Petróleo

Los últimos días, algunos medios han hecho notar la presencia de dirigentes indígenas amazónicos que habitan en torno a lo que se llama el circuito petrolero, en Loreto. Sustancialmente, las provincias de Datem del Marañón, el distrito de Trompeteros en la provincia de Loreto-Nauta, y Maynas, y las cuencas de los ríos Marañón, Corrientes, Pastaza, Chambira y Tigre.

De no atenderse sus demandas, paralizarán todos los lotes petroleros y las plantas de tratamiento, así como el traslado de crudo. Y ya están en los lugares, listos para actuar. 

A algunos sonará como novedad este litigio, no lo es. Novedad es que los medios hayan dado espacio a los dirigentes indígenas amazónicos. En agosto de 2020 la policía al servicio de la empresa Petrotal asesinó a tres comuneros que participaban en protestas en torno al lote 95, en Bretaña. Poco se supo, no fue noticia, la fiscalía investiga arrastrando los pies, las familias afectadas, también de los heridos que hubo, son atendidos por las propias federaciones y comunidades. Estado y empresa se lavan las manos.

Una historia antigua: la invención de la pobreza

Si bien había actividad petrolera de baja intensidad desde los años 20 del siglo pasado, es desde 1970, en que, al descubrirse yacimientos petrolíferos más grandes en la Amazonía, Petroperú se dedica a explorar y explotar en el bosque amazónico. Luego se ofrece en concesión la mayor parte de ese territorio. Empresas como Occidental Petroleum, PlusPetrol se sumaron a la actividad. 

La versión que circula sobre contaminación de toda la zona de explotación petrolera es que se debe a derrames accidentales de crudo, por problemas en el ducto que transporta el petróleo. Es mucho más que eso. La cruda verdad es que, desde que arrancó la explotación, y a pesar de existir desde comienzos del siglo XX protocolos para el cuidado de los entornos en otros lugares del planeta, como en Estados Unidos y Canadá, en el Perú no se tomó precaución alguna. 

Es más, desde el inicio, se arrojó a los cuerpos de agua de ríos y lagunas las aguas de producción de manera sistemática. ¿Qué son las aguas de producción?  Estas brotan juntas con el petróleo, a una temperatura de 90º C. Son dos veces más saladas que las del mar y contienen hidrocarburos, cloruros y metales pesados, como plomo, cadmio, bario, mercurio, arsénico y otros. Al ingresar al agua de ríos y lagunas las contaminan destruyendo toda vida, y haciendo de esas aguas tóxicas para el consumo humano. 

Desastre, ecocidio, genocidio, racismo

En los entornos de producción petrolera viven desde hace miles de años, poblaciones de seres humanos. Pueblos indígenas que no eran pobres, que vivían bastante bien de la pesca, de la caza, de la pequeña agricultura. 

Pero, la extracción petrolera, con absoluta indiferencia de la suerte de esas poblaciones contaminó directamente el entorno, tanto por obra de la empresa estatal como luego por las empresas concesionarias extranjeras, trayendo algo desconocido: la pobreza. También enfermedades, y con bastante frecuencia, la muerte.  

En términos de definición de gestión del riesgo, se trata de desastre. Como dice José Fachín, asesor de las federaciones de Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAP) “se trata de un desastre ambiental que el propio hombre ha causado, y cuyos responsables directos son las empresas petroleras como Occidental Petroleum, Pluspetrol, Petroperú, con autorización del Estado:” 

Es ecocidio porque se trata de la destrucción sistemática de gran parte del ambiente del territorio amazónico, de manera intencionada y en muchos puntos, irreversible. Con destrucción de flora y fauna, y alteración permanente de la cadena trófica, la cadena alimenticia, y desaparición de especies. 

Es genocidio porque son miles las familias que han perdido a sus seres queridos afectados por enfermedades derivadas de la contaminación de las áreas de explotación y el vertido consciente de tóxicos que destruyeron las fuentes de vida de las poblaciones indígenas y afectaron su salud gravemente. Sin mencionar otras afectaciones permanentes a la salud de las personas.

Es racismo institucional y social, porque para el beneficio del Estado, de particulares, y también de intermediarios corruptos, se permitió todo ello sin importar las vidas de aquellos peruanos que fueron afectados, porque se trata de indígenas.

Muchas promesas, y nada

Desde el inicio, la resistencia de los pueblos del circuito petrolero loretano ha existido. Han tratado de dialogar, han hecho tomas de las estaciones y de los lotes, y a cambio han recibido promesas e incumplimientos constantes. Además de balas.

En 2006 hubo la firma del Acta de Dorissa, con compromisos serios de parte del Estado hacia las comunidades indígenas, que jamás se cumplieron. Luego hubo los acuerdos de Saramurillo, siguió el Acta de Nauta con presencia de la entonces presidenta del Consejo de Ministros, Mercedes Aráoz. Desde Humala, cuando se declaró en emergencia ambiental toda la zona del circuito petrolero, pasando por sucesivos compromisos, el resultado ha sido nulo. 

Lo más reciente, y que parece más concreto, es el Decreto Supremo 145-2020-PCM, firmado por el entonces presidente Martín Vizcarra, que aprueba un llamado Cierre de Brechas, que comprende obras y acciones para todas las zonas afectadas a un costo que parece mucho, 6 mil millones de soles, pero es nada comparado con lo que debe repararse para remediación de la zona y atender las demandas de estos peruanos agredidos por su propio Estado.

A pesar de que las demandas son mucho mayores, y esa norma es un pequeño avance, no se ejecuta. Los pueblos afectados exigen un fideicomiso a ser administrado por el gobierno regional y los gobiernos locales con fiscalización indígena. El gobierno se aferra a una fórmula que es la mejor manera de que no llegue nada a sus beneficiarios: distribuir el monto entre los sectores del Estado concernidos donde, con seguridad, los consumirá la burocracia corrupta o los dejará morir la indiferencia racista. 

Para lo inmediato

En la agenda hidrocarburos, los pueblos afectados por la actividad petrolera piden modificación de la ley de canon para que llegue algo a ellos, y el derecho a decidir que incluye una modificación de la ley de consulta previa. Asimismo, exigen una Comisión de la Verdad en torno a todo lo acontecido en 50 años de actividad petrolera, con garantías de que no se vuelva a repetir. También, en tal sentido, la revisión de los contratos ley. 

Hay una agenda de vida post-petróleo, que a la vista del posible abandono de la zona de explotación por PlusPetrol, sin remediación alguna, es más vigente que nunca: debe garantizarse la vida con todos sus derechos a los pueblos afectados cuando culmine la actividad extractiva petrolera. La remediación es un imperativo. 

Y hay la espera atenta a las inversiones directas, ahora para 2021, de cuestiones urgentes para las comunidades, y que ya son posibles, sobre lo que existe también compromisos del Estado. Pero el Estado no responde. 

Tomo un río, luego existo

La toma de carreteras es el grito desesperado para decir aquí estoy de muchos pueblos en el Perú. En la Amazonía, es la lucha por la vida entre los ríos y el bosque depredado. Bosque que requiere ser, al menos, algo parecido a lo que fuera al inicio. Y compensación en educación, salud, agua, oportunidades iguales a las de todos, para poblaciones que no reclaman más que lo que es justo: vida digna, buen vivir. 

Además de justicia histórica. Nos hemos rasgado las vestiduras por los crímenes durante la actividad cauchera – cuando el presidente Leguía decía que era actividad necesaria para la hacienda pública, y no actuaba contra ella por eso – mientras hemos visto repetir el mismo crimen durante los últimos 50 años, callando vergonzosamente, y por los mismos prejuicios, con respecto a los que sufren otros peruanos a los que se considera menos importantes.  

En tiempos de crisis climática gravísima, en tiempos de virus por zoonosis que amenazan con duplicarse más seguido, cuidar los bosques es una prioridad, pero lo es también cuidar la vida de aquellos que son los que mejor saben cuidarlos. Eso significa, también, reivindicarlos en todo su valor de peruanidad.

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La llegada del nuevo gobierno coincidió con un aumento inédito de los precios de los combustibles que ha llegado incluso a afectar la canasta básica familiar. Algunos no dudaron en responsabilizar directamente a Pedro Castillo del alza. Y aunque la incertidumbre política y la indecisión en materia económica juegan un papel, hay otros factores más determinantes como el precio internacional del petróleo y una reciente norma del Minem que fija la totalidad del GLP consumido en el país a precios de importación.

Empecemos por el fluctuante mercado internacional. El petróleo no la pasó bien el año pasado y hoy se recupera al alza con la “nueva normalidad”. Tras las primeras restricciones a las que nos llevó la pandemia, la demanda se redujo notoriamente. En abril del 2020 se reportó una caída histórica de 305% en el precio del barril de petróleo, de acuerdo al Intermediario del Oeste de Texas (WTI), uno de los referentes para la fijación de precios de este combustible. Y de acuerdo a BP, empresa británica que estudia el sector hidrocarburos, el consumo de energía primaria cayó 4.5% el 2020, su descenso más escandaloso desde 1945.

El dato no es menor. El petróleo es la fuente de energía más utilizada del planeta. También se emplea para elaborar desde plásticos hasta jabones y detergentes. De sus derivados, además, surgen el diésel que consumen los vehículos y el GLP de uso común en las cocinas de los peruanos. En otros casos, el GLP se produce a partir del gas natural. 

Hoy, ya sin tanto confinamiento y una demanda activa, la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) –otro de los entes que influyen en el mercado petrolero– fija el valor de este hidrocarburo en $71.19 dólares el barril. Antes de la pandemia, en el 2019, su costo era de aproximadamente $66. A fines del año pasado alcanzaba los $49.

El cambio brusco de la oferta y demanda entre un año y otro es inaudito, según Aurelio Ochoa, ex presidente de Perupetro. “Se trata de una situación que no había ocurrido antes, donde factores como los precios del dólar y el valor del petróleo internacional han subido [por la demanda]”, explica.

Precisamente, según Carlos Herrera Descalzi, exministro de Energía y Minas, el tipo de cambio del dólar –que se mantiene por encima de los S/4, en parte como consecuencia de la incertidumbre política– hace al caso peruano más especial. El Perú es un país importador de este insumo, lo que hace que necesitemos más soles para adquirir los dólares que nos permiten traerlo.

“La fluctuación del precio del petróleo internacional siempre ha existido. Ahora está fuera de control. En América Latina no somos los únicos que toman medidas. En Perú, el efecto es doble. Tenemos encima la depreciación del sol. Los países que no son fuertes son muy inestables cuando hay problemas políticos”, asegura. 

Este cóctel de factores internos y externos genera un efecto dominó sobre varios otros insumos, incluidos los que componen la canasta básica familiar. Al subir los combustibles, el precio del resto de productos suele aumentar porque cuesta más transportarlos. Eso se traslada al consumidor.

El yacimiento de Camisea. El lugar donde se produce el GLP del Perú. Foto: Andina.

“La subida del combustible, en el caso del transporte de carga con diésel, afecta nuestros costos operativos. O sea, todo lo que tengo que sumar para hacer un viaje, incluyendo peajes, el pago al chofer y la planilla. El combustible hoy bordea el 49%, casi la mitad de esos gastos totales”, explica Geovani Diez, presidente del Gremio de Transporte y Logística del Perú y América (GTL). El empresario no descarta subir sus precios: “Nosotros, pensando en el país y la pandemia, no hemos regulado nuestros precios, pero vamos a tener que hacerlo porque estamos trabajando en pérdida”. 

Esta misma estrategia la podrían aplicar otros agentes de movilidad como los taxistas. Finalmente, los que pagarán los platos rotos terminan siendo los consumidores finales, últimos en la cadena de producción, que ya empiezan ajustar los bolsillos cada fin de mes.

El pasado lunes, en una nueva actualización, el Organismo Peruano de Consumidores y Usuarios (Opecu) aseguró que productos como la gasolina de 90 disminuyeron solo 14 centavos: S/14.75 por galón en Petroperú y S/14,74 en Repsol. A inicios de año costaba S/10.44. Una tendencia similar ocurrió en otros derivados del petróleo como los gasoholes, a excepción del GLP que subió S/0,224 por kilo. 

Precisamente sobre el precio del GLP hay otro factor a considerar. El pasado 30 de diciembre, el Ministerio de Energía y Minas actualizó los mecanismos para determinar los precios de los combustibles, incluyendo al petróleo, diésel y GLP de Camisea. En la norma el ministerio “recomienda el uso de las equivalencias del mercado de la Costa del Golfo de Estados Unidos de Norteamérica, y en el caso del GLP, los marcadores del mercado de Mont Belvieu en Texas, Estados Unidos”. En cristiano, el precio de referencia lo marca esta ciudad norteamericana.

Aurelio Ochoa, expresidente de Perú Petro, lo explica de la siguiente manera: “Ese es el precio de referencia internacional para el GLP y otros combustibles en la Costa del Golfo. Es como la bolsa del GLP. Así, se simula que se trae [el GLP] desde allá hasta el Callao, pasando por el Canal de Panamá. Es el precio de Mont Belvieu más todo ese transporte, los seguros, el paso del Canal de Panamá hacia el Callao. Así se forma el precio de importación”. 

Lo novedoso no es que se fije el precio de acuerdo a mercados internacionales, sino que en esta ocasión no hay una diferenciación entre el precio de importación y el que provee para uso interno. La norma anterior, del 2011, sí hacía esa precisión, considerando que la producción nacional era mayor. Es decir, la actual normativa equipara el precio del GLP de Camisea al que viene del extranjero. 

“Nosotros consumimos 63,000 barriles diarios de GLP. De ese total, el 80% es nacional a través de Camisea, el único productor. Ese es el detalle: los peruanos estamos pagando un GLP como si se trajese desde la costa del Golfo, que solo representa un 20%, como si fuera el 100%”, asegura el geólogo.

Sin embargo, para Carlos Herrera, el gobierno de Sagasti se vio obligado a hacer este cambio, porque el Perú poco a poco se vuelve más importador que exportador de GLP. “Era reconocer una realidad económica. Hemos dejado de ser exportadores hace más o menos tres años, porque Camisea va declinando y la demanda crece enormemente. Si la demanda crece y la producción declina pasamos a ser importadores”, puntualiza el ingeniero.

El último reporte de la plataforma Facilito –que presenta las actualizaciones de los precios de los combustibles– del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería (Osinergmin) señala que el costo de un balón de gas de 10 kilos alcanza los S/65 en distritos limeños como Lince. En otras regiones del país bordea los S/70. 

La diferencia existe por el costo del transporte que, en algunas zonas, implica cruzar ríos o caminos poco accesibles. “En el caso de las provincias es por el valor de transporte. Alrededor de Camisea puede estar a 75 soles. En la selva se ha dicho que estaría por encima de 100 debido al transporte fluvial. Son casos particulares”, sostiene Aurelio Ochoa. 

 

El plan del lápiz

Como en otros temas urgentes, el nuevo gobierno se tomó un tiempo para presentar soluciones. A finales de agosto, el presidente Castillo anunció que habría “sorpresas” respecto a los precios del gas. No fue hasta el último lunes que por fin hubo novedades. 

Pedro Castillo refrendó un decreto supremo para reincorporar el GLP al Fondo de Estabilización de los Precios de los Combustibles (FEPC). Se trata de un subsidio que busca evitar que el alza del petróleo y sus derivados afecte a los consumidores insertando dinero directamente del fisco.

Pero hay sospechas de que la medida fracasará. El GLP ya formó parte del fondo desde su creación en el 2004 hasta abril del año pasado cuando, a inicios de la pandemia, el Minem lo retiró. ¿La razón? Se había creado un mercado informal. Malos comerciantes adquirían el gas envasado al precio subsidiado, pero lo vendían a un precio mayor en una presentación a granel, generalmente a hoteles, restaurantes y grifos, distorsionando el mercado.

La medida tiene varios detractores, empezando por Osinergmin. A finales de agosto, Jaime Mendoza, presidente de la institución, sustentó frente a la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso que la restitución del producto al fondo no sería eficaz para reducir los precios del GLP y que además podría generar costos diarios de entre S/2 millones y S/4 millones.

Además, como respuesta a un pedido de información que solicitó Sudaca, el organismo asegura que, entre el 2016 y 2020, presentó más de 10 oficios al Minem evaluando la pertinencia de que el FEDC incluya al GLP.

“La voluntad del gobierno ha sido buscar soluciones, pero el FEDC no es la adecuada porque es una especie de subsidio ciego que no diferencia entre el que vive en San Isidro o Chumbivilcas. Eso es preocupante, porque la caja fiscal no tiene muchos recursos”, asegura Aurelio Ochoa, el expresidente de Perupetro.

A inicios de septiembre Héctor Plate, presidente de Opecu, ya había manifestado su rechazo a la inclusión del GLP al fondo. “La inclusión del GLP Envasado en el Fondo de Estabilización tuvo un costo fiscal sobre S/2.700 millones pagados a productores e importadores, así, sin ningún beneficio para los consumidores del balón de gas en el país en años, que además pagaron S/1.200 millones en exceso por este producto”, señaló el directivo en una comunicación oficial. 

Como solución, Osinergmin había recomendado al Minem la ampliación de la cobertura del Fondo de Inclusión Social Energético (FISE). Este sistema de compensación brinda un subsidio de S/20 a las familias más vulnerables del país que se ven afectadas por la volatilidad del precio del GLP. Con la extensión, este último organismo proyectaba que 1,8 millones de hogares serían beneficiados. 

 

Las propuestas para el corto y largo plazo que Osinergmin ha sugerido al Minem para mejorar la situación del sector hidrocarburos del país.

Además, la institución también ha recomendado reemplazar el uso del GLP con energía eléctrica sostenible, ya que este recurso sería más económico con un potencial de ahorro del 50% comparado al costo actual del balón de gas.

Esta propuesta forma parte de un paquete de alternativas que Osinergmin ha ofrecido al Minem para el corto y mediano plazo en gobiernos anteriores. Pero Castillo no ha escuchado por el momento. Lo concreto es que las soluciones son esperadas por el consumidor en el corto plazo. Veremos si la “sorpresa” alivia sus bolsillos.

 

**Fotoportada: Darlen Leonardo. 

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