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Policia

Cuando se habla de la corrupción cometida en los ascensos policiales y militares, se ve un solo lado del problema, el de los agentes corruptores que vendían los puestos de ascenso y que, claramente, merecerán la severa sanción penal que corresponde a su delito.

Pero de lo que no se habla es de por qué un policía o un militar estaría dispuesto a pagar veinte o treinta mil dólares por ser ascendido, si el aumento remunerativo que dicho ascenso implica no alcanza, ni en todos los años de servicio premiados, para “recuperar” la inversión.

Claramente sucede esto porque hay una inmensa corrupción en nuestros institutos armados. Un ascenso implica acceder a fuente de sobornos y coimas gigantescas que justifican el pago efectuado para ascender.

Todos los días o muy a menudo aparecen informaciones que muestran cómo elementos de la policía y de las fuerzas armadas están involucrados en arreglos con el narcotráfico. Si a ello le sumamos las operaciones de las otras mafias ilegales (minería delictiva, contrabando, trata de personas, maderas preciosas que se explotan ilegalmente, etc.), sumadas a la corrupción endógena que lamentablemente se ha enseñoreado en todo el sector público, en cuanto a la adquisición y licitación de compras de equipos e insumos, entenderemos la madre del cordero.

No se equivoca la opinión pública cuando, de acuerdo a una encuesta de Ipsos, identifica a la corrupción como el segundo de los problemas a resolver (y que además está ligado con el primero, que es el de la seguridad ciudadana; ¿qué puede hacer una policía corrupta para enfrentarla?).

Por lo pronto, se espera que las investigaciones fiscales en curso contra el presidente Castillo y otros subalternos, por este tema de los ascensos, saque a la luz qué oficiales malpagaron para lograr su objetivo, porque solo así, interrogándolos, se podrá ir desenmarañando esta terrible y deleznable red de corrupción, que ataca la base del contrato social que cimenta no solo una democracia sino cualquier forma de gobierno.

Si nuestras fuerzas “del orden” están preñadas de corrupción, no hay viabilidad social factible. Este escándalo reciente debiera servir, por ello, como hilo de la madeja para proceder a una extirpación quirúrgica de los elementos podridos de nuestra policía y fuerza armada, instituciones ambas que debieran ser pilares morales de la democracia.

 

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Ascensos, corrupción, Policia, seguridad ciudadana

La policía le ha recomendado a Martín a no seguir pagando porque esto se convierte en un círculo vicioso de nunca acabar, sin embargo, el dueño del restaurante nos cuenta que tiene miedo que un día lleguen a su local lastimen a sus clientes o a sus colaboradores o lo terminen asesinando es por ello que ha tomado la decisión de cerrar su negocio e irse para poder reencontrarse con sus niñas y su esposa y así empezar una nueva vida lejos de la extorsión y de la inseguridad que se vive en el Perú.

“He tenido que cambiar fechas de pago a mis trabajadores porque los delincuentes también están al tanto de los días que hago los pagos, pero esta será la última vez que lo haga, en una semana cerrare mi negocio por el que tanto luché. No puedo seguir exponiendo a mi familia, no puedo soportar más, yo estoy casi seguro de que la Policía no podrá hacer nada, ella en ningún momento ha garantizado ni mi seguridad ni la los míos”.

El emprendedor detalla que los delincuentes lo tienen mapeado, saben su rutina, si se comunica con la Policía o con su familia.

Los extorsionadores no discriminan si eres un empresario o un dueño de una pequeña bodega, el fin es obtener el dinero a como dé lugar para mantener el estilo de vida que es una de sus características, así como la ferocidad con la que matan, es violencia que lleva a que la mayoría de las víctimas terminen pagando el dinero que piden estos sicarios

En los últimos años el tren de Aragua se ha expandido por Colombia, Chile, Ecuador y Perú donde está en una constante disputa por el poder de la criminalidad, nada los parece frenar, en la actualidad esta organización extranjera es considerada una de las más poderosas y la que opera la mayor cantidad de negocios ilícitos.

Analistas en los temas de seguridad desde hace muchos años y ministros del Interior en los regímenes de Alejandro Toledo y Francisco Sagasti, el sociólogo Fernando Rospigliosi y el abogado Rubén Vargas Céspedes coinciden en que la permisividad del gobierno de Castillo con la delincuencia nacional y extranjera han hecho crecer un problema que tiene varias aristas. La primera es la flexibilidad adoptada por las autoridades migratorias a partir del gobierno de Pedro Pablo Kuczynski con los extranjeros indocumentados que han ingresado por miles al país en los últimos años. La segunda es que entre la gigantesca masa de inmigrantes venezolanos y colombianos han entrado al Perú lo peor de lo peor de las estructuras sociales de ambos países: extorsionadores y sicarios de Colombia y proxenetas, asaltantes que disparan a matar a sus víctimas y rateros de todo tipo de Venezuela. “Es como si fueran dos selecciones nacionales de los basureros sociales de ambos países”, nos dijo un colega con muchos años más que nosotros en el oficio.

El ex ministro del Interior Rubén Vargas nos explica ¿Qué diferencia a un delincuente migrante, sea colombiano o venezolano, del delincuente peruano, por qué esos antisociales extranjeros matan con tanta ferocidad?

La delincuencia es igualmente corrosiva, genera daños absolutamente críticos en nuestro bienestar, en nuestra integridad personal, en nuestras vidas, en nuestro patrimonio. La delincuencia en realidad no tiene nacionalidad no tiene bandera, ahora a partir de esa premisa lo que sí sin duda hay, es  diferencias en la forma como operan los delincuentes extranjeros de los locales y tiene que ver esa forma diferente de actuar principalmente en las disputas territoriales en las disputas de poder que se están observando en las distintas partes precisamente tratando de imponerse uno sobre otro y en esa disputa el delincuente extranjero sin duda que tiene una especie de escuela del delito en el que se observa que recurre a la extrema violencia con absoluta facilidad con absoluta frialdad, el delincuente extranjero estamos viendo que esta asesinando por un celular por una cartera, mata para ver si sus víctimas tienen unas monedas en el bolsillo, eso es un forma de ferocidad, ese hecho de asesinar a mansalva con ferocidad ese tipo de delito patrimonial en realidad en el fondo subyace un mensaje en esta disputa que se está produciendo con el delincuente nacional y esa disputa tiene que ver por territorios por preminencia tiene que ver con una de circunstancias propias de la ley del hampa. La incidencia delictiva y los delitos violentos en países como Venezuela y Colombia tiene muchísimo antecedente mucho más compleja que la de Perú, en realidad el Perú aun cuando la percepción de inseguridad siempre ha sido alta, pero el Perú es visto por los delincuentes extranjeros casi como una tierra virgen del delito acá no conocíamos por ejemplo los delitos gota a gota, las extorsiones en la forma como se está desarrollando ahora, en cambio en Colombia el gota a gota tiene una larguísima historia, en Perú no conocíamos por ejemplo los temas vinculados al manejo territorial de las calles, de las avenidas de las grandes ciudades pero en Venezuela sí, entonces digamos que se está trasladando al Perú patrones de países donde la violencia tiene una larga historia.

¿Cuáles son los factores que han permitido que ese fenómeno delictivo importado crezca como la espuma en diversas regiones del país?

Básicamente tiene que ver con la responsabilidad política y la responsabilidad operativa, la responsabilidad política del gobierno que en su momento abandonó las ciudades recordemos que en los dieciséis meses de desgobierno de Pedro Castillo la Policía fue convertida en un brazo operativo de una organización criminal, los comandantes generales de la Policía estaban al servicio de una organización criminal estaban al mando de un sujeto conocido como “El Español”, entonces obviamente que en esas circunstancias en ese contexto no había forma de enfrentar a la criminalidad organizada eso ayudo muchísimo a que crezca el crimen organizado.

¿Cuáles son las acciones que deberían tomar las autoridades nacionales para mitigar la gigantesca inseguridad que se vive en el país?

Se necesita recuperar la institucionalidad de la Policía, los temas de corrupción siguen bastante grandes al interior de la Policía, necesitamos que el Gobierno tenga estrategias claras contra el crimen organizado y en la prevención del delito, necesitamos que el gobierno se comprometa priorizando presupuestos para fortalecer la logística policial especialmente en la tecnología de las unidades especializadas de la Policía contra el crimen organizado, es muy importante en la lucha contra el crimen organizado fortalecer la inteligencia electrónica.

Según distintas fuentes, los venezolanos vinculados a la organización llamada el Tren de Aragua han empezado a controlar todas las modalidades delictivas en el país, ¿cuánta responsabilidad tienen los gobiernos de PPK hasta hoy de ese crecimiento exponencial?

Yo no diría que los gobiernos que usted menciona tengan una responsabilidad especifica, obviamente que se abrieron las puertas a la migración venezolana de manera demasiado lasta especialmente cuando se producían situaciones humanitarias en Venezuela, seguramente que eso se pudo haber hecho de una mejora manera sin ninguna duda, pero la delincuencia venezolana empieza a ingresar después de la segunda oleada migratoria en donde básicamente las fronteras se abrieron, en todo caso lo que necesitamos es recuperarnos de esa situación en la que nos dejó Pedro Castillo.

El también ex ministro del Interior y analista político, Fernando Rospigliosi nos indica que los delincuentes que han venido de Venezuela y de Colombia efectivamente son mucho más violentos y que la exportación de los mismos ha disminuido la tasa de violencia en el país llanero.

“Una de las características de los delincuentes que han venido de Venezuela y de Colombia  es que son mucho más violentos que los peruanos si uno revisa por ejemplo la tasa de homicidios de Venezuela en los últimos años es notorio que hace 5 – 6 años Venezuela tenía una de la tasa de homicidios más altas del mundo 80 por cien mil habitantes y en los últimos 5 años eso ha bajado a la mitad 40 por cien mil habitantes el año 2022 eso es altísimo todavía, pero es una muestra de cómo los delincuentes venezolanos son muy violentos  y como al exportar a tantos delincuentes violentos ha disminuido la tasa de homicidios en Venezuela y naturalmente eso tiene un efecto a los países donde van estos delincuentes venezolanos entre ellos el Perú igual o algo similar ocurre con los colombianos que también tienen una tasa de homicidio muy alta y son muy violentos entonces eso ha creado una de las características que tenemos ahora que la delincuencia no solamente ha aumentado el número de robos sino que la violencia es mucho más brutal que antes”.

Para Fernando Rospigliosi es necesario que se actúe con firmeza y energía y también es importante implementar los elementos necesarios para que la Policía Nacional del Perú pueda erradicar la delincuencia en nuestro país.

“Hay que dotar a la Policía de los elementos indispensables para luchar contra la delincuencia. La policía está en una situación crítica básicamente por corrupción, porque no haya habido dinero sino porque se ha malgastado o se ha robado el dinero y la Policía no tiene buenas comunicaciones, no tiene patrulleros. Y se requiere hacer algunas modificaciones como, por ejemplo, devolver la investigación preliminar a la Policía es decir el atestado policial que antes lo hacía la Policía ahora eso ha pasado a manos de la Fiscalía, los fiscales no saben investigar y muchas veces los delincuentes salen libres por eso, entonces hay un conjunto de cosas básicas que son conocidas que hay que hacerlo pero que nadie se atreve a tomar la decisión de hacerlas”.

Sin embargo, nos indica que los gobiernos de PPK hasta hoy “son los responsables de que los delitos hayan crecido con esa rapidez y con esa violencia, es responsabilidad de los sucesivos gobiernos en este caso esta banda que se denomina el tren de Aragua por ejemplo está controlando delitos de extorsión, secuestros, trata de personas y son muy violentos, han exportado toda su tecnología delictiva”.

Hasta bien entrado el siglo pasado, Venezuela era un país donde había muy pocos inmigrantes, pero cuando las industrias derivadas del auge del petróleo requirieron de trabajadores experimentados comenzaron a llegar muchísimos europeos, convirtiendo al país más al norte de Sudamérica en la sede de la segunda colonia española más grande del subcontinente, en la tercera colonia italiana más importante de estas tierras después de la Argentina y la de Brasil, y en la segunda colonia portuguesa más grande del mundo después del Brasil. Ese país de inmigrantes se convirtió en una nación de emigrantes en menos de medio siglo, exportando comerciantes riquísimos, profesionales de altísima calificación, hombres y mujeres con muchas ganas de sacar a sus familias de la precariedad del momento actual y miles de los delincuentes de la peor especie, a tal punto que en la última década el índice de criminalidad venezolano ha bajado de uno de los primeros lugares en el mundo al penúltimo lugar en América del Sur después de Brasil.

A menos que alguien demuestre lo contrario, ese es el único logro del llamado socialismo del siglo XXI.

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delincuencia, extorsiones, Policia, tren de aragua

No hablamos ya de “manzanas podridas” sino del “barril podrido”. Servirán en algo, en esa medida, las sucesivas purgas policiales que vemos con el ingreso de cada nuevo ministro del Interior, pero parte de las reformas de segunda generación pendientes en el país, es la reforma de nuestros sistemas policiales, una reforma a fondo.

¿Podrá el gobierno de Dina Boluarte abocarse a ello? Lo vemos difícil. Es un gobierno débil que descansa, entre otros cimientos, en el respaldo preciso de las fuerzas policiales y armadas. Difícilmente se va a enfrentar a ellas. Lo máximo que se le puede pedir es cierta profilaxis en casos graves.

Pero debe ser tarea urgente del siguiente gobierno y será tarea de la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación, ser acuciosos respecto de las propuestas que los diversos candidatos tengan al respecto.

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corrupción policial, Policia

Un clima de tensión reina en el Ministerio del Interior. El futuro sobre el control de dos dependencias claves, la Dirección Contra el Terrorismo (Dircote) y la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), despierta temores entre los mandos policiales con los que Sudaca pudo conversar. Esto, mientras se realizan pesquisas contra varios militantes de Perú Libre, como el nuevo premier Guido Bellido.

 

En la Dircote están preocupados por la posibilidad de que ruede la cabeza del jefe de esta unidad, el general Óscar Arriola, quien la semana pasada, según pudo conocer este medio, decidió ampliar sus indagaciones contra el jefe del Gabinete.

A Bellido se le abrió, en abril, una investigación por declaraciones en las que calificaba a los integrantes de Sendero Luminoso como “un conjunto de peruanos que han tomado un camino equivocado”. Y también por escribir, en el 2017, en su cuenta de la red social Facebook “nuestro mejor homenaje a ti Edith Lagos”, en referencia a una senderista que murió en 1982 y que era conocida por emplear dinamita en los atentados en los que participaba.

El caso está en el despacho del fiscal provincial para casos de terrorismo Luis Valdivia Calderón. De acuerdo a fuentes que participan de la investigación, la semana pasada, Solansh Roca de la Torre, abogada del premier solicitó una copia del expediente de la Dircote. El jefe de esta unidad, el general Óscar Arriola, entregó el material a la joven abogada cusqueña, con conocimiento del Ministerio Público.

Solansh Roca de la Torre, abogada del primer ministro Guido Bellido,
en la investigación por apología al terrorismo. Foto: Facebook.

La Dircote ahora apunta a investigar el pasado en Cusco del primer ministro, quien se hace llamar “Puka” (rojo en quechua) en sus redes sociales. Edith Lagos perteneció al grupo radical de izquierda “Puka Llacta” en los setenta, de acuerdo a un recorte del diario “Última Hora” de 1982. Bellido también ha elogiado a otra senderista, Carlota Tello, al decir que “es una muestra ejemplar del rol de la mujer peruana en el proceso de la lucha armada”.

Arriola, además, ha investigado al congresista de Perú Libre, Guillermo Bermejo, y al ministro de Trabajo, Iber Maraví. Al primero por una presunta pertenencia a los remanentes de Sendero Luminoso en el Vraem y al segundo por sus vínculos con el Conare-Sutep. De hecho, Maraví formó parte de la primera directiva de esa ala radical del magisterio, fundada en el 2003. El mandato de Arriola al frente de la Dircote vence a fin de año.

El clima de inestabilidad también se respira en la Diviac, la unidad policial encargada de investigar los casos más emblemáticos de corrupción, como los Dinámicos del Centro, que tiene en el punto de mira al líder de Perú Libre, Vladimir Cerrón. Fuentes de esta división aseguran que la unidad está siendo desarmada desde hace meses y que el debilitamiento puede acentuarse con la llegada de este gobierno. El desarme se traduce en menos personal, menores recursos y mayor carga de trabajo para los agentes que quedan. “Poco a poco nos quitan facultades”, dice un efectivo de la Diviac.

Esta división fue creada en el 2017, cuando Carlos Basombrío dirigía el Ministerio del Interior. La dependencia nació para enfrentar al crimen organizado y escudriñó varios casos, como Los Cuellos Blancos y Lava Jato. En marzo pasado, 96 de 161 agentes de la Diviac fueron reubicados a otras dependencias, según informó “IDL Reporteros”.

Hoy, en la práctica, la Diviac está subordinada a la Dirección General de Inteligencia del Ministerio del Interior (Digimin), una oficina más alineada con las directrices del ministro de turno, de acuerdo a las fuentes consultadas. En la emblemática división policial temen que este esquema se mantenga con el exfiscal Juan Carrasco Millones como cabeza del portafolio. 

Juan Carrasco Millones, ministro del Interior, en medio de pugnas
internas en el sector. Foto: Andina.

La Digimin empezó a politizarse en la gestión de Martín Vizcarra, dicen las fuentes. Un integrante de esa dirección, Manuel Arellanos, estuvo incluso presente en la reunión entre Vizcarra y las exfiscales del caso Cuellos Blancos, Rocío Sánchez y Sandra Castro, en el 2018.

En los últimos meses la Digimin ganó la pulseada a la Diviac en la pugna por el poder en la Policía. En abril de este año el coronel Harvey Colchado, fundador de la Diviac, fue reubicado como jefe de la región policial en Lambayeque, la región del actual ministro Carrasco. En su lugar entró el coronel Miguel Cayetano Cuadros, de un perfil más bajo que el de Colchado. 

Los casos de la Diviac no se manejan con tanto secretismo y autonomía desde que salió Colchado, según las fuentes. Las investigaciones son informadas con mayor anticipación y frecuencia a los altos mandos de la Policía, entre ellos el comandante general César Cervantes. “Hay un mayor riesgo de fuga de información”, dice una persona que conoce la situación de cerca. 

El comandante general de la Policía, César Cervantes, estuvo encargado de la División de Búsquedas de la Digimin entre el 2013 y el 2017. Es un oficial que, al estar identificado con esa dependencia, ha potenciado a la Digimin, en detrimento de la Diviac. Cervantes ha sido ratificado en el cargo por el ministro Carrasco. Según fuentes policiales altamente confiables, ambos se conocen porque han coordinado operativos por casos de crimen organizado investigados por el exfiscal de Chiclayo. 

Comandante general de la Policía, César Cervantes Cárdenas, en fuego cruzado con la Diviac. Foto: Ministerio del Interior.

La Diviac pinchó los teléfonos de los implicados en el  caso Los Dinámicos del Centro. La interceptación sirvió, en primer lugar, para desmantelar una red dedicada al tráfico de brevetes en el gobierno regional de Junín. Pero el trabajo ha servido, principalmente, para poner contra las cuerdas a los principales dirigentes de Perú Libre. La pista apunta a un ilegal financiamiento en la campaña del lápiz. 

“En el caso de la Diviac hay una presión por tratar de disolverla. Ahí van encontrar el apoyo de los sectores corruptos de la derecha extrema. La Diviac destapó Los Cuellos Blancos, los Dinámicos del Centro y muchas otras cosas más. Tengo el orgullo de haberlo creado durante mi gestión. Es el equivalente del GEIN, que capturó Abimael Guzmán. Esa importancia le daría yo a lo que está haciendo la Diviac”, dice el exministro Carlos Basombrío. 

El ministro del Interior, Juan Carrasco,  ha asegurado que no va a desactivar la Diviac. Pero el asunto está en si va a potenciar la unidad o va a continuar debilitándola. No lo ha precisado. En la Dirección Antidrogas, otra división policial clave,  también hay preocupación. Esta oficina maneja el programa Constelación, el sistema de escucha telefónica para todo tipo de investigaciones.

Las tensiones y el recelo policial están en su punto más álgido. Las pugnas en el Ministerio del Interior desataron una crisis en el sector con las renuncias de los viceministros Carlos León y Nicolás Zevallos por la posible inclusión de Grover Mamani, un dirigente radical del magisterio en Puno, como jefe de la Dirección General de Gobierno Interior. Ante el escándalo, Juan Carrasco abortó el nombramiento de Mamani. Pero el temporal está lejos de amainar. 

 

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¿Puede alguien dudar que durante los primeros meses de la pandemia se produjeron hechos abominables de corrupción al interior de las Fuerzas Policiales? Las denuncias abundaron y con documentación suficiente. ¿Para alguien es un secreto que una de las instituciones más corruptas del país es la Policía? Años de denuncias sin fin lo demuestran y miles de experiencias cotidianas de ciudadanos de a pie lo certifican.

¿A la luz de los hechos conocidos queda alguna incertidumbre respecto del punible manejo de la represión policial durante las marchas de protesta contra la asunción de Manuel Merino como Presidente, que han dejado dos muertos, decenas de heridos, algunos de ellos de irremediable gravedad?

A pesar de todo ello, ha bastado una poda policial efectuada por el flamante ministro del Interior Rubén Vargas para que un sector del país se agite en defensa de la sacrosanta institución tutelar, como si no se tratara de un organismo que quizás requiera, inclusive, de podas mayores y más profundas.

En el colmo de la irresponsabilidad hay medios y analistas que deslizan y difunden los rumores de una paralización policial los próximos días, soñando con una orgía de caos, violencia y sangre que simplemente les sirva como munición para atacar al nuevo gobierno. Y no es casualidad de que la mayoría de estos azuzadores indirectos no sean si no viudas políticas del régimen deleznable de Merino.

Ha hecho bien el presidente Sagasti en respaldar a su ministro del Interior. Frente a lo hecho no debería haber marcha atrás. Por el contrario, se espera que la reforma policial siga su curso, que la salud de la República exige una institución tutelar limpia de corrupción y de intereses políticos.

Junto a los temas de agenda ya señalados por el Presidente respecto de su régimen de transición, como son el control de la pandemia, la reactivación económica y la garantía de elecciones limpias, tiene que sumarle el restablecimiento del orden interno, que un sector corrupto e ineficaz de la policía ha permitido crecer.

A pesar de todo, un importante sector de la Policía Nacional es honesta y mantiene vivo su compromiso cívico. En esa policía es que debe apoyarse la tarea señalada.

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