Si se hubiera respetado la vida de los ciudadanos que protestaban, aún de los violentos, a los que se debió detener y hacerles purgar prisión efectiva (a todos los han soltado), hoy la protesta sería un vago recuerdo y la gobernabilidad del país iría sobre rieles, dentro de los márgenes habituales de precariedad que identifican la política peruana.
Pero se cometieron groseros excesos, sobre los que algún día alguien tendrá que asumir la correspondiente responsabilidad penal, y, como ha sido probado, se disparó a matar en casos en los que ni siquiera se trataba de personas que amenazaban la integridad física de los policías.
Y ello es causante parcial de la permanencia de la protesta en regiones como Puno y explicará también el eventual recrudecimiento de la misma a partir de marzo (febrero siempre ha sido el mes más calmo en conflictos sociales en el Perú por razones varias: vacaciones universitarias, carnavales, clima extremo, etc.).
Es verdad que en esta protesta no estamos tan solo ante una movilización espontánea de la población sino que han intervenido e intervienen mafias ilegales, el castillismo radical, el postsenderismo y demás especies, y que su agenda desestabilizadora ha ido más allá de las proclamas políticas inicialmente formuladas, pero frente a ello correspondía una actuación inmediata de los servicios de inteligencia, no el recurso fácil del balazo para disuadir (ante la falta de respuesta del Estado, en varios regiones grupos empresariales han activado labores de inteligencia y han descubierto a los que mecen la cuna, que son los que deberían ser detenidos con mucho más sentido estratégico que hacerlo con los lanza piedras).
Marzo puede ser un mes nuevamente complicado, pero preocupa la excesiva autoconfianza de los voceros del régimen que se desgañitan diciéndole a cuanto interlocutor tienen al frente que el tema ya está bajo control y a punto de disolverse. Si es verdad que piensan eso y no estamos ante una estrategia para levantar optimismo en quienes los escuchan, habrá que preocuparse seriamente por lo que se viene.
Lo que corresponde es inteligencia policial y fiscal, determinación contra la violencia, pero bajo cánones democráticos, en medio de lo cual debe primar la búsqueda del diálogo, instancia que hoy parece guardada en un cajón del despacho del Premier, Alberto Otárola, el principal mentor de la mano dura y el recurso autoritario.
