corrupción policial

Muchos expertos en seguridad están solicitando que se cree una unidad policial tipo la del GEIN -que permitió la captura de Abimael Guzmán-, para combatir el crimen organizado y el descontrol delincuencial que azota al país.

La verdad, pensábamos que ya se procedía con equipos de inteligencia al respecto y nos sorprende que algo así no suceda. La ausencia de esa estrategia bastaría para explicar por qué la policía parece actuar sólo reactivamente frente al avance de los crímenes, extorsiones y asaltos que agobian la tranquilidad cívica de los peruanos y que ya constituye, según todas las encuestas, el principal problema nacional.

A este factor hay que sumar otro, del cual se habla poco, parece un tabú mencionarlo a pesar de que los noticias abundan en hechos que lo sustentan: la enorme corrupción policial.

Ya no estamos tan solo ante la conocida y acendrada costumbre de los policías de tránsito, que por cincuenta soles soslayan cualquier infracción que un conductor pueda cometer, sino que estamos ante hechos graves de alta corrupción vínculos a la subsistencia del crimen organizado: el narcotráfico, la minería ilegal, el contrabando, la trata de personas, el trasiego de armas, el mundo de la extorsión, los robos de celulares y su venta impune, etc.

Es sabido que los comisarios piden cuotas fijas de dineros malhabidos a sus subalternos. Lo mismo sucede en las altas esferas. Y todo ello pasa, en gran medida, por recibir sobornos de los delincuentes a cambio de patentes de corso para actuar.

Si no se resuelve este problema estructural, el delito no va a amainar en el país. Mientras la policía solo realice intervenciones, en muchos casos amañadas, solo como operativos psicosociales ante los medios de comunicación para generar la impresión de que algo se está haciendo, las mafias delincuenciales seguirán actuando a su antojo y discreción.

Las esperanzas de que ello cambie no se pueden perder. Otros países, que también han sufrido el azote de la corrupción de sus fuerzas policiales, han logrado hacer reformas que han resuelto en gran medida el problema y ello ha traído como consecuencia la disminución del delito en sus calles. Hay que mirar esos ejemplos y, sobre todo, aspirar a que sobrevenga un gobierno con real voluntad política de cortar el nudo gordiano en el lugar más sensible y resistente el cambio.

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La declaratoria de emergencia de tres distritos (dos en Lima y uno en Piura), supone una claudicación de las funciones estatales mínimas y la apertura de un proceso de impostura consciente por parte del Ejecutivo respecto de la lucha efectiva contra la inseguridad ciudadana.

Cerrar negocios desde cierta hora es condenarlos a la quiebra y aumentar la crisis económica que ya sufre el país. Es casi tan absurdo como que para evitar los accidentes de tránsito se suprima la circulación de vehículos o para disminuir el arrebato de celulares se prohíba su uso en lugares públicos. Y ya no hablemos de la evidente migración delincuencial que sucederá a otros distritos menos resguardados que los hoy “beneficiados”.

El Estado peruano ha claudicado y si ese va a ser el tenor de las facultades graciosamente delegadas por un Congreso sumiso y torpe, estamos derrotados de antemano frente a la galopante delincuencia que ya constituye el principal problema nacional, según diversas encuestas.

Se requiere un plan integral que incluya de modo esencial el combate a la corrupción existente en el seno de nuestras propias fuerzas policiales, donde muchos de sus altos mandos deben estar coludidos sin duda con las bandas delincuenciales que azotan las principales ciudades del país, mediante el canje de cupos por impunidad o la vista gorda. De eso ni una palabra.

De otro lado, ¿alguien cree que el extorsionador va a cesar en sus actividades porque se suspenden las fiestas a partir de cierta hora o porque salen patrullas militares a rondar las calles? El Tren de Aragua debe hoy estar festejando la pusilanimidad de un gobierno mediocre (si no fuera por el de Castillo, el de Boluarte sería, sin duda, el peor gobierno de los últimos cincuenta años y paremos de contar).

Las bases mismas del contrato social -que el ciudadano le otorga el monopolio de la fuerza al Estado para que lo proteja y garantice la convivencia pacífica- han sido rotas en mil pedazos por el propio Estado, ineficiente y corrupto, que en el área de la seguridad ciudadana permite la proliferación de bandas delincuenciales que actúan muchas de ellas, si no todas, en complicidad con los hombres de uniforme, sin que nadie del Ejecutivo tome cartas en el asunto.

Las facultades delegadas no van a servir para nada. Todos los expertos en seguridad ciudadana coinciden en que, salvo una o dos iniciativas, el resto de lo planteado es puro fuego artificial, inútil e inconducente. La delincuencia nos ha ganado la batalla por nuestra propia indolencia y falta de reacción ciudadana para exigir, con más vehemencia, que el Estado haga lo que le corresponde hacer.

 

 

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No hablamos ya de “manzanas podridas” sino del “barril podrido”. Servirán en algo, en esa medida, las sucesivas purgas policiales que vemos con el ingreso de cada nuevo ministro del Interior, pero parte de las reformas de segunda generación pendientes en el país, es la reforma de nuestros sistemas policiales, una reforma a fondo.

¿Podrá el gobierno de Dina Boluarte abocarse a ello? Lo vemos difícil. Es un gobierno débil que descansa, entre otros cimientos, en el respaldo preciso de las fuerzas policiales y armadas. Difícilmente se va a enfrentar a ellas. Lo máximo que se le puede pedir es cierta profilaxis en casos graves.

Pero debe ser tarea urgente del siguiente gobierno y será tarea de la sociedad civil, incluidos los medios de comunicación, ser acuciosos respecto de las propuestas que los diversos candidatos tengan al respecto.

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