Tiene razón la expresidenta del Tribunal Constitucional, Marianella Ledesma, cuando señala que, de acuerdo a la Constitución, el presidente Castillo sí puede y debe ser investigado, no como ha interpretado facilistamente la Fiscal de la Nación, Zoraida Ávalos, al abrir y clausurar de inmediato la investigación al Primer Mandatario, señalando que así lo prescribe el artículo 117 de la Carta Magna.
Eso no dice el texto constitucional. Habla de la acusación, la que efectivamente no procede hasta que el gobernante culmine su mandato, pero sí se le puede investigar. Es un disparate, como bien ha subrayado Ledesma, iniciar un proceso de pesquisa al cabo de cuatro años, con pruebas perdidas, testigos olvidadizos, elementos de prueba dispersos.
Indicios hay más que suficientes para iniciar una investigación. Contratos públicos obtenidos luego de reuniones con el presidente Castillo, en los cuartos clandestinos, sin registro, del pasaje Sarratea, e injerencia indebida en los ascensos militares, son los dos temas gruesos denunciados que han merecido la intervención del Ministerio Público, pero debe corregirse los alcances truncos que la Fiscal de la Nación le ha dado al tema.
Por supuesto, el impacto de esta investigación va más allá de los temas estrictamente judiciales. Porque por más que se le investigue a Castillo no se le podrá acusar, pero si el proceso de pesquisas ajusta, como es usual, a algunos de los partícipes, como Bruno Pacheco, exsecretario personal del Presidente, o a la lobista Karelim López, y confirma una conducta impropia del Primer Mandatario, lo que caerá por su propio peso será el reinicio de un proceso de vacancia en el Congreso.
Y esta vez, de confirmarse las sospechas, sería muy difícil que Castillo salga bien librado. Ya el propio César Acuña, líder de Alianza para el Progreso, ha anunciado que, ante indicios de corrupción, su partido no extenderá manto de protección alguno al inquilino de Palacio. Y suponemos que lo mismo ocurrirá con Acción Popular, con lo cual, sumas hechas, bastará para sacar a Castillo de Palacio.
Por eso la importancia de que se le inicie una investigación al Presidente. No es admisible tolerar un segundo a un gobernante teñido de sombras de corrupción, como sucedió con PPK y Vizcarra, cuya renuncia y vacancia respectivas se debieron a ello. Zoraida Ávalos ha trabajado, en esta ocasión, a favor de la impunidad.
