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[Agenda País] La semana pasada, la presidenta Dina Boluarte se vio obligada a dar un mensaje a la nación junto a sus uniformados ministros, para dar, finalmente, su versión de la ya famosa cirugía y del fin de semana en las playas de sur de Lima.

El incomprensible silencio presidencial en estos dos temas ha permitido que se tejan innumerables teorías, unas probablemente cercanas a la verdad, otros dignas de Agatha Christie, afamada escritora de novelas detectivescas que nos cautivaron en nuestra adolescencia.

Era más sencillo y transparente, informar a la población, de manera oportuna, que la presidenta se iba a someter a una operación ambulatoria de la nariz, algo muy común que se hace tanto por temas respiratorios como estéticos. Nada malo en ello.

Que, si fue Mykonos o Asia del Mar el condominio donde pernoctó en casa de una amiga es también un tema menor, pero yerra el equipo de comunicación presidencial en dilatar una respuesta de la mandataria azuzando el fuego mediático y dándole pie a la fiscalía de hacer lo que más le gusta, un show mediático con poco impacto investigativo.  

A todo este entrevero del cual Corin Tellado, de estar aún con nosotros, podría inspirarse para una novela pintoresca y con seguridad, de alto volumen de ventas, se suma la reciente encuesta que publicó el diario El Comercio el domingo pasado donde la mandataria obtiene un 95% de rechazo a su gestión y solamente un 3% de aprobación. Siendo el margen de error de esta encuesta un +- 2.8%, podemos inferir que Dina Boluarte no cuenta con ninguna confianza de la ciudadanía.

Ya no hay margen de error para la presidenta.

Es imprescindible que cuente con un mejor equipo de comunicación y de manejo de crisis, así como un media training constante a los ministros para que no se les escape respuestas inadecuadas o “malentendidas” que al final, debilitan a los propios ministros, pero más aún, al liderazgo de la mandataria.

Ese liderazgo que a veces ella misma vulnera al insistir en mantener al ministro Demartini en la cartera del Midis a pesar de los graves cuestionamientos al fenecido programa Qali Warma.

Demartini parece ser una buena persona y probablemente competente, pero ya tiene 2 años en el Midis y muchos más como funcionario en ese ministerio, por lo que su responsabilidad política es ineludible. La ausencia de congresistas en la votación que permitió que su censura no prosperara no es excusa para que la presidenta no tome la decisión de separarlo.

Ahora se suma en esta investigación el vocero presidencial Fredy Hinojosa, que fue también funcionario del Midis dirigiendo Qali Warma. Si bien su involucramiento en la carpeta fiscal es reciente, ha quedado fuera de juego para continuar en su función de vocero.

Pero si la presidenta insiste en rodearse de ministros y funcionarios cuestionados, sin estrategia de comunicación oportuna y sin tomar decisiones que afirmen su liderazgo, está cruzando el lindero del margen de error, y como escribió Carlos Meléndez en su columna en El Comercio, el “máximo nivel de inestabilidad en el próximo otoño, (será) un día entre abril y julio”.

De usted depende presidenta Boluarte.

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[Agenda País] Los peruanos estamos acostumbrados a vivir con mentiras, aquellas que lindan con el cinismo, y otras pequeñitas, cotidianas, casi inocuas, pero mentiras al fin.

Es decir, los ciudadanos vivimos en un constante fraude social (https://sudaca.pe/noticia/opinion/aldo-parodi-el-fraude-social/), desde aquellas habituales costumbres como ser impuntuales sin tener consideración al prójimo, manejar por izquierda en carretera a 60 km/h y que se jodan los de atrás, hasta la gran corrupción y el cinismo de personajes nefastos de nuestra política nacional.

Esta manera de engaño constante que ahonda la sensación de vivir en una selva sin ley, ha llegado, lamentablemente, a las esferas de los medios de comunicación que, sin ningún pudor ni ánimo de autocensura, dejan que periodistas e invitados se explayen diciendo cualquier falsedad.

Ya estamos cansados de escuchar que a Alberto Fujimori se le condenó por delitos de lesa humanidad cuando hasta el propio juez César San Martín aclaró que la mención de lesa humanidad no era referida a algún delito sino una referencia retórica. Sin embargo, algunos periodistas, académicos y políticos ideologizados, siguen con ese mismo relato, quizá, bajo instrucciones superiores.

Es aún más grave cuando líderes comunicacionales sobreponen su interés político a la verdad, por ejemplo, cuando el Dr. Elmer Huerta azuzó la marcha por RPP contra el presidente Merino en plena pandemia diciendo que, en ese tipo de multitud, la posibilidad de contagio era casi inexistente. 

El pasado 7 de octubre, día en que se conmemoró la masacre de cientos de israelíes ultrajados, decapitados, quemados vivos y secuestrados por los terroristas de Hamas, el reemplazante de Fernando Carvallo, casualmente también en RPP, su tocayo Fernando Vivas, se refería a Hamas como “organización política no convencional”. ¡Suavecito! como diría el recordado Alex Valle.

Esta indignante aseveración de Vivas no fue corregida por su colega Mávila Huertas, ni por la entrevistada y pasó así, desapercibida, como si los miles de oyentes de RPP tuvieran pues, que aceptar el dicho de Vivas como la santa palabra.

La búsqueda de la verdad es fundamental para cerrar las heridas, cualesquiera que hayan sido. Desde una infidelidad matrimonial hasta una cruenta guerra.

Pero con comunicadores que sobreponen su ideología a la verdad, apañados y protegidos por una línea editorial cómplice dictada por los propietarios del medio, nunca podremos los peruanos, entrar en una fase de reconciliación y paz.

Estamos camino a la autodestrucción como sociedad, incluso peor que con el terrorismo de los ‘80s ya que, al azuzamiento del caos causado por las mentiras constantes de sectores ideologizados, se une el sicariato y la extorsión expandidos a todo nivel económico y social, teniendo como perla, unas próximas elecciones presidenciales con cerca de 40 candidatos que solo incrementarán la angustia de sentirnos en un fango sin salida.

Solo hablando con la verdad y anteponiendo los hechos a la ideología, podremos encontrar no solamente esa luz al final del túnel, sino también, esa mano amiga que nos ayude a salir del fango de la decadencia.  

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La mentira en la política ha sido un tema recurrente a lo largo de la historia. Desde las pequeñas omisiones hasta las grandes falsedades, los políticos han utilizado el engaño para obtener o mantener el poder. Las razones para mentir son variadas. Algunos políticos mienten para ocultar sus errores o para evitar escándalos. Otros mienten para hacer promesas que saben que no pueden cumplir. Y otros mienten simplemente para manipular a la opinión pública y ganar votos.

Un flagrante ejemplo de la mentira en la política lo encontramos en el escándalo conocido como «Rolexgate». A pesar de las evidencias que señalan a la presidente Dina Boluarte como beneficiaria de la compra de los lujosos relojes por Wilfredo Oscorima, generoso y desprendido gobernador regional de Ayacucho, la presidenta ha negado cualquier responsabilidad, afirmando que no le fueron obsequiados, sino prestados. Cabe destacar que, al admitir este préstamo de manera pública, la mandataria habría incurrido en el delito de enriquecimiento ilícito.

La actitud arrogante, y despectiva de Dina Boluarte hacia la fiscalía que la investiga, ha generado indignación en la población. ¿Cómo es posible que la mandataria Dina Boluarte se permita ostentar este tipo de lujos mientras el país atraviesa una grave crisis económica y social?

Además, en el Congreso de la República, se han registrado casos de legisladores que se apropiaban parte del salario de sus trabajadores, los consabidos «mochasueldos». Estos congresistas, abusando de su poder y posición, explotaban a sus empleados y se enriquecían a costa de su trabajo. Una conspicua representante de los mismos, que haciendo eco del sentir de cada uno de ellos, sostuvo que la «mochada de sueldo» constituye «una práctica parlamentaria, (…) una costumbre, que no es correcta, pero costumbre al fin y al cabo». Esta “costumbre”, lejos de ser un hecho aislado, refleja la profunda crisis moral que atraviesa el poder legislativo. 

Estos casos no son hechos aislados, sino que forman parte de un patrón alarmante de falta de integridad en la política. La opacidad y la ausencia de rendición de cuentas por parte de autoridades como la mandataria, congresistas y gobernadores regionales socavan la confianza en las instituciones democráticas y propician un clima de impunidad.

Es fundamental que se lleven a cabo investigaciones exhaustivas, siempre dentro del marco del debido proceso, para que los responsables de los delitos cometidos sean llevados ante la justicia. Solo así se podrá restaurar la confianza en el sistema judicial y el Estado de derecho.

La lucha contra la impunidad política no es una tarea sencilla, pero es una batalla que no podemos eludir. Se trata de una lucha por la justicia, por la transparencia y por la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Es hora de que los ciudadanos y los partidos políticos genuinamente democráticos asuman el liderazgo en esta crucial batalla.

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