Ya es hora de volver a poner sobre el tapete la urgente discusión respecto de la posibilidad de despenalizar la producción, comercialización y consumo de la cocaína, como mejor manera de desterrar la huella delictiva y sangrienta que deja a su paso por las sociedades, el narcotráfico.
Ya no se trata tan solo de libertades morales (cada quien debería poder hacer con su cuerpo lo que quiera y, por supuesto, lo que se mete en él) sino de una pragmática constatación frente a la imparable estela de daño social que genera su ilegalidad.
Se evitaría la corrupción de fuerzas armadas y policiales, autoridades locales, jueces y fiscales, congresistas, funcionarios aduaneros, etc.; se eliminaría el lavado de activos que destroza las partes sanas de la economía empresarial; se evitaría que su tránsito social exija cupos de violencia y muerte. Y el fisco peruano recibiría una suma importante de dinero por los impuestos que se les cobraría a los que se dediquen a la actividad en cualquiera de sus engranajes.
Hoy, que el Perú es víctima de una ola delictiva sin parangón, que incluye la presencia creciente de mafias internacionales, en gran medida por ser uno de los principales países productores de cocaína, el tema vuelve a adquirir relevancia.
Debe ser una iniciativa multilateral (Colombia y Bolivia se sumarían sin mayor problema en estos momentos) para enfrentar la que seguramente será una dura reacción de Washington, que, por cierto, se basa en una gran hipocresía y en una actuación cómplice con el narcotráfico (la DEA y buena parte de los dineros malhabidos del narcotráfico en la potencia norteamericana medran justamente de su ilegalidad y el negocio se les vendría al piso si el mismo se legalizara).
Probablemente haya un aumento de la drogadicción, pero no parece que ello vaya a ser muy incidente, porque ya hoy en día se puede conseguir cocaína en cualquier esquina del país. Pero el inmenso daño social que produce su ilegalidad supera con creces el eventual “daño” social que ocasionaría este improbable aumento de drogadictos y su comportamiento antisocial.
La delincuencia ya es hoy el principal problema nacional. Junto con la corrupción -producto del narcotráfico también- son ya taras de la gobernabilidad democrática del país. Con la despenalización de la cocaína se le daría un duro golpe al narcotráfico, fuente principal de la delincuencia, y se fortalecería la democracia.
