a bancadas de derecha votando en el mismo sentido, irresponsable e infantilmente, aferrándose a sus cargos por supuestas “dignidades” políticas, encerrados en una burbuja, sin percatarse que ellos deben oír el mandato popular, inclusive más allá de las urnas, que esa es parte también de su función de representación.
Hoy el Congreso decide los destinos del país. Ojalá, por el bien de la democracia y la paz social, actúe a la altura de las circunstancias.
