[INFORME] El futuro de Gino Ríos, titular de la Junta Nacional de Justicia, está en el aire tras conocerse el pedido de su vacancia por la sentencia en su contra. Mientras la vicepresidenta de la JNJ ha convocado a una reunión de los integrantes de la JNJ, otras voces justifican su designación alegando que Ríos ya cumplió con su pena.

El futuro de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) continúa siendo una incógnita tras conocerse los detalles del turbulento pasado de su titular, el abogado Gino Ríos Patio. En las últimas horas se han conocido diversos pronunciamientos y evidencias que no sólo comprometen más a Ríos Patio sino que exponen graves errores en el proceso que culminó con su llegada a este cargo.

SENTENCIA IGNORADA

Este último domingo, el programa “Cuarto Poder” reveló que, sospechosamente, en la elección de Gino Ríos como presidente de la Junta Nacional de Justicia (JNJ) se pasó por alto que tenía en su historial una sentencia por violencia familiar en contra de quien era su esposa y madre de sus hijos.

En las últimas horas, el diario La República publicó algunas de las cartas que Ríos le enviaba a su excónyuge con la aparente intención de presionarla en un proceso de divorcio en el cual el titular de la JNJ señalaba a su esposa de haber cometido abandono injustificado del hogar, mientras que la otra parte alegaba violencia psicológica. Cabe señalar que el juez a cargo del caso no sólo concedió el divorcio por violencia psicológica sino que Ríos ni intentó apelar la decisión.

Pero entre los datos que han llamado la atención en el reportaje emitido el reciente fin de semana estuvo la postura de Josué Gutiérrez, titular de la Defensoría del Pueblo y presidente de la comisión que evaluó a los candidatos, quien justificó que no se tomara en cuenta la sentencia contra Ríos alegando que “no hay una sentencia que pueda significar de manera condenatoria con un hecho que quizá tiene una connotación punible «Diario El Comercio. Todos los derechos reservados” y agregó que no se le hicieron preguntas claras al respecto a Ríos Patio “por decoro”.

Reportaje de @Cuarto_Poder
revela que Gino Ríos fue elegido como presidente de la JNJ a pesar de tener una sentencia por violencia familiar. Josué Gutierrez, defensor del Pueblo y miembro de la comisión que eligió a Ríos, dice que no le preguntaron sobre la sentencia «por decoro» pic.twitter.com/UNTfE3bGVH

— Alessandra Rozas (@AleRozas_) July 21, 2025

LA JNJ PIDE INFORMACIÓN

Ante la información que se ha hecho pública, los congresistas Héctor Acuña y Susel Paredes han solicitado la vacancia de Gino Ríos de la presidencia de la Junta Nacional de Justicia amparándose en que estaría impedido de ejercer dicho cargo por contar con la mencionada sentencia, situación que está contemplada en la Ley Orgánica de la JNJ.

Como consecuencia de este pedido, María Cabrera Vega, vicepresidenta de la Junta Nacional de Justicia, ha enviado un oficio al Congreso en el cual solicita copias certificadas de la totalidad del expediente judicial que involucra a Gino Ríos. En este documento, Cabrera anuncia que, además, se ha convocado a reunión a los miembros de la JNJ para abordar este caso.

No obstante, también han salido voces en favor del titular de la JNJ. Katherine Ampuero, la exprocuradora anticorrupción, señaló en una entrevista con Canal N que “en tanto él haya cumplido la pena impuesta y esté rehabilitado pues definitivamente esto no anula o invalida su nombramiento” y agregó que Ríos Patio tiene derecho a pedir su rehabilitación y que se borren sus antecedentes penales. Ampuero también señaló que la prohibición establecida en la Ley Orgánica de la JNJ se aplica cuando la sentencia está vigente.

En #CuentasClaras, la exprocuradora Katherine Ampuero indicó que ya se habría cumplido la sentencia por violencia familiar contra el presidente de la JNJ, Gino Ríos: «En tanto haya cumplido la pena, esto no invalida su nombramiento» ► https://t.co/QTAt5w7uQw pic.twitter.com/Hb8AGUVViE

— Canal N (@canalN_) July 22, 2025

Cerca del mediodía de este miércoles, la Defensoría del Pueblo también se ha pronunciado en un comunicado en el cual señalan que respaldan el trabajo hecho por la comisión que tuvo bajo su responsabilidad la selección de Gino Ríos como uno de los integrantes de la Junta Nacional de Justicia. “Rechazamos cualquier intento de distorsionar los hechos o debilitar un proceso que fue público, riguroso y ajustado al marco constitucional”, explican en la publicación de la Defensoría.

[INFORME] La bancada de César Acuña anunció la llegada de nuevos integrantes entre los que se encuentra un acusado de golpear a su expareja y un congresista que exigía a los trabajadores de su despacho entregarle parte de sus ingresos.

Alianza Para el Progreso se ha consolidado, en los últimos días, como la segunda bancada con mayor número de integrantes en el Legislativo. La agrupación que tiene como líder y fundador a César Acuña Peralta incorporó recientemente a tres parlamentarios que le permiten a APP alcanzar el número de diecisiete curules ocupadas en el hemiciclo y únicamente son superados por el grupo parlamentario fujimorista que cuenta con veintiún congresistas en sus filas.

Los nuevos miembros que llegan a la bancada del gobernador de La Libertad son Luis Cordero Jon Tay, Jorge Flores Ancachi y Segundo Quiroz Barboza.  En el caso de Cordero Jon Tay, su llegada a APP se produce luego de un breve paso por Somos Perú que ocurrió luego de obtener su curul gracias a Fuerza Popular.

El historial de los otros dos nuevos miembros de Alianza Para el Progreso también incluye un paso previo por dos bancadas distintas. Mientras que Flores Ancachi integró las filas de Acción Popular antes de pasar a Podemos Perú, Segundo Quiroz llegó al Congreso de la mano de Perú Libre para un tiempo después formar parte del Bloque Magisterial.

EL PEOR ANTECEDENTE

Pero estas incorporaciones también han llevado a que APP reciba serios cuestionamientos debido al escandaloso caso en el cual estuvo involucrado uno de estos nuevos jales. A finales del año 2021, cuando los nuevos inquilinos del Legislativo llevaban pocos meses en el cargo, el dominical Panorama dio a conocer que el congresista Luis Cordero Jon Tay fue denunciado por ejercer violencia física contra su expareja en el año 2014.

Acorde a la denuncia policial que data del mes de enero del 2014, el congresista Cordero había dado puntapiés y jalones de pelo a quien era su pareja. En el año 2023, la mujer que denunció estas agresiones brindó declaraciones al programa “Al estilo Juliana” en las que detallaba los violentos episodios que vivió.

“Me tapaba la cara y sentía sus patadas. Tenía el labio reventado. Me pateó en el pecho, me pateó en el estómago”, declaró la mujer de 41 años al programa de ATV. Sin embargo, pese a la gravedad del testimonio de la expareja del parlamentario, la Comisión de Ética decidió que no se investigue al entonces representante de Fuerza Popular y ahora, poco más de tres años después, Alianza Para el Progreso también decidió ignorar la gravedad de este antecedente.

BIENVENIDA AL MOCHASUELDO

Flores Ancachi también representa una incorporación con un pasado cuestionable. El año pasado, el dominical “Cuarto Poder” expuso que el parlamentario le exigía a quienes trabajaban en su despacho que le den la mitad de sus bonos y el 10% de sus salarios. Pero este caso tampoco fue considerado lo suficientemente grave por APP al momento de incorporarlo a sus filas y, por el contrario, el propio César Acuña se encargó de darle la bienvenida alegando que “su compromiso con la descentralización y la justicia social suma a nuestra lucha por un Perú con desarrollo y oportunidades”.

Cabe señalar que estas incorporaciones se producen a pocos días de la elección de la nueva Mesa Directiva del Congreso y Alianza Para el Progreso está en la búsqueda de retener la presidencia de la misma por tercer periodo consecutivo luego de los triunfos obtenidos con las listas encabezadas por Alejandro Soto (2023) y Eduardo Salhuana (2024).

[INFORMES] La Municipalidad de Lima invierte más de ochocientos mil soles en la adquisición de modernos y costosos equipos para la filmación, transmisión y edición de los eventos del alcalde Rafael López Aliaga.

El escándalo por los trenes adquiridos por la Municipalidad de Lima sumó un nuevo e indignante capítulo durante la última semana cuando se conoció que el alcalde Rafael López Aliaga había organizado, con recursos de la municipalidad, un concierto en el Parque de la Muralla.

Aunque apenas se trataba del primer lote de trenes y la fecha en la cual estos entrarán en funcionamiento todavía es una incógnita, el burgomaestre limeño consideró oportuno contratar los servicios de artistas, como el cantante Deysi Orozco, para celebrar la llegada de estos trenes al territorio nacional. Esta situación incluso llevó a que la parlamentaria Susel Paredes solicite en una carta dirigida al alcalde que se detallen los gastos destinados para este evento.

Sin embargo, este no parece ser el primer ni último gasto importante en eventos públicos que ha recibido luz verde por parte de la gestión del alcalde López Aliaga en lo que, coincidentemente, es la antesala a las elecciones presidenciales en las cuales el líder de Renovación Popular tiene innegables deseos de ser protagonista. Sudaca pudo conocer algunos de estos nuevos y costosos gastos.

¿CAMPAÑA ADELANTADA?

Aunque, tras salir victorioso en las elecciones de 2022, Rafael López Aliaga asumió un compromiso con la Municipalidad de Lima hasta el año 2027, sus aspiraciones presidenciales para el 2026 han quedado en evidencia desde el principio y estaría planeado que en el próximo mes de octubre se concrete su alejamiento temporal del sillón municipal para enfocarse en su campaña.

No obstante, mientras todavía ostenta el cargo, el alcalde de Lima estaría sacando el mayor provecho a la plataforma mediática que le ofrece la Municipalidad Metropolitana de Lima para tener toda la exposición en medios de comunicación tradiciones y redes sociales, y no planearía escatimar gastos para que su imagen y discursos tengan el mayor alcance posible.

Si bien no hay un impedimento para que el político del partido celeste lleve a cabo su plan de postular a las elecciones presidenciales, el uso que le está dando al presupuesto que tiene bajo su responsabilidad empieza a llamar la atención ante un notorio incremento en algunas áreas de la Municipalidad de Lima que coinciden con lo que serían sus últimos meses como alcalde.

Sudaca pudo conocer algunos de estos nuevos y elevados gastos. Uno de ellos ha tenido como protagonista a la Oficina General de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales que ha tomado la decisión de adquirir numerosos  y costosos accesorios audiovisuales para el evento que el alcalde López Aliaga tiene planeado para el mes de julio.

Con la excusa de las fiestas patrias, la Municipalidad de Lima vio con buenos ojos nutrir a su Oficina General de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales con radio transmisores, baterías para drones y diversos implementos que le aseguren la transmisiones en vivo en las redes de la municipalidad.

Pese a que en las últimas semanas voces de distintas tendencias políticas han coincidido en alertar sobre el endeudamiento irresponsable producto de la gestión actual, el alcalde de Lima no ha tenido inconvenientes en gastar más de treinta mil soles para asegurarse las transmisiones en vivo de su evento por 28 de julio.

¿ALCALDE o STREAMER?

Pero en estos meses también se llevó a cabo una segunda contratación a cargo de la Oficina General de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales. En esa oportunidad, y tal como lo detallan en el documento oficial, el propósito una vez más es atender las necesidades de producción en vivo y streaming de la Municipalidad de Lima.

Divicam fue el postor al cual le compraron micrófonos profesionales, switcher de video digital, consola de audio y generador de audio por la nada económica cifra de S/. 28641.00 en este proceso que tuvo lugar durante el presente mes de julio.

La polémica con estos gastos se ve potenciada debido a que gran parte de sus discursos en estos eventos oficiales no se centran en la importancia de las obras que realiza la municipalidad ni en temas que conciernen a los intereses de la ciudad sino en repetidos ataques a sus adversarios políticos y la insistencia en sus principales banderas de campaña, como la salida de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

???? Alcalde Rafael López Aliaga sobre la Corte IDH: “Salgámonos de esa porquería. De eso vive la izquierda caviar, terruca y pagan pato la PNP y los militares”. pic.twitter.com/dJfTLZmL5Q

— Epicentro.TV (@Epicentro_TV) July 14, 2025

RENOVACIÓN AUDIOVISUAL

Pero estas no han sido las únicas adquisiciones que la Municipalidad de Lima y su Oficina General de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales han realizado. Sudaca pudo revisar los contratos con estos proveedores y conocer que se invirtieron más de doscientos mil soles en adquirir cámaras de alta gama para transmitir los eventos de López Aliaga.

Para el año 2024, la Municipalidad de Lima había gastado cerca de cuarenta mil soles en un equipo de sonido, S/. 31,100.00 en un equipo audiovisual, S/. 19,992.00 en un software para la edición de videos y otros gastos de esta magnitud que estaban orientados a la Oficina General de Comunicaciones y Relaciones Interinstitucionales.

Acorde a la información disponible en el portal Transparencia Económica con respecto a los años 2023 y 2024 y únicamente teniendo en cuenta las adquisiciones hechas al proveedor Divicam SAC, la Municipalidad de Lima ha gastado un total de S/. 348,689.95 en herramientas para su oficina de comunicaciones.

En el caso del proveedor Cuy Technologies, el portal de Transparencia económica arroja otra cifra que llama la atención. Mientras que otros años no llegaba ni a cien mil soles en venta de este tipo de productos a la Municipalidad de Lima, la gestión del alcalde López Aliaga gastó un total de S/.  483,849 sólo durante el 2024.

Si bien el alcalde López Aliaga está habilitado para incursionar en la carrera por la presidencia del Perú, esta elevada inversión en el área de comunicaciones en un contexto marcado por las alarmas de un endeudamiento millonario plantea una interrogante razonable: ¿la Municipalidad de Lima está cubriendo una necesidad real de los limeños o esto es parte de una estrategia para darle cobertura a la campaña presidencial a costo cero para el alcalde?

[INFORMES] Entre funcionarios que desempeñan hasta tres cargos y unidades en completo abandono, la Biblioteca Nacional del Perú escribe un nuevo capítulo en su historia marcado por la improvisación y la incertidumbre que pone en riesgo el patrimonio de esta institución.

Una vez más el desinterés y hasta desprecio por la cultura pone en grave peligro a una de las instituciones más antiguas del país. Durante la última semana, Sudaca publicó un informe en el cual se exponía la incomprensible decisión de quienes hoy conducen los destinos de la Biblioteca Nacional del Perú y colocan en puestos claves a personas cuya especialidad dista mucho de este ámbito.

Pero, lamentablemente, la situación expuesta por este medio está lejos de ser un caso aislado y, por el contrario, parece reflejar lo que sería el pan de cada día en la prestigiosa biblioteca que alberga el material bibliográfico que es parte de la historia peruana y que cuenta con más de doscientos años de antigüedad.

En esta oportunidad, Sudaca pudo conocer mediante fuentes muy confiables la situación que se viene repitiendo con las designaciones en cargos que son fundamentales para el correcto funcionamientos de la Biblioteca Nacional y que la actual administración parece repartirlos a su conveniencia.

COPIAR Y PEGAR

Entre las decisiones que vienen llamando la atención, incluso de los trabajadores más experimentados de la Biblioteca Nacional, están los extraños casos de funcionarios con más de un cargo. Esta situación, por ejemplo, viene ocurriendo en la oficina de planeamiento y presupuesto.

En esta área, la persona designada para llevar a cabo las funciones de jefe es Luis Gabriel Paredes Morales. Lo que las fuentes confiables consultadas por Sudaca han señalado como una situación fuera de lo común es que, además de tener este cargo, Paredes Morales también ha sido elegido dentro de la misma oficina como coordinador de la Unidad Funcional de Cooperación Técnica y Relaciones Interinstitucionales y la Unidad Funcional de Mejora Regulatoria y Estudios Económicos.

Pero este no es el único en el que parecen haber copiado y pegado nombre de funcionarios para llenar cargos disponibles. En la misma Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Elvis Henry Espinoza Castillo ejerce como coordinador de la Unidad Funcional de Planeamiento Estratégico y Estadística y también en la Unidad Funcional de Presupuesto.

PUESTOS DESCUIDADOS

En otra área de la Biblioteca Nacional, más específicamente en la Dirección de Bibliotecas Desconcentradas, se vive un panorama distinto. Mientras que en la Oficina de Planeamiento y Presupuesto parecen haber llenado los puestos de coordinadores beneficiando a algunos funcionarios con doble cargo, en la Dirección de Bibliotecas Desconcentradas parecen haber olvidado que hay trabajo por hacer.

Primero es necesario señalar que esta unidad tiene a su cargo una tarea muy importante en un país como el Perú todo lo relacionado al sector cultural suele estar en una situación de precariedad y, en algunos casos, abandono absoluto. Por ello, la Dirección de Bibliotecas Desconcentradas tiene el encargo de gestionar las bibliotecas públicas que se encuentran fuera de Lima.

Pero, pese a que esto debería ser una tarea a la cual la actual administración de la Biblioteca Nacional le dedique especial atención, lo que se puede ver es que apenas se han tomado la molestia de designar a una persona responsable para dicha dirección y han dejado desierto el puesto de coordinador de la Unidad Funcional de Servicios Bibliotecarios y Gestión Cultural y lo mismo ocurre con la Unidad Funcional de Servicios Bibliotecarios Desconcentrados.

UN AMIGO ES UNA OPORTUNIDAD LABORAL

Lo relatado hasta ahora, obviamente, ha encendido las alarmas entre los trabajadores que llevan más años en esta institución y que, además, están siendo testigos de una imparable fuga de funcionarios capacitados. Pero a esta situación de incertidumbre y rumbo dudoso que empezó con la llegada de Ana Peña Cardoza al cargo de jefa institucional de la Biblioteca Nacional se le ha sumado un ingrediente extra.

Casualmente, tras el arribo de Peña Cardoza a este puesto, muchas de sus designaciones han caído en manos de personas que, al igual que ella, provienen o tienen algún vínculo con la Universidad de Piura. Por ejemplo, Cristina Milagros Vargas Pacheco, quien se encarga de la Dirección de Protección de las Colecciones, proviene de la misma universidad que la jefa institucional encargada de contratarla.

Esta misma coincidencia se repite con el responsable de la Oficina de Asesoría Jurídica, Cristian Manuel Silva Romero, quien comparte con Ana Peña Cardoza un pasado académico en la Universidad de Piura y ha llegado a dicho cargo durante la gestión de su excompañera universitaria.

La Biblioteca Nacional del Perú, lamentablemente, no ha ocupado un lugar preponderante en los planes de gobierno de la mayoría de mandatarios que han pasado por Palacio de Gobierno en los últimos años, pero pese a ello se había mantenido como una institución con un rumbo estable. Sin embargo, hechos como los que hoy alarman a sus propios trabajadores invitan a creer que esta institución podría estar en un riesgo como pocas veces visto.

[INFORMES] La actual administración de la Biblioteca Nacional del Perú se ve inmersa en una nueva polémica tras encargarle dos direcciones a una exfuncionaria del Ministerio del Interior sin mayor experiencia el sector.

Los recientes escándalos que involucran a las esferas más altas del poder político en el Perú han acaparado la mayoría de portadas y la atención de los peruanos. Sin embargo, mientras estas disputas y polémicas tienen como protagonistas a Dina Boluarte y los congresistas, otros funcionarios vienen aprovechando este interminable caos para manejar algunas instituciones a su antojo.

Una de estas instituciones afectadas es la prestigiosa e histórica Biblioteca Nacional del Perú que, una vez más, vuelve a ser noticia por los manejos irregulares por parte de quienes hoy en día tienen en sus manos el destino del patrimonio cultural documental bibliográfico de nuestro país.

Sudaca pudo conocer por medio de fuentes confiables los detalles de las sospechosas decisiones que se vienen tomando en dicha institución y que ponen en serio riesgo a la Biblioteca Nacional del Perú y sus más de doscientos años de historia.

ESTO ES UN CRIMEN

Uno de estas decisiones cuestionadas con respecto a la Biblioteca Nacional del Perú (BNP) tuvo lugar a inicios del presente mes de junio. En una resolución jefatural del martes 3 de junio, la jefa institucional de la BNP designó a Keila Miroslava Garrido Gonzales como directora de la Dirección de Desarrollo de Políticas Bibliotecarias.

Sin embargo, algo que habría pasado desapercibido, o decidieron ignorar, es la experiencia laboral de Garrido Gonzáles para un puesto tan importante. Tal como se puede observar en la siguiente imagen, el campo para el cual se encuentra preparada esta directora que ha sido beneficiada con este cargo de confianza poco o nada tiene que ver con las políticas bibliotecarias. Según su propio perfil, Garrido se dedica a la criminología.

La suerte de Garrido Gonzales mejoraría dos semanas después. El miércoles 18 de junio, como figura en el sitio web de la propia Biblioteca Nacional del Perú, la criminóloga tuvo a su cargo una nueva dirección. En esta oportunidad, Keila Garrido tendría bajo su responsabilidad la Dirección de Gestión y Articulación Bibliotecaria.

DEL MININTER A LA BIBLIOTECA

Sudaca pudo acceder al manual clasificador de cargo de la Biblioteca Nacional del Perú y pudo revisar los requisitos que se exigen para una persona que pretende ocupar el cargo de director, tal como es el caso de Keila Garrido Gonzales. Según este documento, que ha sufrido modificaciones en los últimos años, para ocupar una dirección se debe contar, por lo menos, con cuatro años de experiencia en la función y dos años de experiencia específica en puestos o cargos de directivo.

Este medio revisó los más recientes trabajos de Keila Miroslava Garrido Gonzales y pudo encontrar que su experiencia laboral previa a su llegada a la Biblioteca Nacional fue ocupando una dirección pero en un área totalmente diferente en el que se viene desempeñando actualmente.

Entre 2022 y 2023, justo antes de empezar a trabajar en la Biblioteca Nacional, Keila Garrido ocupaba una dirección pero en el Ministerio del Interior. Bajo la gestión de Vicente Romero como titular del Mininter, Garrido Gonzales sí ejercía su especialización en criminología y estaba al frente de la Dirección Contra Delitos de Crimen Organizado.

En el sitio web de Transparencia Económica también se puede encontrar que la experiencia de esta nueva directora de la Biblioteca Nacional en el sector público fue únicamente con el Ministerio del Interior, sector con el cual registra más de doscientos mil soles en contratos entre los años 2015 y 2023.

Incluso en el registro de títulos se puede encontrar que la vida profesional de Garrido Gonzales se encontraba direccionada a la criminología. En la siguiente imagen se puede observar que, en el año 2022, Keila Garrido obtuvo un grado de master en una universidad de Reino Unido en el campo de la criminología y la justicia penal.

Cabe señalar que el nombre de Garrido había causado escándalo en el ambiente de la Biblioteca Nacional en noviembre del año pasado cuando la jefa institucional, Ana Peña Cardoza, la nombró en el cargo de confianza de asesora e incluso para dicho cargo no contaba con la experiencia que se esperaba.

Aunque la crisis política del país recibe un merecido porcentaje de la atención de los peruanos, una de las instituciones más antiguas y claves para la historia del Perú, como es el caso de la Biblioteca Nacional, hoy reclama por mayor supervisión ante este tipo de decisiones que, más temprano que tarde, pueden poner en riesgo parte del patrimonio nacional y décadas de cuidadoso trabajo por parte de quienes sí se han especializado en este sector.

Defender a Montesinos, ser exfuncionario de Cerrón, fomentar la homofobia y ser aportante de un partido parecen ser los requisitos para cobrar un sueldo en el Congreso. Sudaca revisó los pagos del mes de mayo y encontró una peculiar lista de beneficiados.

Los actuales inquilinos del Congreso de la República están escribiendo un nuevo e infame capítulo. Además de ser los responsables de promulgar leyes que terminan favoreciendo a la criminalidad y ser duramente cuestionados por la opinión pública, los parlamentarios han decidido utilizar el presupuesto del Legislativo para darle una mano a integrantes y socios estratégicos de sus partidos políticos.

En lo que se podría interpretar como una posición desafiante a las críticas de sus propios votantes, los partidos políticos con representación en el Congreso vienen aprovechando los recursos públicos para darle trabajo a sus militantes, aportantes y hasta aliados. Pero no conformes con ello, en el parlamento incluso los contratan para oficinas en las que tienen a su cargo funciones que poco o nada tienen que ver con su experiencia profesional.

Sudaca pudo revisar los contratos que viene pagando el Congreso de la República durante los últimos meses y ha podido encontrar numerosos casos que ponen en evidencia esta situación que, sin lugar a dudas, suma al deterioro de la imagen del Congreso.

PODEMOS DAR TRABAJO

En el Congreso tiene lugar el Área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias, el cual tiene como objetivo garantizar que todos los peruanos puedan acceder a la información sin que su forma de comunicarse sea un obstáculo. Sin embargo, lejos de darle a dicha área la importancia que merece en un país en el cual se habla una gran variedad de lenguas, quienes hoy tienen poder en el Legislativo han decidido utilizar estos puestos para darle trabajo a sus aliados.

Este parece ser el caso de Kiradia Lucy López Lavy, quien durante el pasado mes de mayo recibió más de tres mil soles por desempeñarse como auxiliar en el Área de Servicios de Información, Traducción y Lenguas Originarias del Congreso de la República.

Esta información podría pasar desapercibida de no ser porque López Lavy no sólo carece de experiencia en esta área sino que, casualmente, ha integrado desde hace aproximadamente siete años las filas de Podemos, la agrupación política de José Luna, y gracias a ellos desde 2023 empezó a desempeñarse como regidora en la Municipalidad de Los Olivos.

Al revisar la situación actual de esta área también se puede encontrar que quien se desempeña como jefa de esta es Shadia Elizabeth Váldez Tejada, quien no sólo es militante del partido Podemos sino que trabajó para el despacho del propio José Luna y figura como aportante de esta agrupación política. Al igual que en el caso de López Lavy, Shadia Valdez tampoco registra una trayectoria relacionada con el área que tiene a su cargo.

LA CUOTA FUJIMONTESINISTA

Patricia Juárez representa la cuota fujimorista en la actual Mesa Directiva del Congreso. Pero, para el partido de Keiko Fujimori, esto no parecer ser suficiente. Por ello, la oficina de la primera vicepresidenta decidió contratar como asesora a una exparlamentaria naranja para que apoye el trabajo de Juárez.

La persona en cuestión es María Del Carmen Lozada Rendón y su nombre es recordado debido a que el propio Vladimiro Montesinos señaló haber aportado veinte mil dólares para su reelección como congresista durante la época del régimen fujimorista. Pese a ello, Keiko Fujimori no tuvo problemas en incluirla en su equipo cuando fue candidata presidencial.

Además, Lozada, quien fue pareja de un exintegrante del Servicio de Inteligencia encabezado por Montesinos, no ha tenido reparos en mostrarse abiertamente como una defensora de Montesinos y, años atrás, señaló ante la prensa que “no hay que satanizar más a la persona del señor Montesinos”.

Por el trabajo que viene desempeñando de la mano de Patricia Juárez en la oficina de la vicepresidenta del Congreso, la excongresista Lozada ha recibido más de dieciséis mil soles durante el pasado mes de mayo.

HERMANDAD CONSERVADORA

A inicios del mes de marzo de este año, el Congreso dio luz verde para que se conforme una comisión que tendría a su cargo investigar  los detalles con respecto al acuerdo de colaboración eficaz suscrito entre el Estado peruano y la empresa Odebrecht. Este pedido fue impulsado, principalmente, por parlamentarios de la bancada de Renovación Popular.

Sin embargo, pese a que en sus discursos intentan mostrar una imagen de suma preocupación por combatir los actos de corrupción vinculados con esta empresa brasilera, en la práctica pareciera que las prioridades son otras. Esto debido a que la comisión presidida por el congresista Alejandro Muñante (Renovación Popular) consideró que la mejor opción para brindarle asesoramiento legal a esta comisión era uno de sus aliados conservadores.

Justo Fernando Balmaceda Quirós, quien durante el pasado mes de mayo recibió un pago de más de cuatro mil soles por asesorar a la comisión que encabeza el congresista Muñante, es un reconocido militante del colectivo denominado “Padres en Acción”, el cual saltó tomó notoriedad en 2019 por su decidida lucha contra el enfoque de género debido a que temían que la implementación del mismo en la educación peruana podría “homosexualizar” a los estudiantes.

LOS CERRÓN

Aunque la bancada de Perú Libre sufrió numerosas bajas y tanto su candidato a la presidencia como su vicepresidenta terminaron muy distanciados de la agrupación que los llevó al poder, los que todavía quedan en el partido de Vladimir Cerrón no han dudado en aprovechar cuanta oportunidad aparece para beneficiarse de sus cargos en el Congreso.

Este es el caso de Waldemar Cerrón, hermano del líder del partido, que actualmente ostenta el cargo de segundo vicepresidente y desde esta posición privilegiada le está dando una mano a uno de los allegados de su hermano Vladimir que por una asesoría está cobrando más de trece mil soles al mes.

Esto se ha podido observar en la lista de pagos hechos por el Legislativo en el mes de mayo y entre los cuales figura el nombre de Efraín Cerrón Luján, quien ahora ejerce como asesor de la segunda vicepresidencia pero antes fue director regional de Trabajo y Promoción de Empleo del Gobierno Regional de Junín durante la gestión de Vladimir Cerrón que ha sido objeto de múltiples cuestionamientos e investigaciones.

Aunque el Perú vivió un  mayo marcado por la interminable crisis política y social, en el Congreso parece haber sido otro mes para no sólo despilfarrar en los numerosos privilegios que gozan quienes ocupan una curul sino que también fue un mes para ayudar a que sus aliados disfruten con el dinero de los peruanos.

La Municipalidad de Lima pasó por alto un requisito indispensable para una contratación que comprometen más de diez millones de soles del presupuesto municipal. Sudaca accedió al documento de la Contraloría que advierte esta irregularidad.

En la Municipalidad de Lima, la gestión del alcalde Rafael López Aliaga parece estar copiando la estrategia del Ejecutivo de responder a cualquier cuestionamiento por parte de la prensa o la población con acusaciones de ser parte de una conspiración en su contra. Incluso, en una recién actividad oficial, el burgomaestre llegó a calificar como “traidores a la patria” a los comunicadores por las investigaciones periodísticas que realizan.

López Aliaga se picó por lo que publicamos sobre el estudio gringo que contrató, y que hizo un mal trabajo.

Ahora nos llama “traidores a la patria” a nosotros y a colegas de varios medios. pic.twitter.com/gsXB4SIbeZ

— ???? Jonathan Castro (@jsudaka) June 7, 2025

Sin embargo, pese a estos intentos de posicionarse como víctimas de persecución, siguen apareciendo hechos contundentes que exponen la poca seriedad con la que se están llevando a cabo las gestiones en la Municipalidad de Lima y que comprometen varios millones de soles así como el adecuado funcionamiento de la ciudad.

En esta oportunidad, Sudaca pudo acceder a un documento de la Contraloría en el cual se detallan graves omisiones por parte de las personas implicadas en el proceso de contratación de camiones cisternas para lo cual se había estimado un presupuesto que superaba los diez millones de soles.

SE OLVIDARON DE ALGO

En el mes de octubre del año pasado, la Oficina de Logística de la Municipalidad de Lima le dio luz verde a un pedido de la Subgerencia de Servicios a la Ciudad para la contratación de un servicio de alquiler de camiones cisterna y un tracto remolcador que serían utilizados para las áreas verdes del cercado de Lima. Para este proceso, el monto aproximado superaba los diez millones de soles.

Como suele ocurrir en estos procesos, lo que ocurre después es la conformación un comité de selección que incluye miembros titulares y suplentes. Estas personas tendrían la responsabilidad de elegir la mejor oferta entre los postores que se presentarían a dicho concurso público.

El siguiente paso a seguir en este proceso de selección, tras la designación de los miembros titulares y suplentes del comité, era la presentación de las declaraciones juradas de los integrantes de este comité. Cabe resaltar que este requerimiento no es voluntario sino una obligación estipulada en la ley y que, además, se recalca que se deben presentar antes de cada proceso de selección en el cual se vean involucrados.

No obstante, y tal como se puede apreciar en el siguiente cuadro elaborado por la propia Contraloría, cinco de los seis integrantes de este comité decidieron no cumplir con esta obligación que es fundamental para detectar posibles conflictos de intereses entre quienes conforman el comité y los postores.

La siguiente imagen corresponde al buscador de declaraciones juradas en el cual se observa que Neil Darwin Paima Arias, presidente del comité, no presentó declaraciones juradas durante el año 2024 y José Juan Rivera Temoche, segundo miembro, tampoco registraba haber presentado su declaración jurada.

En el caso de los suplentes del comité de selección, Renzo Antonio Vargas Mariscal y Lys Pamela Mendoza Lescano, primer y segundo miembro, no registraban declaraciones juradas en el año 2024 mientras que Mary Sender Maccapa Chanca, suplente del presidente, contaba con una declaración jurada presentada ese año pero no correspondía a los requerimientos del proceso de selección en cuestión.

ESTOS SÍ COBRAN

Aunque los seguidores del alcalde López Aliaga señalan que el líder de Renovación Popular no cobra su salario como intento de defenderlo ante los cuestionamientos a su gestión, en el caso de estos funcionarios que pasaron por alto el requerimiento de las declaraciones juradas no se podría aplicar la misma excusa.

Por ejemplo, Neil Darwin Paima Arias, el presidente de este comité de selección, cobró en el mes de abril cuarenta mil soles por un servicio especializado en análisis, evaluación y conducción de procesos de selección. Además, desde el año 2023, Paima Arias ha cobrado un total de S/. 191,500 por servicios especializados en estos procesos de selección.

En el caso de Renzo Vargas, Lys Mendoza y Mary Maccapa, suplente del comité de selección, también han recibido un total de S/. 65,800 en contratos por especializarse en procesos de selección y otras actividades con la Municipalidad de Lima.

NO FUE EL ÚNICO PROBLEMA

En este documento al que tuvo acceso Sudaca también se advierte una segunda irregularidad en este proceso. La Contraloría también advirtió que existían varios vacíos en los requerimientos a los postores con respecto a los certificados de calidad del agua utilizada por los camiones cisternas.

Pese a que en este tipo de procesos se exige que se brinden precisiones para que los postores estén advertidos sobre el tipo de documentos que tienen que presentar, la Municipalidad de Lima no profundizó en los detalles sobre la cantidad de veces que se debían tomar estas muestras ni la procedencia del agua.

Aunque para el alcalde López Aliaga se deba calificar como traición a la patria las investigaciones periodísticas a la Municipalidad de Lima, casos como el expuesto en este informe dejan al descubierto que existen graves errores que ponen, merecidamente, a su administración bajo la lupa.

El Despacho Presidencial ha emitido órdenes de servicio por más ochocientos mil soles para diversos especialistas. Sin embargo, en la presidencia parecen no estar sacando provecho del trabajo que se paga con el dinero de los peruanos.

El gobierno de Dina Boluarte continúa en el ojo de la tormenta ante las deficientes gestiones de sus ministros para atender los problemas más importantes del país y algunos gastos que rozan la excentricidad. Aunque desde el Ejecutivo se opta por un discurso de victimización, la opinión pública ha permanecido indiferente ante estas excusas y ha dictado un veredicto muy severo sobre lo que les genera la actual conducción del país.

Pero estas críticas no sólo se limitan al desempeño de quienes tienen a su cargo el funcionamiento de los diversos ministerios. La figura de Dina Boluarte ha sido identificada no sólo como la máxima responsable de esta crisis sino como un personaje desafiante que encuentra comodidad al rodearse de funcionarios cuestionados y tomar decisiones que no reflejan las prioridades del país.

Sudaca ha podido revisar el entorno laboral de la mandataria y se ha encontrado una sorprendente cifra destinada a numerosos contratos de empleados que integran el despacho de Dina Boluarte y podrían haber evitado la actual crisis política o, al menos, ayudado a conducir los destinos del país sin tantos errores.

FILTROS DESACTIVADOS

En esta fallida gestión de la presienta han existido oportunidades de remediar todos los errores que se evidenciaron desde diciembre del año 2022. Sudaca ha podido encontrar una serie de trabajadores del Despacho Presidencial que podrían haber actuado como filtros en las decisiones que se tomaban desde la presidencia y ayudado a Dina Boluarte a evitar los errores más groseros de su gobierno.

Por ello sorprende encontrar que, durante el mes de abril, el Despacho Presidencial pagó una orden de servicio por el monto de veinticuatro mil soles a una persona cuyo trabajo se centraba en las contrataciones del Estado y por el cual se vienen emitiendo numerosas órdenes de servicios desde hace varios años.

Estas órdenes de servicio figuran a nombre de Antuhaned Erica Leandro Reyes y desde el mes de marzo del año 2023 ha trabajado para el Despacho Presidencial por lo que ha recibido un total de S/. 206,000 por desempeñarse como analista en contrataciones del Estado, servicio especializado en contrataciones públicas y asistencia en adquisiciones y contrataciones.

Pero Antuhaned Leandro Reyes no es la única persona que tiene este encargo. También desde el año 2023, Emerson Inca Huamán brinda un servicio especializado en procedimientos de selección y contrataciones del Estado por el cual ha facturado veintisiete mil soles durante el pasado mes de abril y un total de S/. 256,500 durante dos año.

Lucía Genoveva Alcántara Domínguez es otra de las trabajadoras que registra órdenes de servicio por una labor relacionada con las contrataciones del Estado por parte de la oficina presidencial. Desde el año 2024 hasta la fecha, Alcántara ha acumulado un total de S/. 64,000 por este trabajo.

Una cuarta persona en esta lista de expertos en contrataciones públicas es Sara Giuliana Lengua Huachua. En los últimos meses ha recibido órdenes de servicio por un total de sesenta mil soles por trabajos relacionados con las contrataciones públicas en el Despacho Presidencial.

LOS VIAJES DE DINA

Sin lugar a duda, los constantes pedidos de permiso de la presidenta Boluarte para viajar al extranjero llevaron a que el descontento con el gobierno aumente. Que estos pedidos ocurrieran en contextos críticos para el país e incluso, como lo expuso Sudaca en un informe reciente, que la mandataria incluya en la lista de viajeros cuyos gastos salen del erario público a personal que no era indispensable lograron exacerbar los ánimos todavía más.

Pero, además de estos gastos, la oficina de la presidenta ha contratado a una persona para que se encargue exclusivamente de gestionar los viáticos de los viajes presidenciales. El elegido para este encargo fue Edwin Oswaldo Mallqui Gamarra y en menos de un año ha recibido S/. 34,900 por ello.

Para cerrar esta lista de personas contratadas por el despacho de Dina Boluarte que debían ayudar a una buena gestión podemos encontrar, paradójicamente, órdenes de servicio por un trabajo especializado en presupuesto. Mientras en Palacio se despilfarran miles de soles de los peruanos en banquetes, una nutricionista y hasta viajes para el fotógrafo de la presidenta, su oficina ha gastado S/. 224,000 en un servicio especializado en la gestión, programación y seguimiento del presupuesto público.

Si bien la mayoría de estas órdenes de servicio corresponden a puestos de trabajo que son necesarios para el adecuado funcionamiento de un gobierno, el deficiente trabajo del Ejecutivo invita a creer que, una vez más, Dina Boluarte y quienes la rodean han decidido ignorar a quienes podrían ser una gran ayuda y seguir manejando el país de forma improvisada y usando el dinero público como un botín a despilfarrar hasta 2026.