La elección de Mirtha Vásquez en reemplazo de Guido Bellido plantea un nuevo escenario para los actores políticos y posibles recomposiciones en la izquierda y la derecha,  las que manteniendo sus estrategias primordiales podrían redefinir sus ubicaciones en el actual juego político. La tensión de fondo sigue siendo entre el proyecto de cambio y la conservación del estatus quo, pero están a la orden del día modificaciones tácticas que pueden tener consecuencias en el mediano y largo plazo.

Purga en la oreja

Así, la coalición vacadora mantiene su proyecto estratégico. A la espera de nuevas oportunidades, renueva su táctica principal de proponer censuras ministro por ministro, apuntando ahora a los titulares de las carteras de Interior, Educación y Cultura. Además, se insiste en la ley que acota la cuestión de confianza. Ambas tácticas bajo el paraguas polarizador de  un discurso hiperideologizado, macartista y terruqueador.

Lo que llama la atención, sin embargo, es que estas tácticas y narrativas sean asumidas también por sectores más amplios, desde el centro derecha hasta cierto progresismo liberal. Particularmente, sobresale aquella que apunta -incluso desde la segunda vuelta-, tanto a la exclusión de Perú Libre de la coalición de gobierno, como al abandono de las propuestas de campaña expresadas en el “plan de bicentenario” y en la apuesta por una nueva constitución.

Tenemos al frente un guión más o menos conocido, que con actores distintos repetía el mismo drama cada temporada. El régimen político instalado en el presente siglo combinó, en tiempos no electorales, el bloqueo de cualquier reforma distributiva significativa -vía terruqueo y criminalización de la protesta-con la cooptación del candidato reformista, el que terminaba abandonando su propuesta de cambio y su equipo original de gobierno. 

Sn embargo, lo que se suele omitir en estas posturas es que las elecciones no solo son respecto al presidente y su fórmula, sino también respecto de un programa de gobierno y una determinada conformación política para sostenerlo e implementarlo. Por ello, es profundamente antidemocrático la exclusión tanto del partido político –¡más aun cuando se trata del partido que ganó las elecciones!-, como también la exigencia de excluir propuestas que fueron parte de la oferta de gobierno de cara al electorado; Pedro Castillo ganó ofreciendo, entre otras cosas, una nueva constitución. 

Otro asunto es que la oposición exija a las fuerzas oficialistas que dicho objetivo se desarrolle en el marco de la legalidad democrática. Algo sobre lo cual el Presidente también ha insistido, anunciando que enviará un proyecto de ley que permita la convocatoria a una Asamblea Constituyente.  

Fuego amigo

El guion, sin embargo, ha dado un giro novedoso -y suicida- por izquierda: la misma fuerza política que los poderes fácticos quieren excluir, es la que amenaza con separarse y pasar a una inédita oposición. Los altisonantes términos que han proferido los liderazgos principales de Perú Libre hacia el gobierno y su nuevos conformantes contrastan con sus trayectorias y los hechos: no se ha podido ver ninguna política abandonada, ni ninguna tendencia que pueda señalarse como humalización o “caviarización” (con todos los amplísimos significados que eso supone). Salvo que se entienda que luchar por la memoria de las victimas del terrorismo de Estado y la defensa ambiental en confrontación con Yanacocha sea una señal de centroderechización. En efecto, la constitución no está en la agenda gubernamental -como no lo estuvo con Bellido-, aunque como lo ha señalado Castillo y otras fuerzas políticas del gobierno sigue siendo un objetivo político de mediano plazo. 

Hay obvias diferencias, de estilos y trayectorias, pero que principalmente expresan  formas distinta para llegar a un objetivo compartido. Si el Plan Bicentenario y el discurso del Presidente el 28 de julio son los que marcan los objetivos estratégicos  -y que ni es el “comunismo” ni “caviarización”-, entonces se debería reconocer que lo que existe  son diferencias menores o –apelando al manual leninista más rústico- de orden táctico. 

Las diferencias corren, entonces, por otro cauce o causa. Como ya lo dijimos anteriormente -y más allá de los pendientes judiciales-, la dirección de PL pretende perfilarse como una fuerza “verdadera” de la izquierda de cara a las elecciones regionales y municipales y, con un pie adentro  o sin eso, agitar la inconsecuencia del gobierno,  construyendo un perfil diferenciado -pero sin ofrecer alternativas programáticas viables-, intentando alejarse de los pasivos que suele cargar todo gobierno, más aun cuando hay un proyecto de vacancia al acecho.

El siempre difícil proyecto unitario choca aquí con una lógica más bien sinuosa que debe pasar a consideración. Y es que, paradójicamente, un distanciamiento permanente y radical de PL debilitaría por izquierda al gobierno, haciéndolo más dependiente de los votos siempre preciados del centro liberal y la centroderecha, con lo que el discurso de la derechización terminaría siendo una profecía autocumplida. 

Lo que está en juego hoy es la tantas veces burlada promesa de cambio que la democracia peruana le debe a millones de peruanos. En perspectiva, en términos narrativos, la coalición de gobierno debería insistir en que hay suficiente espacio para un proyecto que se coloque entre un continuismo mediocre y una política de agitación y consigna sin programa alternativo, que además alimenta la paranoia ultraderechista. El diálogo y el consenso tiene que apuntar no solo a avanzar en políticas que legitimen cambios más de fondo, sino también en una materia pendiente: el diálogo y consenso abajo, en la sociedad, mediante la activación de los sectores sociales beneficiados o por beneficiarse. Una ruta democrática y constituyente.

 

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En el último año y medio, cuatro indígenas kakataibo, asentados en la frontera de Huánuco y Ucayali, han sido asesinados a balazos. Mayor es el número de los que están amenazados. Herlin Odicio (35), cabeza de la Federación Nativa de Comunidades Kakataibo (Fenacoka), responsabiliza a forasteros y falsos líderes indígenas de ser los responsables. Según Odicio, han venido tomando posesión de sus tierras para instalar cultivos ilegales de hoja de coca, plantas de maceración y pistas de aterrizaje clandestinas. Le ha pedido a la presidenta del Consejo de Ministros, Mirtha Vásquez, que no se frene la erradicación. 

Señor Odicio, vive usted en la clandestinidad. ¿Cómo llegó a eso?

El 5 febrero [de este año] asesinaron a Yenser Ríos, de la comunidad de Puerto Nuevo, en Ucayali. El 23 de febrero, asesinaron a Herasmo García. Luego recibí un mensaje de texto que decía que vivo o muerto me iban a encontrar, que me iban a sacar de donde esté. En ese momento, me sentí preocupado y, sin pensar, llamé a un abogado de Amazon Watch. Le dije: ‘doctor, esto me está pasando, qué hago ahora, quiero salir’. Me llevaron en un auto a Pucallpa y después en un vuelo directo a Lima. Luego empecé a denunciar todo en los medios. Salí en los periódicos, en la televisión, ahí ya me complicó más. Ya regresar a mi comunidad es difícil. En realidad siempre estoy oculto.

Pero tiene usted medidas de protección, ¿cuenta con resguardo policial?

Después de eso, me dieron garantías [para mi vida]. Y este año, en julio, me dieron la resolución directorial [del Ministerio de Justicia]. Estoy reconocido como defensor de derechos humanos, como líder indígena, pero yo veo que es lo mismo. No tengo ninguna protección.

¿Y ha recibido otras amenazas?

Cuando regresé a Aguaytía (Ucayali), en abril de este año, estaba en la oficina de la federación. Cuando salí, encontré una camioneta cuatro por cuatro con lunas polarizadas, que estaba al frente. Cada vez que yo miraba, bajaban la luna. Eran tres personas que estaban ahí. Pensé que era mi último día. En ese momento, pensé que ya no existía. Hasta que llegó mi compañero y justo se cuadró con su motocar al frente. Llamé a la Policía, identificaron al vehículo y me dijeron que lo habían usado para actividades ilegales. Tuve que regresar nuevamente a Lima. Ha sido difícil vivir acá en plena pandemia y alejado de mi familia.

A fines de setiembre pasado denunció además que le cortaron la oreja a su tío y que los amenazaron por permitir que se erradiquen los cultivos ilegales.

Le dijeron que él era uno de los que había firmado el convenio para la erradicación. Él es monitor comunal, es decir, vigila y hace patrullaje para cuidar las tierras. Ya es conocido, por eso van a él. Pero hay más líderes.

oreja odicio tio
A fines de setiembre, atacaron a Merino Odicio Huayta, tío de Herlin. Lo culpaban de haber permitido la erradicación de hoja de coca en el sector.

¿Desde cuándo viven esta situación?

El problema empieza desde que yo era vicepresidente de mi comunidad, de Yamino, en 2017. Ahí empezaron las amenazas, porque yo veía todo lo que pasaba en las comunidades y empezamos a proteger nuestro territorio ante la invasión de nuestras tierras. El 2018, asumí la presidencia de Fenacoka para dirigir las ocho comunidades [kakataibos] y ahí nosotros empezamos a ver que el tema de nuestro territorio estaba muy olvidado y empecé a denunciar también. Escuché por medio de otras personas que decían que me iban a matar, pero eran amenazas indirectas. También había comuneros que ya se enfrentaban a los cocaleros. En febrero del 2020, el jefe de la comunidad de Unipacuyacu, Arbilio Meléndez, denunció que recibió amenazas. El 12 de abril, en plena pandemia, lo asesinaron. 

¿Qué pasó con el caso de Meléndez?

Fue identificado el asesino por nosotros, por la Policía y por la Fiscalía. Lo detuvieron unos días y luego fue liberado. Él supuestamente trabajó para los cocaleros, tiene antecedentes penales. Yo me pregunto, ¿por qué si se le ha identificado, si tiene antecedentes, denuncias por otros delitos, por qué el Poder Judicial lo soltó y ahora está libre? Y luego, el mes de julio, asesinan a Santiago Vega Chota, un comunero de Sinchi Roca (Ucayali).

Vega es uno de los cuatro indígenas kakataibo asesinados durante la pandemia. Además del narcotráfico, usted reclama por la impunidad, ¿han recibido alcances de las investigaciones de esos casos?

Esa es nuestra lucha. Contra la impunidad. Ahora hay niños huérfanos. A esa niña que sufre, a ese niño que no tiene cuándo vuelva su padre, ¿quién les da de comer?

Algunos fiscales han mencionado que se ven imposibilitados porque ustedes no colaboran, ya que tienen miedo a represalias.

Nosotros siempre vamos a colaborar, pero lamentablemente ellos no hacen un trabajo articulado. Si el fiscal me dice: ‘mire, señor, hay que hacer un trabajo, voy a ir a la comunidad, conversa con el jefe de la comunidad’, nosotros los ayudamos. Pero ellos esperan en su oficina. ¿Cómo crees que de esa forma vamos a avanzar? Son excusas que buscan los fiscales. Hemos visto claramente cómo el asesino de Arbildo Meléndez lo liberaron. 

Usted ha admitido que hay indígenas de su comunidad que se prestan al servicio de la mafia. ¿En quién confía Herlin Odicio?

No podemos tapar el sol con un dedo. Tenemos malos líderes, que nos han hecho quedar mal. Entonces, nosotros pedimos que no se dejen engañar por falsos dirigentes que nos han traicionado. Hay muchos líderes que han falsificado documentos, que extorsionan a los madereros, a las pequeñas empresas, pidiendo dinero para su beneficio personal. Hay hermanos que se han metido en esos trabajos ilegales, pero no son [la mayor] cantidad. Y a veces es la culpa de nuestro gobierno. Hay una comunidad llamada Puerto Nuevo, abandonada, adonde llegas luego de viajar de 9 a 10 horas. Entonces, solo el que tiene su bote se va de esa comunidad a trabajar. ¿Quién tiene la culpa?

¿Y el interés de esos líderes falsos es apoyar las economías ilegales?

Exactamente ese es su trabajo. Hay líderes, dos o tres, que se oponen ahorita a la erradicación, que no quieren que se erradique, sino que legalicen la hoja de coca. Y ahorita se ha detenido en la zona la erradicación, es lo que me han escrito mis hermanos.

Ha contado que alguna vez le ofrecieron S/500.000 para dejar trabajar a los narcotraficantes. ¿Se ha ganado problemas por rechazar el dinero?

El 6 de setiembre del 2020 me buscó un narcotraficante y me ofreció S/500.000 por cada vuelo. Era colombiano. Su intención era que yo deje de denunciar. Agarró su teléfono y me dijo: ‘mira, solo para ti’ y me mostró cómo cargaban la pasta básica a las avionetas. Era una pista y se veía cómo volaban. Me dijo que cada vuelo no duraba ni 5 minutos [en despegar]. ‘Tú dirás’, me dice y me comenta que me iba a dar S/500.000 como jefe de las comunidades. Me explica que los vuelos saldrían cada 15 días. Me dio unos días para darle una respuesta. Yo no dormí esa noche. No quise comer, no salí hasta dos días más. Y era muy difícil hablar. Pasó una semana. Luego pensé que si yo hacía esa cosa [aceptar], estaría perjudicando a mi pueblo. Dije: ‘yo voy a morir con mi ley, no voy a aceptar ninguna propuesta’. Luego de eso vino el asesinato de dos líderes más y las cosas fueron muy difíciles.

¿No volvió a ver al colombiano?

Nunca más lo identifiqué, pero sí me preocupa.

Señor Odicio, ha venido a Lima por enésima vez buscando ayuda, ¿cuáles son sus demandas?

Nuestra demanda son que se titulen los territorios que no lo están y que tienen varios años de solicitud; el segundo, es la protección de los defensores; y el tercero, que se continué con la erradicación de hoja de coca.

foto reclamos
12 de octubre. Un delegación de indígenas kakataibos reclama por la impunidad en la que han quedado las muertes de sus hermanos y las amenazas que viven. (Foto: IDL)

Ya se ha reunido con funcionarios del Ministerio de Justicia, de Cultura y la Defensoría del Pueblo, ¿llegaron a compromisos?

Ayer nos reunimos con el viceministro de Justicia y llegamos a un acuerdo para que hagan seguimiento a las denuncias que hemos realizado. Con la ministra de Cultura hemos quedado, aunque no es su competencia, en que coordine con los otros ministerios una sola estrategia contra las pistas, contra los cultivos ilegales. Y también tuvimos una reunión con la premier Mirtha Vásquez. Hemos hablado sobre la paralización de la erradicación de hoja de coca que ha anunciado el ministro del Interior. Nosotros estamos en contra. No vamos a permitir que se legalice, porque sea legal o ilegal, el 80% se va al narcotráfico. Nos preocupa. Por esa plantación ilegal nos están matando. Nos están atando. Nosotros sembramos plátano, yuca, eso es nuestro. Por eso nosotros repudiamos esa planta, nunca hemos sembrado eso.

¿Qué le respondió la primera ministra?

Respondió que va a hacerle presente a todas las bancadas para reforzar la política de erradicación.

Ahora, ustedes ya se habían reunido antes con el gobierno anterior.

Nosotros nos reunimos en Pucallpa con los ministros el 14 de mayo de este año. Hasta el momento no tenemos resultados, seguimos con lo mismo. Nosotros hemos hecho muchos viajes al Congreso de la República, hemos denunciado a medios internacionales, pero no hay resultado. Eso nos preocupa muchísimo.

Señor Odicio, ¿hay algo que le haga pensar que esta vez será distinto?

Pensamos que con este gobierno algo iba a mejorar, pero vemos el tema político… No sabemos si a este Gabinete le van a dar la confianza o no. Es algo preocupante, no sabemos si estamos hablando nuevamente por gusto, si van a ingresar otros ministros. No estamos seguros y eso nos perjudica cada vez más. Mientras nosotros sufrimos eso lo aprovecha el enemigo.

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Nuestro mercado cambiario fue considerado por años como uno de los más estables y predecibles de la región. Por años, mientras que en otras economías se experimentaban significativas volatilidades en Perú la estabilidad relativa respondía al respeto a los fundamentos económicos y a la estrategia de administración de sus posibles volatilidades extremas por parte del BCR.

En la medida que no se puso en tela de juicio la libertad en la determinación de precios, la apertura de nuestro mercado y el rol subsidiario del sector público, las cosas anduvieron bastante bien.

En la medida que el proceso electoral nos aproximaba a un plan de gobierno que amenazaba abrir las puertas al control de precios, cierre de mercados y potenciales nacionalizaciones, se fueron afectando desde la dinámica de inversión, hasta la posibilidad de recuperación de nuestra actividad productiva. El tipo de cambio no pudo mantenerse ajeno a ese nuevo entorno político. A partir de la desconfianza y duda insertas en los agentes económicos, poco se pudo hacer a través de la mediatización de las medidas anunciadas en el marco de la segunda vuelta electoral.

La desconfianza e incertidumbre crecientes llevaron a una salida de capitales de tal magnitud que no pudo ser compensada por el impacto positivo de la creciente balanza comercial superavitaria en el marco del alza del precio de los commodities. Es más, experimentamos lo anecdótico de una creciente desvalorización del sol cuando más alto estaba en la historia el precio internacional del cobre, nuestro principal producto de exportación. Si a todo esto se le agrega las expectativas de una creciente depreciación cambiaria, dispondremos de una razonable explicación del por qué nuestro signo monetario se depreció, hasta hace pocos días, en 15% en lo que va del año.

Esta última semana de octubre las cosas han empezado a cambiar. Cambió el primer ministro, cambió parte importante del gabinete, cambió la relación de dependencia del Presidente con el partido Perú Libre. Al modificarse las señales de agresividad contra el sector privado y dar paso a la esperanza de un reacomodo del frente político, los factores que explicaban el alza del tipo de cambio se alejaron parcialmente. Sólo bastó ello para que nuestro signo monetario, contra lo que venía ocurriendo, se aprecie alrededor de 5% estos últimos días. Algo lógico.

Se han vertido hipótesis erradas sobre el reciente comportamiento cambiario.

La primera asume que el alza experimentada hasta algo más de una semana atrás, no fue adecuadamente contrarrestada por el BCR debido a que debió ser más agresivo con la venta de dólares para amortiguarla. La verdad es que esta crítica no tiene ningún sustento técnico ya que la intervención del BCR ha sido similar a la que se tuvo que ejecutar en otros momentos de inestabilidad, como en el 2009 en el marco del tremendo impacto que sufrió nuestra economía durante la crisis financiera internacional.

La segunda, que la reciente baja del tipo de cambio sería una suerte de demostración que su alza previa fue intencionalmente manipulada por ciertas fuerzas del mercado con el propósito de, supuestamente, dañar la imagen del actual gobierno. Eso también es falso.  Si se observa el reciente desempeño de la tasa de interés de los bonos del tesoro en el mercado internacional y, además, se observa la evolución del costo de aseguramiento del servicio de la deuda externa mediante CDS, se podrá concluir, fácilmente, que los últimos días ambas han mostrado tendencias claras a la baja. En la misma dirección que el tipo de cambio.

Justamente cuando cambió parte de nuestro entorno político adverso, las cosas mejoran incluso en la cotización y valoración de nuestra deuda en el frente internacional. Si hubiera habido un complot interno contra el gobierno, la modulación del tipo de cambio no se hubiera mostrado en la misma dirección de nuestros indicadores de costo y riesgo de deuda.

De otro lado, ¿sería lícito esperar que el tipo de cambio baje hasta niveles cercanos al 3.6 por dólar. La verdad, poco probable. El tipo de cambio también depende de factores externos. Todas las monedas se han depreciado algo con respecto al dólar en un entorno de posible alza de las tasas de interés norteamericana y de reducción de las compras de bonos del tesoro por parte de la FED. El sol siempre se hubiera depreciado algo con respecto al dólar, pero nunca a tasas del 15%. Ello nos lleva a concluir que el tipo de cambio podría estar en alrededor del 3.80 como máxima expresión de normalización de nuestro mercado cambiario.

Finalmente, lo que pase en el futuro con nuestro mercado cambiario dependerá de las señales de respeto a los fundamentos alcanzados por nuestra economía. Dependerá de que el frente político no genere más ruido e incertidumbre. Dependerá que no se ponga en tela de juicio el rol de la inversión privada. Tan simple como eso.

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Ha hecho mucho el presidente Castillo por quitarle argumentos a la derecha extrema, que lo quiere vacar desde el primer día sin importar razones, al romper con Vladimir Cerrón, el polo radical marxista que el exgobernador de Junín representaba.

La queda aún tarea por hacer. Desde tomar distancia también del ala maoísta del magisterio que lo acompaña y que se infiltra a través del Fenate-Movadef y de un displicente -si no, cómplice, ministro de Educación-, hasta, además, en lo que sería la piedra madre de la maduración del régimen, el abandono del proyecto de Asamblea Constituyente (y cuyo pase obligado por la disolución del Congreso es lo que activa todas las alarmas de una vacancia expréss). La última encuesta de Ipsos refleja que solo el 10% de la ciudadanía apoya el cambio de la Carta Magna.

Haciendo ello, Castillo no se humaliza, ni despliega una “hoja de ruta”. Simplemente quita toda la maleza que en estos momentos sigue perturbando la visión legítima de un gobierno de izquierda, que, como tal, debiera abocarse a tareas urgentes pendientes en el país.

Desde ajustar inequidades tributarias obvias, hasta generar nichos de competencia donde en estos momentos no los hay, en lo que coincidiría, dicho sea de paso, con una opción liberal, en manejar disruptivamente el establishment económico-empresarial del país.

Y, sobre todo, desplegar una reforma radical y profunda de los sistemas de salud y educación públicas. Allí radica la esencia de un gobierno de izquierda en el Perú. En lograr una ecualización ciudadana en base a esos dos grandes sistemas de nivelación e inclusión social, que representa que los pobres del país gocen de una salud y educación de primer orden, gratuita y universal.

Pero de ello hasta el momento poco o nada. El ministro de Salud está abocado, con eficacia, a manejar los asuntos de la vacunación (esperemos que también esté preparando al país para la tercera ola), pero de reforma del sector y de integración de EsSalud y el Minsa en un solo sistema, no hay una sola letra. Y el ministro de Educación va a contramarcha de lo mucho de bueno que se ha avanzado en los últimos lustros respecto de la carrera magisterial meritocrática y se la quiere tumbar de un porrazo. Es, en la práctica, un contrarreformista.

Castillo debe durar cinco años. Un gobierno de izquierda declarado debe poder hacerlo. Pero necesita despercudirse de tics ideológicos absurdos y abocarse a lo que realmente importa y corresponde.

-La del estribo: a ver si la correcta ministra de Cultura, Gisela Ortiz, le da una miradita al absurdo tema de rutas y aforos de Machu Picchu, la estrella del turismo nacional, que hoy está atrapada en regulaciones absurdas que solo espantan al turista en lugar de atraerlo.

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gobierno de Castillo, Izquierda, Presidente Castillo, Vladimir Cerrón

Así, en plural. Me refiero a la vuelta a la oficina, a la vuelta a los salones de clase, a esa tan mentada nueva normalidad, cuando la pandemia amaina y parece enfilarse hacia la endemia.

Se supone que todos estamos saltando en un pie: madres y padres hartos de actuar varios guiones distintos en el mismo escenario, por fin exonerados de ser asistentes de aula impagos. Los chicos eximidos de esa cercanía sofocante —he escuchado a varios que juran “la siguiente epidemia no me agarra ni de a vainas en la casa de mis viejos”— que puso entre paréntesis las promesas de independencia y autonomía.

Pero no…, por lo menos no así de sencillo, ni unánime.

Acompañé a pacientes de todas las edades en los varios matices del encierro y las múltiples tonalidades del miedo. Ahora voy siguiendo los sentimientos encontrados camino a los espacios pre covídicos, no solo de individuos, sino también de grupos de ejecutivos que trabajan en organizaciones de todo tipo y en varios países.

Los hay claustrofóbicos y otros claustrofílicos, los hay que se sienten cómodos con colegas bidimensionales y otros que añoran la carne y el hueso de los pasillos. Pero si los mandamases en los directorios y quienes dirigen los departamentos de recursos humanos creen que se va a imponer una talla única, se equivocan groseramente.

Muchos la tienen clara: el contacto importa, pero la reunionitis compulsiva es una pérdida de tiempo y energías. Nada justifica desplazamientos que en algunas ciudades se miden en horas. La identidad organizacional no depende de una sede central llena de rituales y señales que tienen que ver más con jerarquía y control que con innovación y productividad. Se puede trabajar desde cualquier lugar, por lo menos parte del tiempo.

Todos saben que lo que se extraña de las empresas y colegios —encuentros casuales, intercambio de información interpersonal, vale decir, chismes y recreos de todo tipo— es justamente lo que estará fuera de límites y que el resto es, más o menos, lo que se hacía en casa o cualquier otro lugar, solo que… con mascarilla.

Pero, sobre todo, un número apreciable de quienes estudian y trabajan, han comenzado a redefinir lo que significan esas dos actividades y su contribución a la identidad de las personas y están llegando a la conclusión de que por lo menos algunos protocolos educacionales y profesionales no son más que estupideces consagradas por la tradición y la autoridad.

Ya se dieron cuenta.

Los más creativos y capaces ofrecerán sus talentos a organizaciones —públicas y privadas, con y sin fines de lucro— que acepten lo anterior y ofrezcan flexibilidad, así como reconocimiento a maneras distintas de hacer las cosas; que combinen lo presencial con lo remoto, la circulación de personas e ideas por espacios diversos sin que dejen, por ello, de pertenecer a culturas institucionales vigorosas.

El COVID-19 causa una enfermedad, SARS-CoV-2, que se volvió pandemia. Habíamos olvidado que las pestes nos han acompañado desde que se nos ocurrió erigir la torre de Babel, mítico emprendimiento bíblico, símbolo de nuestra soberbia.

Hemos podido más que nuestros ancestros cuando sufrieron los embates de las plagas ateniense, antonina, justiniana, la muerte negra, la gripe rusa y la española, para solo mencionar algunas. Con celeridad extraordinaria desarrollamos vacunas eficaces y las venimos aplicando a pesar de las dificultades —que han terminado siendo más ideológicas, basadas en ideas, que logísticas—, así como estrategias comportamentales individuales y colectivas que limitan los contagios.

Sin embargo, no hay bala de plata: todos los países, no importa el sistema político que los gobierna ni los perfiles culturales que los definen, han pasado por cimas y simas en sus indicadores pandémicos.

Independientemente de lo anterior, el estado de ánimo colectivo —que ya venía groggy desde 2008— ha cambiado para peor. Sin entender los nuevos sentidos del trabajo, lo que esperamos de la vida, lo que define a los individuos, la identidad colectiva, el significado de salud y enfermedad, el balance entre protección y libertad, la palabra regreso es una cáscara vacía.

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Covid-19, sociedad

El ministro de Educación, Carlos Gallardo Gómez, ha dejado huellas en el magisterio. No todas positivas, según el recuerdo de algunos testigos de su paso por Patria Roja y el decanato del Colegio de Profesores. En los últimos años se acercó al ala más radical de los docentes y hoy es un potencial aliado del gremio que fundó Pedro Castillo luego de la huelga del 2017.

Gallardo empezó su activismo como militante de Patria Roja -gremio que comanda hasta hoy el Sindicato Unitario de Trabajadores en la Educación del Perú (Sutep)- y llegó a ser dirigente del Comité Magisterial de Lima del partido. Según Julio Mendoza García, exdecano del Colegio de Profesores, y Soledad Lozano Costa, exsecretaria general del Sutep de 1992 a 1994, el hoy ministro fue expulsado de dicho partido hacia 1975 “porque no estaba alineado con la dirigencia”. Continuó participando, eso sí, del gremio de profesores.

“Incluso tuvo la responsabilidad de dirigir el Sute de Lima [la base del Sutep en la capital] hasta 1978. Pero en la primera huelga nacional indefinida del Sutep [ese mismo año], desarrolló actividades en contra de la orientación del Comité Nacional de Lucha”, recuerda Julio Mendoza.

Según Soledad Lozano, exsubsecretaria general del Sutep, el Comité de Lucha tenía como objetivo hacer el trabajo de unificación y canalizar el descontento del magisterio. La exdirigente recuerda que Gallardo trató de formar subgrupos y no respetó las decisiones que se tomaban. Demandaba -dice Lozano- una mayor representación de las bases de Lima sobre las del resto del país, algo que irónicamente combate la Fenate. 

La docente también recuerda que Gallardo tomó una postura menos confrontacional contra la dictadura de Juan Velasco Alvarado, que quería que los sindicatos estén bajo la sombra del régimen, apoyando las políticas de gobierno. Recuerda que, cuando el gremio magisterial buscaba luchar contra esta idea de sindicalismo, Gallardo optó por una posición conciliadora.

“Gallardo planteaba un sindicalismo más tibio. La tendencia era la lucha, la conquista de cosas, pero él decía que el Sutep era un bebé que había que permitir que crezca y que no había que tener una lucha confrontacional”, señala.

A mediados de la década de los 80, Gallardo fue contratado como profesor del colegio alternativo Atusparia, una institución privada que se ubicaba en San Isidro. Fuentes que estudiaron ahí en esa década describen a Gallardo como un buen profesor, “aunque siempre llevando la historia hacia la lucha de clases”.

Su nombre tomó notoriedad cuando fue nombrado primer decano del Colegio de Profesores del Perú, creado el 2004. Dos años más tarde, el Minedu nombró una Comisión Organizadora representada por autoridades de dicha entidad para el primer proceso electoral. Gallardo terminó siendo elegido para el período 2006-2009.

Sudaca conversó con fuentes que aseguran que Gallardo fue, nuevamente, un agente disruptor en el magisterio. De acuerdo a Julio Mendoza y Gilberto Meza, exdecanos de dicho colegio, quien había ganado las elecciones aquel 2006 fue Soledad Lozano, que representaba a un grupo denominado Frente Amplio Gremial Magisterial. “Un grupo del Comité Electoral favoreció a Gallardo luego de anular las elecciones en seis regiones en las que ganó el Frente. Esto continuó manteniendo dividido al colegio en los años posteriores”, denuncia Meza. 

“Como Gallardo y los suyos manejaban el comité electoral, empezaron a sacar excusas de fraude tal como hizo Keiko Fujimori. Un argumento, por ejemplo, era que había mesas donde sacaron 0 votos a su favor. Se anularon las votaciones en esas mesas y se convocaron elecciones complementarias. La gente que votó a favor de la lista que había resultado ganadora [la de Lozano] boicoteó el proceso [no fueron a votar a las complementarias] y, por ello, ganó Gallardo”, asegura Mendoza.

Para Soledad Lozano, la entonces rival de Gallardo, esas elecciones también fueron una radiografía de la actitud naranja en los últimos comicios. Principalmente, porque la lista de Gallardo esgrimió argumentos de fraude como suplantación de electores, a pesar de existir -dice- una diferencia de más del 40% entre ambas listas.

Según Lozano, a raíz de ese proceso, empezaron dos gestiones paralelas: la suya y la del ahora ministro. Esto terminó cuando ambos acordaron llevar a cabo los comicios del 2010. Tras varias postergaciones, las elecciones de aquel año dieron como ganador a Manuel Rodríguez Rodríguez. Para ser electo, tuvo que reconocer la gestión de Gallardo como legítima.

El perdedor de aquella contienda fue Ángel Salazar Piscoya, quien era apoyado por Gallardo. La facción del ahora ministro de Educación no se quedó con los brazos cruzados, según las fuentes.

En ese entonces, Sandrita Nájar, hermana de Róger Nájar -militante de Perú Libre- y exdecana del Colegio de Profesores del Callao, argumentó que no había participado de la Junta Nacional de Decanos que reconoció la victoria de Rodríguez. Por eso interpuso el 2011 un recurso de casación para que todo el proceso se anule. Eso dejó en el limbo el decanato de los profesores.

Fue el pasado 7 de octubre, diez años después y luego de varias instancias, que la Corte Suprema declaró improcedente el recurso de Nájar. En todos esos años, ha habido decanos para todos los gustos. 

HOMBRE DEL FENATE

La gestión de Carlos Gallardo, dice Soledad Lozano, estuvo marcada por su postura sin matices contra las evaluaciones de los docentes. “Como decano, presentó una acción de inconstitucionalidad contra la modificatoria de la Ley de Profesorado en torno a la carrera pública magisterial. Asumió la postura de decir no a las evaluaciones. Pero en la mente del profesor no se le recuerda mucho más que la actitud de dividir al sindicato”, cuenta a Sudaca.

Hacia el 2011, luego de terminar su gestión como decano, Gallardo se acercó al Comité Nacional de Reorientación y Reconstitución del Sutep (Conare), que le hizo frente a la hegemonía de Patria Roja en el magisterio. En redes sociales aún se puede hallar un video de ese año donde Gallardo pecha al partido.

Carlos Gallardo con mano en bandera del Conare en 2013.
Carlos Gallardo, junto con el entonces secretario general del Conare y miembro del Movadef Efraín Condori, con mano en bandera del Conare en 2012.

“La ministra tiene que escuchar al Conare. No puede ser que solo los representantes del magisterio sean los traidores de Patria Roja. En los años 70, cuando había cuatro sindicatos que no se ponían de acuerdo, planteamos el sindicato único de trabajadores de la educación y lo hicimos. Ese sindicato ha sido debilitado no solo por la represión externa, sino por la línea interior incorrecta. Van a vender las luchas del magisterio con esa dirigencia traidora”, se le escucha decir al hoy ministro.

Su acercamiento con esta ala disidente se concretó el 2013 y hasta ha sido captado liderando sus marchas. “Ese año, gente inconforme con la conducción del Sutep nos empezamos a contactar. Algunos también eran del Conare, que políticamente están ligados con Sendero y Movadef y probablemente tengan algunos miembros ahí. En esa confluencia llegó Gallardo”, cuenta Segundo Vásquez, secretario general del Fenate Perú, el gremio fundado por Pedro Castillo tras la huelga magisterial del 2017.

El ministro no le hace ascos al Movadef, el brazo político de Sendero Luminoso. Hace dos años, posó para una foto junto a Oswaldo Esquivel, quien fuese secretario de prensa y propaganda del movimiento que pedía la amnistía de Abimael Guzmán. Esquivel es procesado por el denominado ‘caso Perseo’. En la imagen también está el congresista de Perú Libre Alex Paredes.

Álex Paredes, congresista de Perú Libre a la izquierda. Al lado derecho, Carlos Gallardo abrazando a Oswaldo Esquivel, exsecretario de prensa de Movadef en 2019.
Álex Paredes, congresista de Perú Libre a la izquierda. Al lado derecho, Carlos Gallardo abrazando a Oswaldo Esquivel, exsecretario de prensa de Movadef en 2019.

Como fuese, hoy la Fenate -una mutación del Conare- le disputa al Sutep la representación de los maestros. Segundo Vásquez confirma que Gallardo es de sus filas y que ha sido un miembro bastante activo de esta federación.

De hecho, Gallardo se presentó ante el Minedu como representante de la Fenate el 12 de marzo de 2020, cuando ingresó a una reunión con el ministro de entonces. De acuerdo a una fuente que participó de esa cita, el sindicalista se limitó a reclamar por la situación de profesores jubilados y sus pensiones. “Esa reunión era con el ministro tras un pedido de audiencia. En la nómina de Fenate de esa época, él era representante de los jubilados. Pidió aumento de la pensión de jubilados, pero no era competencia de la cartera”, relata la fuente.

Segundo Vásquez cuenta que desde hace dos meses Gallardo dejó de participar de la vida gremial por un tema de salud. Dice, además, que no fue propuesto por ellos al Minedu. “Él ha estado de acuerdo con todo [se refiere a las demandas del gremio]. Pero una cosa es estar de acuerdo siendo miembro activo de Fenate y otra es abordar los problemas siendo responsable de la cartera”, señala.

Las exigencias del gremio están plasmadas en cinco puntos: (i) La anulación del programa de emergencia que tiene el gobierno para el retorno a clases; (ii) la no privatización de centros educativos; (iii) la suspensión de la racionalización docente, que distribuye en función al número de estudiantes a profesores, directivos y auxiliares; (iv) la suspensión de exámenes de nombramiento; y (v) la reorganización del ministerio.

El Fenate solicitó a fines de la semana pasada una reunión con Gallardo, pero hasta el momento no los ha recibido. Sudaca tampocó recibió respuesta cuando buscó al ministro para que participe de este informe.

 

Fotoportada: Darlen Leonardo.

 

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