El Congreso se ha propuesto atentar directamente contra el libre ejercicio del periodismo en el país. Irritados sus miembros por las múltiples denuncias de corruptelas que la prensa ha hecho de muchos de sus integrantes, su respuesta ha sido aprobar normas que amenazan la libertad de prensa.
Así, ha aprobado en el Pleno, con 69 votos a favor, 28 en contra y tres abstenciones, una norma que eleva las penas para los delitos de difamación, de modo que pueda llevar a prisión efectiva al periodista que incurra en ellos, yendo a contramarcha de la tendencia mundial, que más bien despenaliza cualquier acto de prensa que afecte a alguna autoridad oficial. Prima el derecho a informar antes que el derecho al honor, cuando se trata de asuntos de interés público.
En paralelo corren iniciativas para restringir el ejercicio profesional solo a aquellos periodistas colegiados -un despropósito descomunal- y adicionalmente otra que pretende imponer las pautas de contenidos de los medios de comunicación. Un trío de bombas de tiempo contra el quehacer periodístico y las empresas vinculadas a los medios de comunicación.
Solo los corruptos se benefician con el proyecto ya aprobado. Ellos podrán ahora, recurriendo al juez de primera instancia amigo (nivel judicial donde tampoco ven con simpatía a los hombres de prensa), frenar o intimidar a los periodistas que los investigan y denuncian.
Todos los organismos de prensa se han pronunciado en contra de los proyectos mencionados. Organismos internacionales se han sumado a las advertencias sobre los riesgos que la libertad de prensa corre con este tipo de iniciativas.
El gobierno, sin embargo, ha guardado cínico silencio al respecto, quizás porque cree que así también se beneficiará del amedrentamiento a quienes lo investigan. Se ha cogido de la mano con la izquierda de Perú Libre, autora del proyecto, y a quien anima, sin duda, un ánimo de revancha respecto del papel e incidencia de los medios de comunicación independientes en la caída de Pedro Castillo.
Ya la democracia peruana está bastante dañada por las tropelías cometidas por la administración anterior, como para ahondar su desmedro. De paso, haría bien este gobierno en mover sus fichas políticas para lograr que la mayoría del Congreso recapacite, se libere del mangoneo de la izquierda autoritaria y no llegue a buen puerto una burda maniobra, denunciable constitucionalmente, en contra de una de las libertades esenciales en el ámbito político.
