El nombramiento de Ricardo Belmont como consejero presidencial pone de manifiesto la rampante mediocridad con la que este gobierno viene manejando el Estado y desplegando políticas públicas.
Salvo pliegos en los cuales sus titulares son gente competente -que son los menos- hay sectores completos del Estado entregados a la medianía y torpezas más asombrosas. Lo que comentan agentes privados -sean empresarios, tecnócratas o exfuncionarios públicos- respecto de lo que está sucediendo en Indecopi, Energía y Minas, Interior, Educación o Transportes y Comunicaciones, por citar algunos ejemplos, es de espanto. En algunos casos, inclusive, la mediocridad se combina ya precozmente con rampantes indicios de corrupción.
De alguna manera, en los 90 se lograron crear islas de excelencia en el Estado peruano. La tecnocracia liberal fue capaz de generar espacios donde el Estado sí funcionaba, era eficaz y expeditivo respecto de sus obligaciones esenciales. Mal que bien, esa tecnocracia y burocracia fueron sostenidas en el tiempo e, inclusive, mejoradas en algunos sectores por los gobiernos sucesivos de la transición democrática.
Pero ese camino de mejora, a veces lenta, pero inexorable, de la administración pública, parece haber llegado a su fin con la llegada al poder de un Presidente limitado e improvisado como es Pedro Castillo, a cuya imagen y semejanza parecen actuar muchos de sus subalternos, ejecutando una política de “tierra arrasada” respecto de la calidad burocrática que mínimamente un Estado requiere para funcionar a cabalidad.
Parecemos condenados a ello. Aun cuando el presidente Castillo enmiende rumbos políticos gruesos y, por ejemplo, se desprenda del ala Movadef y deseche la absurda idea de la Asamblea Constituyente, completando un camino positivo que ha comenzado con el apartamiento de Vladimir Cerrón, no parece que nos vayamos a librar de decisiones disparatadas recurrentes o de la baja calidad funcional en amplios sectores de la administración pública.
En ese sentido, van a ser cinco años perdidos. Ojalá al menos, Castillo logre iniciar reformas importantes en Salud y Educación, y tal vez generar la ruptura de algunos circuitos de privilegios mercantilistas en la economía. Es inaudito que nos conformemos con pedirle tan poco a un gobierno, pero es, lamentablemente, lo que hay. La mediocridad política del Presidente está irradiando hacia todo el Estado y las consecuencias de ese paulatino deterioro las vamos a pagar todos los ciudadanos.
Más de 235.000 empresas se crearon en el Perú durante el 2020, según la Cámara de Comercio de Lima. Al cierre del año, el universo de empresas en el Perú se encontraba conformado por 2.77 millones de negocios. Muchas veces, para que los dueños puedan retirarse del mundo de los negocios con un buen dinero y aún así la empresa siga funcionando, existe la opción de venderla.
En los procesos de adquisición de empresas se necesita de una parte interesada en comprar, que puede ser un inversor nacional o extranjero; y una parte interesada en vender, que en muchos casos se trata de una compañía mediana o pequeña, pudiendo incluso tratarse de una empresa familiar.
Hace unos 20 años atrás, el potencial comprador o inversor regularmente contrataba a un equipo multidisciplinario de expertos, incluyendo expertos en finanzas, impuestos y legal y, en ocasiones, también participaba algún experto en temas tecnológicos. Este equipo realizaba diferentes análisis y daba su opinión sobre la conveniencia de la transacción para que el inversor tome una decisión.
Actualmente, el proceso incluye expertos en temas ambientales, en recursos humanos y también en materia anticorrupción. Estos últimos evalúan el nivel de cumplimiento que la empresa vendedora tiene en materia de prevención de actos no éticos, según explica la directora Asociada en Compliance e Inteligencia de Riesgos de la consultora Control Risks, Karina Robles.
Puntos a evaluar
Robles afirma que las evaluaciones realizadas por este grupo de expertos incluyen regularmente dos aspectos:
1.-Una revisión general del sistema de gestión de cumplimiento anticorrupción de la empresa, tomando en cuenta para ello las mejores prácticas internacionales. Esta revisión del sistema de gestión abarca la evaluación de los mecanismos de prevención, detección y respuesta, incluyendo la evaluación de riesgos de corrupción, la debida diligencia de socios comerciales, códigos de ética y políticas relacionadas, mecanismos de denuncia y protocolos de respuesta, entre otros.
2.- Un proceso de revisión transaccional, que contempla la selección de una muestra de transacciones basado en riesgo. Mediante este procedimiento, es posible probar de una forma objetiva la eficacia de los mecanismos implementados por la empresa.
“Cuando se realiza la debida diligencia en materia de prevención de actos de corrupción, se enfocan esfuerzos para identificar los riesgos y áreas de oportunidad que tienen las compañías que están próximas a ser adquiridas o vendidas”, comenta Robles.
Como resultado de esta evaluación, se dan sugerencias sobre cómo pueden abordarse las áreas de oportunidad detectadas o cómo sería posible evitar, mitigar o minimizar los riesgos identificados. A partir de allí, el comprador evaluará la posibilidad de adquirir la empresa en venta.
Las startups continúan creciendo. Un informe elaborado por la Asociación de Capital Semilla y Emprendedor, indica que la inversión a startups peruanas ascendió a US$18 millones en el primer trimestre de este año y cerraría el 2021 en US$100 millones.
Frente a este crecimiento, las startups se ven cada vez más necesitadas de talento calificado que aporte a su desarrollo, pero muchas veces el proceso de reclutamiento puede resultar un desafío, pues muchas veces se realiza de forma remota y con una agenda apretada. “La clave está en evaluar el talento con potencial, pensando en el crecimiento acelerado que dará a tu Startup en medio de la globalización. Una vez armado el equipo, desarróllalo, rétalo y retenlo”, menciona el Regional Managing Partner en Cornerstone Group, Diego Cubas.
Dicho experto brinda algunos consejos para reclutar talento calificado para una Startup:
Buscar mindset digital: Una Startup inmersa en la globalización debe contar con un equipo conformado por ejecutivos con amplios conocimientos digitales que faciliten la adaptación al cambio y su crecimiento acelerado.
Espíritu emprendedor y ADN innovador: Los intereses de los talentos que se sumen al equipo, deben estar profundamente alineados con la cultura de la empresa. Recordemos que una Startup se caracteriza por el espíritu emprendedor de sus fundadores y la innovación de sus productos y servicios y la determinación, busquen candidatos que realmente hagan que las cosas sucedan.
Buscar experiencia regional o global: Es posible acceder a un grupo mucho más grande de profesionales con una visión global, buscando talento sin limitarse por donde estén ubicados geográficamente. La experiencia laboral internacional es sinónimo de visión amplia, pensamiento fuera de la caja, flexibilidad, apertura, lo que puede aportar un gran valor a una Startup.
Evaluar el multitasking: Es importante contratar personal pensando en que una Startup necesita personas que puedan resolver diversos problemas sin la necesidad de pensar en grandes recursos, muchas veces teniendo que manejar más de uno a la vez.
Un estudio global de la firma de seguridad Kaspersky revela que 3 de cada 10 de los usuarios de redes sociales en Perú (33%) cree que los influencers a los que siguen son “un escape de la realidad” en la que vivimos en medio de la pandemia. Uno de cada 10 (15%) cree que “podrían ser sus amigos” y más de un cuarto (21%) incluso ha llegado a enviar un mensaje privado a alguno de ellos. A pesar de la naturaleza virtual de estas relaciones, un cuarto (25%) de los usuarios de redes sociales ha podido conocer en persona a alguno de sus influencers favoritos.
En más de año y medio de confinamiento, muchos de nosotros hemos pasado largos períodos en casa y recurrimos a compañeros virtuales para reemplazar nuestras vidas sociales perdidas. El estudio de Kaspersky “Nuestra cambiante relación con las redes sociales”, busca analizar el impacto que estas plataformas han tenido en la salud mental de los usuarios y cuánto entienden sobre la importancia de utilizarlas de manera segura. Uno de los hallazgos principales es que muchas personas han establecido relaciones “parasociales”, definidas como un tipo de relación psicológica creada por una persona con una figura mediática, en este caso, los influencers.
Este tipo de relación unilateral tiene una fuerte influencia en los internautas peruanos: Afirman que aprenden de los influencers que siguen (51%) en áreas como la salud, pasatiempos, moda y noticias. Uno de cada 10 (7%) dice que «depende» del contenido que ellos ofrecen y (4%) quienes aseguran que sienten una sensación de ausencia si no interactúan con ellos.
Los usuarios de redes sociales de Perú han buscado contacto directo en línea con los influencers, generalmente a través de comentarios sobre lo que publican (47%) o reaccionando a sus publicaciones o historias (52%).
Las redes sociales han sido indispensables para muchas personas durante la pandemia, y casi seis de cada diez en todo el mundo, el 59%, dicen que les han proporcionado una conexión vital durante la misma, mientras que en Perú la sensación llegó al 48%. A nivel global, esta cifra fue más alta entre los jóvenes de 18 a 34 años (71%) y en Perú llegó al 51% dentro de ese rango de edad.
“A nivel global, más de la mitad (56%) de las personas han estado activas en las redes sociales durante más de una década; sin embargo, muchos de nosotros todavía estamos averiguando cómo equilibrar los aspectos positivos de las redes sociales con los negativos”, dice David Emm, investigador principal de seguridad de Kaspersky.
El estudio de Kaspersky fue realizado entre más de 15,000 personas en 25 países. En él se han identificado cinco tipos de personas en las redes sociales:
-Sociables conocedoras: que limitan su tiempo en línea y mantienen al mínimo lo que publican.
-Publicadoras en ráfagas: publican prolíficamente durante períodos de actividad relativamente cortos.
-Excesivamente compartidoras: Estas personas viven prácticamente en línea y publican constantemente
-Merodeadoras: pueden pasar mucho tiempo en las redes sociales, pero solo están allí para navegar, no para comentar.
-Desconectadas: estas personas están inactivas, o nunca se conectaron o cancelaron muchas de sus cuentas de redes sociales.
Para saber qué tipo de usuario de redes sociales eres, la compañía creó un cuestionario en línea.
En el Perú estamos en crisis porque hay un claro enfrentamiento que no resolvió el proceso electoral y que impide la consolidación de un equipo de trabajo que pueda enfocarse en el gobierno mismo. Pasan los días y la derecha no acepta renunciar al conjunto de privilegios acumulados desde el fujimorismo y la izquierda regional, para demostrar que el gobierno es suyo, continúa desafiando a los demás partidos con los personajes de poca seriedad ética y profesional que consigue colocar en el gabinete ministerial y el entorno presidencial. Pronto serán tres meses y no nos permiten redireccionar las acciones de ambas facciones hacia un trabajo conjunto para poder salir de la crisis actual sin tener que dejar que la informalidad se multiplique, asegurando nuestros derechos y compromisos para una vida digna. Mientras tanto, la derecha se ha extremado en la persecución comunista, de tal forma que hasta los derechistas sensibles ante la necesidad social, han sido sentenciados públicamente como terroristas por algún tipo de vínculo imaginado con “algo” de Abimael Guzmán. Mientras tanto, la izquierda regional continúa apelando al discurso castrista que ya ha perdido autoridad en América Latina. Es tan claro que Cuba es su modelo, que Vladimir Cerrón y su enclave familiar y amical parecieran seguir hasta la pauta de la dinastía cubana, tal como aparece en los reportajes sobre Perú Libre, los Dinámicos del centro y otras malversaciones por las que es investigado.
Este enfrentamiento se juega en distintos ámbitos. Uno de ellos es el espacio público. La toma de las calles como campo de confrontación física y violenta ha sido la estrategia principal de la derecha desde hace algunos años atrás y se ha fortalecido en las últimas elecciones. Atinadamente, la izquierda regional no aceptó las bravuconadas y luego de los resultados finales quienes llegaron a Lima retornaron a sus tierras. Dado que no es un enfrentamiento consentido por ambas partes, no podemos referirnos a una pelea, sino a un violento y constante hostigamiento político, físico y verbal. Los ataques son protagonizados por simpatizantes fujimoristas o de Renovación popular que responden a campañas para cercar y perseguir periodistas, funcionarios del estado y demás personajes públicos que cuestionan la corrupción del fujimorismo y de los principales grupos económicos. La agrupación principal es La Resistencia, la cual lidera a otras más pequeñas que también se definen como fervientes anticomunistas y gustan de la utilería fascista. Mes a mes continúan acumulándose las denuncias contra sus dirigentes pero ninguna sanción los ha detenido e intervienen violentamente hasta en la presentación del libro del expresidente Francisco Sagasti.
Otro enfrentamiento, incluso más desigual e injusto es el que se observa hasta ahora en los medios de comunicación. El control que tienen grandes grupos económicos como El Comercio o RPP sobre los principales medios escritos, de la radio y de la televisión ha llegado a extremos insospechados. El hito principal ocurrió cuando la directora periodística de América Televisión, Clara Elvira Ospina, fue reemplazada por Gilberto Hume. Si bien él había sido el primer director de Canal N hasta el año 2002, unos años después fundó Willax Televisión canal que siempre ha emitido información falsa e imprecisa sobre temas de política e incluso, en plena pandemia, sobre temas de salud pública, como la desinformación que realizaron sobre la vacuna Sinopharm. La salida de muchos periodistas dejó en claro con sus reemplazos que los principales canales de señal abierta, junto con las cadenas de noticias y la prensa de mayor prestigio, hoy se dedica a remarcar el imaginado vínculo con el terrorismo de todos y cada uno de los funcionarios del nuevo gobierno de Castillo, desprestigiando toda propuesta política del Poder Ejecutivo. Los medios de comunicación alternativos no cuentan con el poder necesario para contrarrestarlos.
Pero la pelea principal, la cual no puede ser distorsionada por darse en el ámbito constitucional y tener impacto directo en el equilibrio de poderes del Estado, es la que se ha presentado entre el Congreso de la República y el Ejecutivo respecto de la vacancia presidencial y el voto de confianza. Mucho ya se ha escrito sobre la indefinición de incapacidad moral, razón por la cual se ha decidido omitirla, y mucho también sobre el voto de confianza, que permite retrasar las labores sectoriales al censurar a los gabinetes ministeriales, pero que también otorga al Presidente de la República el poder de cerrar el Congreso. Estas reformas constitucionales tienen que ser entendidas también en el marco de la lucha contra la corrupción en la que está comprometido el país entero. Las propuestas ya han sido estudiadas por especialistas como Fernando Tuesta, quien ha dejado claro que no son intercambiables. Urge pues que la primera ministra y el Congreso lleguen a un acuerdo, pero para ello es sin duda necesario que esta pelea electoral llegue a su fin y que se toma la estabilidad del país como el primer paso fundamental para un gobierno que piense en el futuro del país y no en viejas contiendas que solo aumentan conflictos y pobreza.
Todos los días, de lunes a viernes, Alexandra Ames, David Rivera y Paolo Benza discuten los temas más importantes del día por Debate. En nuestro episodio número 242: ¿Cómo se debería regular el equilibrio de poderes? ¿Incapacidad mental o «muerte cruzada»? ¡Hasta cuándo sin acción contra el antifascismo! Y la última encuesta
Mirella Oré Mónago es una persona con suerte. En los últimos años ha ocupado cargos clave al interior de Promperú, el más reciente como asesora de la Dirección de Promoción de Turismo. Hoy está en los Emiratos Árabes, trabajando para una empresa contratada por su anterior empleador.
Oré fue asesora en Promperú en un momento importante: cuando la entidad preparaba su participación en la Expo Dubái, uno de los eventos más grandes del sector turismo en el mundo. En busca de un operador para el pabellón peruano en aquel evento, Promperú contrató –en un proceso plagado de irregularidades, como reportó Sudaca– a la empresa Continuous Events.
Inmediatamente, Oré -que había accedido a información privilegiada sobre este proceso- apareció como parte del staff de la compañía y salió de viaje. ¡La puerta giratoria en todo su esplendor!
Destino Dubai
Mirella Oré Mónago es una vieja conocida en Promperú. Trabajó allí desde el 2012, ocupando los cargos de Especialista de Alianzas Estratégicas y Coordinadora del Departamento del Mercado Europeo, puesto que dejó en septiembre del año pasado.
Esta última oficina forma parte de la Dirección de Promoción de Turismo, de acuerdo a la estructura de la institución. Dato importante, considerando que luego de retirarse como coordinadora, Oré se volvió asesora de esa misma dirección. Le pagaban por órdenes de servicio.
Según Promperú, colaboraba con la entidad para fomentar el turismo de cara al Bicentenario. Sin embargo, también daba recomendaciones sobre la misión peruana en los Emiratos Árabes para la Expo Dubái 2020, donde Perú viene participando junto a casi 200 países más.
Su principal rol como asesora fue elaborar informes técnicos, precisamente, sobre la gestión del pabellón peruano para la Expo Dubai 2020. La misma Oré lo menciona en uno de estos documentos cuando brinda avances de su trabajo.
Primera cara de uno de los informes que Oré presentó a la Dirección de Promoción de Turismo en mayo. Destaca su asesoramiento para las actividades peruanas en la Expo Dubai 2020.
En un segundo informe, del 13 de mayo de este año, agrega que una de sus tareas era “articular con el equipo técnico del Proyecto Expo Dubai respecto de las actividades que propone la Dirección de Promoción del Turismo, los cuales se llevarán a cabo en el Pabellón Perú en la Expo 2020 Dubái”. Páginas más adelante, incluso, cuenta que fue nombrada representante de su dirección ante el grupo de trabajo encargado del tema. Llegó a participar en reuniones con el viceministerio de Turismo, donde sustentó sus informes previos.
En este rol, Oré recibió cinco órdenes de servicio de Promperú por un monto total de S/90.000, de acuerdo al portal de la OSCE. La última, de S/24.000, fue adjudicada en junio. En aquel momento había varias empresas compitiendo por hacerse de la operación del pabellón peruano. Oré, a todas luces, tenía información privilegiada del proceso.
En agosto, mediante un proceso expedito, la empresa Continuous Events ganó la buena pro para operar el pabellón. Ojo: no para construir la infraestructura, que fue adjudicada a otra empresa mucho antes y fue considerada una de las más bellas del evento, sino para operarla. Este proceso, bajo el actual gobierno, estuvo plagado de irregularidades.
Como contó Sudaca en un informe previo, para adjudicarle a Continuos Events -que no tenía trayectoria en operación de pabellones, sino en marketing- se flexibilizaron los requisitos y se descartó a otro postor con experiencia, que pedía menos dinero.
La compañía recibirá casi S/7 millones de soles y Oré tendrá una tajada de la torta. ¿Por qué? Luego de terminar de asesorar a Promperú la exfuncionaria pasó a trabajar en Continuous Events como ‘protocol manager’, según el sitio web de la compañía.
Hoy el flamante ‘jale’ de Continuous está en Dubái y no desaprovecha la oportunidad de tomarse selfies con viejas colegas. Aparece, por ejemplo, junto a Amora Carbajal, actual presidenta ejecutiva de Promperú, afuera del pabellón peruano. Carbajal encabezó, antes de presidir la entidad, la Dirección de Promoción de Turismo en los primeros tres meses de este año. Coincidió con Oré cuando esta asesoraba al departamento.
Amora Carbajal (derecha) aparece junto a Mirella Oré (en el centro) y una visitante del pabellón peruano en la Expo Dubai 2020 en una selfie que subió la turista.
Los últimos meses de Oré en Promperú no están libres de cuestionamientos. Sudaca tuvo acceso a una denuncia anónima presentada el pasado 5 de agosto a César Catacora, jefe del Órgano de Control Institucional (OCI) de la Contraloría en Promperú, donde se le solicita que investigue la contratación de varios locadores de servicios para la Dirección de Promoción del Turismo. Entre ellos, la protagonista de esta historia.
La denuncia señala que hay un incremento de sueldo a favor de Oré que no se justifica, que ha presentado informes con errores gramaticales y propuestas insuficientes, y que ha actuado en representación de sus superiores sin tener la potestad de hacerlo. Oré habría tenido -dice el escrito- la venia de María del Sol Velásquez, directora de promoción del turismo; Amora Carbajal, la presidenta ejecutiva que posa junto a ella en Dubái; e Irene Suárez, la gerenta general.
Esta última funcionaria ha tenido un proceso en Fiscalía por temas similares. Suárez ha sido investigada preliminarmente por el delito de negociación incompatible, desde julio del año pasado, por hechos cometidos cuando era directora general de la Oficina de Administración del Mincetur, entre 2011 y 2014.
Suárez, que es la principal responsable de la gestión peruana para la Expo Dubái 2020, solicitó en octubre del año pasado al ministerio que se le otorgue defensa legal para ese caso, beneficio que le fue otorgado ese mismo mes. La acusación ante la OCI de Promperú, de momento, esté en un punto muerto.
Según fuentes de Promperú, no se ha hecho nada con la denuncia. Sudaca preguntó al área de prensa de la institución sobre la atención de este caso, pero la respuesta fue apenas que este órgano “cuenta con autonomía” para atender estos asuntos. Ojalá ello no se traduzca en desinterés.
Mientras la denuncia se empolva, Oré no pierde oportunidad de lucirse en Dubái. La trabajadora de Continuous Events aparece como representante oficial de la empresa en una imagen junto a la comisionada boliviana para la Expo Dubái 2020 y Marco Antonio Santivañez, cónsul general peruano en los Emiratos Árabes Unidos, que compartió en su LinkedIn.
Contra la ley
El caso de Oré no es el único que involucra a locadores de servicios contratados con presuntas irregularidades. Jorge Mufarech Carcedo, exaccionista de dos empresas en liquidación, es asesor de la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales al menos desde julio, según confirmó Promperú a Sudaca.
Hasta ahí nada raro, de no ser porque su vínculo laboral con la entidad sería ilegal. Mufarech ha sido asesor en el Mincetur durante la gestión de la ministra Claudia Cornejo Mohme. El empresario fue consultor del gabinete de asesores de ese despacho entre noviembre del 2020 y junio de este año, según señala en su declaración jurada de intereses.
Un mes después de dejar ese cargo, Mufarech pasó como locador a la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales en Promperú, un cambio express que va en contra de lo que señala la Ley General de Contrataciones. La norma indica que todo servidor público está impedido de contratar con el Estado en los 12 meses siguientes de abandonar su cargo.
Según Cristian Castillo Luna, abogado especialista en contrataciones estatales, el caso del empresario viola el literal f del artículo 11 de la ley. “En el caso de Mufarech él tiene un alto grado de información, alcance y conocimiento. Debería estar impedido de contratar. Es el asesor del ministerio de alto grado y conoce lo que harán». Además, agrega que se trata de una dependencia del mismo sector donde ya trabajó.
Mufarech ya recibió S/24 mil soles a finales de julio, de acuerdo al portal de la OSCE, lo que podría ponerlo como investigado por colusión agravada. “Hay perjuicio del Estado porque estando impedido para contratar lo ha hecho y le han pagado 24 mil soles”, dice Castillo. Por este presunto delito se podría dictar una pena de entre seis a 15 años de cárcel.
La orden de servicio por 24 mil soles que ya recibió Mufarech de Promperú. Fuente: OSCE.
Sudaca preguntó por la ilegalidad de esta contratación al área de prensa de Promperú. Como respuesta, nos confirmaron que Mufarech Carcedo está actualmente trabajando en la Dirección de Promoción de Inversiones Empresariales y que “para este efecto firmó la declaración jurada de no encontrarse impedido para trabajar en el Estado”. ¿Papelito manda?
Descargos de Promperú
A continuación Sudaca presenta de manera literal las preguntas y respuestas que recibió del área de prensa de Promperú para la elaboración de este informe.
En su libro «La banalidad del mal», Hannah Arendt —una judía que vivió el holocausto— narró su experiencia durante su estadía en un campo de concentración en Francia. Así, en su condición de filósofa realizó un análisis al juicio de Adolf Eichmann, uno de los principales responsables del genocidio judío. Luego de analizar la personalidad de Adolf Eichmann llegó a la conclusión que cualquier persona podría cometer los más terribles crímenes y que sólo hacía falta eximirle de responsabilidad para poder ejecutar estas atrocidades.
Ha sido de conocimiento público la información propalada por el portal digital Sudaca, el 16 de setiembre de 2021, sobre que el fiscal supremo Óscar Fernández Alarcón, encargado de la investigación del caso “Cuellos Blancos”, solicitó sin motivación alguna la interceptación de las comunicaciones de diferentes números telefónicos cuya titularidad no fue establecida, adicionales a investigados que sí fueron debidamente identificados. Entre estos últimos, se encontraban los números telefónicos de dos jueces supremos y de, incluso, el efectivo policial de la DIVIAC encargado del análisis de comunicaciones del propio caso investigado por el citado fiscal supremo. Dicho requerimiento fue presentado el 13 de mayo de 2019 y, luego, el 23 de mayo del mismo año se emitió la decisión judicial que lo declaró fundado; sin embargo, en esta resolución tampoco se realizó análisis alguno sobre la interceptación telefónica solicitada respecto a los 20 números telefónicos cuya titularidad no fue establecida. Simplemente, en la parte resolutiva, sin justificación alguna, se autorizó su interceptación.
Sucede que, el 20 de agosto de 2021, el fiscal supremo Oscar Fernández Alarcón solicitó que se deje sin efecto, “vía aclaración”, el levantamiento de secreto a las comunicaciones de 19 de los 20 números telefónicos interceptados. Es de advertirse que, durante más de dos años, el fiscal supremo en lo penal ha interceptado, sin motivación, las comunicaciones de jueces supremos y del propio equipo policial que coadyuva a la investigación del caso Cuellos Blancos.
Esta práctica se está volviendo recurrente en el ámbito fiscal, que no solo es el órgano persecutor del delito, sino también defensor de la legalidad. Incluso, cabe destacar que, si bien podría ser cierto que no se conocía la titularidad de los números telefónicos, lo relevante es que ello podía ser verificable, previo al requerimiento fiscal, solicitando información a las empresas de telefonía. Y es que estas acciones tutelan, de una mejor manera, el no afectar el derecho fundamental al secreto de comunicaciones de ciudadanos que no sean objeto de investigación. Recuérdese pues, que el Ministerio Público, aun cuando organismo constitucional autónomo, está obligado a tutelar los derechos fundamentales de los ciudadanos e investigados cuya presunción de inocencia les asiste, hasta que su culpabilidad no sea declarada mediante sentencia firme. Debe relievarse que todos los estamentos públicos —incluido el Ministerio Público— están vinculados por la fuerza normativa transversal de la Constitución Política del Perú y, en tal sentido, están impedidos de realizar acciones que menoscaben los derechos fundamentales de los ciudadanos y obligados a emprender acciones que los tutelen y efectivicen.
Esta mala praxis fiscal genera la obtención de prueba ilícita que no podrá ser utilizada en el marco del proceso penal, dado que la consecuencia de su obtención en detrimento de derechos fundamentales conlleva su exclusión e inutilización. Qué duda cabe que el caso Cuellos Blanco requiere de una amplia investigación, pero en un Estado democrático y constitucional de derecho no es admisible una actuación fiscal contraria a la Constitución y a la ley, que en lugar de coadyuvar a la pronta culminación de los procesos penales, generaría la absolución de diferentes procesados al no existir prueba lícita y debidamente obtenida que los incrimine.
Cabe destacar, que la norma procesal que faculta la interceptación telefónica establece que la orden judicial se dicta en mérito de datos objetivos determinados y, además, que se identificará, de ser el caso, al afectado y se especificará la forma de interceptación, su alcance y duración. A ello se añade que, como toda medida limitativa que afecta un derecho fundamental, debe ser debidamente motivada y estrictamente proporcional a los fines perseguidos. En tal sentido, si no se cumplen dichas exigencias de justificación y proporcionalidad, la medida resultará inexorablemente inconstitucional y, por tanto, los datos obtenidos a partir de ello no podrán ser utilizados en el marco de un debido proceso penal, el cual también garantiza el respeto por garantías mínimas y que en su tramitación no se afecten derechos de corte constitucional.
Pese a todo ello, la actuación irregular del fiscal supremo Fernández Alarcón no ha merecido ninguna respuesta por parte del Ministerio Público ni de la Junta Nacional de Justicia. Tampoco se ha pronunciado sobre la materia la presidencia del Poder Judicial ni el titular del Ministerio del Interior, aun cuando han sido interceptados ilegalmente jueces supremos y personal de la DIVIAC. Ello revela que la actitud fiscal ha sido banalizada y tomada como una circunstancia anecdótica, pese que se ha revelado una flagrante actuación ilegal e inconstitucional, máxime si no se tiene conocimiento alguno del resultado de dichas interceptaciones ni cuál ha sido el destino de los mismos, las cuales podrían ser instrumentalizadas en perjuicio de los interceptados al margen de la ley.
Es evidente que el caso Cuellos Blancos es emblemático y pretende ser un símbolo de la lucha contra la corrupción judicial, pero ello no debe avalar excesos, arbitrariedades y constantes vulneraciones de los derechos fundamentales. Por tal razón, los organismos vinculados a la administración de justicia deben tomar las acciones necesarias para proteger las libertades y derechos fundamentales de todos los ciudadanos (incluso de los investigados), como el secreto a las comunicaciones, vinculado al derecho fundamental a la intimidad personal y familiar.
Disclaimer: El autor del presente artículo es docente, abogado penalista y defensor de algunos ciudadanos investigados por el fiscal supremo Oscar Fernández Alarcón.
